Mónica Arias Fernández

* Mónica Arias Fernández

Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, investigadora sobre política agraria y cultivos ilícitos, ciudadanías campesinas, subjetivaciones políticas y construcción de paz. Master en Historia - Mundos Contemporáneos de la Universidad Paris IV – Sorbonne, adelanta actualmente estudios de doctorado en Filosofía Política en la Universidad Paris VII – Denis Diderot. Integrante de la Fundación Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz -OIAP-, del Grupo de Estudios sobre Subjetivaciones políticas -SuPo- y del Colectivo Adelinda Gomez: territorio, género y violencias. Twitter: @monniarias

Otra vez el asunto de la política antinarcóticos de Estados Unidos entra en la agenda bilateral, esta vez en el marco del acuerdo que le puso fin a la guerra con las Farc y en medio de las dudas que genera el nuevo residente de la Casa Blanca.

A menos de un mes de la publicación del Informe sobre la Estrategia Internacional para el Control de los Narcóticos 2018 -INCSR- del Departamento de Estado, se conjugan dos escenarios que ponen en evidencia que una lucha contra las drogas cortoplacista nos puede poner en el contradictorio escenario de disminución de hectáreas sembradas de coca con aumento exponencial de la violencia.

Se afirma que el problema es la persistencia de actores armados ilegales pero se desconoce que sin una paz territorial con reforma rural integral y sustitución concertada de cultivos ilícitos, el negocio del narcotráfico persistirá sin importar la excelencia del acuerdo firmado.

Desde su llegada a la presidencia, Donald Trump ha asumido como meta una lucha frontal contra las drogas, lanzada con fuerza a través de un ultimátum al gobierno Colombiano “o reducción drástica de cultivos ilícitos o descertificación inminente”.

En contraste con el fuerte tono de Washington en 2017, el Informe sobre la Estrategia Internacional para el Control de los Narcóticos 2018 -INCSR- señala las posibilidades de éxito de la actual política antidrogas colombiana con algunas condiciones:

Garantizar recursos efectivos, coordinación eficiente entre presencia militar y civil, erradicación forzada en grandes áreas y -llama la atención las dos últimas condiciones- “el desarrollo de una estrategia frente a los cultivadores de coca que se oponen al ingreso de fuerzas militares y el mayor compromiso del gobierno colombiano con la extradición de individuos implicados en narcotráfico”1; mensajes que parecen haber surtido efecto inmediato en el Estado colombiano.

En las últimas semanas, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana –CCOCAM- ha venido considerando la posibilidad de retirarse del acompañamiento a los procesos de sustitución de cultivos ilícitos -entre otras- por causa del proyecto de ley de tratamiento penal diferenciado radicado el 20 de marzo en el Congreso pues, contrario al proyecto de ley radicado el 24 de octubre de 2017 y archivado por las múltiples críticas del Fiscal General de la Nación2, reduce el área de cultivo que permite catalogar a un pequeño cultivador de coca de 3,8ha a 1,78ha3. La reducción del área sembrada se establece sobre la base el promedio nacional de hectáreas sembradas necesarias para alcanzar un ingreso de 2 salarios mínimos mensuales. No obstante, contrario al proyecto de ley anterior, escoger el promedio y no el techo desconoce el nivel de productividad de la coca según la región. De acuerdo con la metodología desarrollada por el Gobierno Nacional y liderada por le Ministerio de Justicia sobre la base de cifras de la UNODC, el tamaño promedio necesario para alcanzar ese umbral en regiones como Putumayo-Caquetá es de 3,83ha mientras para el caso de la región Pacífico es de 1,13ha4. Los cambios en el proyecto de ley implican que un número considerable de cultivadores de coca de regiones como Putumayo que ya han firmado acuerdos de sustitución de cultivos ilícitos se encuentran en un limbo jurídico pues es probable que sobrepasen el nuevo umbral propuesto y sean potencialmente judicializados.

El 9 de abril, unas semanas más tarde, la Fiscalía General de la Nación capturó a Jesús Santrich por la sospecha de un plan de envío de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos bajo una potencial solicitud de extradición. Esta solicitud obedece al delito de narcotráfico posterior a la firma del Acuerdo de Paz, entre junio de 2017 y abril de 2018. El tratamiento judicial de potenciales delitos cometidos con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz fueron objeto de las principales críticas y elementos de juicio aportados por el Fiscal General de la Nación5 ante el Gobierno Nacional y la Corte Constitucional durante la aprobación del Acto Legislativo 001 y la Ley Estatutaria de la JEP.

