Diciembre en la Argentina siempre resulta un mes complicado: saqueos, cacerolazos, acuartelamientos de policías provinciales y revueltas populares son algunas de las notas que han caracterizado a los últimos diciembres. El termómetro político explota al compás del incremento de las temperaturas en el sur del hemisferio sur. No obstante, el espectro que más atemoriza a la clase política argentina -la referencia ineludible- es el de diciembre de 2001. Sus imágenes y sus marcas aún están muy vivas en la memoria colectiva. Toda vez que una medida económica desata la reacción popular, aquellas de inmediato comienzan a sobrevolar la atmósfera de la opinión pública. Más aún si es diciembre y si la medida implementada guarda similitud con las que se tomaban por aquel entonces.

Se ha sugerido que acaso haya podido ser esa una de las razones para explicar la virulencia del operativo represivo diseñado por el Poder Ejecutivo durante las jornadas de paro y movilización -acontecidas el 14 y 18 de diciembre de 2017- en las que el pueblo salió a manifestarse en contra de la reforma previsional. Esta reforma cambia -recortando- los criterios para la movilidad de las jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y Asignación Universal por Hijo que habían sido establecidos por la Ley 26.417 del 2008. Recuerda a la medida tomada durante el año 2000 por la Ministra Patricia Bullrich, en ese entonces Ministra de Trabajo del presidente Fernando De la Rúa. Polifacética, ahora ocupa el cargo de Ministra de Seguridad, pero la mudanza, lejos de cambiar sus valores, los ha reforzado: antes descontaba dinero a los jubilados, ahora le toca reprimirlos. De ser cierto, ese temor al espectro de diciembre de 2001, en lugar de ablandar, endureció al gobierno. El temor a comparaciones con la debilidad de Fernando De la Rúa primó por sobre el temor a la reacción que el pueblo pudiese tener ante la escalada represiva.

El gobierno ganó la batalla. La reforma previsional, que había obtenido media sanción de la Cámara de Senadores sin inconvenientes, acabó aprobándose la madrugada del 18 al 19 de diciembre en Diputados por escasa diferencia (127 votos positivos frente a 117 negativos). El primer intento fallido por tratarla el 14 de diciembre llevó al levantamiento de la sesión parlamentaria por la presión popular. No obstante, el gobierno pagó costos que auguran traer consecuencias a mediano plazo, no imposibles, pero sí arduas de remontar.

En primera instancia, porque el recorte en cuestión afecta a un sector de la sociedad que ha simpatizado electoralmente con el gobierno. Es precisamente la franja etaria que supera los sesenta años, de la que el gobierno ha extraído su mayor caudal diferencial de votos. En este sentido, el descontento que generó la medida pareciera exceder ampliamente la tradicional oposición etiquetada desde los discursos del gobierno y los medios hegemónicos afines como “kirchnerista”.

En segunda instancia, tanto la impopularidad de la medida como el apuro del gobierno por tratarla, en el marco de la convocatoria a sesiones parlamentarias extraordinarias y en la misma semana de la undécima conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio llevada a cabo en Buenos Aires, precipitaron la inesperada -incipiente y, hasta el momento, circunstancial- convergencia de una oposición legislativa que en estos dos años nunca se había encontrado votando en conjunto. Si este precedente pasará a constituir un hecho aislado o marcará el comienzo de una nueva dinámica opositora, eso seguramente se devele durante este año.

Pero quizás, por las características de la coalición gobernante, la derrota que acaso más les duela, sea la mediática. Los debates suscitados por esta ley parecen haber abierto un principio de resquebrajamiento de la férrea estructura del blindaje mediático que ampara al gobierno desde que asumió. Este blindaje no logró disimular el evidente carácter regresivo de la medida, ni escondiendo los delirios matemáticos (un diputado oficialista declaró que los jubilados “van a perder plata, pero no poder adquisitivo”), ni a través de la insistencia en colocar el foco en la supuesta “violencia” de los manifestantes, en detrimento de lo que ocurría puertas adentro del Congreso de la Nación. Ni la desmesura de la represión de la jornadas del 14 y 18 de diciembre (que se prolongó durante varias horas y cuadras, y que arrojó un saldo de detenidos y heridos, incluyendo diputados nacionales) ni el discurso mediático centrado en el “vandalismo” lograron amedrentar a ciudadanos de a pie, que, por la noche del 18 de diciembre, salieron a manifestarse a cacerolazos en varios puntos del país, y en muchas zonas tradicionalmente simpatizantes al gobierno nacional ocupando nuevamente las zonas aledañas al Congreso hasta altas horas de la madrugada. Esa reacción vespertina evidenció la ineficacia del discurso mediático diurno.

