José David Copete

* José David Copete

Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, candidato a Magíster en Políticas Públicas de la misma universidad. Ha trabajado investigaciones relacionadas, principalmente, con política social y participación política juvenil. Es integrante del Grupo Interdisciplinario de Estudios Sociales y Políticos THESEUS. Actualmente se desempeña como docente universitario en la Universidad el Bosque y la Universidad Nacional de Colombia

El 2018 es para Colombia un año muy importante, pues las jornadas electorales que tendrán lugar este año son vitales para configurar escenarios institucionales que permitan caminar hacia la paz con justicia social. Abrir los escenarios de la política institucional a la gente del común es hoy, quizá, el mayor y más importante de los retos para la ciudadanía colombiana. La necesaria apertura de la institucionalidad democrática no tiene sentido en sí misma, sino que es valiosa en tanto permita avanzar en la superación del derrotero de injusticia y exclusión que las elites políticas han trazado históricamente -y han tornado más fuerte y lesivo en las últimas décadas.

En Colombia la democratización no se puede subsumir en la superficialidad de la “alternancia democrática” sino que está asociada a cambios profundos, tanto en términos de quienes gobiernan y legislan como del horizonte que siguen tales ejercicios. Como es de esperar, quienes han construido las autopistas por las que circulan la corrupción, la ilegalidad, la desigualdad y la violencia política buscan a toda costa que no haya cambios o que, de darse algunos, sean ínfimos y/o nominales. Las elites políticas están acostumbradas a dinamizar la institucionalidad en pro de sus intereses y quieren que se siga haciendo “lo mismo”.

En el último tiempo se ha generado algún consenso en términos de cuestionar, como han hecho algunos políticos, el papel de los mismos y las mismas en el nefasto direccionamiento del país. Poner en tela de juicio a quienes han desangrado el país enriqueciéndose y cooptando la institucionalidad es muy importante, pero debe darse en el marco de un cuestionamiento más profundo. Hay que cuestionar el horizonte político en Colombia, para que la política institucional no reduzca a “lo mismo”, y ello desborda el hecho de que no sean los mismos y las mismas quienes gobiernen y legislen.

El patriotismo falaz y la doble faz del corazón grande.   

A pocos meses de las jornadas electorales son pocas las propuestas que plantean alternativas frente a los estragos sociales, políticos y económicos que se derivan de las políticas implementadas en las últimas décadas. En contravía de ello, en la antesala de las elecciones las candidaturas de extrema derecha -que enfrentan a Vargas Lleras con la tríada compuesta por Martha Lucía Ramírez, el que dijo Uribe, y el destituido exprocurador- han posicionado una matriz discursiva de doble faz. Por un lado, recurren a un patriotismo falaz que sustenta su enconada campaña en contra del contenido de los acuerdos, aprovechando cualquier oportunidad para invalidar el proceso de diálogos -ya de por sí complejo- con la guerrilla del ELN. Para estos sectores el terrorismo es el enemigo a vencer y todos los problemas del país se pueden explicar remitiéndose al mismo y a la “entrega del país” que, para ellos, supone la salida política. Su posición ha ido más allá de pronunciamientos, materializándose en la negligencia a la hora de aprobar en el congreso los compromisos que la institucionalidad colombiana asumió con la firma del acuerdo de finalización del conflicto armado con las Farc-ep.

Por otro lado, se puede decir que tienen un corazón que es tan grande y esmerado para con las elites políticas y económicas nacionales como amnésico con sus evidentes prácticas delictivas. Estos mismos actores que señalan con severidad al “castrochavismo” en sus diversas expresiones como culpable de la debacle del país, son muy dóciles, comprensivos y olvidadizos con prácticas de sus allegados, más cercanas a carteles de la mafia que a partidos políticos.

Nuestra triste historia reciente nos acerca a escenarios que se tornan inverosímiles: el jefe de seguridad de la presidencia está encarcelado por narcotráfico y el mismo gobierno que tenía controlado el terrorismo con la más alta tecnología no se percató de sus actividades ilícitas; el fiscal anticorrupción está siendo juzgado por corrupción; dos delfines que están haciendo política tal y como sus padres evitaron hacerlo -a tal punto que ambos murieron por su actividad política-, se pelearon por el aval a una candidata a gobernadora cuyos crímenes eran un secreto a voces; eficientes gerentes ligados al partido de un camaleónico vicepresidente contratan obras que se caen y otras que tienen mucho que ver con Odebrecht, pero que no han podido ser investigadas por el “diligente” fiscal general.

Para estos sectores, el sendero que debe seguir la política colombiana es el de continuar favoreciendo a una minoría muy poderosa en detrimento del grueso de la población. La paz les interesa siempre y cuando se garantice la continuidad de las prácticas legales e ilegales que les han permitido posicionarse y asegurar su predominio en la política y la economía del país. Para ellos, en Colombia se tiene que seguir haciendo lo mismo y, obviamente, lo tienen que seguir haciendo los mismos.

La política institucional colombiana: los mismos y las mismas alimentando lo mismo.

