Alejandro Robayo Corredor

* Alejandro Robayo Corredor

Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Estudiante de la Maestría en Estudios Políticos del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. Integrante de la Mesa de Cerros Orientales de Bogotá. Interesado especialmente en los movimientos sociales, el papel de las emociones en la política, las teorías feministas y de género, la construcción de memoria histórica y las luchas por lo común.

El acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP creó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (en adelante CEV). Un órgano que fundamentalmente le apunta a la construcción de la verdad sobre el conflicto armado, pero que a la vez contribuye a dos objetivos de mayor alcance: la reparación y la reconciliación. El esclarecimiento sobre las condiciones que propiciaron graves violaciones a los derechos humanos a lo largo y ancho de la geografía nacional, la determinación de los responsables y su papel en estas violaciones, el establecimiento de las consecuencias derivadas de estos hechos para los directamente afectados y para el conjunto de la sociedad, así como las respuestas de las víctimas para afrontar estas consecuencias, son algunos de los componentes que tendrá que abarcar la Comisión. Por este camino se espera que la construcción de un relato compartido sobre el conflicto interno armado propicie procesos de reconocimiento de las responsabilidades y dignificación de quienes sufrieron la violencia (una parte importante de la reparación) y, por esta vía, procesos de perdón que generen la desaparición de deseos de venganza. En últimas, lo anterior llevaría a generar nuevos tejidos sociales en los que sea posible la convivencia entre individuos o colectivos anteriormente vistos como enemigos mortales (la reconciliación). Por esto es que el trabajo de la CEV no es de poca monta para la construcción de la paz.

El componente de verdad es de la mayor importancia en el marco del Acuerdo de paz, pues hay que recordar que en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición acordado, básicamente hay un intercambio de medidas ‘blandas’ de justicia por dosis altas de verdad. Es por esta razón que podría afirmarse que la construcción de esta última –que aunque esté en cabeza de la CEV, no es su responsabilidad exclusiva- es uno de los pilares sobre los que se levantan los demás elementos del sistema de justicia transicional y de ahí que el fracaso de este proceso pueda minar la legitimidad de todo el conjunto. Si al final del proceso la sociedad no cuenta con una verdad confiable y exhaustiva del conflicto armado, las rebajas en los estándares de justicia quedarán puestas en duda. Ante esta centralidad, hay que analizar los obstáculos que enfrentará la CEV para poder llevar a cabo sus propósitos. Aquí no quisiera referirme a puntos ya ampliamente debatidos en este y otros espacios de opinión, como la relación entre verdad y memorias, los temas en los que la CEV debería concentrarse, la imparcialidad de sus integrantes, entre otros; sino que más bien quiero avanzar en retos de más largo plazo que la Comisión deberá enfrentar.

La CEV posee una naturaleza doble: a la vez será un actor y un escenario en el marco del proceso de construcción de la verdad histórica. Será un escenario porque, en el marco de sus metodologías y de los espacios de encuentro a los que convoque, se espera que distintas personas acudan a contar sus memorias sobre el conflicto. Será un actor porque se pretende que sea un sujeto que nos cuente qué sucedió en cinco décadas de conflicto armado y las razones para que esto haya sido así, por lo que tendrá que tomar decisiones estratégicas para entregarle a la sociedad colombiana un relato sobre nuestra tragedia. Esto, por supuesto, lo hará en medio de una pluralidad de otros actores que seguramente no saldrán todos contentos del proceso. La CEV está inserta desde su origen en un entramado de relaciones de poder dinámicas entre diferentes sujetos con diversos intereses y grados variables de fuerza. Es precisamente este entramado en el que la Comisión deberá tratar de navegar para propiciar la reparación y la reconciliación en los territorios. Por su naturaleza y el contexto en el que actuará, el trabajo de la CEV no será nada fácil.  Aquí quisiera apuntar ocho retos que tendrá que afrontar para llegar a buen puerto en medio del agitado mar en el que se convertirán sus tres años de funcionamiento:

