En la Constitución de Colombia dice que todos los ciudadanos tenemos derecho a la información y la expresión, derechos que están estrechamente vinculados al uso de las nuevas tecnologías de comunicación. Entendemos que estas nuevas tecnologías no solo nos permiten comunicarnos entre personas, sino que también se constituyen como herramientas indispensables para la educación, el acceso a la información, la salud y la protección de nuestros territorios. Sin embargo en nuestros territorios los mensajes entre personas se siguen llevando en burro y hasta la fecha no hemos conocido iniciativas desde el Estado o empresas de telecomunicaciones que nos faciliten el acceso a este derecho de forma integral.

Carta dirigida a la Agencia Nacional del Espectro-electromágnetico por parte de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas del Cauca

 

El derecho a la comunicación

Según la Ley 1341 de 2009 “el Estado propiciará a todo colombiano el derecho al acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones básicas, que permitan el ejercicio pleno de los siguientes derechos: La libertad de expresión y de difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, la educación y el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. Adicionalmente el Estado establecerá programas para que la población de los estratos menos favorecidos y la población rural tengan acceso y uso a las plataformas de comunicación, en especial de Internet y contenidos informáticos y de educación integral”

Para poder profundizar la mercantilización del territorio, el Estado colombiano ha divido el territorio en cuatro. Empezó con la división entre el suelo y el subsuelo para poder impulsar la explotación minera y de hidrocarburos. Luego impulsó la figura del sobrevuelo forestal, una figura que permitía aprovechar cultivos forestales en tierras de terceros y separar el uso de la tenencia de tierras. El espectro electro-mágnetico es el último componente de nuestro territorio que entró al mercado. A pesar de haber tenido una función pública en sus inicios, el espectro fue privatizado a finales del siglo XX y vendido a las empresas privadas de telecomunicaciones y los canales privados de televisión.

La comunicación y la información son bienes públicos. Sin embargo, como tantos otros derechos, el mercado les convirtió en servicio, poniendo un precio a algo que debe ser accesible para todos y todas. Hablar de la falta de comunicación y de acceso a la información en el caso de comunidades rurales de Colombia no significa entonces que no se presta cierto servicio. Ni siquiera es hablar de la violación de un derecho. En el caso del campo colombiano, hablar de la incomunicación y la falta de acceso a la información, es hablar de estrategias deliberadas de guerra.

En toda la historia de la humanidad, la invisibilización de las víctimas en las guerras ha sido una estrategia importante para mantener el apoyo de la población a los victimarios. En el caso de Colombia al no poder ver las barbaridades cometidas por el Ejército y las estructuras paramilitares, la población urbana se hacía indiferente a la guerra que se libraba en el campo. Dejar a las comunidades incomunicadas se convirtió entonces en una estrategia desde el Estado colombiano para poder operar con total impunidad. Por otro lado, por la ausencia de una infraestructura de Internet o telefonía, las comunidades tampoco tenían la posibilidad de informarse. De esta manera, solo se enteraban de las concesiones mineras, petroleras y agroindustriales que se otorgaban en sus territorios cuando las empresas ya se encontraban en sus territorios para iniciar sus procesos de exploración.

El sociólogo argentino Daniel Feierstein, en su comparación entre la dictadura de Argentina de los años setenta y ochenta y el nazismo en Alemania durante la segunda guerra mundial, identifica cinco etapas en las estrategias para poder transformar la población y el territorio en ambos casos. Estas son: la construcción de una otredad negativa (“son sólo terroristas”); el hostigamiento (ataques físicos); el aislamiento geográfico; el aniquilamiento y el cierre simbólico. El rol de la comunicación en varias de esas estrategias es fundamental. Para la construcción de la otredad negativa, los medios masivos han jugado un papel clave en el caso de Colombia, al celebrar la muerte de insurgentes y atacar a defensores de derechos humanos que denunciaban abusos cometidos por la Fuerza Pública. La falta de acceso a mecanismos de comunicación, a la vez, es una forma de aislamiento que se refleja en una idea en la cual si no ha pasado por la televisión, no ha pasado. Por último, el cierre simbólico de la violencia en el que se construye un relato colectivo de quienes fueron las víctimas y victimarios y cuál fue el carácter de la violencia también depende mucho de medios e infraestructura de comunicación. ¿Quién tiene la posibilidad de contar su verdad? ¿Y quiénes quedan por fuera?

El proceso de paz, que generó la esperanza en el país de que una nueva generación iba a crecer sin guerra, se disfumó al ver como el Acuerdo de Paz en la práctica se convirtió en un nuevo Plan de Guerra. En 2017 fueron asesinados en Colombia alrededor de 130 líderes sociales y otros 35 familiares e integrantes de las FARC-EP. En los territorios antiguamente controlados por las FARC-EP, las comunidades campesinas, indígenas y negras vieron entrar el ejército, muchas veces acompañados de estructuras paramilitares u otras estructuras criminales.

