El carácterno contencioso de la opinión consultiva y el análisisestrictamente jurídico fungen como dispositivo ideológico y reduccionista que permite simplificar la complejidad, ocultar la conflictividad local y construir discursivamente al Pueblo Raizal como inexistente, hacer de él un mito, un relato fantasmal.

La opinión consultiva OC-23/17 (OC) de la Corte Interamericana de DDHH responde a la solicitud elevada por el Estado colombiano a efectos de saber, en términos generales, i) cómo debe interpretarse el término “jurisdicción” contenido en el artículo 1.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADDHH) en relación con las obligaciones ambientales de los Estados en la región del Gran Caribe y ii) cuáles son las obligaciones que de este tipo se derivan de los artículos 4.1. (vida) y 5.1. (integridad personal) de la CADDHH.

A primera vista, el contenido de la OC parece “garantista”, pero si se autorreflexiona sobre nuestra forma de vida, podrán advertirse los problemas derivados de un etnocentrismo naturalizado por parte del tribunal interamericano; así, tras el manto de un discurso jurídico incluyente, rezuman las ideas de la objetividad y los universalismos que el comprensivismo y la hermenéutica filosófica se han encargado de refutar sólidamente en términos epistemológicos, aunque todavía sin el mismo éxito en la teoría y la práctica jurídica cotidiana.

A continuación, se exponen algunas de las consideraciones de la OC en las cuales la Corte piensa como una sinécdoque, puesto que, ficcionalmente, hace como si su interpretación en perspectiva representara totalmente a la pluralidad de formas de vida y, específicamente, a la del Pueblo Raizal cuya situación de precariedad en el caribe motiva la consulta del Estado;  ciertamente, aquella interpretación afecta negativamente al Pueblo Raizal, aunque la Corte –junto con el Estado en su solicitud- intente ocultarlo radicalmente al nunca referirse expresamente a él.

La exclusión discursiva del Pueblo Raizal se advierte ya en la metodología interpretativa de la Corte; entre los criterios que utiliza -siguiendo la Convención de Viena del Derecho de los tratados- está “el sentido corriente”1 de los términos de la CADDHH. Ahora bien, de un contexto interpretativo (o anidamiento institucional)2 a otro, el sentido de los términos puede variar, puede haber distintos términos para referirse a las mismas ideas, e incluso –teniendo ya como referencia un contexto ampliado (v.g. una forma de vida distinta)- puede que ciertas ideas resulten extrañas y, por tanto, no haya un término para dar cuenta de ellas; armónicamente, lo que se considera “corriente”, usual o común dentro de un contexto, puede no serlo en otro.

En este sentido, la interpretación de los tratados según “el sentido corriente” de sus términos es la interpretación según el sentido producido en una forma de vida determinada y reproducido en un contexto interpretativo rigurosamente limitado: el de las élites (inter)estatales que pueden celebrar tales tratados y que se (auto)atribuyen autoridad para imponer interpretaciones con carácter trascendente a otros contextos inconmensurables con los que no conviven, que desconocen y que tienen sus propios sentidos corrientes con los cuales aquellas élites son incapaces de dialogar, pero creen comprender a través de una mención ligera con el lenguaje sesgado e impersonal de los derechos.

De tal manera, el sentido corriente en un marco de relacionamiento entre formas de vida no es más que una ficción que naturaliza la hegemonía de una forma de vida determinada, cuya autoridad epistemológica sobre las otras es objetivamente incomprobable y no tiene más sustento que la dominación fáctica – a su vez- naturalizada con el paso del tiempo y la capacidad coercitiva eventual de reasegurarla.

Otro de los criterios que usa la Corte es el “contexto” de los tratados3, el cual no refiere a la situación latinoamericana contemporánea, mucho menos a la vulnerabilidad socioeconómica y ambiental del Caribe, sino al contexto según los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena, esto es, un contexto jurídico-formalista, reducido a normas interestatales4 abstraídas de la complejidad y contingencia de la experiencia material, la cual sólo se tiene en cuenta complementariamente, pero de manera muy limitada, en tanto se puede acudir a las circunstancias de celebración del tratado5, es decir, al pasado. Esta metodología, basada en un sentido y un contexto sesgados, sienta las bases para el ocultamiento abismal del Pueblo Raizal en el fondo de la consulta.

Ya en cuanto el análisis “estrictamente jurídico”6 del tema de consulta, al abordar la relación ambiente-DDHH, la Corte enfatiza7 en ella un tercer elemento, el desarrollo sostenible, en tanto “indispensable para asegurar al hombre un ambiente de vida y trabajo favorable y crear en la tierra las condiciones necesarias para mejorar la calidad de vida”. No obstante, tal desarrollo presupone una comprensión de la historia paradigmáticamente occidental, de corte evolucionista, basada en la idea del progreso y, por tanto, con objetivos siempre ilimitados y huidizos: el crecimiento (de un modelo) económico y el mejoramiento socioeconómico en un mundo –paradójicamente- con espacio y bienes naturales limitados.

Asimismo, la Corte hace como si tal desarrollo fuera el deseo del hombre, esto es, de la totalidad abstracta de los seres humanos con independencia de su cultura y del género que lo constituyen como sujeto en perspectiva y en contexto; armónicamente, al no explicitar lo que entiende por “ambiente de vida y trabajo favorable” y “calidad de vida”, presupone ficcionalmente que los conceptos que conforman tales ideas, profundamente valorativas, tienen carácter unívoco, trascendente y acultural.

