Adriana Romero

* Adriana Romero

Abogada de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Derecho con profundización en Sociología y Política Criminal y especialista en análisis espacial de la misma institución. Investigadora sobre problemas de interés alrededor de la política criminal, la justicia transicional y políticas públicas y docente en investigación, criminología y derecho penal

Desde el año pasado, como si se tratara de un punto esencial de debate electoral, hemos estado presenciando el posicionamiento en la agenda pública de una discusión nada extraordinaria: qué hacer con los adolescentes que comenten delitos graves (fundamentalmente, delitos violentos y de alto impacto para la seguridad ciudadana) y por qué el tratamiento que se encuentra previsto en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes es ineficiente, de acuerdo con el debate, para tratar de prevenir esta grave criminalidad. A pesar de la complejidad de la discusión alrededor de este problema público, las narrativas van en unas direcciones ya bastante conocidas: es necesario modificar la edad penal y es indispensable pensar en penas severas que permitan reducir los delitos cometidos por personas menores de 18 años.

Uno de los argumentos que se ha evidenciado en el debate es cómo esta situación es “intolerable”. Es una consecuencia, se señala, de la falta de agencia del gobierno nacional en sus políticas frente al crimen y, adicionalmente, de políticas laxas y flexibles frente al delito que han dado como principal resultado un alto incremento de la inseguridad de los ciudadanos.

Sin embargo, como siempre, persisten varias inquietudes respecto a esta discusión: i) ¿realmente estamos presenciando un incremento significativo en la participación de adolescentes en delitos?; ii) ¿se están dando procesos de cambio en el país que podrían generar algunas hipótesis para explicar este cambio, sea o no parte de una transformación en la percepción ciudadana o en las dinámicas de criminalidad?; iii) ¿o tal vez el debate está relacionado con los procesos electorales parlamentarios y presidenciales?; iv) ¿en qué medida esta discusión se ha incluido en la agenda política y cómo experiencias anteriores, como la de la Ley de Seguridad Ciudadana, podrían evidenciar la importancia del debate no sólo en términos de seguridad, sino también en términos políticos?, y finalmente, v) ¿qué tan convenientes y acertadas pueden ser las medidas que se proponen?

En esta oportunidad, me quiero concentrar en la primera pregunta, con la expectativa de poder desarrollar más adelante las otras discusiones.

 

El control penal de los adolescentes

Desde hace 10 años, en Colombia se comenzó a implementar gradualmente, primero en Bogotá y Cali y paulatinamente en los demás circuitos judiciales, el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. El establecimiento de un mecanismo penal para los adolescentes, entre 14 y 18 años, tuvo como fundamento la traducción de los estándares internacionales definidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, orientados hacia la protección integral, la aplicación de una finalidad pedagógica y restaurativa, que se diferenciara del trato dado a los adultos.

La implementación gradual del Sistema terminó en diciembre de 2009, tal como se señala en el Conpes 3629 de 2009, permaneciendo, en algunos distritos judiciales, la aplicación de las medidas contempladas en el Código del Menor. Sin embargo, es interesante evidenciar cómo, a pesar de que el sistema inicia conociendo únicamente los casos de los distritos judiciales de Bogotá y Cali, hasta mediados de 2017 los mayores registros del Sistema se evidencian en 2007 y 2013, tal como se puede evidenciar en la Gráfica 1.

Fuente: Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes (datos de Policía Nacional con corte al 30 de junio de 2017)

 

Por su parte, de acuerdo con los datos del ICBF, el año con mayores registros de atención fue el 2013, coincidiendo así con los datos de Policía Nacional.

Fuente: Tablero de control de Responsabilidad Penal para Adolescentes (datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con corte al 30 de junio 2017)

 

De esta manera, como se puede evidenciar en las cifras, contrario a la idea de que el Sistema se encuentra desbordado por altos índices de criminalidad por parte de adolescentes, la tendencia parece estar a la baja, al menos en relación con la intervención tanto de Policía, como del ICBF.

Ahora bien, como parte de estos registros, desde la perspectiva de las aprehensiones de Policía, un 34,61% corresponden a delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (27,13% según el dato de ICBF para el mismo período); 27,56% a delitos de hurto (36,69% según ICBF), y en un tercer lugar, con un 7,69%, se ubica el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Para el ICBF, el tercer lugar lo ocupan las lesiones personales, para un total de 8,64%. Según los registros del ICBF, un 2,13% corresponden a delitos de homicidio y 0,35% a delitos de acceso carnal violento.

De acuerdo con lo anterior se podrían perfilar dos conclusiones importantes: por un lado, la posible vinculación o utilización de los adolescentes por parte de estructuras y lógicas de criminalidad organizada; y, por otro, que tanto su control como su desarrollo responden a dinámicas urbanas, lo cual puede evidenciarse, según las cifras de aprehensiones, dado que 98,63% ocurrieron en zonas urbanas.

Ahora bien, con relación a la edad, de los casi 270.000 niños, niñas y adolescentes que han sido aprehendidos, sólo un 2% son menores de 14, que posteriormente han debido ser remitidos a los procesos de atención y restablecimiento de derechos. Por su parte, se evidencia cómo la participación de los adolescentes en los delitos va aumentando a medida que se incrementa la edad, tal como se evidencia en la Gráfica 3, razón por la cual algunos expertos, al contrario de recomendar la disminución de la edad de responsabilidad penal para adolescentes, recomiendan su aumento, pues los casos de menores de 14 años no son ni los más graves, apenas alcanzan a sumar el 10% de los casos que ingresan al SRPA.

 

Fuente: Tablero de control de Responsabilidad Penal para Adolescentes (datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con corte al 30 de junio 2017)

Para iniciar con el debate, es posible afirmar, a pesar de las grandes limitaciones de los datos, que el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes no tiene conocimiento de los casos de violencia y criminalidad más graves, como se ha querido resaltar en los últimos meses; que no existe una tendencia dramática al incremento de la participación de niños, niñas y adolescentes en el delito, y que no es cierto que estos cada vez estén participando más tempranamente en estos fenómenos.