Muy en contravía de los cambios que supone este momento histórico para la construcción de la paz, las dinámicas de la última legislatura y la actual contienda electoral han evidenciado que las fuerzas motoras históricas de la política institucional colombiana, antes que diezmadas están fortalecidas. La corrupción y el clientelismo no han desaparecido del escenario político y no son recurso único de la extrema derecha. El gobierno que se encargó de sacar adelante el proceso de diálogo y el acuerdo de finalización del conflicto armado no pudo garantizar compromisos fundamentales como las curules y los colombianos hemos visto cómo la posibilidad de una reforma política se torna cada vez más remota.

Estamos frente a una camarilla de dirigentes -muchos de ellos delfines políticos- fruto del relevo generacional de las elites políticas y económicas que han cooptado la institucionalidad y consolidado la corrupción como modus operandi. La renovación de la política institucional colombiana parece estar limitada a un recambio de nombres, pues los apellidos de las doscientas familias siguen acaparando posiciones de dirección y reproduciendo las prácticas típicas de la política colombiana. Las mayorías que gobiernan y legislan están interesadas en que los escenarios institucionales tengan un cierre hermético, que garantice la dinámica hereditaria y parasitaria tan presente en nuestras corporaciones. Ello se ha materializado por acción y por omisión.

Respecto a lo primero, si para algo se movió el congreso en la legislatura anterior, fue para bloquear el necesario proceso de apertura democrática que debe llevarse a cabo en la institucionalidad política de nuestro país. Y sus esfuerzos llegaron a buen puerto, pues el fracaso de la reforma política y la imposibilidad de cumplir con las curules establecidas en las JEP así lo evidencian. Asimismo, las iniciativas que han propuesto la disminución de sueldos y beneficios y un mayor control a la actividad del legislativo no han sido fructíferas. En cuanto a la omisión, el legislativo se desentendido del gran problema que implica la recurrente muerte de líderes y lideresas sociales en el país. Junto con las autoridades, la justicia y los medios de comunicación, los legisladores han ignorado este problema fundamental para la vida democrática del país. Cuando mucho se ha llegado a exabruptos, asociando los crímenes con líos de faldas o similares.

Las taras que se han interpuesto en el proceso de posacuerdo con la FARC, evidencian la falta de voluntad política de las elites colombianas para generar los cambios que permitan construir un país en paz. El país político quiere seguir por el mismo sendero y, desde su perspectiva, los únicos cambios que deben tener lugar son los nominales, propios de la “alternancia” democrática. Desde otro ángulo, así como se evidencia la negligencia y el carácter conservador y retardatario de las elites, en los campos y ciudades a contracorriente se siguen generando procesos sociales y políticos que apuestan por los cambios que, a despecho de las elites, el país requiere y debe generar.

La gente del común y su papel estratégico en la construcción de la paz.

En un escenario político marcado por la preponderancia de las maquinarias políticas y sus prácticas tradicionales se torna relevante la aparición de nuevos actores políticos que sí puedan renovar tanto el horizonte como las dinámicas de la política colombiana. La posibilidad de escuchar voces de la gente del común está ligada a que los actores sociales y políticos que se han mantenido al margen de la política institucional -junto con aquellos que estando al interior de la misma quieren transformar el país- puedan ejercer la política sin poner su vida y la de sus comunidades en riesgo.

En este aspecto, especial mención merece la actividad política de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC). Aunque no alcanzó una confluencia acorde a una campaña presidencial, el sábado 27 de enero tuvo lugar el lanzamiento de las candidaturas del naciente partido en la ciudad de Bogotá. El evento, que tuvo lugar en la localidad de Ciudad Bolívar, tiene una importancia enorme: quienes integraron la guerrilla de las Farc están concentrando sus energías en consolidar una opción política que entre a nutrir la discusión política en nuestro país. Esta puesta en escena de la FARC se compagina con el compromiso que los exguerrilleros tienen y deben tener con la reparación integral de las víctimas, la verdad y la construcción de la paz. La actividad política del naciente partido permite que una opción política, desvirtuada por el recurso a la violencia, ahora pueda desplegarse y competir desde la legalidad por generar un cambio de rumbo en favor de la gente del común, que ha sido históricamente empobrecida, excluida, perseguida y pauperizada.

Además, a pesar del complejo panorama, en nuestro país se han venido desplegando otros procesos sociales y políticos que han decidido asumir el escenario institucional como central a la hora de desplegar su actividad política. Son muchas las expresiones políticas que han permanecido externas a la política institucional y que tampoco han estado en proyectos políticos por fuera de la legalidad. Dichas expresiones, condensadas en movimientos y movilizaciones sociales de diverso cuño, se tornan protagónicas en este momento y en la proyección política de mediano y largo plazo. Es la gente del común con sus tejidos organizativos y sus horizontes la que puede y debe avanzar en la generación de liderazgos encargados de relevar la parasitaria y hereditaria clase política colombiana.

A los realmente pocos políticos que hoy, con sus matices, dan la pelea por orientar de otra manera y en otra dirección la institucionalidad política colombiana se pueden y deben quienes no quieren más de lo mismo. La gente del común -en tanto basamento y sostén de los liderazgos que actúan hoy desde la política institucional, el naciente partido FARC y los diversos movimientos sociales- es vital para defender los acuerdos logrados, llegar a un acuerdo con la guerrilla del ELN y dar pasos hacia la transformación sustancial de la política institucional colombiana. Hoy más que nunca, con el cometido de lograr un cambio sustancial en el país, la unidad se torna tan necesaria como urgente.