Marcela Rodríguez

* Marcela Rodríguez

Abogada de la Universidad Nacional de Colombia, defensora de derechos humanos y educadora de Paz en la Corporación Otra Escuela. Especialista en temas de empresas y derechos humanos, protección del ambiente y permanencia en el territorio. Candidata a magíster en Desarrollo Rural de la Universidad Javeriana

En menos de dos semanas, el país retornó a aquellos tiempos en los que la muerte simultánea era habitual. En Pueblo Nuevo, un pequeño corregimiento de Magüí Payán resultaron asesinadas 13 personas, varias de ellas pertenecientes al Consejo Comunitario Manos Amigas. Existen varias versiones sobre los hechos, las comisiones de verificación llegaron varios días después y la población continúa amenazada, lo cual hace que sea aún más complejo establecer qué pasó. Días después, las autoridades indígenas del Resguardo indígena Nasa de Cerro Tijeras en Suárez -Cauca, confirmaron la muerte de 6 personas en medio de un combate entre grupos armados al margen de la ley, y la Organización de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (Ocha) denunció el desplazamiento de 166 familias. En los dos casos, la tesis es que los ataques se han presentado en medio de la disputa por el control territorial de corredores del narcotráfico.

Estos hechos vienen antecedidos del aumento de los homicidios y ataques a los liderazgos sociales. En las mismas dos semanas, fueron asesinados Hernán Bedoya, del territorio colectivo de Pedeguita Mancilla y Mario Castaño Bravo, de La Larga Tumarandó en las cuencas del Bajo Atrato. Ambos reclamantes de tierras que se han resistido históricamente al desplazamiento forzado que presionan los intereses palmeros de la región.

El complejo panorama de asesinatos a líderes sociales, enfrentamientos entre actores armados ilegales, las masivas amenazas de muerte y desplazamientos forzados en diferentes regiones del país, revela una silenciada crisis humanitaria. Esta, ahora bien, ha sido sistemáticamente presentada como un fenómeno meramente colateral de la implementación del acuerdo, la desmovilización de las FARC y la reorganización de  grupos disidentes al margen de las dinámicas de la conflictividad social y política.

Esta tesis, sin embargo, le hace juego a la intención del gobierno de despolitizar el debate y atenuar los análisis sobre las causas más profundas de la situación. De un lado, los ataques sistemáticos a los liderazgos sociales tienen un correlato directo con las actuaciones de la extrema derecha (aún armada), a quienes por lo visto todavía les queda, en un país “en paz”, un amplísimo margen para recurrir al silenciamiento de las voces del contendor y la dilación de sus luchas y derechos. De otro lado, las masacres a las poblaciones de los territorios del campo y los desplazamientos forzados masivos resultan estar cruzados con un intrincado porvenir respecto de lo que aún significa el narcotráfico para la economía nacional y las economías regionales.

El problema del narcotráfico en Colombia –tanto como el de la tierra– responde a una economía agraria pensada e históricamente desarrollada sobre el despojo y el arrojamiento del campesinado, las comunidades indígenas y afro descendientes, a las economías ilegales y la precarización productiva. En teoría, los puntos abordados en los Acuerdos de la Habana más o menos intentan responder a ello (Desarrollo Rural Integral, participación política y sustitución de cultivos de uso ilícito). La implementación de éstos es justamente parte de las medidas necesarias para contrarrestar la profundización de la crisis humanitaria y transformar, “hasta donde se pueda”, las causas estructurales del conflicto.

Sin embargo, lo particular acá es que la estructura misma del acuerdo fue pensada sobre una (pactada) contradicción fundamental cuyas consecuencias se están sintiendo de manera cruenta aún desde el inicio de la implementación: tanto el Gobierno como las FARC partieron del entendido de que No se negociaba el modelo económico, pese a que sí podía dársele contorno a una serie de reformas que implicaran una relativa apertura democrática y unas bases elementales para pensar el campo de manera participativa sobre unos mínimos criterios de redistribución y equidad.

La sustitución de cultivos de uso ilícito es emblemática en este sentido. En artículos anteriores, sostuvimos que la erradicación forzada y los programas no adecuados que el Gobierno estaba proponiendo a los cultivadores generarían fuertes dinámicas de protesta y pondrían en riesgo a las comunidades, tal y como ocurrió en Tumaco en octubre de este año, en donde la fuerza pública está siendo investigada por el homicidio de seis manifestantes.

Por eso, más allá del análisis sobre las redes de narcotráfico, varios expertos en el tema –como el profesor Alfredo Molano y Gabriel Tobón– coinciden en que el problema radica en la crisis agraria del pequeño campesinado. Los cultivos de coca y marihuana son el oxígeno para sus asfixiadas economías, en las que la liberalización de los mercados, la falta de tierra y la débil infraestructura rural les impiden garantizar el auto sostenimiento y la permanencia en territorios desprovistos de condiciones para la vida digna.

De manera trágica, al finalizar el año el balance es terriblemente preocupante pero, lastimosamente, algo que muchos ya esperaban: el saldo de la implementación está en números rojos. Al precario desarrollo legislativo a través del fast-track y la mínima puesta en marcha de los programas concretos de cada punto acordado, se suma el desmonte paulatino del discurso con el que quería revestirse de legitimidad a los Acuerdos por parte del mismo Estado.

Un modelo político y económico que excluye e invisibiliza a las comunidades rurales es el combustible perfecto para perpetuar el narcotráfico. Al comenzar las negociaciones con las FARC, el Gobierno en cabeza del ejecutivo se negó a discutir lo más crucial de la infraestructura de este modelo. Más grave aún (ni siquiera para eso) es el Gobierno vía Congreso el que se niega hoy a implementar los acuerdos que fueron pensados para dar respuesta a “algunos” de los problemas más estructurales.

La renuencia a tomar medidas de fondo frente a los problemas por la tierra revela un conflicto social y político mucho más complejo que la mera confrontación entre grupos armados y disidencias. Pero, por lo menos, ya no se va a poder negar que uno de los hallazgos principales para el país luego de este rojo saldo es que las FARC no eran el problema –como siempre se quiso insistir desde el gobierno y las grandes estructuras mediáticas–.

Hoy el saldo rojo corresponde a los muertos de lo que no se negoció. Y lo que viene –continuar con la implementación a medias de un acuerdo fundamentalmente manoseado–, no parece pintar mejor. Por ahora, lo más inmediato es no perder de vista que los más directos responsables de ello son un congreso mafioso y un gobierno oportunista.