Luis Castillo

* Luis Castillo

Egresado del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Estudiante de la Maestría en Estudios Políticos en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI). Con intereses académicos en la teoría política y problemas relacionados con la participación política y la construcción de paz.

Columna escrita en co-autoría con Camilo Cortés

Hace pocos meses León Valencia relataba una anécdota que refleja las dificultades y la frustración que puede acompañar al activismo social en Colombia. Contaba que mientras se encontraba en Macayepo (Bolívar) conoció a un destacado líder social, un joven inteligente y con gran influencia en la vereda. Al preguntarle por quién iba a votar, este joven contestó que apoyaría a Teresita García, candidata en ese entonces al Senado. Un poco sorprendido, León mencionó que Teresita era la hermana y heredera política de ‘El Gordo’ García, quien en 2010 fue condenado a 40 años de cárcel precisamente por ser el autor intelectual de la masacre de Macayepo, cometida 10 años atrás y que dejó un saldo de 12 muertos y cientos de desplazados. Con cierta resignación y pragmatismo, pero consciente de ello, el joven replicó que sabía que “esos tipos eran unos asesinos y unos corrompidos”, pero, al fin y al cabo, “en la zona todos iban a votar por ellos” y no hacerlo significaba simplemente “perder una platica” que la comunidad, en una zona de pobreza generalizada, no podía darse el lujo de perder. Este joven capturaba con sus palabras (“asesinos y corrompidos”) dos rasgos centrales de la forma como se ha consolidado la llamada clase política en este país: a través de la violencia y del clientelismo.

Aunque sin duda varias cosas han cambiado en estos 8 años, no es menos cierto que muchas continúan y se arraigan cada vez más en nuestra cultura. El incumplimiento del Acuerdo de Paz, el asesinato de líderes sociales y la presencia abrumadora de clanes políticos en diversas regiones son tres escenas que capturan el fracaso del Estado y de sus fuerzas dirigentes en lo que se refiere a cumplir la tarea de ampliar -o más bien de realizar, dirán algunos- la democracia en el país.

Primera escena: el proceso de paz.

Desde mediados del 2012, muchos de nosotros nos vimos entusiasmados con el inicio del proceso de paz, al abrirse con ello la puerta para una salida política negociada al conflicto armado. En el 2016 este entusiasmo aumentó con la firma del acuerdo de paz, entre otras razones, porque el acuerdo final logrado en La Habana buscó retomar el objetivo de la constitución del 91 en cuanto a impulsar la participación ciudadana como un eje orientador en las políticas públicas, en especial aquellas que afectan directamente a los territorios. El resultado de la negociación reconocía lo limitado de la participación actual en el país y buscaba una mejora en dos vías: una ampliación de la representación política -por medio de una reforma electoral- y otra en la participación política de las comunidades en la toma de decisiones.

En relación con la representación política, uno de los focos principales que buscó el acuerdo fue aumentar la participación, no exclusivamente de los excombatientes, sino sobre todo de la sociedad civil presente en las zonas históricamente más conflictivas. Esta idea se plasmó, por ejemplo, en la creación de 16 Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz (CTEP) que contienen varios municipios y elegirían 16 representantes a la Cámara. Desafortunadamente, el balance sobre la implementación del acuerdo en este sentido no es positivo. Por un lado, la creación de las 16 CETP quedó en el limbo jurídico, sin certeza sobre si fueron aprobadas o no, y por otro, meses después de la firma y dejación de armas por parte de la guerrilla, en muchos de estos territorios la capacidad institucional ha sido claramente deficiente, lo cual ha dado como resultado hechos de violencia tanto directa como indirecta a potenciales representantes por medio de atentados y amenazas. Según un informe de Paz y Reconciliación, cerca de un  25% de los municipios que integran las CTEP han sido víctimas de agresiones como estas. Esto a pesar de que en mayo del año pasado se aprobara el Sistema de Seguridad para ejercer política.

El acuerdo también contempló la importancia de incluir cada vez más a la sociedad civil en la toma de decisiones. Se acordó entonces que su participación en la definición de los planes de desarrollo era fundamental y que el Estado cumplía un papel no sólo como garante de estos espacios de debate sino, además, como impulsor de la participación de los ciudadanos. Este tema se ha desarrollado en un contexto de creciente discusión en torno a la explotación de los recursos naturales en el país y el descontento de las poblaciones afectadas por el mismo1.  El papel del Congreso en la implementación de puntos transversales del acuerdo transformó el entusiasmo del 2016 en una preocupación sobre la decisión institucional de impulsar esta profundización de la democracia2.

Segunda escena: el liderazgo social.

