Caballero, Perogrullo, la banalidad y la crudeza*

“Proponer un masaje”, “coger una rodilla por debajo de la mesa”, “tratar de dar un beso en la boca sin haber sido invitado”, puede ser algo trivial, cuando no implica un abuso de poder. Pero si el acto es realizado por una persona que aprovecha su posición dominante como jefe, sacerdote, presidente de la república, personaje nacional, productor de una película, profesor de un colegio o de una universidad, o simplemente hombre en una cultura machista, la conducta se convierte en una infamia y en un delito.

Educación en tiempos de conflicto y posconflicto en donde la memoria es un lugar en llamas

Educar en la memoria implica no sólo trabajar con los testimonios de las víctimas, un valioso legado que enrostra nuestra propia historia, sino también aprender a narrarnos como sujetos capaces de reflexionar en torno a nuestras propias trayectorias, a sabernos y reconocernos como ciudadanos que hemos crecido en medio de contextos en los que la violencia ha sido la moneda de cambio en sociedades desiguales y fragmentadas en las que la intolerancia política y social ha marcado buena parte de nuestras subjetividades.

¿A quién le sirve la erradicación violenta de la coca?

En este contexto, la masacre de Tumaco es una desgarradora historia de un conflicto que viene gestándose desde el inicio de la implementación del Acuerdo y que tiene al menos dos bases: en primer lugar, la política contradictoria que traslapa erradicación forzada con sustitución concertada y, en segundo lugar, la grave estrategia histórica del Estado colombiano de “firmar lo exigido, para incumplir lo pactado”. Esta estrategia se ha decantado desde hace más de un siglo en un ciclo vicioso de violencia-negociación-acuerdo-incumplimiento-violencia.

Los derechos humanos en la vida cotidiana

En un contexto de superación del conflicto armado y tránsito hacia la paz como el que vive Colombia, se presenta una gran oportunidad para iniciar un proceso pedagógico y público para que la comprensión de la importancia y el sentido de los DDHH abarquen más allá de los límites de la violencia sociopolítica y atraviesen la vida diaria de todo el mundo y que sin tales garantías, no es posible hablar de democracia y paz.

Invocar al pueblo para negar derechos

Hacer de las consultas populares una forma de ampliación de la participación y garantía del respeto de los derechos del pueblo, no se basa únicamente en un criterio procedimental según el cual “si lo dice la mayoría que votó, entonces es legítimo y hay que acatarlo”. Esto no quiere decir que los argumentos religiosos, científicos, o históricos de distinta índole no deban hacer parte del debate público, ni desconocer que nuestras ideas estarán siempre mediadas por lo que creemos, pero es necesario pensar en los límites y los alcances de los mecanismos de participación, cuando son usados para poner en juego derechos fundamentales.

En memoria del pescador Lucho Arango ¿Qué está pasando con los liderazgos sociales en Colombia?

En una Colombia en donde la participación política ha estado restringida, en donde el poder político ha estado demasiado tiempo concentrado en élites económicas y sociales que a su vez conforman élites políticas intolerantes al cambio, el espectro de oportunidades para la participación y la trasformación social que abre la implementación de los acuerdos de paz en los territorios puede ser visto como una amenaza.

Un nuevo acuerdo, unos nuevos desacuerdos: ¿Qué pasará con la Ley 160 de 1994 durante la implementación de los acuerdos?

Esta discusión sobre la modificación del actual modelo de desarrollo rural se dio durante la aprobación de la Ley de Zidres en el Congreso de la República. Quienes promovieron esta iniciativa hicieron una presentación maniquea de los bajos resultados de la Ley 160 en la consecución de sus propios objetivos, principalmente el de dotación de tierras, y concluyeron que había que descartarla como modelo de regulación y adjudicación de la propiedad rural. Entre tanto, los detractores de las Zidres desvirtuaron estas afirmaciones a través de estudios serios que daban cuenta de que el problema de la ley agraria no es el modelo sino su falta de ejecución y la corrupción del Incoder en la adjudicación de las tierras.