Hace unos días la revista Semana en su aparte de Confidenciales publicó la noticia según la cual los compradores de finca raíz en Colombia están condicionando el perfeccionamiento de sus contratos de compra venta al resultado de las elecciones presidenciales1. La denominada “cláusula Petro” es entonces una cláusula resolutiva que los particulares, en uso de su autonomía privada, estarían incluyendo en los contratos realizados durante el periodo preelectoral para limitar los riesgos económicos que suponen traería la llegada de Gustavo Petro a la presidencia.

La veracidad de esta información ya fue duramente criticada por la columnista Catalina Uribe en El Espectador2. Al tiempo que adherimos a la crítica periodística –pues se trata de una noticia sin soporte material o investigativo–, consideramos que la difusión de este tipo de información anima a los ciudadanos a banalizar prácticas cuya legalidad, conveniencia y efectos en el contexto político que vivimos merecen una reflexión jurídica.

La autonomía privada es uno de los pilares del Estado Liberal y del derecho privado, ya que faculta a los particulares a regular sus intereses con efecto vinculante. Este principio supone que el ordenamiento jurídico debe garantizar un amplio margen de libertad a los particulares para el ejercicio de su voluntad. Sin embargo, dicha autonomía no otorga una facultad absoluta. En efecto, su ejercicio está limitado por otros principios fundamentales del derecho como la buena fe, la igualdad, la moral, las buenas costumbres, la solidaridad, además del orden público.

La “cláusula Petro”, sea veraz o no, se apoya en el postulado de que el candidato presidencial limitará la seguridad jurídica de la propiedad privada por medio de la expropiación. Sin embargo, tres objeciones pueden hacerse a este argumento: 1) la expropiación legal es una figura jurídica común en el derecho comparado, utilizada por razones de utilidad pública o interés social, y hace parte del derecho colombiano; 2) el candidato ha precisado varias veces el alcance de las afirmaciones que refiere su programa de gobierno en lo relativo a la función social de la propiedad privada, concepto que no es nuevo y que se encuentra determinado en nuestra Constitución; 3) no se tiene conocimiento de la utilización arbitraria de dicha figura jurídica por parte del hoy candidato cuando estuvo al frente de la Alcaldía de Bogotá.

Cláusulas contractuales como ésta pueden disfrazar un intento por influir en el ejercicio libre de los ciudadanos de elegir la que consideren su mejor opción política. Se trataría, en esos términos, de una cláusula abusiva y, por lo tanto, ilegal. El ejercicio de la autonomía privada no puede ser pretexto para prever consecuencias jurídicas desfavorables a quienes en las mismas condiciones de riesgo están interactuando en la esfera privada. Nadie está obligado a comprometer su voluntad en el ámbito contractual. Asimismo, nadie está autorizado a supeditar la libertad contractual de los demás en función de cálculos políticos, validando además comportamientos dudosos que desde el ámbito privado estarían generando desequilibrio en las relaciones contractuales y arriesgando principios constitucionales y democráticos fundamentales.

Si bien es cierto que es legítima la preocupación por la estabilidad económica y jurídica de la nación en momentos de gran incertidumbre política, consideramos que no es mediante artificios jurídicos tendenciosos que se debe hacer frente a dicha realidad. La principal preocupación de los juristas y ciudadanos debería ser la permanencia de los principios fundamentales establecidos en nuestra carta política después de los resultados electorales. Lo anterior ya que nuestra Constitución no cuenta con “clausulas pétreas” o inamovibles, es decir, su contenido no estaría a salvo de una contrarreforma política liderada por un candidato de marcada tendencia conservadora, que promete grandes retrocesos políticos e institucionales  y cuyo gobierno carecería de contrapesos efectivos. Un presidente con posibilidades de concentrar los poderes públicos es una real amenaza a las garantías constitucionales que con grandes esfuerzos políticos, jurisprudenciales y doctrinales han sido logradas en Colombia desde la constitución del 91.

En la coyuntura política que se avecina, consideramos igualmente preocupantes tanto el desconocimiento de la falta de cláusulas pétreas constitucionales en Colombia como la banalización de chantajes contractuales como la “cláusula Petro”. Los riesgos políticos en una sociedad tan desigual como la colombiana son mayores cuando los ciudadanos –y en particular los juristas– tienden a privilegiar la defensa de los intereses particulares minoritarios. Más allá de las conjeturas relativas a la seguridad patrimonial de los propietarios de finca raíz en Colombia, la reivindicación principal que todo ciudadano debería defender es la de la preservacion de los principios fundacionales reflejados en la Constitución Política. Finalmente, es dentro de ese marco de proteccion y garantia del bien común, de protección y promoción del interés general, que una mayor autonomía privada puede ser ejercida.

 


 

*Cielo E. Rusinque Urrego y Juan Manuel Hernandez Velez, candidatos a doctorado en derecho en la Universidad Paris II-Panthéon Assas.

 

  1. https://www.semana.com/confidenciales/articulo/la-clausula-petro/569119.
  2. https://www.elespectador.com/opinion/sobre-la-clausula-petro-columna-791627.