César Giraldo

* César Giraldo

Docente de la Universidad Nacional de Colombia. Doctorado en Economía, Universidad París 13. Profesor investigador sobre los temas sociales, actualmente se encuentra trabajando sobre la Economía Popular y, en este momento, realiza una investigación sobre la Venta Callejera en la localidad de Suba (Bogotá). Experto en Protección Social, Finanzas Públicas y Política Social

A raíz del informe de la Comisión del Gasto y la Inversión Pública1, el tema del recorte del gasto público ha estado presente en el debate electoral. El gobierno, a su vez, hace referencia a la “austeridad inteligente”, invocándola para ajustar el Presupuesto Público, el cual ha reducido su participación en el PIB en los últimos cuatro años.

En la presentación del informe de la Comisión, el pasado 17 de abril, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos2, señaló que el recorte del gasto ha permitido obtener la confianza de los inversionistas. Entre más se disminuya el gasto público más confianza se genera en los inversionistas financieros, exceptuando, claro está, la disminución de los intereses de la deuda pública, como está suscrito en los acuerdos firmados con el FMI y que hoy están vigentes.

Se trata de recortar todo el gasto que no afecte las ganancias de los inversionistas nacionales y extranjeros. Es por esto que en vez de hablar de déficit fiscal ahora se hace referencia al “superávit primario”, que es el déficit fiscal pero sin contabilizar como gasto los intereses de la deuda. Se trata de recortar todos los gastos menos lo intereses.

El Presidente invocó el principio de la “responsabilidad fiscal”, que fue introducido en la Constitución Política, al cual le dio un profundo sentido “moral, filosófico”, y que se perfeccionó con la llamada “regla fiscal”. Su argumento fue que el gasto social tiene un límite, y ese límite son las disponibilidades presupuestales.

El diagnóstico de la tecnocracia económica que se ocupa de estos temas es que el gasto social se ha disparado, por varios motivos, de los que se pueden mencionar, en primer lugar, el activismo fiscal de las Cortes, que, por ejemplo, fallan alegremente tutelas de salud. En segundo lugar, las inflexibilidades presupuestales, donde se destacan las transferencias a los gobiernos locales para educación, salud, saneamiento básico y agua potable. En tercer lugar, los subsidios, entre ellos, los del sistema público de pensiones, y los programas de asistencia social que se vuelven permanentes y no son evaluados.

En otras palabras, es el gasto social el causante del desorden fiscal, y eso está implícito en el informe de la Comisión, así como en todas las exposiciones de motivos de las leyes relacionadas con la responsabilidad fiscal. Y como lo señaló el presidente en la presentación: “la responsabilidad fiscal es una condición necesaria para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

Es por esto que la tecnocracia y las autoridades económicas (porque son quienes dirigen la economía quienes se encargan de lo social, y no al revés) nos sentencian que el gasto social debe ser limitado, y como los recursos son escasos deben ser focalizados hacia los más débiles, es decir, los pobres. Un corolario que se desprende de lo anterior es que quien no sea pobre debe ir al mercado a comprar los bienes sociales, porque si recibe un subsidio del Estado, ello sería regresivo.

De manera que los derechos sociales no pueden ser universales, sólo el fracaso social es lo que justifica la gratuidad en la prestación social. Esto es lo que Bustelo (1998) llamó la “ciudadanía asistida” (aquí también se llamará ciudadanía invertida) porque es el fracaso social lo que determina la gratuidad de los bienes sociales. Se trata de construir un contrato social con los fracasados sociales. Quienes sean ciudadanos plenos deben ir al mercado y comprar sus prestaciones sociales. Hay que repetir lo que nos dijo nuestro Presidente: se trata de una cuestión “moral y filosófica”.

Se acusa a los sectores sociales que han logrado derechos sociales, en especial los trabajadores formales con acceso a la seguridad social, de ser sectores privilegiados. A los derechos los terminan llamando privilegios de los sectores que logran mayor representación política, como por ejemplo poderse sindicalizar. Mientras que por otra parte se señala que la política social focalizada busca representar a los sectores que no han tenido voz. Esta es la cruzada del Banco Mundial recogida en el estudio (Narayan, 2000), conocido con el nombre redentor de “la voz de los pobres”.

Sobre los subsidios sociales, el informe de la Comisión hace referencia al proyecto de ley 186 del 2016 (del Senado)3, que en este momento cursa en el Congreso, donde el subsidio se define como “una transferencia de recursos públicos, que le otorga un beneficio económico a un individuo o a una empresa, persona natural o jurídica ” (pg. 78). Y agrega que los subsidios sociales aparecen como donativos que se le hacen a las personas y con ellos se “busca garantizar que los recursos públicos destinados a subsidios sociales lleguen a personas naturales con menor capacidad económica” (pg. 15), en este caso, a los pobres.

Pero no se trata de donativos: los subsidios sociales que se les transfiere a la sociedad vienen de los pagos que esa misma sociedad le hace al Estado a través de los impuestos. Por ejemplo, ¿es un donativo lo que se da a los adultos mayores en el llamado programa Colombia Mayor? Son sesenta y cinco mil pesos mensuales en promedio. ¿Eso se puede llamar una pensión no contributiva (pg. 22 del informe) cuando lo que reciben es poco menos de lo que vale una bolsa de leche diaria? Son personas que se envejecieron entregando la vida a la sociedad para que pudiéramos disponer de alimentos (en el caso de los campesinos), o de servicios esenciales (sin los que no podríamos vivir) en el caso de los trabajadores urbanos informales.

Eso no es un subsidio: es una migaja que se le da a personas que una vez la sociedad usufructuó y que ahora los abandona a una vejez miserable. Mucho menos es un donativo el gasto en educación y salud: son derechos sociales, son obligaciones del Estado con los ciudadanos, las cuales, a su vez, generan la obligación de los ciudadanos de pagarle los impuestos al Estado. Se trata de un contrato social.

Pero el contrato social está roto. La mayoría de los trabajadores deben ejercer su actividad económica en la informalidad, sin acceso a derechos sociales. Y el Estado en vez de darles reconocimiento, los califica de ilegales y los criminaliza. Por ese camino estamos destruyendo la sociedad.


Referencias Bibliográficas

Bustelo, E. (1998). Expansión de la ciudadanía y construcción democrática. En Bustelo Minujin (Ed.), Todos entran. Propuesta Para sociedades excluyentes. Bogotá, Colombia: UNICEF – Colección Cuadernos de Debate.

Narayan, D. (2000). La voz de los pobres: ¿Hay alguien que nos escuche?. Madrid – Barcelona – México: Mundi-Prensa.

 

  1. Las referencias al respecto se harán sobre el “Resumen Ejecutivo de la Comisión del Gasto y la Inversión Pública”. Fedesarrollo, 22 de diciembre del 2017, Bogotá. https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/resumenejecutivo605pm221217lm.pdf
  2. https://www.youtube.com/watch?v=537MckpJSl0
  3. http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2016%20-%202017/PL%20186-16%20Exposicion%20de%20motivos%20OL%20Subsidios.pdf