Con ocasión de la consulta a la comunidad universitaria para el nombramiento de Rector de la Universidad Nacional de Colombia, profesores, profesoras y estudiantes vienen impulsando el voto en blanco como una expresión de desacuerdo con las reglas establecidas para la consulta.

Dado que no es posible cambiar las reglas en este momento, se plantea el voto en blanco como una expresión de desacuerdo con este mecanismo que, claramente, no consiste en una “elección” y, por el contrario, desatiende de manera sistemática los resultados de la opinión mayoritaria de la comunidad universitaria. De allí la baja participación en consultas previas, en especial por parte de los y las estudiantes, y la sensación cada vez más amplia de su futilidad.

Quienes impulsamos esta iniciativa estamos convencidos de la necesidad de saldar una deuda larga en la cultura universitaria colombiana, no sólo en la Universidad Nacional. Cumple cien años la Reforma Universitaria de Córdoba, Argentina, que se expandió por toda América Latina. Bajo el liderazgo estudiantil de la época, el proyecto reformista tenía como núcleo programático la autonomía universitaria y el gobierno democrático de las universidades.

Colombia nunca realizó este proyecto. Por el contrario, la baja cobertura de la universidad pública y el ensanchamiento progresivo de la oferta privada de todo tipo, basada más en el criterio de los dueños que en la autonomía de las comunidades, ha construido un imaginario elitista del gobierno universitario.

Se acepta fácilmente que los cargos directivos en las universidades privadas son potestad de los dueños o son un honor en las universidades públicas. Y la administración debe quedar en manos de gerentes que sepan comerciar los bienes y servicios que circulan en el mercado de la educación superior.

La Constitución Política y la Ley 30 de 1992 sobre educación superior incluyeron la autonomía universitaria, pero tanto en las reglas como en la práctica, se trata de una autonomía restringida. En las universidades privadas se asimila a la autonomía empresarial respecto del control del Estado. En las públicas, se sostuvo la tutela del gobierno nacional o regional a través de la composición del Consejo Superior Universitario (CSU) de cada universidad. De esta forma, la autonomía parece estar otorgada a este organismo y no a las comunidades. Y es potestad del CSU definir las reglas para la “designación” de sus directivas, en especial, del Rector.

Al comienzo de la puesta en operación de la Ley 30 y del Decreto-Ley 1210 de 1992, que rige a la Universidad Nacional, se estableció una “consulta a la comunidad universitaria” para llevar una “terna” de aspirantes al CSU para la designación de Rector. Desde 2005 se amplió la oferta a “cinco” aspirantes, para dejar más espacio al CSU y, en últimas, al gobierno nacional para escoger quien mejor se acomodara a su proyecto político.

Así, tanto la Universidad Nacional como el resto de universidades públicas han tenido que adaptarse a la política pública establecida. Ésta no es otra que la transformación creciente del financiamiento de la educación superior de la “oferta” a la “demanda”, es decir, dejar de entregar presupuestos anuales a las universidades públicas y pasar estos recursos al ICETEX para que los entregue en la forma de crédito educativo para quien quiera entrar a la educación superior.

Las familias no pobres tendrán créditos según su capacidad de pago; las pobres, tendrán créditos “condonables” para sus hijos “pilos”. A pesar de las críticas fundadas que ha tenido este programa, existe ya un proyecto de ley que lo convertiría en política de Estado. De esta forma, universidades públicas y privadas se enfrentarán en un mercado abierto para sobrevivir, y los mercados de trabajo, de las patentes, de los servicios especializados impondrán la orientación de la formación, la investigación, la innovación y la extensión, como han venido haciéndolo, pero más intensamente. Por esta vía, la autonomía universitaria será cada vez más una utopía, letra muerta en la Constitución y la ley, asimilable a la “autosostenibilidad financiera”.

Si las comunidades universitarias tuviéramos más deliberación propia, con capacidad de interpelar las dinámicas económicas, políticas e ideológicas de la sociedad, seguramente habría más posibilidades de superar varios de los problemas que la sociedad les plantea. Una adaptación intensiva a los mercados va en sentido exactamente contrario, hacia la reproducción de problemas tan arraigados en la sociedad colombiana como la enorme desigualdad en el acceso a la educación superior y la concentración de riqueza y privilegios en unos pocos.

En estas condiciones, el voto en blanco en esta nueva consulta para la designación del Rector se convierte en una expresión de inconformidad política con el estado de cosas de la educación superior colombiana, tanto en la falta de democracia como en el modelo de financiamiento que se está imponiendo.

Si el voto en blanco recoge la mayoría de la opinión universitaria, quedará claro que se requiere una reforma, por lo menos, del Estatuto General de la Universidad, el cual es potestad del CSU. Una reforma que defina nuevas reglas para el gobierno universitario, en términos de elección de decanos, vicerrectores de sede y Rector; que fortalezca la participación de la comunidad en las decisiones académico-administrativas, comenzando por la planeación institucional; que amplíe los cuerpos colegiados para reconocer la diversidad académica, cultural y regional de las comunidades científicas, profesionales y artísticas; que exija el financiamiento directo del Estado y mejore la transparencia en el uso de los recursos.

Elegir a sus propias directivas está en el espíritu de la autonomía universitaria establecida en la Constitución, como lo ha aclarado la jurisprudencia en varias ocasiones. Esta elección no implica usar el mismo mecanismo de “una persona un voto”, de las elecciones políticas. Se trataría de combinar reconocimiento de trayectorias académicas, opinión de las comunidades y ponderación numérica, pero con participación de estudiantes, profesores(as), pensionados(as), trabajadores(as) y egresados(as).

Piénsese, por ejemplo, en la viabilidad del siguiente mecanismo: una terna para Rector(a), escogida con criterios académicos por un cuerpo colegiado, que sea presentada a la opinión de las comunidades académicas, y sea elegido(a) quien obtenga la mayor votación ponderada. Esto es posible y aplicable para las decanaturas y las vicerrectorías.

No se trata de un salto al vacío. La Universidad de Nariño elije sus directivas desde hace más de una década y se ha fortalecido. La democracia aumenta la cohesión interna de las comunidades, mejora las decisiones académico-administrativas y construye visión compartida de universidad, al tiempo que permite debatir en otros términos con la política pública del gobierno de turno para construir alternativas de financiamiento. En estos términos, daríamos pasos ciertos hacia la autonomía universitaria anhelada en el proyecto centenario de la Reforma de Córdoba.

Bogotá, febrero 26 de 2018.

Por el Comité Promotor UN Voto en Blanco. Por la democracia y el financiamiento de la universidad pública

 

Mario Hernandez

Profesor Facultad de Medicina

 

Leopoldo Múnera Ruiz

Profesor de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales

 

Nubia Ruiz

Profesora Departamento de Sociología

 

Alice Beuf,

Profesora Departamento de Geografía

 

Rosembert Ariza

Profesor del Departamento de Sociología

 

Mery Constanza García Vargas

Profesora de la Facultad de Enfermería

 

Mauricio Archila

Profesor del Departamento de Historia