  1. Ganar legitimidad en medio de la polarización reinante. Con esta polarización no me refiero a la derivada de la actual campaña presidencial, que es momentánea, sino a la que surgió del mismo Acuerdo de Paz. Las declaraciones de la Representante a la Cámara y Senadora electa, María Fernanda Cabal, que le ha apostado a posicionar en la opinión pública una versión conservadora y negacionista de la historia –ya sólo le falta decir que el asesinato de Gaitán fue producto de una riña entre amigos que se emborracharon por tomar mucha chicha en el Chorro de Quevedo- y las críticas del uribismo y de distintos sectores de derecha al nombramiento de los/as once integrantes de la CEV, hacen parte de una misma estrategia de oposición a todo el Acuerdo, a la que ya nos hemos acostumbrado. Sin embargo, a lo que hay que prestarle atención es a que con lo hasta ahora hecho y dicho, sólo están abonando el terreno para oponerse al trabajo de la CEV, de la que ya han dicho desatará una cacería de brujas. Esto no es un asunto menor. Nada peor para una Comisión de la Verdad que no contar con legitimidad y que se desacredite su trabajo. Aquí no se trata de una decisión judicial, que gústele a quien le guste, tiene unos efectos vinculantes. Se trata del trabajo de una Comisión que le apunta a generar en la sociedad un relato compartido sobre nuestro pasado de guerra. Si ese relato es desacreditado ferozmente por sujetos muy influyentes en la vida nacional, el alcance de su trabajo será muy limitado. Y como las críticas no vienen de cualquier sector político, sino de uno que está aglutinando a la mitad del electorado, esto no puede pasar desapercibido. Aquí la Comisión tiene dos caminos. Puede hacer caso omiso a los intentos de sabotaje y deslegitimación y tratar de generar un movimiento amplio de organizaciones en torno a sí que defiendan su trabajo. Un camino muy riesgoso, por cierto, porque es meterse en un pulso de fuerzas que siempre puede perderse. O puede optar por la negociación con los sectores que se oponen a su labor, en cuyo caso necesita receptividad por parte de esos sectores y además necesita generarles confianza, lo que seguramente implicaría hacerles concesiones en términos de asuntos tan importantes como las metodologías y temas de investigación, comprometiendo así la autonomía con la que está investida. En todo caso, esta ganancia de legitimidad de la Comisión es un asunto prioritario que tendrá que atender permanentemente si quiere cumplir con su misión.
  2. Generar una participación amplia y vinculante: Este reto está relacionado directamente con el anterior. Aquí no sólo se trata de que las víctimas puedan contar sus memorias, sino también de que los responsables de crímenes y hechos atroces acudan de manera voluntaria1 a reconocer sus faltas y a contar la verdad sobre estos hechos. Aquí la cuestión radica en que la Comisión debe consolidarse como un escenario de confianza para todos los actores con el fin de que sus espacios vinculen a la mayor cantidad posible de ellos. Algunos, como las organizaciones de víctimas, los excomandantes de las FARC-EP e incluso exjefes de las AUC, seguramente acudirán al llamado de la CEV. El problema radica entonces en aquellos cuyo involucramiento en el conflicto no es muy conocido o visible. Ahí son pocos los incentivos que tendrán para acudir. Igualmente, resultaría preocupante –y muy probable- que hubiese sectores altamente involucrados en el conflicto que decidiesen marginarse de la Comisión, como algunos mandos militares. La participación no es sólo un asunto de suficientes espacios de diálogo e información sobre estos, sino que requiere del compromiso voluntario de todos de contar lo que saben. Es ahí donde el panorama no está muy claro. El reto de la Comisión radica entonces en incentivar ese compromiso y en ofrecer la suficiente confianza para que los actores acudan a contar la verdad.
  3. Construir la verdad en medio de la confrontación armada: En muchas regiones del país el conflicto armado no sólo sigue vigente, sino que ha arreciado en el último año. Varios líderes y lideresas sociales han sido asesinados/as y muchos/as más se encuentran bajo amenazas en territorios cuyo control está siendo disputado por varios grupos armados. El problema aquí está no sólo en los riesgos de seguridad para el trabajo de la Comisión y de quienes acudan a brindar sus versiones, sino que, en medio de estos contextos de confrontación bélica, la gente –especialmente comunidades y organizaciones sociales- prefiere callar sobre los eventos del pasado para evitar ponerse en riesgo ante las amenazas del presente. Eso se deriva de una actitud de acomodamiento que muchas comunidades han tenido que aprender durante varias décadas para sobrevivir en sus territorios. Aquí la CEV además de brindar garantías de seguridad a todos los que acudan a ella, tendrá que vencer el miedo a recordar y contar. Esto último sólo puede lograrse con un trabajo de concientización sobre la importancia de hacer memoria y sus efectos sobre el futuro de una Colombia en paz.
  4. ¿La verdad o las verdades?: Este no es sólo un asunto de consideración teórica entre quienes critican los metarrelatos o el relativismo. La Comisión se enfrentará al desafío de construir relatos comunes entre diferentes versiones del pasado. De ahí el tono conciliador de Francisco de Roux, presidente de la CEV, en las entrevistas que le han realizado desde que fue elegido en ese cargo y que seguramente mantendrá estos tres años. Sin embargo, el asunto no se reduce simplemente a las buenas voluntades y a los deseos de reconciliación. La Comisión se encontrará con versiones contrapuestas -especialmente entre víctimas y victimarios- e incluso justificativas de los crímenes del pasado. Es en esas situaciones donde deberá tomar decisiones en las que puede o caer en un relativismo en el que se coloque una versión al lado de la otra, lo que podría terminar nivelando a las víctimas con los victimarios, o privilegiar algunas memorias, lo que va a generarle enemigos que, de nuevo, pueden emprender acciones de sabotaje.