Si bien las fechas decembrinas, las medidas antipopulares, la confluencia de sectores políticos y sociales heterogéneos y las imágenes de la represión evocan el espectro de diciembre de 2001, es posible hacerse la tarea opuesta de buscar sus diferencias: el escenario se mudó de la Plaza de Mayo, sede del Palacio de Gobierno, a la Plaza de los Dos Congresos ubicada frente al Congreso Nacional; las calientes jornadas del 19 y 20 de diciembre se metamorfosearon en el templado 18 de diciembre de 2017; el grito unánime “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo” trasmutó en otra consigna igualmente potente y repetida al modo de un mantra “Unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, se jode”. Más allá del poder simbólico del sobrevuelo espectral, diciembre de 2017 no fue, en los hechos, diciembre de 2001.

En el artículo de opinión “Un mapeo de las resistencias a seis meses del gobierno de Mauricio Macri”, que escribimos en la edición 85 de este portal con fecha 14 de julio de 2016, señalábamos la centralidad que estaba adquiriendo el sujeto trabajador como figura de la resistencia a los embates del modelo neo-neoliberal en línea con el protagonismo en las calles de las centrales sindicales y de los movimientos populares que se asumen desde su condición de trabajadores de la economía popular.

En esta clave, no es menor señalar el peso del significante trabajador como núcleo de convergencia entre los presentes en las jornadas de paro y movilización contra la reforma previsional. Por un lado, enlazó distintos modos de trabajo y categorías de trabajador: trabajadores “pasivos” afectados por los recortes de jubilaciones y pensiones, trabajadores “activos” aportantes al sistema de seguro solidario para la vejez; y trabajadores de la economía popular, muchos de los cuales también afectados por el recorte en la movilidad de la Asignación Universal por Hijo. Por otro lado, y en la línea de la consigna de lucha ya esgrimida, la transversalidad de la categoría de trabajador parecía situarse más allá de las diferenciaciones ideológicas y las banderías políticas, siempre que estuvieran del mismo lado de la raya que separa al macrismo del anti-macrismo.

Esta reforma representó el primer paso de la etapa de “reformismo permanente” inaugurada por Mauricio Macri luego del triunfo electoral de Alianza Cambiemos en las elecciones parlamentarias de Octubre del año 2017. Luego de dos años de gobierno, el triunfo electoral parece haber decidido a la coalición gobernante a apretar el acelerador y avanzar con las reformas “recomendadas” por el Fondo Monetario Internacional. Si hasta el momento parecía estar cuidándose de hacer ajustes de grandes dimensiones (a excepción de la reestructuración de las tarifas de servicios públicos), de ahora en adelante, presionado por un creciente déficit, parece decidido a apretar con mayor saña los torniquetes de la economía.

La aprobación de la reforma fue un paso tambaleante. Los sucesos de diciembre de 2017 muestran que el triunfo electoral de la Alianza Cambiemos no implica, a la manera de un juego de suma cero donde lo que se gana es equivalente a aquello que el contrincante pierde, una derrota de los sectores trabajadores y la victoria sin más de la hegemonía del neo-neoliberalismo. De hecho, el primer sorprendido de esta ecuación fue el propio gobierno que, ante el levantamiento de las sesiones parlamentarias del 14 de diciembre, barajó la posibilidad de impulsar la reforma previsional por medio de un decreto de necesidad y urgencia firmado directamente por el Poder Ejecutivo.

Profundizar este rumbo de reformismo permanente, le va a requerir al gobierno apelar a un mayor nivel de represión, y, probablemente, insistir aún más encarnizadamente en la construcción de enemigos internos. El escenario se muestra más abierto y complejo que aquel que caracterizábamos en julio del año 2016. El gobierno sigue teniendo la iniciativa, pero habrá que ver cuán permanente puede ser el cambio. El próximo round se encuentra cercano: la reforma laboral, una nueva arremetida contra los derechos y garantías laborales, será tratada en los próximos meses. Solo los acontecimientos dirán si la figura del trabajador como significante aglutinante y los avances en la unidad del sector -una unidad en la diversidad, claro está- es capaz de torcerle el brazo a la iniciativa reformista de la Alianza Cambiemos.