Ante este panorama, comunidades campesinas, indígenas y afros en el Cauca se organizaron en el transcurso de 2017 alrededor de la Espacio Territorial de Capacitación y Reintegración (ETCR) de La Elvira, en el municipio de Buenos Aires, para construir una red comunitaria de telefonía. Las comunidades identificaron cuatro objetivos de esta red comunitaria de comunicación

  1. Proteger la comunidad, ya que permite alertar en caso de emergencias.
  2. Convocar e informar a la comunidad.
  3. Facilitar la comunicación interna entre miembros de la misma comunidad.
  4. Permitir la comunicación hacia afuera, con familia, otras comunidades y aliados.

Recordando la incursión paramilitar en 2001 por el río Naya, que limita con el ETCR, y la actual presencia de estructuras paramilitares en el Valle del Cauca y el Norte del Cauca, esta es una respuesta comunitaria ante la histórica ausencia del Estado. Ausencia que también, después de la firma de los Acuerdos de Paz, se mantiene.

 

Infraestructura comunitaria

La figura de los teléfonos comunitarios es única en el país pero tiene antecedentes en las redes comunitarias de telefonía en México. Durante el paro de maestros en el año 2006 se llevó a cabo la toma de cuatro estaciones de radio y tres televisoras públicas y privadas en Tuxtla Gutiérrez, Oaxaca -México. Desde las diferentes emisoras, las personas manifestantes empezaron a difundir sus noticias y a convocar a las comunidades con un fuerte papel de las mujeres en la toma de la infraestructura y la realización de los programas. Reconociendo la importancia de la comunicación para su proceso organizativo, siguieron trabajando con radios comunitarias y desde 2009 comunidades indígenas en el Estado de Oaxaca decidieron construir su propia de red de telefonía comunitaria en territorios en los que no había cobertura. A pesar de las múltiples solicitudes que las comunidades habían hecho a las empresas de telecomunicaciones, estas se habían negado a instalar una infraestructura. Desde la lógica del capital, la densidad poblacional y la amplia apertura geográfica de las comunidades, no constituían un mercado suficientemente interesante como para invertir.  De esta manera, las empresas que prestan el servicio de Internet y de conexiones telefónicas centraron su actividad en las ciudades, profundizando la brecha entre campo y ciudad y dejando millones de personas sin posibilidad de comunicarse y de informarse.

Ante la negativa de las empresas, sólo quedaba la opción de instalar la infraestructura por cuenta propia. Con el acompañamiento de organizaciones cercanas, las comunidades indígenas lograron instalar sus propias torres de telefonía, crearon sus propios proveedores del servicio y comenzaron a prestar a sus habitantes el servicio de llamadas telefónicas y SMS. La tecnología es simple. Las personas que se encuentran en un radio de hasta 5 kilómetros de la torre se pueden comunicar de forma gratuita entre sí. La infraestructura se conecta a través de Internet al mundo entero, permitiendo la realización de llamadas a través de una tecnología que se llama Voz sobre IP, conocido por todos a través de programas como Skype.

En Colombia se han impulsado varias iniciativas de Internet comunitaria en las que las comunidades han construido su propia infraestructura. Las guardias indígenas en el Cauca cuentan con sistemas de radio comunicación y en otros municipios del país se tienen iniciativas de Internet comunitario, como es el caso de Facatativá. La lógica siempre es la misma, la comunidad es dueña de la infraestructura, es quien la administra y la da el uso según los objetivos que se establecieron de forma colectiva.

El tema de tener infraestructura comunitaria, en el caso del campo colombiano, no sólo es un tema de conectividad. Se trata de garantizar el derecho a la comunicación. Es también una estrategia para protegerse como comunidad. Las economías ilícitas que existían en los territorios controlados por las FARC-EP y que fueron regulados por ellas, ahora se volvieron en botín de guerra de Los Rastrojos, el Clan del Golfo y estructuras criminales que se asocian o colaboran de alguna forma con los anteriores. Las agresiones contra líderes sociales en estos territorios han incrementado de forma preocupante en la costa pacífica y la situación dramática que vive Tumaco como casos más emblemáticos.

En el ETCR de La Elvira hubo una torre de telecomunicaciones de la empresa Carton de Colombia que hace años fue destruido por las FARC-EP. Las redes de comunicación se estaban utilizando para informar al ejército sobre los movimientos de la guerrilla en el territorio. Hoy en día las comunidades, con el acompañamiento de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), están construyendo su propia infraestructura de comunicación.