José David Copete

* José David Copete

Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, candidato a Magíster en Políticas Públicas de la misma universidad. Ha trabajado investigaciones relacionadas, principalmente, con política social y participación política juvenil. Es integrante del Grupo Interdisciplinario de Estudios Sociales y Políticos THESEUS. Actualmente se desempeña como docente universitario en la Universidad el Bosque y la Universidad Nacional de Colombia

La paz y el pan han constituido ejes gravitacionales de las luchas de los pueblos en contra de las dinámicas de desposesión y acumulación inherentes al despliegue de la relación social capitalista. Hace poco más de un siglo, en la Rusia zarista, los bolcheviques enarbolaron la reivindicación de paz, pan y tierra como elementos de síntesis de su propuesta para el pueblo ruso. En un contexto harto distinto, en marzo de 1982 en Argentina se produjo una gran movilización que en plena dictadura reivindicó paz, pan y trabajo para el pueblo argentino. Pero, ¿estas reivindicaciones son, acaso, cuestiones del siglo pasado?

En un contexto totalmente distinto al argentino y al de los bolcheviques, en Colombia la reivindicación de paz, pan y tierra se torna central para avanzar en el proceso de construcción de la paz con justicia social y las transformaciones sociales, políticas y económicas que le son inherentes. La situación actual de la región del Catatumbo evidencia, por un lado, la existencia de actores sociales y políticos que le han aportado al país y que son vitales para la democratización y la construcción de la paz estable y duradera y, por otro lado, la histórica renuencia del Estado colombiano a la hora de generar las acciones necesarias para que se superen la guerra y sus causas estructurales en los territorios.

 La histórica deuda con las poblaciones del Catatumbo.

Las dificultades que hoy experimentan las poblaciones del Catatumbo no son de reciente data, sino que hunden raíces en las dinámicas históricas de exclusión y vulneración de derechos. Vale la pena resaltar que, “a la gran mayoría los habitantes del Catatumbo se les ha negado el derecho de ejercer la ciudadanía plena. Factores como las carencias en la provisión de los servicios básicos sumadas a la concentración de la tierra, han agudizado su situación de marginalidad y exclusión.” (PNUD, 2014:9). La constante vulneración de derechos se ha conjugado con la existencia de un territorio rico en recursos naturales.

En este contexto, el abandono estatal se conjuga con la fuerte presencia de actores armados en las últimas décadas del siglo pasado. Ello va a incidir profundamente en la vida de las poblaciones, pues “la ausencia de oportunidades y la violencia propiciada por distintos actores que se disputan las economías lícitas e ilícitas son causas de recurrentes violaciones de derechos humanos de los catatumberos.” (PNUD, 2014:9). Las poblaciones han sido sitiadas y las posibilidades de ejercicio de sus derechos han estado limitadas por la violencia y la sobreexplotación del territorio en detrimento de las poblaciones y del territorio mismo.

Entonces, la intervención estatal no ha estado enfocada en la superación de las gravosas condiciones que la guerra, las dinámicas de las economías ilícitas y la exclusión social han generado en la vida de las poblaciones del Catatumbo. Muy en contravía de ello, desde una perspectiva de estigmatización y criminalización del campesinado, la intervención estatal se ha caracterizado por un tratamiento militar de problemas cuya resolución pasa por reconfiguraciones políticas y económicas en la región. Lo importante es que el campesinado no se ha cruzado de brazos en espera de la acertada intervención estatal, sino que ha generado mecanismos sociales y políticos que han permitido construir una comunidad campesina cohesionada en torno a un proyecto social y político para su territorio.

La región del Catatumbo, como una cantidad importante de territorios de nuestro país, evidencia que el pan y la tierra son elementos centrales para que se superen las dinámicas que han ido aparejadas al despliegue de la guerra. Con los actuales niveles de concentración del ingreso, de las tierras y con la pobreza persistente no pueden generarse dinámicas tendientes a construir la paz.

Las comunidades y su potencialidad en la construcción de la paz.  

En medio del cruento conflicto armado y con la presencia de distintos actores armados por captura de rentas en los territorios, las poblaciones que dan vida a los territorios del Catatumbo han vivido toda serie de atropellos y persecución por parte de los actores armados y de la institucionalidad misma. Pero antes que doblegarse o desprenderse de su proyección social y política del territorio, han generado esfuerzos organizativos que dan cuenta de las potencialidades democráticas de las comunidades a la hora de gobernar sus territorios, generando escenarios de gran valía a la hora de construir la paz territorial.

Desde diversas organizaciones y comunidades se han planteado mecanismos de salvaguarda de los territorios, poniendo de presente la voluntad expresa de reconfigurar la relación existente entre las poblaciones y sus territorios, dando lugar a una perspectiva de gobierno comunitario de los mismos. En este marco, las comunidades han asumido los lineamientos constitucionales, generando mecanismos que tienen sustento legal como las Zonas de reserva Forestal y las Zonas de Reserva Campesina. Por cuestión de espacio, de las múltiples y valiosas propuestas que coinciden en el Catatumbo, en aras de dar cuenta de la paz y de la negligencia estatal, se traerá a colación, brevemente, la experiencia de la lucha por la ZRCC desplegada por la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).

Desde su creación, en el año 2005, en el marco de un refugio humanitario frente a dinámicas de desplazamiento forzado de la población campesina, Ascamcat ha hecho frente a las gravosas implicaciones de la guerra para las poblaciones del Catatumbo. Desde su fundación, se asume que la organización condensa “una propuesta asociativa de reconstrucción del tejido social que permita generar condiciones de vida digna y desarrollo para los catatumberos, quienes nos hemos vuelto a encontrar e integrar en torno a la defensa y permanencia en el territorio” (Agencia Prensa Rural 2018). Esta perspectiva ha estado presente en la generación de los escenarios de participación política, proyección del territorio y movilización social que se han llevado a cabo por la asociación.

