Adolfo Franco

* Adolfo Franco

Abogado de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Derecho con profundización en Sociología y Política Criminal de la misma institución. Ha sido investigador en el Observatorio del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes -OSRPA y en la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional, así como del Centro de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Investigador y analista en temas como justicia indígena, justicia penal y en general de la reacción institucional contra los fenómenos definidos como delictivos y los grupos organizados que los cometen, con especial interés en la criminalidad ambiental y los delitos de cuello blanco

A propósito del ambiente electoral, me he dispuesto entregar al lector un análisis comparado de las propuestas presidenciales en materia de dos ítems que colonizaron la mayor parte del debate público en el país: la seguridad y la justicia. Para lo anterior, analizaré la candidatura a lo largo de tres categorías a las que asignaré un puntaje correspondiente que me permita estimar cuál sería la mejor opción desde mi punto de vista. Las categorías son:

  • Punitivismo: de acuerdo con Alessandro Baratta (expositor italiano de la criminología crítica), ser punitivista es una actitud que asume que las cuestiones de la sociedad deben tener una respuesta en el sistema penal, especialmente con el castigo de prisión como opción preferente ante otras alternativas menos agresivas contra el derecho a la libertad. Para el análisis utilizaré una escala de 1 a 3 que califica de menor a mayor punitivismo.
  • Securitarismo: no es una palabra frecuente, pero es una abstracción de la expresión “Estado securitario”1 según la cual el mayor bien social es el orden público y éste debe defenderse a toda costa; en otras palabras, la defensa del orden público no se justifica en clave del goce de derechos ciudadanos en el espacio público, sino por la defensa del orden en sí misma –así haya que restringir goce de derechos ciudadanos-. La expansión de la vigilancia y de la actitud policiva en la ciudadanía son estrategias securitarias. Para el análisis utilizaré una escala de 1 a 3 que califica de menor a mayor el securitarismo en cada conjunto de propuestas.
  • Populismo: para no perderme entre muchas definiciones, me adscribo al uso de la Comisión Asesora para la Política Criminal del Estado colombiano que catalogó la política criminal como populista, es decir, carente de evidencia empírica en la toma de decisiones y fundamentada –en cambio- en percepciones maniqueas del tipo “gente de bien vs criminales”. En consecuencia, para efectos del análisis, las propuestas cuyo soporte empírico no se evidencie o que acudan a manipulaciones emocionales e ideológicas serán calificadas de 1 a 3, de menor a mayor populismo.

Teniendo en cuenta lo anterior, aclaro que por extensión solamente analicé tres candidaturas de conformidad con los sondeos de opinión, de la posición menos opcionada a la que encabeza las encuestas, es decir, de derecha a izquierda democrática: Vargas Lleras, Fajardo y Petro. Ahora bien, con relación a la calificación que determine la mejor opción a la presidencia, los puntajes serían:

  1. German Vargas Lleras2

Contabilicé 85 distintas propuestas distribuidas en 19 conjuntos de medidas, entre las que se destacan propuestas para aumentar la judicialización de casos (fiscales 24 horas), endurecer el tratamiento penal de adolescentes (que incluye disminuir la edad de responsabilidad penal a 12 años y trasladar la policía de infancia del ICBF a la DIJIN), fortalecimiento del INPEC (que incluye sacarlo del Sector Justicia y pasarlo al Sector Defensa, a la policía), aumento del pie de fuerza policial, aumento de la videovigilancia pública y privada, uso de drones en operativos y vigilancia, aumento del horario escolar para que “los jóvenes estén en las aulas de clase y no delinquiendo”, entre otras propuestas específicas para el microtráfico, la extorsión y el hurto (que incluye modificar la norma penal que lo sanciona).

En general no se percibe ningún interés del candidato por explorar medidas no punitivas ni securitarias. De hecho, advierto con preocupación que confunde una propuesta educativa (jornada extendida) como medida para la reducción de la criminalidad, partiendo del supuesto de que el tiempo libre de los jóvenes es una condición criminógena3. Destaco, además, que pretende expandir el poder policivo de una manera sin precedentes, sin tocar siquiera temas tan sensibles como la corrupción en la policía o la ausencia del control ciudadano a ésta. Como es frecuente en los candidatos de derecha, acude al derecho y al sistema penal para reforzar la idea populista de la judicialización efectiva, pero no habla ni de jueces, ni de defensores públicos, es decir, sus propuestas de más fiscales y más policías solamente incidirán negativamente en el cuello de botella que hay en la justicia, generando más congestión e impunidad.4

Por lo mencionado, es claro que el candidato Germán Vargas obtiene la calificación más alta en las tres categorías.

