Le apostamos definitivamente y sin ambigüedades a un proyecto transformador en todo sentido, protagonizado por la antigua insurgencia de las FARC EP, pero en el que caben expresiones democráticas, progresistas y de nuevas ciudadanías, que no hicieron parte de sus estructuras durante la guerra, deseosas de construir un país en paz, más justo e incluyente.

El propósito fundamental de todo Acuerdo de Paz consiste en que la antigua insurgencia, al hacer dejación de armas, pueda participar en la disputa política institucional de manera legal. Esa ventana de oportunidad para profundizar nuestra precaria democracia empezó a abrirse el pasado sábado, con la finalización de la inscripción de las candidaturas del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, al Congreso de la República: asistimos a un hecho histórico revitalizante que muchos creyeron nunca poder ver, y que nos llena de esperanza y optimismo, en medio de un contexto político y social adverso y sumamente complejo.

Tengo el honor de hacer parte de la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá, encabezada por el excombatiente del Estado Mayor del Bloque Oriental Byron Yepes, e integrada por otras 12 candidaturas, tanto de excombatientes y antiguos militantes del Partido Comunista Clandestino Colombiano (PC3), como de jóvenes, artistas urbanos, raperos, maestras, defensores de derechos humanos, sindicalistas, ambientalistas, lideresas trans y líderes del movimiento social; quienes convergimos en una lista plural, diversa, con amplia y protagónica participación de la mujer y la juventud, que encarna a las inmensas mayorías del país y su gente del Común. Le apostamos definitivamente y sin ambigüedades a un proyecto transformador en todo sentido, protagonizado por la antigua insurgencia de las FARC EP, pero en el que caben expresiones democráticas, progresistas y de nuevas ciudadanías, que no hicieron parte de sus estructuras durante la guerra, deseosas de construir un país en paz, más justo e incluyente.

El escenario electoral, además, hace parte del proceso de reincorporación y en sí mismo debe contribuir a la reconciliación nacional y a la construcción de una paz estable y duradera, que significa la materialización del triunfo del debate de ideas sobre la confrontación armada, en un país todavía muy polarizado; conservar tal conquista y asumir esa tarea le compete a la sociedad en su conjunto, principalmente a sus sectores democráticos, y no de manera exclusiva a los excombatientes.

En ese sentido, un acto de consecuencia y compromiso con el proceso de paz es normalizar la participación del partido político FARC surgido como resultado de los Acuerdos. Sin embargo, sectores de talante progresista que defendieron con decisión el proceso, se esfuerzan ahora por distanciarse del Partido. Es claro que las izquierdas y las fuerzas alternativas debemos converger en una gran alianza en defensa de la paz, con la amplitud máxima que impone el momento histórico y sin exclusiones y señalamientos que contribuyen a debilitar el ya gravemente lastimado proceso de paz. Aunque previsible, por el inmenso peso de las matrices mediáticas de estigmatización y odio instauradas durante años, es inadmisible seguir cerrando las puertas a una organización que cumplió cabalmente con las obligaciones acordadas en el proceso y que ahora entra a la disputa política desde la institucionalidad. En las adversas condiciones en que nos encontramos, el Partido debe ser rodeado por las fuerzas democráticas de la nación.

La defensa y promoción de derechos humanos incluye, entre otras, el contribuir a brindar las garantías que se requieran para ejercer el derecho constitucional, legal y amparado por instrumentos de derecho internacional, de elegir y ser elegido. Fui gratamente convocado por el Partido para hacer parte de sus listas y lo acepté también por esa ilusión: debemos transitar hacia un país en el que practicar la política no sea una actividad riesgosa, que no implique quedar de facto inhabilitado para gozar de una ciudadanía plena en que se pueda ejercer cualquier derecho, oficio o labor, sin ser estigmatizado, ni excluido, por las convicciones personales, éticas y políticas. Estamos aún lejos de ese escenario, pero es una tarea urgente que debemos comenzar y materializar desde la práctica.

En este sentido, se hicieron  sugerencias bien intencionadas de esperar un poco a que las complejas condiciones fueran decantadas; a que se avanzara en unas garantías mínimas, antes de asumir una postulación que implica una serie de riesgos en sentido amplio; y de que otras personas podían asumir esa tarea. No podemos pensar ni actuar de esa manera: el camino lo vamos construyendo y caminando día a día, como si fuera el último; con la perspectiva de que sea el primero de muchos que faltan para consolidar una nueva era: vivimos para amar y darlo todo, y debemos asumir esa convicción.

La frenética y casi siempre dramática cotidianidad no debe hacernos perder de vista el extraordinario momento histórico que supone el tránsito de la insurgencia a la legalidad y la consecuente oportunidad inédita que se abre. Haber forzado al establecimiento a pactar la solución política del conflicto armado fue y sigue siendo una enorme victoria popular. Estando en guerra resultaba imposible la llegada al Poder institucional nacional de fuerzas alternativas y progresistas; el fin del conflicto armado y consecuente tránsito hacia la eliminación de doctrinas de guerra basadas en el enemigo interno abren, en el mediano plazo, esa posibilidad. Nos llena de júbilo poder hacer parte del inicio de esa tarea.

Emprendemos esta gran responsabilidad con alegría y entusiasmo, evidenciando con el ejemplo la amplitud democrática y pluralista encarnada en la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC. A la guerra sucia emprendida desde los medios empresariales de comunicación responderemos sin caer en sus provocaciones aleves, con actos concretos de reconciliación y tránsito a una sociedad en paz, esclareciendo la verdad y rindiendo las cuentas que sean necesarias, en los escenarios constituidos para ello, como ha venido ocurriendo. A los incumplimientos de todas las ramas del poder público en la implementación de los Acuerdos de Paz y la consecuente desnaturalización de ellos, apelaremos a las enormes mayorías nacionales y distritales para materializar desde ejercicios de reafirmación de derechos los incumplimientos del Estado colombiano.

#NuestroAcuerdoEsConLaGente y avanzamos con ilusión hacia una nueva Colombia: incluyente, democrática, pluralista y en paz.