El pasado 21 de mayo, día de la afrocolombianidad en Colombia, se conmemoraron 167 años de la abolición de la esclavitud en nuestro país. Del mismo modo, el próximo 27 de agosto se cumplirán 25 años tras la promulgación de la Ley 70 de 1993 —o ley de comunidades negras— por la cual se reconoce a algunos grupos de población afrodescendiente derechos étnicos y territoriales diferenciales como parte de la diversidad social y cultural del país. Sin embargo, la participación, el reconocimiento y acceso a la justicia de las comunidades negras como sujetos políticos en lugares distintos al Pacífico plantea múltiples desafíos en términos de acceso y reconocimiento de los derechos colectivos.

La construcción de ciudadanías multiculturales alrededor de lo negro ha planteado una resemantización de la participación de la gente negra y de sus trayectorias de participación política en los escenarios locales y nacionales. Esto fundamentalmente porque el reconocimiento político de la gente negra en Colombia ha sido parcial y espacialmente delimitado a las áreas del Pacífico rural colombiano y del Caribe insular, mientras el grueso de la población afrodescendiente en Colombia se encuentra ampliamente distribuida en diversas zonas y geografías del país. Algunos de ellos se encuentran en zonas rurales del país con condiciones similares a las del Pacífico en términos de marginalización, pero en diferentes condiciones en cuanto a las formas de tenencia y acceso a la propiedad de la tierra. No obstante, el grueso de la población afrodescendiente en Colombia vive en ciudades principales como Bogotá, Medellín, Cali, Buenaventura, Barranquilla y Santa Marta, donde existen colonias de afrodescendientes procedentes de diversos lugares del país igualmente conectados con muchas de las dinámicas urbanas-rurales a través de las relaciones y redes familiares extensas.

En lugares referentes como el norte del departamento del Cauca, las organizaciones y movilizaciones de gente negra vienen luchando por superar el reconocimiento desigual que ha habido en Colombia en términos de sus lugares y dinámicas como pueblos afro. En varios municipios de este departamento, se reúne una presencia marcada y significativa de población afrodescendiente, cuya titulación colectiva en términos formales hoy es de cero hectáreas en contraste con las hectáreas tituladas o en proceso de titulación colectiva a consejos comunitarios del Pacífico. Esto en parte por las particularidades y dificultades que contempla un contexto como éste, en el cual la gente negra ha pasado de ser campesina y agricultora a ser poblaciones urbanas desplazadas por la agroindustria, barridas por la violencia paramilitar y la acumulación de tierras para el capital. La mixtura de sus trayectorias políticas —y en parte los límites promovidos por las políticas de la diferencia, el giro multiculturalista y la fragmentación social promovida por las mismas— ha develado la necesidad última de reivindicar su condición como pueblo a través del reconocimiento propio como afrodescendientes y como gente negra.

A partir de esta nueva forma de identificación/representación es posible pensarse un giro hacia la subjetivación política de lo negro. En este caso las comunidades negras han optado por propiciar la convergencia de sus procesos políticos y organizativos en la consolidación de las figuras étnico-territoriales a través de consejos comunitarios. Estos han asumido la gestión de los recursos y las políticas públicas que anteriormente tenían manejo a través de la representación democrática o las juntas de acción comunal.

¿Condiciones de invisibilidad? Comunidades negras del norte del Cauca y valles interandinos

Durante finales del siglo XIX y primera mitad del XX, la población libre buscó estrategias para permanecer en los lugares que había habitado, trabajando como población libre para sus antiguos amos. Ahorrar para pagar a los terratenientes fue una de las maneras de garantizar el acceso a tierras y a lugares de cultivo. Debido a este alto esfuerzo por hacerse a dueños de la tierra, la gente negra que aún dedica buena parte de sus tierras a la agricultura no ve con buena cara la idea de la titulación colectiva puesto que, aunque muchas de sus estas tierras son de título o posesión familiar, la renuncia a la propiedad privada confronta sus dinámicas históricas de poblamiento y acceso a tierras a través de la compra colectiva, individual y la herencia familiar que ha costado sangre y esfuerzo por parte del campesinado negro.

Vulnerabilidad histórica de la región desplazamiento por el capital y los actores armados

En 1954 fue creada la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) por iniciativa de varios políticos e industriales cañeros para controlar los desbordamientos del río Cauca1. Este proyecto de transformación del valle dio inicio, en los años ochenta, a la construcción del embalse de la Salvajina terminado en el año 1986 en el municipio de Suárez, Cauca. El embalse fue construido por el Estado bajo la excusa de mejorar la productividad agrícola del Valle, regulando las crecidas del río con el fin de ampliar la disponibilidad de terrenos cultivables; se argumentó, además, que el proyecto generaría empleo en la región y la hidroeléctrica serviría para proveer el servicio eléctrico, impulsar el turismo, incidir indirectamente en mejoras viales y contribuir al desarrollo de la región. Contrario al escenario planteado, el control sobre las aguas del río Cauca y la regulación de las inundaciones terminó favoreciendo intereses económicos distintos. Por un lado, la regulación del cauce facilitó la acumulación extensiva de tierras a terratenientes y hacendados. Por otro, la pérdida de humedales y madres viejas afectó la economía de las fincas de los campesinos, redujo la fertilidad y la calidad de la tierra, y, por último, este mismo factor incidió en el desplazamiento y la venta de tierras de muchos campesinos.