Actualmente, tanto pequeños cultivadores de coca como excombatientes se enfrentan a un escenario de inseguridad jurídica. Por una parte, los primeros sienten que el Estado les incumple, les cambia las condiciones y con los pactos de sustitución ya firmados se encuentran “delatados”. Por otra parte, con la captura de Jesús Santrich los excombatientes se sienten igualmente ante un escenario imprevisible donde cualquier excombatiente puede ser acusado de narcotráfico y extraditado. Pareciera entonces que el Estado colombiano envía un mensaje positivo al gobierno estadounidense en su lucha contra las drogas mientras crea un clima de incertidumbre frente a la “construcción de una paz estable y duradera”.

 

Reacomodamiento de la guerra: entre la erradicación forzada y flujo de cultivos

Desde 1999 -año de inicio del inicio del Plan Colombia- hasta hoy hemos asistido a una dinámica cíclica del cultivo de coca, entre 1999 y 2006 hubo un decrecimiento sostenido de los cultivos de coca producto de la aspersión aérea y la erradicación forzada, en 2007 sorpresivamente aumentan de nuevo los cultivos y entramos en un período decrecimiento hasta 2012, año en que retoma el alza. Entre 2010 y 2015 el gobierno Estadounidense ha invertido al menos 1,7 billones de dólares en la lucha contra las drogas en Colombia6, no obstante, según cifras de la UNODC entre 1991 y 2016 solo hemos reducido el cultivo de coca en un 8% pasando de 160 mil hectáreas a 146 mil actualmente.

La aspersión aérea y la erradicación forzada fracasaron, en lugar de acabar con los cultivos de coca transformaron su dinámica, los llevaron de la concentración en zonas específicas como Guaviare, Putumayo y Antioquia a la diseminación territorial. Mientras en el año 1999 Putumayo concentraba 36% de la coca sembrada y Nariño solo representaba el 2%, en 2016 Nariño representa el 29% y Putumayo el 17%7. Para el caso suroccidental, los cultivos de coca del Putumayo se desplazaron hacia Nariño y de allí al Pacífico, Cauca y Valle del Cauca, se diseminaron en pequeños terrenos y se ocultaron entre la diversidad de cultivos. Por otra parte, para el caso del cinturón central que agrupa los departamentos de Córdoba, Antioquia y Santanderes, la coca se desplazó de Antioquia y Bolívar hacia Norte de Santander que pasó de representar el 9% de la coca sembrada en 1999 al 0,6% en 2006 y al 17% en 2016. Nariño y Norte de Santander suman juntos el 46% de la coca del país, los cultivos se desplazaron hacia las fronteras, lugares privilegiados por la falta de control estatal y la facilidad de transporte de la coca.

Hoy está sobre la mesa la hipótesis de la búsqueda de una articulación entre los actores armados liderados por Gentil Duarte y Guacho enlazando operaciones entre los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare, Putumayo y Nariño que garantizaría un corredor de tráfico de insumos de procesamiento y pasta de coca desde Caquetá8, hasta el Pacífico allí donde presionan a los campesinos para no sustituir coca mientras aumentan el precio de la misma, en el contexto de una implementación del Acuerdo de Paz lenta y tortuosa donde a penas estamos en fase de formulación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET9.

 

Pobreza: el caldo de cultivo de la coca

Según cifras de la DEA, entre 1990 y 2000 los cultivos de coca crecieron casi hasta duplicarse  pasando de ser inferiores a 65.000ha hasta llegar a 163.000ha. El negocio de los cultivos ilícitos en Colombia inicia a partir de los años 70’s y toma fuerza durante los años 90’s. A su vez, la década de los 90’s es aquella en la que la participación de la agricultura en el PIB Colombiano decrece aceleradamente pasando de representar el 16,8% en 1990 al 8,9% en el año 2000, una caída del 46%10. Con la transformación en la política económica se dejó solo al campesino en competencia frente a las presiones del mercado internacional de la producción agroindustrial y alimentaria. En un contexto de atraso del campo colombiano en vías terciarias, cadenas de comercialización y acompañamiento técnico, el fracaso de los cultivos lícitos fue inminente.

En un escenario frágil para la agricultura combinado con el recrudecimiento de la guerra apareció la coca con fuerza, a diversas regiones del país llegaron cultivadores de coca con el objetivo de llevarla a nuevos territorios, es así como germina la coca en Nariño y en otras regiones como el Sur de Bolívar. Sin alternativas, los campesinos constataron que sembrarla era la solución al fracaso de los cultivos lícitos que la apertura económica llevo al traste.

