Tatiana Roncancio

* Tatiana Roncancio

Estudios de pregrado y maestría en historia de la Universidad Nacional de Colombia. Estudiante del doctorado en psicología de la misma universidad. Intereses en investigación interdisciplinar en historia comparada y del largo plazo de nuestra especie.

«El silencio de los fusiles nos permitió por fin escuchar el estruendo, hasta entonces silenciado, de la corrupción». Esta idea, expresada más o menos así o con variantes que apuntan en este mismo sentido, fue quizá una de las más repetidas durante 2017 y de las que contó con mayor aceptación en Colombia. No era para menos, en realidad el final del conflicto armado con las FARC, a pesar del deprimente balance de la implementación del Acuerdo de paz a final del año pasado, hizo evidente (para cualquiera que no siga creyendo obcecadamente cuanta cosa dice el ex presidente Uribe) que por muchos años para los medios de comunicación y para el sentido común de la mayor parte de la población permanecieron invisibles, o al menos eclipsados, buena parte de los problemas graves que se enfrentan en nuestro país debido a la centralidad, siempre estruendosa, del conflicto armado con las guerrillas; frente a eso, todo lo demás palidecía. Una vez entregados los fusiles y con el proceso de implementación andando, se trasladó el centro de atención de la opinión pública: con la disminución del sensacionalismo generado por las noticias del conflicto fue inevitable que cobraran relevancia –la que siempre han tenido pero que hasta ahora no se había dimensionado– las noticias sobre casos de mala administración y de irregularidades en todos los niveles del gobierno y en todas las ramas del poder.

Entre 2016 y 2017 se hizo más evidente que nunca hasta qué punto está corroída la clase política colombiana por un ánimo de lucro que no encuentra saciedad, que no hay escrúpulos para saltar la ley en beneficio propio ni para comprar jueces que permitan obtener penas risibles en caso de ser descubiertos. Los hechos se acumulan por montones, en todas las regiones del país, en el nivel central, parece una epidemia que se esparce y alcanza a todo el que entra a algún nivel de la administración estatal. Así, a la vez que el conflicto armado fue perdiendo la centralidad que había tenido, y que paulatinamente se hizo más difícil señalar a la guerrilla como la fuente de la que emanaban todos los males del país, empezó a perfilarse la corrupción como el problema central de nuestro sistema político y de nuestra sociedad. La afirmación de que la corrupción es el mal principal de nuestro país es ampliamente aceptada en este momento; combatir la corrupción, por tanto, se ha vuelto bandera de buena parte de las propuestas presidenciales y la legitimidad de esta reivindicación está firmemente asentada en el sentido común de una buena parte de los colombianos. Parece contrario a toda lógica rebatir esta idea. Sin embargo, encuentro en esta, así como en su incuestionada aceptación, un peligro: la afirmación de que la corrupción es el principal problema que enfrentamos actualmente como sociedad es inexacta.

A la corrupción –como antes a la guerrilla– se la ubica como la causa de gran parte de los problemas de nuestro país, se le va dotando de sustancialidad, como si fuera una cosa evidente para todos, pero cuyo significado va tornándose cada vez más maleable y difuso tanto más se generaliza su uso, que además se ha ido convirtiendo en un eufemismo con el que se consigue evadir la indagación rigurosa de los problemas –que son muchísimos y muy complejos como para soportar una jerarquización simplista, como la que implica decir que hay uno que es el principal– que nuestro país enfrenta, y la expresión franca de las fallas y delitos de quienes han estado a cargo de los recursos en los últimos años.

A pesar de que en medios de comunicación y redes sociales son repetidas frases como “escalafón del riesgo de corrupción”, “los escándalos de corrupción”, “la corrupción compite con el narcotráfico en el lavado de dinero”, “los sindicados por corrupción”, o “la corrupción hizo metástasis en el país y es necesario tomar correctivos severos”, que dan la sensación de que la corrupción es algo por lo que las personas deben enfrentar la justicia, en Colombia la corrupción no es un delito. Lo que se denomina bajo el impreciso mote de «corrupción» son las acciones punibles contra la administración pública que constituyen una serie de delitos sobre los cuáles convendría tener mayor claridad, porque las expresiones ‘peculado’, ‘concusión’, ‘cohecho’, ‘celebración indebida de contratos’, ‘enriquecimiento ilícito’, ‘tráfico de influencias’ o ‘prevaricato’, que significan cosas diferentes entre sí –y, en consecuencia, implican un tratamiento distinto y que difieren en la pena que acarrean– suelen no decir gran cosa para las personas de a pie, que tan seguras se sienten al hablar de la corrupción como el problema principal del país. Es sumamente vago, por ejemplo, hablar del “escalafón de corrupción”, como se presentan en un artículo de El Tiempo una serie de gráficos que expresan poco; sería necesario, para hacer un real escalafón de corrupción, aclarar, entre otras, cuáles son las diferencias regionales que existen en relación al enriquecimiento ilícito o qué tipo de delitos contra la administración pública es en los que más se incurre y establecer los mecanismos que facilitan, en cada instancia, la comisión de cada delito particular. Supongo que una verdadera «lucha contra la corrupción» podría empezarse por fomentar debates amplios que permitan que las personas se familiaricen con lo que significa corrupción para el sistema penal colombiano y que fomente que las acciones sean llamadas por su nombre.

