Lamentablemente, cabe constatar que en Colombia uno no se deshace de la mecánica de la violencia como sí se vence una buena gripe. En el momento en que rechazamos una guerra de más de sesenta años, a través del Acuerdo de Paz, reimprimimos su lenguaje y sus pérfidos métodos sobre el teatro electoral.

Más allá de las invectivas habituales de los debates colombianos en período electoral, de las estrategias calumniosas de la derecha radical o de las instigaciones usuales contra el «comunismo», teniendo por objetivo eludir temas de fondo, ya sea de carácter económico o social, el atentado contra Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá y candidato de la coalición de izquierda La decencia, reaviva las heridas de la historia política colombiana.

El pasado 2 de marzo, durante la presencia del candidato en Cúcuta, con el fin de realizar una manifestación política, la ventana izquierda de la camioneta que lo conducía recibió varios golpes violentos.  Las imágenes, así como las numerosas declaraciones, dejaban pensar inicialmente que se trataba de impactos de balas, afirmaciones luego desmentidas por el candidato (y también por la Fiscalía General de la Nación), aunque el video publicado sobre su cuenta en twitter sí señala disparos en el momento que pasa la camioneta. El día anterior, el alcalde de Cúcuta ya había intentado impedir la manifestación prohibiendo la instalación de la tarima y del sonido en la plaza principal de la ciudad, recurriendo a un decreto que sortea la ley y la Constitución colombiana, pretendiendo así censurar un acto democrático. Aunque las circunstancias del evento y sus autores se mantienen en el limbo, convendría, sin embargo, subrayar – como también lo recordó el candidato – que la campaña del alcalde de Cúcuta en el 2015 fue apoyada por el exalcalde de esa misma ciudad, Ramiro Suárez, actualmente en la cárcel por delitos asociados al paramilitarismo y a quien las posturas de Petro contra la mafia colombiana podrían haber molestado; tanto más cuando, dos semanas antes, Germán Vargas Lleras, uno de los candidatos de la derecha colombiana, había organizado sin obstáculos una manifestación con el apoyo de esas mismas autoridades.

El saturado ambiente electoral – donde se han soltado las lenguas bélicas – ya se había manifestado en los múltiples incidentes acaecidos durante el mes de febrero, tan pronto inició la campaña del nuevo partido FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), creado tras la desmovilización de las FARC-EP después de la firma del Acuerdo de Paz con el Estado colombiano. Los insultos, los odios exacerbados, así como los intentos de agredir a Rodrigo Londoño, exjefe de la guerrilla y excandidato presidencial, y a Iván Márquez, quien fue candidato por el Senado de FARC, llevaron el movimiento a suspender temporalmente su campaña, ya que estimaban que las condiciones de seguridad necesarias no estaban reunidas. Estos hechos sugieren la dificultad de reincorporación de los excombatientes, fomentada por la derecha de Uribe, presidente de 2002 a 2010. La desconfianza e intolerancia hacia los insurgentes desmovilizados es el resultado – entre otras cosas – de una violenta estrategia militar y de años de estigmatización, propia de la política « antiterrorista » del periodo uribista. El número de guerrilleros desmovilizados asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre del 2016, demuestra que los «enemigos de la paz» se mantienen.

En ese mismo sentido, es imposible guardar silencio frente a los numerosos dirigentes sociales y activistas asesinados. Aunque sea improbable un consenso sobre el número exacto, las cifras desgarradoras profieren injurias.  Que nos detengamos sobre los 25 líderes y defensores asesinados desde el comienzo del 2018, los 106 sólo por el año 2017 – es decir uno cada tres días – según la ONG Somos Defensores – o, más aún, los 282 entre enero del 2016 y febrero del 2017 – según La Defensoría del pueblo, el órgano de control del Estado Colombiano -, se imponen como un delirio aritmético, un grito apretando los dientes.

Esta brutalidad que pretende aturdir al movimiento social colombiano, incluso asesinar el pensamiento, deplorablemente no es nada nueva y con frecuencia ha perseguido, con su paso cargado, la vida política colombiana. El atentado contra Petro, así como el alarmante número de dirigentes sociales o ex-guerrilleros de las FARC asesinados, hacen eco de los viejos demonios de una de las campañas más sangrientas del país con miras a las elecciones presidenciales de 1990, cuando 4 candidatos fueron fríamente asesinados : Luis Carlos Galán, del Partido Liberal y los 3 candidatos de izquierda, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo – su sucesor – de la Unión Patriótica, así como Carlos Pizarro de la Alianza Democrática M-19. También es el inicio de lo que sería el genocidio de la Unión Patriótica y de ese período homicida de la historia colombiana, donde la vida se escapó y los sueños de una sociedad más justa se estrellaron contra la pared.