Finalmente, fue el gremio de empresarios y la élite vallecaucana dueña de los grandes ingenios cañeros –hoy electores de la derecha uribista- quienes se beneficiaron directamente de la compra y alquiler de las ‘desvalorizadas’ tierras del campesinado negro. Para finales del siglo XX la cuenca media del río Cauca fue ocupada cada vez más por los ingenios azucareros. Un proceso hasta ahora poco regulado. Esta expansión ha ido despojando y retrayendo aún más el lugar que habían ocupado los campesinos de la zona plana del norte del Cauca.

Paz y territorios de comunidades negras

En el actual panorama político del posconflicto, además de algunas posibilidades deshechas en el camino, han surgido limitaciones a la participación de las comunidades negras y étnicas de las zonas más afectadas por el conflicto armado. Por ejemplo, la falta de apoyo a las circunscripciones especiales de paz, el recorte a la investigación sobre la responsabilidad de terceros en la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP, y la ilegitimidad ante el CNE de las campañas inscritas por consejos comunitarios a los comicios legislativos de marzo, puesto que no cuentan con una inscripción formal en el registro único del ministerio del interior necesario para que las candidaturas inscritas por los consejos comunitarios fueran reconocidas como legales.

La actual invisibilización política de las organizaciones y procesos de consejos comunitarios, al igual que los riesgos de una tímida cohesión interna alrededor de propuestas políticas de reivindicación social para la gente negra, tienen como consecuencia directa el cobro de los ‘avales’ partidistas y la inclusión por cuotas pese a que en realidad son deudas históricas.

En el norte del Cauca las organizaciones de comunidades negras, indistintamente de estar formalmente reconocidas o no, se posicionan como importantes actores políticos en la implementación de los acuerdos de paz con las FARC y en el escenario actual del posconflicto. En algunos de los municipios mencionados, la apropiación de las organizaciones de consejo comunitario se relaciona directamente con los procesos extractivos recientes, amenazas y situaciones de conflicto que derivaron en la apropiación de nuevos elementos de subjetivación política.

Participación política electoral, liberalismo popular, ciudadanía y democracia

La participación de la gente negra ha agrupado distintos escenarios y formas de acción y movilización política. En el Cauca dicha participación ha estado sujeta a dinámicas de organizaciones sindicales, del movimiento campesino agrario e históricamente al ejercicio político electoral regional y nacional. En el pasado los impulsos de movilización y adscripción electoral de la gente negra fueron hacia el liberalismo y el proyecto republicano. En este contexto la gente negra en el suroccidente colombiano contribuyó a la conformación de un liberalismo popular articulado principalmente a los ideales acogidos por el entonces naciente partido liberal bajo promesas de igualdad y democracia ciudadana. Lo que muestran los resultados electorales del pasado domingo en las presidenciales, pero yendo solo un poco más atrás a los comicios legislativos de marzo, también la pérdida de la circunscripción especial afro de la lideresa comunitaria Francia Márquez, es que estas ideas antiguas pero claras de libertad a través de la participación democrática están siendo frenadas por el pago de tributo a las élites políticas. A pesar de las reveladoras cifras que muestran el fracaso de las estructuras y la maquinaria clientelista, Vargas Lleras, el candidato del gobierno y de la clase política dirigente, logró una importante votación en varios municipios del norte y del Pacífico Caucano.

Hoy la participación política de las comunidades negras se sigue movilizando en distintos frentes, aun en medio de las condiciones históricas de desigualdad e injusticia social producto de la esclavización, el colonialismo, la exclusión y el haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos, que además han sido afectados gravemente por el conflicto armado interno como recientemente fue reconocido en el capítulo étnico de los acuerdos de paz2.

Estas condiciones han sido aprovechadas por los políticos tradicionales y las redes partidistas de turno para comprometer a la población negra en épocas de campaña. En términos electorales, la participación política de la gente negra se debate entre la búsqueda de autonomía y de un horizonte político como pueblo, desde una visión territorial, y la influencia histórica de las estructuras clientelistas y de partidos de la región que han perpetuado las condiciones de desigualdad a través de ahogados esfuerzos en la gestión pública de democratizar el acceso a derechos básicos insatisfechos de estas poblaciones en la ruralidad.

Es un reto urgente para tal propósito desmarcarse de la sujeción de las estructuras clientelistas y empezar a luchar desde una visión que recoja el proyecto político y las dimensiones territoriales de la gente negra en su diversidad. Encontrar caminos para dar lugar a la articulación política del movimiento afro, superar la dispersión y consolidarse como un sector social importante y decisorio en el futuro del país, de la reconciliación y de la transformación económica que lleven a repensar alianzas y alternativas a las amenazas y flagelos del extractivismo agroindustrial y minero.

___________________________________

  • Alejandra Ramírez Saavedra es Antropóloga de la Universidad del Cauca. Investigadora y activista de Mujeres Diversas y paz. Los temas de investigación sobre los que ha trabajado son: extractivismo, género y dinámicas territoriales de comunidades negras.

  1. Los antecedentes de esta corporación se remontan a la década de 1930 en la cual se llevaron a cabo estudios e iniciativas apoyadas por investigadores del Banco Mundial para replicar el modelo de la Tennessee Valley Authority.
  2. Punto 6.1.12 del Acuerdo Final de Paz