En un contexto signado por la violencia y la persecución, desde Ascamcat se han generado espacios de movilización y protesta social que se enmarcan en la reivindicación de la ZRCC como condensación del proyecto político del campesinado catatumbero. En el año 2009 se genera un refugio humanitario “por la vida, la dignidad, la tenencia de la tierra y la permanencia en el territorio como una forma de protección y prevención al desplazamiento forzado, y de los derechos fundamentales.” (Carvajal 2016:32) Ante el masivo desplazamiento forzado y las constantes vulneraciones de los derechos de las poblaciones, se desarrollaron escenarios de reflexión colectiva que derivaron en fortalecimiento interno de la organización y el establecimiento de relaciones con el gobierno.

Del refugio se van a desprender dos escenarios fundamentales: por un lado, el campesinado asume como necesaria la configuración de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo (ZRCC) y, por otro lado, tiene lugar el establecimiento de la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA) con el gobierno nacional. La activación de la MIA generó acuerdos en términos de las condiciones de vida y las actividades económicas del campesinado catatumbero, con el objetivo de que lo acordado se cumpliera. Entonces, desde el 2009 el campesinado se da a la tarea de configurar el Plan de Desarrollo Sostenible para constituir la ZRCC, presentando el documento en Bucaramanga en el 2012.

Para el 2013 los incumplimientos del Estado respecto de lo pactado en la MIA en el 2009 se conjugaron con la dilatación del gobierno en la configuración de la ZRCC y con una agresiva campaña de erradicación de cultivos de uso ilícito que desconocía los derechos de las poblaciones. En este contexto las comunidades llevan a cabo un paro de 53 días, entre junio y agosto del 2013. El paro fortaleció el tejido comunitario, robusteciendo los vínculos del campesinado catatumbero y ratificando la necesidad de configurar la ZRCC como mecanismo de salvaguardia y de gobierno del territorio por parte de las comunidades. Es más, después del paro, en el 2014 se configura la Guardia Campesina como mecanismo comunitario de protección y defensa pacífica del territorio.

En los últimos meses se ha intensificado la violencia en el Catatumbo. Las amenazas, intentos de homicidio y la muerte de dirigentes sociales de la región ha estado a la orden del día. Se habla de una cifra aproximada de 9500 personas desplazadas por la violencia (Caracol radio). La violencia que hoy sufre la población campesina nos enfrenta a la presencia de actores armados que afectan la vida de las poblaciones y a la incapacidad del Estado.

El incumplimiento de acuerdos como impronta estatal.

Un elemento que evidencia semejanzas entre lo acecido en el Catatumbo y la dinámica política nacional es el nulo valor que el Estado colombiano le asigna a los acuerdos a los que llega con actores sociales y políticos. Así como en el 2017 la institucionalidad estatal se encargó de torpedear, desde distintos flancos, la implementación de lo acordado en La Habana, en múltiples ocasiones el gobierno ha incumplido los acuerdos a los que ha llegado con la población campesina del Catatumbo. El proceso de negociación que se generó en el marco del paro campesino del 2013 evidenció la dinámica de incumplimiento por parte del Estado. Lo que se tenía que resolver en la MIA no era algo que hubiese emergido hace meses, sino que “se trata de los mismos problemas que el gobierno se comprometió a resolver cuando esta (la MIA) se estableció, el 28 y 29 de agosto de 2009, ya que los acuerdos nunca se cumplieron.” (Cruz, 2017:14-15).

Esta impronta de incumplimiento, que denota irresponsabilidad e irrespeto por las comunidades, tiende a consolidarse desde la institucionalidad política colombiana. Tanto para las poblaciones del Catatumbo como para las mayorías colombianas los próximos años suponen retos de gran calado, cuando a la construcción de la paz nos referimos. El legislativo que resultó electo en marzo denota, con algunos matices, cierta continuidad respecto del legislativo actual y su pusilanimidad a la hora de cumplir con los acuerdos de La Habana y de, en últimas, generar acciones orientadas a romper el hermanamiento entre violencia y política en nuestro país.

El último cartucho institucional se quema en mayo. Si se confirma el nefasto panorama que se delineó en marzo, los próximos cuatro años van a estar marcados por el incumplimiento de la institucionalidad respecto del derecho a la paz que tenemos los colombianos. Entonces, con la perspectiva de avanzar institucionalmente en los próximos años, es necesario valorar el gran aporte de las luchas y, en este caso, de las dinamizadas en el Catatumbo. Si desde la política institucional se sigue incumpliendo con la paz, las comunidades y la ciudadanía en general debemos seguir dando la pelea.

En este contexto, las valiosas luchas desplegadas por el campesinado catatumbero y el proyecto político que han condensado, permiten poner de presente que hoy en Colombia paz, pan, y tierra son reivindicaciones totalmente pertinentes y que deben estar en el centro de la discusión y la proyección política de nuestro país.


 Referencias.

-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2014). Catatumbo: análisis de conflictividades y construcción de paz. Bogotá.

-Carvajal, Camila. (2016). Lecturas regionales en clave de Paz. Región del Catatumbo. Bogotá, Redprodepaz. Recuperado de http://redprodepaz.org.co/sabemos-como/wp-content/uploads/2016/06/Lectura-territorial-Catatumbo.pdf

-Cruz, Edwin. (2017). La protesta campesina en el Catatumbo (2013). Un análisis sociopolítico. En Mundo Agrario. Vol. 18. Nº 39. Recuperado en http://www.scielo.org.ar/pdf/magr/v18n39/v18n39a11.pdf