Los índices de pobreza en las regiones más impactadas por el cultivo de coca son desalentadores, según el Censo Nacional agropecuario de 2014, Norte de Santander tiene un índice de pobreza multidimensional en área rural de 56%, Nariño de 44% y Putumayo del 42,9%. Pobreza y violencia son entonces el cado de cultivo de la coca.

A las tensiones sociales de la implementación del Acuerdo de Paz se suma el incremento de la violencia en Tumaco y la frontera colombo-ecuatoriana por causa de las operaciones militares de alias “Guacho”. A partir de las tensiones por la erradicación forzada de cultivos de coca que culminaron en octubre de 2017 con la muerte de al menos 8 campesinos en el corregimiento de Llorente, zona rural de Tumaco, se suma hoy la confirmación de la muerte de tres periodistas ecuatorianos del diario El Comercio. La violencia incrementa en la región ecuatoriana de Esmeraldas y nuevos elementos emergen, por una parte, la misión escalabriniana luego de su visita a terreno ha informado que probablemente el 70% de los hombres de alias “Guacho” son ecuatorianos y operan entre Nariño y Esmeraldas. Según el Censo de Población y Vivienda de 2010 de la INEC, 49% de la población de la región vive de la actividad agropecuaria sin embargo, 78,3% de la misma se encuentra en condiciones de pobreza según el Índice de Necesidades Básica Insatisfechas del mismo período. Del otro lado de la frontera pobreza y violencia se conjugan igualmente como caldo de cultivo de economías ilícitas.

En el marco de la lucha internacional contra las drogas tres países han encabezado el cultivo  de hoja de coca: Colombia, Perú y Bolivia. Según las cifras de seguimiento de la UNODC es posible notar que enfrentamos un problema transnacional, en los periodos durante los cuales se han logrado disminuir los cultivos de coca en Colombia han aumentado en Perú o Bolivia y viceversa y ahora la frontera colombo-ecuatoriana empieza a ser el centro de atención.

La política colombiana de reducción de cultivos ilícitos se enfrenta así a dos elementos estructurales, por una parte se trata de un problema transnacional, por otra parte son la pobreza y las acciones militares quienes trasladan los cultivos de coca de una región a otra sin aportar una solución definitiva pues, mientras las poblaciones rurales no tengan opciones de vida dignas, el cultivo de coca será la opción privilegiada. Es entonces pertinente que tanto el Gobierno Estadounidense como el Colombiano atiendan las recomendaciones de informes como el Counternarcotics Overview of U.S. Efforts in the Western Hemisphere donde se resalta que las soluciones “estables y duraderas” al problema de la coca se consiguen más través de “presencia civil” del Estado con vías, salud, educación y empleo que de la vía armada que potencialmente agravará el problema.

  1. United States Department of State. International Narcotics Control Strategy Report. Volume I Drug and Chemical Control March 2018. P 139.
  2. Ver: “Gobierno desconoce política antidrogas con proyecto que beneficia a cultivadores de coca: Fiscal” RCN Radio. 27 de Octubre de 2017. En: https://www.rcnradio.com/colombia/gobierno-desconoce-politica-antidrogas-con-proyecto-que-beneficiaria-a-cultivadores-de-coca-fiscal
  3. Ver: Gaceta del Congreso 83, miércoles 21 de marzo de 2018.
  4. Ver: Gaceta del Congreso 979, miércoles 25 de octubre de 2017.
  5. Ver: “Tribunal de paz: el fiscal no da su brazo a torcer” 7 de mayo de 2017. En: http://www.semana.com/nacion/articulo/nestor-humberto-martinez-en-la-corte-constitucional-en-audiencia-publica-de-la-jep/531297
  6. Cifras tomadas del informe: United States Government Accountability Office. Counternarcotics Overview of U.S. Efforts in the Western Hemisphere. October 2017.
  7. Cifras informe SIMCI UNODC entre 2006 y 2016 y DEA entre 1999 y 2005
  8. Ver: Vélez, Juanita, Duque, Tatiana. El proyecto ‘bloque sur’ de Gentil Duarte. La Silla Vacía. En: http://lasillavacia.com/silla-sur/el-proyecto-bloque-sur-de-gentil-duarte-65378
  9. Ver: Observatorio de seguimiento del Acuerdo de Paz OIAP. 2017: La Paz en Deuda. Enero 2018. https://oiap.co/2018/01/12/la-paz-en-deuda/
  10. World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files.