Andrés Felipe López

* Andrés Felipe López

Arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia. Realizó un Máster en Urbanismo, Ordenamiento y Transportes en la Universidad Paris-Est. Actualmente se encuentra adelantando estudios doctorales en Geografía y Ordenamiento en la Universidad Toulouse II sobre la propuesta territorial y organizativa de las Zonas de Reserva Campesina

El bochornoso espectáculo vivido en las últimas semanas y meses en el Congreso de Colombia en torno al fast track, o procedimiento rápido de aprobación normativa de los acuerdos surgidos de la mesa de negociación de la Habana, puede darnos una idea del grado de oportunismo y descaro con el que el poder ha sido ejercido. El debate en torno a las Circunscripciones Especiales de paz ha dejado al descubierto, una vez más, una clase política que hace parte de los círculos de poder y que busca continuar en estos sobre la base de que la estructura de desigualdad y concentración de tierra, de espacios de representación, entre otros, sigan sin modificarse.

 

La apertura política que se quiere negar

Hago referencia con esto a las modificaciones que han surgido vía parlamentaria al acuerdo final firmado entre las FARC y el gobierno colombiano. Para ilustrar, es necesario reconocer la fuerte carga simbólica que tiene la creación de inhabilidades a posibles miembros elegibles para el tribunal de la JEP que hayan presentado reclamaciones contra el Estado colombiano en materia de derechos humanos (o hecho parte de organizaciones defensoras) cinco años antes de su posesión1. De igual manera, el último acto de esta serie de modificaciones, la eliminación de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, es un golpe letal a una de las ideas centrales de la negociación: por un lado, dar un papel central a las víctimas y territorios más afectados por el conflicto y por el otro, que “el eje central de la paz es impulsar la presencia y la acción eficaz del Estado en todo el territorio nacional, en especial en múltiples regiones doblegadas hoy por el abandono”2.

Si bien los términos del Acuerdo pueden ser discutidos, lo que sí creo claro aquí, y que ha sido repetido muchas veces por los diferentes representantes del gobierno nacional, fue la búsqueda de una mayor integración de los territorios, particularmente aquellos afectados directamente por el conflicto armado. Esta integración, buscada desde diferentes estrategias,es una de las garantías simbólicas plenas para la existencia de diferentes formas de participación en política. Es simbólica porque quienes conocemos las estrategias que llevan a cabo las comunidades en términos organizativos, de gestión local y territorial, podemos entender que ellas mismas construyen desde hace muchos años formas propias de participación y de representación. Pero estas formas propias, que se materializan en instancias de decisión y auto organización, se acompañan de la solicitud (exigencia) de un reconocimiento pleno de derechos políticos de parte del poder central. Las Circunscripciones Especiales buscaban, o buscan si alguno de los reclamos hechos vía jurídica llega a funcionar, dar voz a través de un mecanismo tradicional a esos grupos sociales y territorios históricamente excluidos.

Creo que la eliminación muestra un miedo por parte de esa clase dirigente muy cercana al fenómeno paramilitar, o que ha ejercido su poder a través del latifundio y su expansión a través del mismo . Ya en el momento de la renegociación posterior al triunfo del No en el referendo, habían logrado quitarle al partido que surgiera de las FARC, y cualquier otro con representación jurídica, la posibilidad de presentar candidatos; pero ahora la apuesta fue por eliminar directamente estas representaciones. Y hablo de miedo porque esta clase de poder cuasi feudal ligada al paramilitarismo tenía la posibilidad de competir directamente por dichas representaciones; de hecho, no era para nada seguro que los “grupos significativos de ciudadanos y ciudadanas u organizaciones de la Circunscripción… organizaciones campesinas, de víctimas (incluyendo desplazados y desplazadas), mujeres y otros sectores sociales (…)”3 tuvieran una representación que no estuviera ligada a esta parte del poder. Por un lado, por las mismas contradicciones internas que atraviesan las fuerzas sociales alternativas, pero por otro, porque este poder tiene redes clientelares (y armadas) a nivel regional que tenían la posibilidad de influenciar dicha elección.

 

¿Qué responsabilidades tiene el Estado colombiano ?  

