Alejandro Chaves Villamizar

* Alejandro Chaves Villamizar

Antropólogo de la Universidad de Los Andes y Especialista en Derecho de Tierras del Externado. Se ha desempeñado los últimos cinco años como consultor en temas relacionados al conflicto en regiones fuertemente afectadas por el mismo. Consultor para PADF en temas de justicia criminal en Tumaco y sistematizador de la OIM en Briceño, Antioquia.

Las retractaciones ordenadas judicialmente por calumnia e injuria son pagadas el día de hoy en Colombia con la misma comodidad que una multa de parqueo. Uribe, Uribe, Claudia López,  allegados de Uribe, Petro y Uribe -entre otros-  han sido sujetos de decisiones judiciales que los obligan a retirar lo dicho. ¿Su impacto? Se ha perdido el valor de la verdad en el debate público; los hechos han dejado de ser el eje central de la discusión en materia de responsabilidad política. Cuando estos hechos refieren el accionar delictivo de las fuerzas del Estado, cuyo mandato es salvaguardar la seguridad ciudadana, la democracia es la única víctima.

Un colombiano -hoy sentenciado a prisión-  intentó desprestigiar la calidad de los investigadores delegados para esclarecer los hechos frente a la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, México. Su objetivo: restar toda credibilidad a la exfiscal Ángela Buitrago, investigadora comisionada por la CIDH, quien varios años atrás había destapado el horror sucedido en el  Palacio de Justicia durante el año 1985. Dicho personaje, llamado Ricardo Puentes, hizo lo mismo en Colombia defendiendo el nombre del Coronel Plazas Vega mientras señalaba  a Buitrago de ser una vengadora de los bandidos y guerrillos.

Puentes, un bloguero filial de ultra derecha, defensor de Uribe, Plazas y Ordoñez, fue condenado por la jueza penal de Bogotá a 20 meses de prisión por acusaciones públicas infundadas en contra de la exfiscal Buitrago. Esta última investigó al Coronel Plazas Vega por su responsabilidad en las desapariciones tras la retoma militar del Palacio de Justicia. En relación a los hechos ocurridos, señala La Silla Vacía:

Entre estos está la desaparición de 11 personas (10 empleados de la cafetería y una guerrillera) que salieron con vida del Palacio y que fueron llevadas a la Casa del Florero. Sin embargo, desde ese momento no se sabe nada de ellas. Veinticinco años después, el 10 de junio de 2010, Plazas fue declarado responsable inmediato en primera instancia de la tortura y desaparición de dos de las personas: el administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, Carlos Augusto Rodríguez, y la guerrillera Irma Franco.

La Corte Suprema absolvió a Plazas Vega en el año 2015 por duda razonable en la presentación de pruebas que le vincularan con haber dado una orden directa para efectuar tal desaparición. Al día de hoy, el crimen de Estado cometido y condenado por la CIDH permanece en la impunidad. Puentes sostuvo públicamente que la exfiscal pecaba por prevaricato y tenía una fuerte tendencia a menospreciar a la fuerza pública en defensa del narcoterrismo. Ahora bien, la tendencia en este tipo de acusaciones, de la cual el criminal Puentes es un simple operario,  no es nueva en el panorama colombiano. Hace parte de una costumbre que ha permitido que la impunidad sea protagónica en el conflicto armado.

Hagamos un breve recuento de 5 hechos en las que las ejecuciones extrajudiciales, la negación, el subregistro y la calumnia han marcado tendencia en la estrategia de debate de un grupo político.