Una de las consecuencias de que no haya claridad con respecto a lo que se hace referencia cuando se habla de corrupción es que, al señalar la corrupción como el principal problema de nuestro país, se llega a encontrar en ésta, de modo fácil e irreflexivo, la explicación de las cosas que no funcionan bien, es decir, se le otorga el carácter de causa: ¿por qué no hay progreso en las regiones? Por la corrupción; ¿qué hace que nuestro país continúe con índices tan altos de pobreza? La corrupción; y así, la corrupción se asume como respuesta a una serie indefinida de interrogantes sobre los problemas de nuestro país, con lo que se fomenta la ilusión de que ya sabemos por qué hay pobreza o atraso o tan desigual distribución de los ingresos. Contentos con esa respuesta, no se hacen más preguntas.

Según la Real Academia de la Lengua Española, la corrupción es la “acción y efecto de corromper o corromperse” y “en las organizaciones, especialmente en las públicas, [es la] práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”. La definición, además de ser bastante general, alude a una acción, a una manera de comportarse, es decir, a algo que algunas personas hacen. La acción de corromper o corromperse es, si se mira bien, un síntoma –de una errónea concepción o construcción del Estado– o una característica –de cierto tipo de sociedad–; cuando en lugar de entenderse como tal se asume como causa, parece que no es necesario, pertinente o posible explicar a qué se debe ese comportamiento y en la comprensión del fenómeno radica la posibilidad de su desmantelamiento, pues bien puede establecerse una relación entre los comportamientos que subyacen en los delitos contra la administración pública y la corrupción a nivel estatal, con la lógica del más avispado y del todo vale que es tan valorada en el imaginario popular de nuestro país. Está muy afincado en nuestra cultura el atajo, el «cómo voy yo en este negocio», como para pensar que los políticos corruptos son la base del problema y que su señalamiento es la solución.

Por otro lado, la idea de que la corrupción es causa de las cosas que van mal en el gobierno encubre otras cosas que parecen más incómodas de mencionar, como la clara relación entre los sonados casos de corrupción regional referidos a la destinación de recursos públicos para proyectos que nunca se realizaron y las zonas de influencia paramilitar. Esta situación permite entrever que no hay sólo un problema de mal comportamiento manifestado en la apropiación de los caudales del erario, sino que además de peculado, hay que indagar por la financiación de fuerzas paramilitares con recursos del Estado, por la responsabilidad estatal en la expropiación de tierras, y por ese camino volver de nuevo al problema histórico de la desigualdad en la distribución de la tierra en Colombia, cosas que se pasan por alto cuando se hace alusión meramente a un problema de corrupción.

La corrupción es algo tan etéreo, tan fácilmente atribuible a cualquier cosa, que juega perfectamente como cortina de humo. Si bien es cierto que la mayor parte de los gobernantes, jueces –incluso magistrados–, y legisladores de nuestro país son corruptos, decir que la corrupción es el principal problema que nuestro país enfrenta actualmente se ha convertido en una fórmula de fácil repetición pero inextricable. Basta mencionar la corrupción para zanjar cualquier discusión y encontrar acuerdo entre posiciones diversas, pero si este fenómeno se entiende con ligereza, caeremos de nuevo en el juego de las formulaciones sencillas y carentes de contenido que resultan tan útiles en las campañas políticas para enredar las buenas intenciones de los votantes. La corrupción, por supuesto, no es la única fórmula de este tipo, ya han salido en Twitter algunos predicadores de la corrección política a decir que lo importante en este año electoral es evitar el populismo de derecha o de izquierda, otra idea que parece decir mucho pero que no dice nada. Creo que lo relevante es no permitir que «la corrupción», «el populismo» u otras fórmulas se erijan como cortinas de humo útiles para desviar la atención de la comprensión seria de nuestra sociedad y de la búsqueda de soluciones reales a los problemas.