La situación actual a un año de la firma del Acuerdo final es de gran preocupación. Fuera de estos hechos simbólicos que posibilitaban una representación política de las comunidades, lo que significa en la práctica es un incumplimiento por parte del Estado colombiano, situación que agrava las condiciones en las regiones para las organizaciones que le han apostado al proceso de paz4. Esta realidad contrasta con la instalación por parte del Presidente Santos de la Comisión de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición que debe convertirse en uno de los componentes del Sistema de Verdad, Justicia y Reparación de la JEP, y que cuenta con al menos un par de personajes que contribuirán a su correcto funcionamiento : el profe Alfredo Molano y el padre Francisco de Roux5.

Habría que preguntarse frente a la capacidad real de decisión y configuración actual del Estado colombiano en un momento histórico tan importante. Estado diseñado desde un poder central muy concentrado que se ha configurado en torno a los sucesivos conflictos armados y que encontró en la doctrina del enemigo interno su estrategia para ocultar las grandes desigualdades sociales. En el fondo, y tomando en cuenta estos grupos de poder que por un lado deshacen aspectos centrales del acuerdo en el Congreso y por el otro, continúan asesinando líderes de las comunidades en las regiones a través de “bandas armadas”, sería necesario preguntarse si dicho Estado estaría entonces tomado, cooptado de acuerdo a ciertos autores, por dichos grupos. Se trata de verdaderas mafias de intereses que continúan ejerciendo gran influencia en las decisiones políticas del país, así estén personificados o no en el gobierno nacional. Frente a esto la otra pregunta sería si dentro de esa responsabilidad existe un plan articulado desde ese Estado que busca la no implementación de los acuerdos6 o si por el contrario, existe una relación de fuerzas propio a ese poder que también está en contradicción y en la que cada una responde a sus intereses estratégicos. Yo soy más cercano a esta última afirmación afirmación. Con esto quiero decir que me parece que existe igualmente una parte dentro de esa correlación de fuerzas, la que buscó el acuerdo, pero que es minoritaria en el momento político actual.

 

La paz territorial ≠ a los Terrepaz

Esperando el nuevo escenario que darán las elecciones del próximo año, la institucionalidad que fue puesta en funcionamiento para comenzar a generar las condiciones de implementación de los acuerdos (Agencia de Tierras, de Reincorporación, Unidad de restitución de tierras, etc) debería establecer espacios de interlocución con las diferentes experiencias territoriales/organizativas que existen en las regiones para comenzar a materializar unas primeras bases de dicha implementación. Esto se materializa en la puesta en práctica – y no a través de un doble discurso de acuerdos e incumplimientos-  de los Planes Integrales de Sustitución, los Planes de Atención Inmediata, etc. De lo contrario, la propuesta territorial definida por el gobierno nacional y que concibe su llegada a las zonas especialmente afectadas por el conflicto, a través de planes nacionales de infraestructura, quedarán como letra muerta y los ciclos de exclusión y violencia continuarán.

En otras palabras, la famosa paz territorial propuesta por esa parte del poder que buscó el Acuerdo, debería dialogar directamente con las propuestas territoriales que se han estado construyendo desde esos territorios históricamente excluidos, algunos ya históricos como las Zonas de Reserva Campesina7, otros en plena construcción como los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación.

 

 

 

  1. http://palabrasalmargen.com/edicion-118/ser-defensor-de-los-derechos-humanos-en-colombia-un-compromiso-estigmatizado/
  2. Preámbulo Acuerdo Final del 12 de noviembre de 2016, página 3.
  3. Punto 2.3.6 del Acuerdo Final, página 54.
  4. Leer pronunciamiento de PBI https://pbicolombiablog.org/2017/12/13/pronunciamiento-publico-12-diciembre-2017/
  5. https://www.elespectador.com/noticias/politica/santos-instala-la-comision-de-la-verdad-y-espera-que-aporte-reconciliacion-articulo-726915
  6. http://prensarural.org/spip/spip.php?article22462
  7. https://colombia2020.elespectador.com/territorio/la-lucha-de-la-asociacion-nacional-de-zonas-de-reserva-campesina