Camilo Galindo

* Camilo Galindo

Abogado de la Universidad Nacional de Colombia con estudios de maestría en derecho (perfil investigativo) de la misma institución y candidato a magister en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires. Se ha desempeñado como investigador y consultor en materia de derechos humanos en diversas ONG y agencias de cooperación internacional. Actualmente, es integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) en Argentina

Los ataques contra defensoras/es de derechos humanos han sido práctica continua en las últimas tres décadas. Los homicidios, las amenazas y la persecución han marcado la vida y trabajo de líderes, activistas y organizaciones que realizan esta labor. La magnitud y la constancia de esta violencia no parecen haber sido asumidas por fiscales y jueces con la seriedad que se requiere. A pesar de algunos esfuerzos para investigar el homicidio de defensoras/es en los últimos dos años, la violencia letal del pasado sigue sin sanción. La acción penal tampoco llega a otro tipo de ataques, como las judicializaciones arbitrarias, los discursos estigmatizantes y las amenazas.

En este contexto de impunidad cobran especial importancia los avances que puedan lograr los mecanismos de justicia transicional surgidos del acuerdo de paz entre el Estado y las FARC-EP. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) tienen el reto de comprender y asumir los efectos que ha generado la violencia contra defensoras/es en la construcción de nuestra sociedad. Si bien es claro que la magnitud de lo ocurrido a lo largo del país hace pertinente la selección y priorización de casos, es necesario que estos mecanismos aborden esta violencia como una cuestión emblemática.

Cuando los ejercicios de defensa de derechos son realizados por pueblos indígenas, se requiere un abordaje diferencial. Es necesario que la JEP y la CEV asuman que la violencia contra líderes y otros miembros de estos pueblos no sólo genera afectaciones e impactos en sus ámbitos individuales o familiares. El carácter esencialmente colectivo de la organización indígena amplía el espectro de estos impactos a los procesos comunitarios y, en general, a la concreción de sus planes de vida. Por ejemplo, el territorio. A partir de su concepción indígena, el territorio es un espacio que va más allá del lugar de habitación o vivienda, es el lugar primordial donde se materializa el proyecto colectivo de las comunidades. La violencia contra autoridades e integrantes de estos pueblos lo desarmoniza y así se impide el desarrollo adecuado de sus planes colectivos.

Es igualmente importante que la JEP y la CEV superen la caracterización que suele hacerse para diferenciar a defensoras/es del resto de la ciudadanía. A menudo se identifica a la persona defensora como aquella que lidera o impulsa la reivindicación de una comunidad, un colectivo o unas víctimas. En el caso de los pueblos indígenas, esta diferenciación entre representante y representados se disuelve. Si bien existen autoridades tradicionales (políticas y espirituales) que tienen un rol diferente al resto de la comunidad, el ejercicio colectivo de la defensa implica que cada uno de los integrantes asuma un rol concreto dentro de la lucha por sus derechos. Sería, entonces, un error limitar la selección y priorización de los casos a violaciones contra autoridades individualmente consideradas.

Los ataques a líderes e integrantes de los pueblos indígenas, y la ocupación y uso inconsulto de su territorio generan efectos en los procesos colectivos y organizativos que buscan el goce efectivo de sus derechos al territorio, a la autonomía indígena y al gobierno propio. Sus planes de vida han debido modificarse, su tejido comunitario se ha fracturado, y sus usos y costumbres tradicionales están en grave riesgo.

Se requiere, entonces, que el juzgamiento de los ataques, la construcción una verdad sobre la violencia y sus actores, y la reparación a las víctimas den cuenta de las particularidades de los pueblos indígenas, y el carácter colectivo y comunitario de la lucha por sus derechos. Se debe partir de entender que la violencia sufrida, así sea por un solo indígena, afecta el proceso territorial y organizativo de toda la comunidad.