Camilo Galindo

* Camilo Galindo

Abogado de la Universidad Nacional de Colombia con estudios de maestría en derecho (perfil investigativo) de la misma institución y candidato a magister en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires. Se ha desempeñado como investigador y consultor en materia de derechos humanos en diversas ONG y agencias de cooperación internacional. Actualmente, es integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) en Argentina

Existen múltiples pruebas que relacionan a los servicios de inteligencia estatal con violaciones de derechos humanos. Un reciente documento de la Fiscalía General de la Nación, citado en algunos diarios, denuncia la existencia de patrones de actuación del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en los homicidios de líderes de la Unión Patriótica y la Alianza Democrática M-19 desde la década del 80. Esta agencia habría tenido una actuación determinante en la planeación y ejecución de estos crímenes, así como en el desvío de las investigaciones y ocultamiento de pruebas que la pudiera relacionar con las muertes.

La Red 07 de Inteligencia de la Armada también se vio involucrada en múltiples homicidios y desapariciones durante la primera parte de los 90 en el Magdalena Medio. Sindicalistas, y líderes políticos y comunales fueron ejecutados por integrantes de esta institución, así como sicarios contratados que operaban directamente desde sus instalaciones militares.

En las investigaciones por el homicidio del periodista Jaime Garzón, el profesor Alfredo Correa de Andréis y los ambientalistas Elsa Alvarado y Mario Calderón, se demostró la participación de inteligencia militar y el DAS en la planeación de las muertes. Su ejecución fue cometida de la mano de grupos paramilitares y, para el encubrimiento de la responsabilidad, se implementaron estrategias complejas que involucraron acciones fraudulentas y montajes judiciales para desviar las investigaciones.

La participación determinante de los servicios de inteligencia estatales en el asesinato de opositores y defensores de derechos humanos es, sin duda, de absoluta gravedad en un Estado de Derecho. Sin embargo, es solo la punta de una pirámide en donde la persecución a opositores, y líderes sociales y comunales se materializa a través un repertorio variado de prácticas ilegales que buscan la eliminación física, moral y social de las personas perseguidas.

En el expediente por las interceptaciones ilegales del DAS existen pruebas que demuestran que esta agencia lideró campañas de desprestigio contra organizaciones sociales que se oponían a las políticas del poder ejecutivo. Se crearon noticias falsas que circularon en medios de información masivos, se distribuyeron panfletos y volantes en manifestaciones públicas, y se diseñaron páginas web para atacar su labor. También se acudió a la presión para que cesaran sus acciones de denuncia y oposición. Se amenazó de muerte a sus familias y se chantajeó a las víctimas con información privada recaudada ilegalmente.

Los servicios de inteligencia también están involucrados en montajes judiciales contra líderes sociales y habitantes de zonas consideradas como de control subversivo. Algunos procesos judiciales son abiertos únicamente con base en informes de estas agencias (lo que está prohibido legalmente). También hay casos donde las personas que testifican en contra de los procesados son, en realidad, testigos falsos preparados por dichos servicios. En muchas ocasiones, el avance de estos procesos es posible porque las autoridades judiciales dan valor a estas pruebas a pesar de que conocen su ilegalidad.

En una operación de inteligencia este tipo de acciones (ilegales) coexisten, se complementan y se nutren entre ellas. Hacen parte de un repertorio al cual echar mano para perseguir. Sin embargo, los casos judicializados parecen centrarse en la violencia más grave: la letal. Como consecuencia, en aquellos en donde se investigan homicidios o desapariciones, las acciones de desprestigio y presión son excluidas del debate judicial. En procesos en los que no se investiga el aniquilamiento físico, parece imposible que el poder judicial le dé suficiente importancia a las acciones no letales.

En la eventualidad que los mecanismos de justicia transicional aborden este tipo de acciones ilegales es necesario dar cuenta de la complejidad que las rodea. Se debe asumir que son un abanico de opciones que han tenido los servicios de inteligencia para cumplir tareas de aniquilamiento físico, moral y social de personas perseguidas. El homicidio, las pruebas falsas y los rumores han sido solo herramientas para lograr un propósito