Como ha sido documentado por varias ONG y organizaciones sociales, los asesinatos de líderes sociales han aumentado de manera sostenida en los últimos años. Aunque no hay pleno consenso sobre las cifras, y a pesar de que los índices nacionales de homicidio han disminuido notablemente, de acuerdo con el programa Somos Defensores, en 2013 se presentaron 78 asesinatos de líderes sociales, en 2014 fueron 55, en 2015 subieron a 63, en 2016 ascendieron una vez más a 80 y, según Carlos Guevara, en 2017 se superó el centenar de asesinatos. El panorama no tiende a mejorar: para el primer mes del 2018, Paz y Reconciliación registró 17 casos, Somos Defensores 18 e Indepaz 243.

Que estas organizaciones cumplen un papel fundamental en el registro de este fenómeno y en la mayor visibilización de esta problemática es algo que está fuera de toda duda. Lo anterior es clave para revertir esta tendencia y para presionar al Estado a que tome medidas efectivas de protección4. Dado que el Estado cuenta con recursos e infraestructura social de la cual carecen otras organizaciones, lo primero que tendría que hacer es resolver el problema de las cifras: saber cuántos son, dónde vivían, qué hacían y por qué los mataron. No puede ser que, como señalaba irónicamente el profesor Francisco Gutiérrez, la “única manera de proteger en serio a los líderes sociales sea dotándolos a cada uno de un Rolex”.

Tercera escena: el clientelismo.

No es sorprendente que en la reciente encuesta realizada por Invamer, el Congreso y los Partidos políticos estuviesen dentro de los últimos lugares en la lista de instituciones con una opinión favorable. Una de las razones por la cuales la política cuenta con tanto desprestigio, es que es percibida por los ciudadanos como un escenario al servicio de intereses particulares, donde los bienes comunes y lo público son objeto de negocios privados y transacciones mezquinas5. Desde hace mucho tiempo que el clientelismo, es decir, el intercambio de votos y apoyo electoral por dádivas y contratos, es una marca fácilmente reconocible en el sistema político colombiano.

Estas prácticas buscan estabilizarse a lo largo del tiempo pues, naturalmente, tener que negociar con un político distinto cada elección comporta costos elevados. A nivel regional se configuran entonces diferentes “clanes políticos”, grupos cohesionados más por lazos de sangre que por afinidades ideológicas, y que se esmeran en copar todos los escenarios de poder: buscan curules en el Senado y en la Cámara de representantes, le apuestan a las Alcaldías y Gobernaciones, a cuerpos colegiados como Concejos municipales y Asambleas departamentales. Estos clanes políticos se reproducen elección tras elección gracias a que, además de controlar gran parte de las instituciones políticas y administrativas locales, esquivan la sanción social a través de la renovación de sus cuadros y principales caras: cuando un parlamentario es vinculado a una investigación, es seriamente cuestionado  e, incluso, cuando es condenado por algún delito, el grupo político decide ‘heredar’ su curul a una persona con la suficiente cercanía, usualmente algún familiar.

Para las legislativas de 2018, Paz y Reconciliación ha identificado en 18 departamentos a 61 candidatos al Congreso con importantes cuestionamientos, ya sea en su propia trayectoria política, ya sea por ser herederos de políticos corruptos o vinculados con la ilegalidad6. Más aún, recientemente Ariel Ávila ha advertido que para el 2018 es probable que “12 clanes políticos y familiares controlen el 40% del congreso”. Dentro de los principales están el clan de los Aguilar (Santander), el de los Gnecco (Cesar), el de los García Romero (Bolívar y Sucre), el de los Araujo (Cesar), el de Los Cotes (Magdalena), el de los Ñoños (Córdoba), el de los Char (Atlántico), el de los Suárez Mira (Atlántico), el clan Pestana (Sucre y Córdoba), el de La Gata o el de La Casita (Casanare).

El primer tiempo.

Estas tres escenas ponen en evidencia al menos dos cosas. Primero, que el Estado fracasó en la tarea de profundizar la democracia. Las fuerzas dirigentes, particularmente aquellas que ocupan el poder legislativo actualmente, carecen de voluntad política para impulsar los cambios necesarios en esta dirección. Todo tipo de intereses políticos y económicos han impedido, cuando no saboteado, el avanzar en la creación y mejora de una institucionalidad acorde con los objetivos que en lo relacionado con la participación se proponía el Acuerdo de Paz.

En segundo lugar, que el cierre del sistema político no es producido solo a nivel nacional, sino que se reproduce y mantiene a nivel local. La violencia y las prácticas clientelares configuran un escenario que bloquea, de forma muy efectiva, la llegada de alternativas políticas a los escenarios de representación política y de toma de decisiones. Las posibilidades son escasas ya que los nuevos liderazgos se enfrentan, de un lado, al riesgo que acompaña su actividad dada la violencia desatada contra los líderes sociales y, de otro, al terreno abrumadoramente desigual de la competencia electoral, distorsionada por el poder acumulado de los clanes políticos regionales. La conjunción de estos dos fenómenos suele tener como resultado, finalmente, la desactivación de estos liderazgos, ya por vía del silenciamiento, ya por vía de la cooptación7.