  1. Sergio Fajardo5

En realidad es el acuerdo programático de Coalición Colombia. Se trata de 17 propuestas divididas en seguridad y justicia. En materia de seguridad se destacan propuestas como la de promover un programa de cultura ciudadana por la legalidad, la afectación a los mercados criminales que lucran la criminalidad organizada, la conformación de grupos élites con inteligencia unificada y medidas relativas a la seguridad fronteriza. Con relación a la justicia es interesante la propuesta de intervenir en el estado de cosas inconstitucional que se sufre en las prisiones del país, que incluye medidas dirigidas a la prevención, a la resocialización, así como castigos alternativos a la prisión pues –a modo de ver de la Coalición- “no creemos en el populismo punitivo ni el abuso de la figura de detención preventiva.”

La diferencia con el candidato de la derecha no es tan evidente. Si bien son menos propuestas (más no es necesariamente mejor), lo interesante es que se presentan ideas alternativas que se acercan a lo que se ha denominado “mano inteligente” contra el crimen (en oposición a la “mano dura” que caracteriza a Vargas Lleras), pues es claro que el encarcelamiento no es una medida por sí misma eficaz, por lo que es necesario articular otros esfuerzos anticipatorios6. En todo caso, esta opción tampoco se preocupa por explorar las condiciones materiales que dan existencia al comportamiento delictivo. Se preocupa por perseguirlo.

Por lo dicho, las propuestas de Sergio Fajardo son menos populistas que las de German Vargas; no obstante, se equipara a su securitarismo en tanto la confianza ciega al dispositivo policivo para la reducción de la delincuencia. Finalmente, respecto al punitivismo, le abono que se declaren en oposición al abuso de la detención preventiva, pero persiste mi preocupación ante la indiferencia de entender por qué delinquimos en Colombia.7

  1. Gustavo Petro8

Son seis las propuestas generales del precandidato9: fortalecimiento de la independencia judicial, nombramiento presidencial del fiscal anticorrupción, fortalecimiento de la policía, fortalecimiento del INPEC, una reclasificación de los delitos y una política de sometimiento a la justicia para las organizaciones criminales. Si bien es cierto son numéricamente menos propuestas aún, comparativamente puedo afirmar que están fundamentadas desde una posición cercana al realismo de izquierda10, esto significa que a Petro sí le interesa descifrar las razones del comportamiento delictivo y acusa a la exclusión social como una circunstancia sobre la que debe actuar una política de seguridad con verdadera vocación de disminuir el delito.

Otro de los aspectos que destaco de las propuestas del precandidato es que el fortalecimiento de la policía atraviesa la necesidad de luchar contra su corrupción. Es un contrasentido –anota Petro, y comparto- que se amplíe el pie de fuerza y se dote de tecnología a la policía si ésta es vulnerable a las infiltraciones de la criminalidad organizada; de cierta manera, sería una forma indirecta de fortalecer a las mafias. En consecuencia, propone un control ciudadano a esta fuerza pública.11

Finalmente, destaco dos ideas novedosas y necesarias. La primera tiene que ver con devolver la coherencia valorativa al derecho penal, pues plantea una reclasificación de los delitos por su gravedad y que se corresponda con la sanción, comenzando con los delitos contra la vida; esto tiene todo el sentido, pues en una investigación reciente del Ministerio de Justicia12 se descubrió que delitos como el lavado de activos pueden alcanzar penas más elevadas que el mismo genocidio, lo cual ¡es absurdo! Y la segunda idea tiene que ver con la necesidad de ofrecer un mecanismo de sujeción o sometimiento a la justicia a las organizaciones criminales que quieran deponer colectivamente las armas; el Gobierno nacional intentó esto, pero con el vencimiento del plazo del trámite legislativo especial para la paz, no se logró.

Por lo dicho, las propuestas del precandidato Gustavo Petro necesitan una mayor fundamentación pero eso no significa que sean 100% populistas, en cambio se percibe cierta necesidad de éstas. Con relación al securitarismo, Petro también insiste en la necesidad de fortalecer el dispositivo policivo (tanto humana como tecnológicamente), pero a diferencia de las otras dos opciones, Petro sí indica la necesidad de depurar esta fuerza, motivo por el cual le asigno un puntaje de (2). Por último, Gustavo Petro es el menos punitivista, reconoce la necesidad de explorar las condiciones socioeconómicas del delito y la única mención para cambiar la ley penal es para devolverle la proporcionalidad perdida, motivo por el cual lo califico con un (1).