  5. Lograr dignificar a las víctimas y no reabrir heridas y resentimientos: Este es un desafío que abarca varios campos. En primer lugar, la Comisión deberá mostrar a las víctimas no como blancos pasivos sobre los que recayó la violencia, sino como sujetos con distintos grados de resistencias, con una gran capacidad de recomposición de su vida y del tejido social, lo que implica un trabajo arduo de investigación. Igualmente, y esto es de la mayor relevancia, deberá velar que los procesos de memoria no generen nuevas heridas y, con estas, procesos de revictimización. Esta es una tarea muy difícil ya que se sale del control de la Comisión, pues depende en mayor medida de la voluntad de los victimarios para reconocer sus crímenes, pedir perdón a las víctimas y repararlas. Lo que sí está en manos de la Comisión es propiciar las condiciones para que por medio de sus metodologías sea posible el diálogo abierto y sincero, así como la empatía por el dolor ajeno y el arrepentimiento. Igualmente, la Comisión deberá garantizar la atención psicosocial necesaria pues el hecho de recordar y contar públicamente hechos traumáticos, puede generar crisis emocionales muy fuertes.
  6. Conciliar los anhelos particulares con las posibilidades colectivas: La CEV cuenta con muchas restricciones, especialmente de tiempo y de capacidades. Por esa razón, se estableció que deberá privilegiar algunos sucesos del conflicto armado para realizar su trabajo. Cualquier priorización implica dejar por fuera algunos elementos. En este sentido, algunas víctimas y territorios pueden llegar a sentirse excluidos del proceso, lo que puede generar descontentos y restar apoyos al proceso. Esto puede atenuarse a partir del necesario soporte que la CEV deberá hacer sobre el acumulado de experiencias previas de construcción de la verdad, como las adelantadas por el Centro de Memoria Histórica; pero aun así será imposible que se investiguen todos y cada uno de los hechos violentos del conflicto. Por eso, ante todo la Comisión tiene el trabajo de abarcar la mayor cantidad de casos y de campos de estudio posibles, y, a la vez, generar lecturas del pasado en las que la mayor cantidad de personas puedan reconocerse.
  7. Comprometer al Estado en un esfuerzo concreto por la No Repetición: Dentro de los mandatos de la CEV se encuentra el de, una vez finalizada su labor, realizar una serie de recomendaciones al Estado que se constituyan en garantías de no repetición. Por supuesto, estas recomendaciones harán alusión a reformas necesarias para evitar la reproducción de las causas estructurales que le dieron origen y facilitaron la continuidad del conflicto armado. Sin embargo, estas recomendaciones no tienen un carácter vinculante. Por esto, su puesta en marcha dependerá de la legitimidad con la que cuenten la Comisión y sus informes al terminar su trabajo, y de la voluntad política de los gobiernos de turno. Mucho dependerá de la movilización y el apoyo que logre generar la Comisión en torno a este asunto.
  8. No burocratizar el campo de la memoria2: Ligado a lo anterior, la CEV se enfrenta al peligro de confinar y oficializar las iniciativas de la memoria. Con esto me refiero a dos cosas. La primera es que la verdad se convierta en un asunto de unos pocos y que las grandes mayorías continúen con ideas vagas sobre lo que pasó en 50 años de guerra. Al contrario, la verdad le debería servir a la gente del común para algo. Por eso, se requieren memorias vivas, que circulen por todas las regiones. Es necesaria entonces una estrategia de comunicación y difusión amplias, lo que a su vez implica innovación en los medios (sólo un pequeño círculo leerá un informe de más de 10 páginas o visitará el Museo de la Memoria) y recursos, pues esta es una tarea de varios años. Igualmente, implica un desafío educativo, en el que las conclusiones de la Comisión deberían ser incluidas en el pensum educativo, lo que hasta el momento no está claramente definido de manera vinculante y puede quedar en letra muerta. En segundo lugar, si bien es importante que el Estado emprenda un esfuerzo comprometido por la reconstrucción de la memoria histórica, debemos estar en alerta ante el peligro de que los procesos de memoria queden encerrados en los espacios institucionales. La CEV debe recoger los resultados de los procesos de memoria autónomos que realizan organizaciones y comunidades para su trabajo, pero a la vez debería proponer que dichas iniciativas sean apoyadas y fortalecidas, incluso después de que finalice su mandato. Así, la Comisión debería volverse un catalizador de procesos de memoria por todo el país, que la trasciendan, reproduzcan y trabajen su legado. En su capacidad de difusión de la verdad y de generación de nuevos procesos de memoria, es donde se juega gran parte de su efectividad para la reparación y la reconciliación.

Enfrentar estos ocho retos implicará una gran capacidad de creatividad y cautela por parte de la Comisión que, por supuesto, a la vez tendrá que generar equilibrios internos y consensos entre sus integrantes. Lo único que por ahora se puede hacer, mientras inicia el período oficial de tres años, es desearle mucha suerte a los/as once comisionados/as para que finalicen la etapa de preparación y empiecen su trabajo con la mayor cantidad de claridades posibles.

 

 

  1. Porque la comparecencia ante la Comisión no es obligatoria.
  2. Para ver los síntomas de la burocratización de la memoria, véase el artículo de César Duque en este mismo portal, titulado “Auschwitz, año 70: El hastío de la memoria”.