  1. La masacre de las bananeras (1928): uno de los episodios más crueles en la historia sindical del país en donde murieron- lean con cuidado- “entre 800 y 3000” trabajadores en huelga de la United Fruit Company al ser ametrallados por balas del ejército, ha sido también recientemente negada por la congresista y fundadora del género Historia-ScyFy Maria Fernanda Cabal: “García Márquez es quien crea ese mito de los 3000 muertos (…) Hace parte de una narrativa comunista.” Días más tarde, tras ser increpada por un arsenal de académicos, dobló la apuesta y afirmó ante la prensa que se había tratado de “una confrontación, pues el sindicato estaba infiltrado por personal armado de la Unión Soviética”.
  2. El escándalo más grande de ejecuciones extrajudiciales (“falsos positivos”) en que se institucionalizó la práctica de vestir niños de guerrilleros y reportarlos como dados de baja en combate para aumentar las cifras de la guerra a fin de obtener beneficios, fue sistemáticamente negado por el gobierno Uribe. Este, al ser increpado por la opinión internacional, señaló que los jóvenes asesinados en el municipio de Soacha, colindante a Bogotá, “no estaban recogiendo  café”, e insinuó estaban dedicados al crimen organizado. Consecuencia de ello, por orden de un juez,  tuvo que retractarse con las madres de Soacha el 19 de mayo del año pasado. Human Rights Watch ha identificado 5.000 casos . Por su lado, el expresidente, hoy investigado por masacres y manipulación de testigos a fin de camuflar sus vínculos con el paramilitarismo, ha difamado públicamente la cabeza de  este organismo en las Américas (Vivanco), manifestando que pone “los derechos humanos al servicio del terrorismo”.
  3. El mismo protagonista, tras un disenso público con el columnista Daniel Samper Ospina, y en razón de un texto en el que se mofaba del nombre de Amapola, hija de la senadora Paloma Valencia, decidió llamarle violador en su cuenta con más de 4 millones de seguidores. Un juez lo hizo arrepentirse, decisión que fue ratificada en segunda instancia en septiembre del año pasado. Lo hizo reafirmando sus acusaciones, con algún nivel de rectificación que es difícil detectar.
  4. En octubre del año 2017, días después de que el jefe de Estado diera un discurso magistral en el auditorio de las Naciones Unidas en Nueva York acerca de la necesidad de replantear la lucha contra las drogas y la persecución policiva, la fuerza pública dio inicio a las erradicaciones forzadas en Tumaco. (El  complejo cumplimiento de acuerdos de paz con las FARC EP, ha dejado clara la postura del gobierno de no renunciar al uso de la fuerza -mientras se ejecuta lo acordado en el punto 4 de los acuerdos de paz con las FARC). Ahora, en una confrontación entre la policía que adelantaba las labores de erradicación y los campesinos que la resistían, resultaron entre 4 y 9 campesinos muertos. Estos señalan que la fuerza pública fue quien les disparó. La gran mayoría de efectivos de la institución fueron reemplazados, y si bien la Defensoría del Pueblo afirma públicamente que las versiones de los campesinos son coherentes con los hechos verificados en la comisión adelantada, al día de hoy las investigaciones no tienen responsables judicializados. Las respuestas oficiales de la Policía Nacional han oscilado entre afirmar que los campesinos estaban infiltrados por Disidencia de las FARC EP que  dispararon en contra de los uniformados; o  bien que fueron los campesinos atacados por la misma disidencia.
  5. La creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), acordada para juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado, fue torpedeada en el legislativo mientras se reglamentaba. Finalmente su aprobación para crear dicho organismo tuvo un frente de impunidad en crímenes de Estado: no podrán hacer parte de ella abogados que hayan representado a víctimas en litigios contra el Estado; se excluyeron específicamente defensores de derechos humanos de la JEP.

De acuerdo al informe “¡Basta Ya!” publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica,  en relación a la desaparición forzada, un 42,1% de dichos flagelos tienen a la fuerza pública como responsable; un 41,8% a paramilitares; 19,9% a otros grupos armados y 2,3% a guerrillas.  La alarmante cifra corresponde a casos documentados entre 1970 y 2010. Su sistematicidad ha estado acompañada  de un ejercicio de negación y calumnia.

En conclusión: las plataformas políticas que se han obstinado en la defensa de las FFAA en detrimento de su carácter moral, no han salido perjudicadas tras ninguna de sus afirmaciones mentirosas; por el contrario, su popularidad parece escalar.  El retractarse no parece ser un problema que reste credibilidad: es superior el beneficio que sacan con decir la mentira en materia electoral que la vergüenza por admitir haber mentido. Los hechos de negación de responsabilidad por parte del Estado colombiano continúan siendo una práctica vigente sobre la cual construir memoria se ha vuelto un imposible

La condena sobre Puentes sienta un precedente esperanzador para transformar  el  panorama que expongo. Debe celebrarse que hoy  se enaltezca el nombre de ANGELA MARÍA BUITRAGO,  quien no se conformó con un recuento vago de los hechos, ni con un margen difuso de víctimas; el nombre de quien buscó llevar a la justicia a los máximos responsables de desapariciones forzadas en Colombia y México y quien ahora podrá ser una ficha clave para relatar la historia reciente del conflicto. ¡Orgullo en ella!