  1. Resultados comparados

Esta es la representación tabulada de los resultados. No soy de esas personas que exalta las virtudes del voto de opinión, las maquinarias y el letargo institucional por detenerlas no me lo permiten, pero me siento satisfecho si esto contribuye a que alguna o alguno de ustedes se tomen el tiempo de analizar comparativamente las propuestas:

 

  1. Loïc Wacquant (2004). Las cárceles de la miseria. Ed. Manantial: Buenos Aires. Disponible en línea: http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/03/doctrina40773.pdf
  2. Las propuestas de Germán Vargas se encuentran en la página web https://www.mejorvargaslleras.com/
  3. Sobre el particular, es importante la columna de la criminóloga colombiana Adriana Romero publicada en este portal; disponible en línea: http://palabrasalmargen.com/edicion-123/pequenos-demonios-el-trasnochado-debate-sobre-el-castigo-de-adolescentes/
  4. Es interesante que hasta el mismo Fiscal General, quien comparte la orilla política del candidato, haya manifestado una preocupación que no fue escuchada por éste. En entrevista en El Tiempo, el Fiscal expuso que “el número de audiencias atrasadas en mayo (de 2017) era de 112.461, lo que significa que el rezago de la justicia está creciendo en una tasa cercana al 10 por ciento bimensual. Del total de audiencias atrasadas 17.168 son de imputación de cargos, de las cuales solo han sido programadas 1.725 a más de un año. Para acusación de cargos hay 28.270 audiencias pendientes, de las cuales hay programadas 2.605. Por si fuera poco, a la fecha hay 15.598 personas que a pesar de haber aceptado su responsabilidad en la comisión de algún delito, siguen esperando a que un juez los cite a audiencia para dictar una decisión de condena o absolución.” El Tiempo (10/07/2017), Cuellos de botella tienen al sistema penal en colapso, disponible en línea: https://goo.gl/RxGfvN
  5. Las propuestas de Sergio Fajardo se encuentran en la página web http://sergiofajardo.co/
  6. A diferencia de la prevención, la anticipación es el resultado de las labores de inteligencia militar o policial que buscan neutralizar una amenaza.
  7. A 26 de febrero de 2018 se cuentan 115.851 personas privadas de la libertad para un sistema carcelario y penitenciario que solamente puede albergar con dignidad a 79.723, esto es un porcentaje de hacinamiento del 45,32%. Solamente el hurto y el tráfico de estupefacientes representan el 29% de los delitos por los cuales hay personas en prisión. Todos estos datos disponibles y actualizados en línea: http://www.inpec.gov.co/estadisticas-/tableros-estadisticos
  8. Las propuestas de Gustavo Petro se encuentran en la página web https://gustavopetroblog.wordpress.com/
  9. Recuerden que Petro condicionó su candidatura presidencial por firmas a una consulta interpartidista en las próximas elecciones parlamentarias, por lo que si va a votar por él, usted debe pedir el tarjetón naranja de la consulta.
  10. Es una de las corrientes criminológicas críticas que reclama el estudio de los fenómenos criminales pues estos afectan en su mayoría a la población obrera y popular, pero reconocen que –a diferencia de lo que propone el realismo de derecha- los dispositivos de represión tradicionales solamente empeoran las condiciones de vulnerabilidad y someten a la población victimizada a cargas desproporcionadas sobre su libertad e intimidad. En oposición a estas medidas, criminólogos expositores de esta corriente sugieren medidas dirigidas a incidir en la desmarginalización, reservar el uso de la prisión para los delitos más lesivos o el empoderamiento comunitario. Para conocer de primera mano estas ideas, recomiendo el texto de John Lea & Jock Young (2001) ¿Qué hacer con la ley y el orden? Editores del Puerto: Buenos Aires. Disponible en línea: http://josemramon.com.ar/wp-content/uploads/150167440-Lea-John-Young-Jock-Que-Hacer-con-la-Ley-y-el-Orden.pdf
  11. No es una idea nueva. Como consecuencia de los hechos sistémicos de corrupción de la policía en los noventa se creó la figura del Comisionado de policía, que por sus buenos resultados rápidamente desapareció. Un recuento de esta figura lo encontramos en un texto del profesor Francisco Leal ¿y quién vigila a la policía?, disponible en línea: https://www.razonpublica.com/index.php/economia-y-sociedad/9217-y-quien-vigila-a-la-policia
  12. Afortunadamente este texto también está disponible en línea: Ricardo Cita & Iván González (2017). La proporcionalidad de las penas. Observatorio de política criminal: Bogotá. http://www.politicacriminal.gov.co/Portals/0/documento/LaPropoPenLeCol.pdf?ver=2017-03-29-110809-953