Estas tres escenas reflejan entonces algunos desafíos importantes en la situación actual para aquellas voces y actores que, tanto desde los escenarios institucionales como desde los no-institucionales, buscan impulsar procesos de cambio. Ponen de presente, además, la necesidad de que esta tarea –la de ampliar la democracia– sea asumida por las fuerzas democráticas del país, especialmente en la coyuntura actual, pues es posible que si el poder queda, una vez más, en manos de la clase política tradicional, la cuestión sobre la democracia, la participación política y la paz desaparezcan de la agenda pública. Compartimos con Yesid Arteta que entre el 2018 y el 2019 se jugará un partido fundamental a “cuatro tiempos”: Congreso, primera vuelta presidencial, segunda vuelta presidencial y las locales. Que el primer tiempo es definitivo y crucial lo ilustra el hecho de que incluso el presidente Santos, con las mayorías y la maquinaria de su lado, fracasara de semejante forma en la implementación de los Acuerdos de Paz. No la tienen fácil los proyectos que buscan, además de implementar los acuerdos, impulsar las reformas sociales que el país necesita para quebrar con un modelo poco democrático y de profunda desigualdad social. Ante la desunión y dispersión de estas fuerzas, solo queda apoyar de forma abrumadora alguna de las alternativas que ya están puestas sobre la mesa: tanto aquellas que buscan evitar que gobiernen otra vez “los mismos con las mismas”, como aquellas que impulsan personas decentes. Dado todo lo que está en juego, estas opciones deberían dejar de competir entre sí y buscar apoyo en grupos sociales que no estén convencidos ya de todo esto. Perder el primer tiempo el 11 de marzo sería un error catastrófico.

 

Referencias.

Valencia, León y Ávila, A. (2014). Herederos del mal. Clanes, mafias y mermelada. Bogotá: Ediciones B.

Levitsky, S. y Way, L (2004). “Elecciones sin democracia. El surgimiento del autoritarismo competitivo”. Análisis Político, (24): 159-176

  1. A enero de este año el país presentaba más de 20 procesos de consulta popular en distintas regiones. A pesar de que las motivaciones de estos ciudadanos parecen claras,  la clase política ha visto amenazado su capital político y constantemente critica estas iniciativas. La explotación de los recursos no ha representado en muchos casos una mejora en la calidad de vida y sí muchos problemas ambientales y de corrupción.
  2. No solo la implementación del segundo punto del acuerdo ha sido fallida. Ver: “Implementación va en 18,3%, según el Observatorio de Seguimiento al Acuerdo de Paz”: El Espectador. Enero 4, 2018.
  3. Estos asesinatos, sin embargo, configuran apenas una de las varias aristas que tiene la violencia contra los líderes sociales: en 2016, por ejemplo, se registraron 317 amenazas contra estos líderes (Ver informe “Contra las Cuerdas”). Al mismo tiempo, uno de los rasgos más dramáticos de esta violencia es que en la totalidad de casos registrados entre 2009 y 2016 se presentó una impunidad del 87% (Ver informe  “Stop Wars”)
  4. De hecho, algo de esto ya se ha logrado, pues a pesar de la vergonzante declaración del ministro de Defensa en la que atribuía estos crímenes a unos “líos de faldas”, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad ha rechazado tales declaraciones, el Fiscal general ha reconocido “algún grado de sistematicidad” y el vicepresidente  Oscar Naranjo señaló que la calidad de líder de las víctimas será en adelante la primer hipótesis en estos casos.
  5. En la mencionada encuesta la corrupción ocupa el segundo lugar en “el principal problema que debe resolver el próximo Presidente de Colombia”.
  6.  He aquí algunos casos sonados, según este informe: Richard Aguilar es candidato al Senado y es heredero de la estructura política de su padre, Hugo Aguilar, condenado por sus vínculos con el Bloque Central Bolívar. El ‘Ñoño’ Elías lanza a su hermano Julio Elías Vidal a la Cámara, y Musa Besaile hace lo suyo al lanzar al Senado a su hermano Johny Besaile Bayad. Fernando Gómez Bacci, hijo de ‘Kiko’ Gómez, exgobernador de La Guajira condenado a 50 años por tres homicidios, se lanza también al Senado. Y no podía faltar: la senadora Teresita García, de quien ya hablamos, no se reelige pero lanza a su hija Juliana Escalante a ocupar su curul. Los pocos controles de los partidos políticos a la hora de entregar los avales les hacen responsables cuando no complices de que estas personas, y el poder que representan, lleguen al Congreso.
  7. A la luz de estos fenómenos, valdría la pena preguntarse si no se configura un campo de juego lo suficientemente desigual entre gobierno y oposición, como para hablar de un autoritarismo competitivo de carácter regional. De acuerdo con Levitsky y Way (2004) existe esta forma de régimen cuando “los funcionarios abusan constantemente de los recursos del Estado, no ofrecen a la oposición un cubrimiento adecuado de los medios, persiguen candidatos de la oposición y a sus seguidores y, en algunos casos, manipulan los resultados de las elecciones” (162).