Leonardo Rojas Rodríguez

* Leonardo Rojas Rodríguez

Economista de la Universidad Nacional de Colombia. Estudiante de la Maestría de Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de San Martín. Investigador del Grupo de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo de la UNAL; y de la Fundación Escuela para el Desarrollo. En twitter: @Leonardo_rojasr

Muchas han sido las carencias económicas y sociales que han tenido que enfrentar los hogares colombianos durante los años de conflicto interno. Aparte de sufrir los vejámenes de la guerra, las víctimas del conflicto, y la población en general, han tenido que sobrellevar la estrechez del mercado laboral colombiano, así como los impedimentos legales para el desarrollo de emprendimientos populares.

En lo rural, las condiciones laborales son radicalmente más adversas que las del país urbano, por lo  que este espacio ha  sido el escenario perfecto para la proliferación de actividades económicas ilegales como el narcotráfico y la minería ilícita. Lo paradójico es que, dicho contexto, achacado por muchos políticos a las guerrillas, hoy se mantiene a través de otros grupos criminales.

Las actividades ilícitas como fuentes de ingresos no se sostienen solo por la moral corrupta de quienes las realizan, sino principalmente porque en algunas regiones del país y para algunos sectores de la población, representan la única forma de obtener los recursos necesarios para alcanzar el mejor nivel de vida posible.

Mientras las actividades delictivas tienen rendimientos crecientes de escala (cuando aumenta la producción, los costos aumentan en menor medida), la producción legal1 sucumbe ante la imposibilidad de reducir sus costos conforme aumentan la producción, pues las dificultades de acceso a la tecnología, la falta de financiamiento sostenible, así como la deficiente oferta de infraestructura pública hacen casi imposible que estas iniciativas amplíen las posibilidades de empleo legal.

En el siglo XXI la tasa de desempleo ha tenido una tendencia decreciente hasta llegar a una cifra de un dígito en 2014. Aunque esto significó una muy buena noticia, debe ser analizado con precaución, pues si bien las personas desocupadas se han reducido, no pasa lo mismo con quienes tienen un trabajo estable y en condiciones dignas: la informalidad continúa siendo de cerca del 50%, y si a ello se le suma el tipo de contratación por prestación de servicios, que se ha convertido en el  método de empleo predilecto tanto en el sector público como privado, aun cuando todas las condiciones de subordinación, cumplimiento de horario y de remuneración dan para que dicho contrato sea laboral, y cuyos porcentajes pueden llegar a niveles alarmantes.

De hecho, al analizar el comportamiento de la tasa de desempleo, se puede observar que la reducción de la misma ha sido resultado del ciclo económico y del rebusque, más no de  una política de Estado para garantizar condiciones dignas y de sostenibilidad.

La economía colombiana se vio beneficiada por el boom de los precios del petróleo y otros minerales, por lo que entre 2000 y 2008 la tasa de desempleo se redujo vertiginosamente, a esto se le suma que la economía se encontraba en un período de recuperación tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, entre 2008 y 2010, luego de la crisis financiera se dio un repunte del desempleo; para retomar una tendencia decreciente entre 20102 y 2015,  en esta última fecha  el impacto de la caída de los precios del petróleo golpeó fuertemente a la economía colombiana, a partir de este año la tendencia del desempleo ha venido creciendo hasta bordear el 11% en 20173.

No se trata de que todo sea totalmente bueno o esté totalmente mal, el asunto es que la interpretación que han hecho los gobernantes de la realidad colombiana ha conducido a exacerbar las condiciones precarias del empleo en el país:  si bien se ha reducido la tasa de desempleo, la informalidad sigue siendo demasiado alta y el empleo generado en las actividades ilegales representa una opción muy viable para muchas personas (especialmente para los jóvenes en la ciudad y para el grueso de la población en el campo).

Hasta el momento todos los gobernantes, sin importar su orígenes partidarios (Partido Liberal, Conservador, Cambio Radical, de la U, Centro Democrático), han insistido en las exenciones tributarias, en la flexibilización laboral, en la reducción de los costos laborales no salariales (aportes al ICBF y SENA), pero con ello no han contribuido a mejorar los niveles de empleo (el impacto no ha sido significativo), ni mucho menos las condiciones laborales.

Ningún candidato (ni presidencial, ni legislativo) lo ha presentado, pero existen los suficientes desarrollos técnicos como para proponer una nueva versión de la regla fiscal, una que priorice la búsqueda del pleno empleo, lo que se conoce en la academia como las Finanzas Funcionales, donde el gasto público sea empleado para superar el elevado nivel de paro que mantiene en la desocupación involuntaria a 1’276.0004 colombianos y a otros muchos en el crimen.

Estamos ad portas de cerrar el ciclo del conflicto interno colombiano -si se logra desarmar al ELN y vincularlo a la vida en democracia-, sin embargo,  aunque para los académicos pueda parecer evidente que los verdaderos problemas del país no eran las insurgencias armadas, muchos políticos siguen sacando réditos de la desinformación, pero lo que no se ha puesto en el centro del debate es cuáles serán las ofertas legales para exguerrilleros, milicianos, y campesinos que han tenido que cultivar hoja de coca para obtener un ingreso digno5.

Luego de la desmovilización de los paramilitares, muchos de ellos no se pudieron reinsertar económicamente en la sociedad de manera legal, por lo que dieron origen a las BACRIM; en el mercado no se obtiene empleo por simple voluntad. De esa experiencia es fácil deducir que la orientación del gasto público y la posibilidad de gestionar una política de Estado hacia el pleno empleo y en condiciones dignas puede ser la diferencia entre lograr desarmar grupos al margen de la ley, de la mano de la reducción del papel de la economía ilegal en una sociedad; o ser otro de los procesos de Paz inconclusos, donde la fallida reinserción económica tanto de los hombres en armas como de las redes de financiación, permite que estas y otras personas reincidan en las actividades delictivas.

  1. Especialmente los emprendimientos campesinos, las pequeñas y medianas empresas no extractivistas en el campo; así como micro y medianas empresas urbanas, los vendedores ambulantes, proyectos familiares, etc.
  2. Año en que se dio una recuperación internacional.
  3. Esta sencilla descripción se realizó a partir de las cifras desestacionalizadas del mercado laboral publicadas por el DANE
  4. Cifra de desempleo en valor absoluta reportada en el último trimestre del 2017 por el DANE, serie desestacionalizada
  5. En el Acuerdo de Paz firmado con las FARC, en el Punto 4 ( Solución al Problema de las Drogas Ilícitas), se concibió la sustitución concertada, y en el punto 3 (Fin del conflicto) se hace referencia a la reincorporación de las FARC en la vida económica y social; sin embargo, la falta de voluntad política y la incapacidad del actual gobierno ha hecho  que los avances en el tema no sean significativos.