Por otro lado, la Corte señala que los Estados sólo están obligados a prevenir daños ambientales “significativos” en su territorio o fuera de él, puesto que la CADDHH “no puede ser interpretada de manera que impida al Estado emitir cualquier tipo de concesión”; por tal razón, “el nivel aceptable de impacto, demostrado a través de los estudios de impacto ambiental, que permitiría al Estado otorgar una concesión en un territorio indígena puede diferir en cada caso, sin que sea permisible en ningún caso negar la capacidad de los miembros de los pueblos indígenas y tribales a su propia subsistencia.8

Ahora bien, lo que se considere “daño significativo” depende del contexto interpretativo, y como la Corte es extraña a contextos de vulnerabilidad socioeconómica y ambiental en los que el acceso a los bienes naturales es ya un tema de supervivencia, no tiene problema en disponer a la distancia que la CADDHH no puede ser interpretada como un veto a las concesiones extractivistas, aunque sí puede y efectivamente es interpretada de tal manera por quienes desde tales contextos así lo reclaman, esperando que el derecho les devuelva algo de lo que les ha quitado. Empero, la Corte hace como si la posibilidad interpretativa alterna no existiera, porque su soberbia y trascendente autoridad se ha naturalizado y su interpretación se ha vuelto lo posible, ha devenido objetiva.

Además, la Corte considera que la “aceptabilidad” del daño en territorios indígenas depende del estudio de impacto ambiental (EIA), un mecanismo basado en un lenguaje valorativo técnico-científico divergente de los lenguajes indígenas, pero que no obstante prevalece, puesto que la ciencia otorga “estándares fácticos y objetivos” y, así, logra el cometido del EIA: obtener “alguna medida objetiva”9 del impacto. Una vez la ciencia impone el daño que los indígenas objetivamente pueden y deben aceptar, el recurso retórico a su integridad cultural ya no es más que un discurso ficcional que sirve de velo al sometimiento epistemológico impulsado por la misma Corte.

Igualmente, la Corte señala que el EIA “debe ser concluido de manera previa a la realización de la actividad o antes del otorgamiento de los permisos necesarios para su realización”10. Pues bien, así son las obligaciones ambientales de los Estados, laxas, facultativas: el Estado debe hacer el EIA antes de autorizar la actividad, o no; y en un modelo económico hegemónico basado en el extractivismo, que no discrimina entre izquierdas y derechas, hay innumerables ejemplos de cuál deber eligen los Estados. Así, autorizar una actividad antes de la realización del EIA es firmar un cheque en blanco al extractivismo y una muestra de la falta de buena fe en la evaluación del riesgo ambiental, social y de DDHH de un proyecto.

La Corte retoma también el principio precautorio11, considerado usualmente como adecuado para proteger el ambiente, pero que no debe adoptarse incuestionadamente. Tal principio presupone certezas a pesar de la irreductible incertidumbre epistemológica que se deriva de no poder conocer un objeto sin transformarlo y no obstante la creciente inestabilidad ambiental, por lo cual resulta imprudente; en efecto, implica que cuando no haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta sí puede utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas para impedir la degradación ambiental y, en consecuencia, presume que la ciencia puede otorgar “certezas absolutas” e infalibles acerca de cuándo hay o no riesgo grave o irreversible.

Aunado a lo anterior, si el principio de precaución no se limitara al peligro de daño y tuviera en cuenta determinados contextos de daños consumados y violaciones previas de DDHH, podría hablarse empáticamente de un principio de abstención; sin embargo, es más fácil, más conveniente y más seguro adoptar un pensamiento mecanicista y reduccionista que asumir la incertidumbre derivada de la complejidad.

Es así que, para identificar las amenazas (perjuicios potenciales) de tipo ambiental a los DDHH, la Corte piensa abstractamente –siguiendo su contexto metodológico– en lo que dicen distintas instancias interestatales al respecto12, al tiempo que soslaya indolentemente lo que, al parecer, no le resulta significativo, lo que vive el Pueblo Indígena Raizal en lo local y los perjuicios consumados que se derivan del colonialismo de población que padece: el despojo de su territorio ancestral, su arrinconamiento en una fracción del mismo, la imposición violenta de una cultura advenediza y el racismo ambiental que motiva el extractivismo que tal cultura promueve.

Efectivamente, durante el proceso consultivo, la Corte fue informada de tal situación por los mismos raizales -además de otros participantes en tal proceso-13, pero decidió mantener alejado el exceso de trauma14 y guardar silencio al respecto; en este sentido, el carácter “no contencioso” de la opinión consultiva y el análisis “estrictamente jurídico” fungen como dispositivos ideológicos que permiten simplificar la complejidad, ocultar la conflictividad local y construir discursivamente al Pueblo Raizal como inexistente, hacer de él un mito, un relato fantasmal.

  1. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, párrafo 40.
  2. FISH, Stanley. ¿Hay un texto en esta clase?, s.f. Pág. 221. Versión digital obtenida de: http://www.fapyd.unr.edu.ar/wp-content/uploads/2015/09/stanley-fish.pdf
  3. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Op. Cit.
  4. Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, artículo 31.
  5. Ibíd., artículo 32.
  6. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Op. Cit., párrafo 45.
  7. Ibíd., párrafos 52-55.
  8. Ibíd., Párrafos 134-140.
  9. Ibíd., párrafos, 136, 156.
  10. Ibíd., párrafo 162.
  11. Declaración de Rio sobre el medio ambiente y el desarrollo, principio 15: “() Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.
  12. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Op. Cit., párrafo 54.
  13. La audiencia del proceso consultivo, en la cual la Corte IDH conoció la situación raizal y que la misma Corte facilita en la nota al pie 10 de la OC, se encuentra en el siguiente enlace: https://vimeo.com/album/4520997.
  14. Esta expresión es usada por Slavoj Zizek para referirse a lo “excluido de nuestra realidad simbólicamente construida” y que está dado por experiencias abrumadoras, perturbadoras o insoportables para el ser humano, como pueden ser la muerte, la miseria y el despojo.