El paramilitarismo, en efecto, goza de una larga y cruel historia en Colombia. Es el arma habitual de la extrema derecha contra los insurgentes, y también una respuesta sistemática de desestabilización en cada proceso de paz – momento en el que los privilegios de la guerra son cuestionados. Si bien el Gobierno hoy afirma el desmantelamiento de los grupos paramilitares y asimila los asesinatos antes mencionados a «casos aislados», es probable que estemos frente a los mismos autores intelectuales – o al menos a sus herederos -, cuyo objetivo principal es el inmovilismo popular – con la estrategia del terror -, así como la desarticulación del tejido social de las comunidades campesinas, siendo el paramilitarismo responsable de masivos desplazamientos en el campo. A lo largo de la historia, el pensamiento crítico y vigoroso se ha erigido en desafío al pensamiento dócil y sumiso. El miedo y la violencia son instrumentos – por desgracia bien interiorizados en Colombia – para paralizar todo deseo y voluntad de cambio.

A pesar de la evidencia de un clima pesado y fétido que acompaña estas elecciones en Colombia, la quietud mediática es estridente. El atentado contra Petro no parece haber sido tomado muy en serio, la investigación aún demora.  En Francia – a semejanza de su retirada frente a otras situaciones preocupantes de América Latina –, Venezuela es el único país que parece generar interés.  Imaginémonos por un instante que un atentado fuera cometido contra Leopoldo López – ferviente opositor venezolano -: otro tono de campana habría resonado en nuestras emisoras de radio y de televisión al tomar el café matinal.

Todo parece aún indicar que la guerra es un gran cadáver que arrastramos, su miasma sigue impregnando el aire. Asimismo la paz es un trabajo, es necesario hacer de ese trabajo un combate de sociedad. Se trata de una paz que acepte las diferencias políticas y no una supuesta unanimidad de ideas que debemos exigir. La desmovilización de las FARC-EP no es el fin de ideologías, al contrario, debe ir acompañada de voluntad de integración de las divergencias, de las reivindicaciones de las comunidades campesinas, indígenas o afrocolombianas, con tolerancia y respeto a la vida.

A la luz de las próximas elecciones presidenciales, el 27 de mayo, la lucha en las urnas, debería primero abarcar una verdadera ruptura política que permita, luego, construir las condiciones sociales – ya invocadas en el Acuerdo de Paz – esenciales para no seguir multiplicando los horrores del pasado. De los diferentes candidatos de la derecha, Germán Vargas Lleras e Iván Duque –elegido de Uribe-, nada nuevo. Más hacia la izquierda, entre Sergio Fajardo, Piedad Córdoba y Gustavo Petro, parecería que este último es el que genera más entusiasmo. La alternativa propuesta por la candidatura «Colombia Humana» sigue punteando en las encuestas y logra cristalizar una movilización popular, así como acarrear las verdaderas fuerzas de la paz con justicia social. La coalición con el Partido Comunista Colombiano, el Movimiento Alternativo Indígena y Social o la Alianza Social Independiente le permite asegurarse un apoyo más amplio. Es más, tras las legislativas del pasado domingo, Petro profundiza esta voluntad de unidad, proponiendo una alianza con Sergio Fajardo y Humberto de la Calle. Es evidente que en vez de “polarizar”, llena ciudades como Bucaramanga, Bogotá o Barranquilla, reaviva el fuego ante una juventud desencantada e incluso una parte de la clase media y parecería caminar en la dirección de esa nueva generación en favor de la paz que anhela construir una nueva sociedad, lejos de chanchullos políticos obsoletos.

Si bien dicha ruptura política, social y generacional tan deseada está todavía, un poco, en tinieblas, los próximos meses podrían despejar un poco la bruma y confirmar la posibilidad de una fuerza progresista para influir en el paisaje político colombiano. Si ese impulso llega a fortalecerse, y teniendo en cuenta el clima electoral que ya conocemos, no sucederá sin seguir generando el odio de la derecha dura, acostumbrada a gobernar el país con puño de hierro y poco dispuesta a renunciar a sus privilegios. Es de esperarse que continúe mugiendo a la «dictadura castrochavista» e instigando el miedo de un desastre económico a la venezolana. Una de las grandes tareas en ese sentido es persistir en rescatar temas políticos y sociales de fondo, reestableciendo así ese equilibrio ideológico necesario en el paisaje colombiano para no seguir hundiéndonos en una versión simplista y maniquea de la sociedad, apoyada por todo un aparato económico, editorial e incluso semántico.

A la espera de una verdadera ruptura – la concretización del espíritu del Acuerdo de Paz -, aún podemos mostrar, por medio de uno de los primeros incentivos que se nos ofrece – las urnas –, que no dejaremos que nuestro voto esté determinado por el miedo, que la violencia no la tenemos firmemente vinculada al cuerpo, que no ha logrado agobiar nuestro párpado. Todavía podemos demostrar que no hemos expulsado a la guerra por la puerta para que se nos entre por la ventana.

 

Por María Baresch. Traducción al texto publicado inicialmente en el periódico francés L’Humanité:

https://www.humanite.fr/pour-la-paix-et-laudace-dans-les-urnes-colombiennes-651717