Joanna Castro

* Joanna Castro

Antropóloga Social de la Universidad de Estocolmo. Máster en Antropología Política (Universidad de Estocolmo) y en Estudios de Paz y Conflicto (Universidad de Uppsala, 2016) con tesis sobre la participación de las diásporas en las comisiones de la verdad de sus países de orígen. Ha trabajado en temas de violencia de género y participación política de la mujer. Ha publicado el estudio: ”Situación de la Violencia contra la Mujer en las Comisarías de Familia de Cali (2013). Actualmente secretaria política en el Partido de Izquierda en Suecia, miembro de la Comisión Antirasista del partido. Candidata al parlamento en las elecciones de septiembre 2018. Trabaja temas de construcción de paz, cooperación internacional, antirasisimo, diásporas/migración y desigualdad económica. Twitter: e_joanna

– “A usted, doctor Caicedo, se le acusa se estar enriqueciéndose a costa de los demás” se cuenta que le dijo un juez al señor Hernando Caicedo, abogado vallecaucano y primer empresario del azúcar en Colombia, fundador del ingenio Río Paila y de la empresa Colombina. A lo cual Caicedo respondió:

-“¡No conozco todavía el primero que se haya enriquecido a costa de sí mismo!

 

Esta anécdota es relatada en el ensayo Las iras del azúcar: la huelga de 1976 en el Ingenio Riopaila (2007) del historiador Ricardo Sánchez Angel.  El autor hace un recorrido histórico sobre cómo el Valle del Cauca, a través de violencia y expropiación por parte de terratenientes, va consolidándose como el primer departamento productor de azúcar. Paralelamente, el ensayo cuenta la historia de las resistencias a ese tipo de “desarrollo”. Como, por ejemplo, la gran marcha del azúcar del 1959,  las numerosas huelgas y sindicatos de corteros de caña que se formaron en la década del 50 y 60 y, claro, la huelga del 1976. El “desarrollo” prometido por los dueños de ingenios nunca alcanzó a los que a través de su trabajo malpago producían las ganancias. Al contrario, en el año 2007, cuando el ensayo fue escrito, los corteros de caña una vez más le mostraban al país las miserables condiciones laborales en las llamadas Cooperativas de Trabajo Asociado —que, en algunos estudios, es vista como una flexibilización de carácter salvaje en un contexto de ganancias récord para los ingenios1—. Los dueños de ingenio seguían enriqueciéndose, en desmesura, a costa de otros.

 

Con la elección de Alberto Carrasquilla como asesor del programa económico de Iván Duque y su coordinador del equipo de empalme, el mensaje es muy claro: el conflicto de clases, la guerra frontal contra los y las trabajadoras de Colombia, continúa y probablemente se recrudezca. Ese mismo conflicto de clases que las élites y los políticos tradicionales se empeñaban en reducir a un odio sin sentido que Gustavo Petro quería incentivar o inventarse.

 

La vida laboral colombiana es una de explotación y fuente de inseguridad e incertidumbre. Vale también para aquellos colombianos “profesionales” que teniendo educación formal universitaria piensan que no pertenecen a la denominada  “clase trabajadora”.  Contratos de cinco, seis meses que pueden o no ser renovados. Vacaciones no pagas, es decir, no vacaciones. Salarios muy bajos para unas condiciones que exigen largos días laborales, incluído sábados y una total lealtad a la empresa o jefe (si no por otra cosa, por conseguir la renovación del contrato). Y el hecho de que no se espera que la situación mejore con la jubilación. Osea, muchos no logran ver la luz al final del túnel. En medio de estas condiciones se espera que el trabajador afine constantemente sus conocimientos y estudie nuevos diplomados, eduque una familia y tenga tiempo para sus hijos, construya un proyecto de vida. Una ecuación imposible.

 

El nuevo presidente es aconsejado y asesorado por un Carrasquilla que ya fue ministro de Hacienda y tuvo la gran oportunidad de implementar las políticas públicas que quiso durante cuatro años (2003-2007). En ese entonces, como ministro de Hacienda, conoció de los desvíos y operaciones ilícitas de Interbolsa sin tomar medidas sobre el asunto2. Analistas lo definen como un “defensor radical del mercado como mecanismo para enfrentar contingencias económicas”3. En sus columnas se intuye su pensamiento económico: ha argumentado a favor de “ampliar de manera radical la base gravable del IVA”4, es decir, subir el IVA y/o gravar artículos o servicios exentos, y al mismo tiempo argumenta por reducir los impuestos a la inversión y la riqueza. De una de las figuras que admira, Lee Kuan Yew de Singapore destaca que  “rápidamente impone […] la propiedad privada como eje fundamental del desarrollo, el inglés, el mercado libre y la globalización como herramientas de la unidad nacional, la responsabilidad individual (incluyendo el ahorro forzoso en cuentas individuales para vivienda, salud y pensiones) como instrumento operativo y el respeto a la autoridad y a la ley como modo de vida”5. Sin una reflexión acerca de que el modelo de Lee, de hecho, incluía más intervención estatal en la economía como, por ejemplo viviendas subsidiadas por el Estado e  inversión en educación e infraestructura. Por otro lado, “el respeto a la autoridad y a la ley como modo de vida”, Lee los dió a conocer como Asian Values(valores asiáticos) y significaba en la práctica el repudio al pensamiento crítico y un alto nivel de control social y político de la población. Quiere decir que la liberalización de la economía, con cierta intervención estatal para atraer los inversionistas con una fuerza de trabajo altamente calificada y que dominaba el inglés, iba de la mano con una censura de la libertad de pensamiento, de expresión y de crítica para la misma población. Contrario a lo que se dió en los países que implementaron el modelo del Estado de Bienestar que crecieron económicamente, alzaron el nivel de vida de su población sin coartar su libertad de pensamiento y expresión. A estos últimos Carrasquilla los critica en el mismo artículo.

 

De todo lo que Carrasquilla ha dicho, a juzgar por lo que es compartido en redes sociales, a la gente se le quedó en la memoria su propuesta de hace unos años de bajar el salario mínimo. Hecho entendible pues afecta directamente el bolsillo de trabajadores y profesionales. Según lo dice su defensora Vanessa Vallejo6, sería bueno que eliminara de una vez el salario mínimo para que las empresas puedan contratar gente por menos dinero o no despedir gente cuando no puedan pagar el salario mínimo. El argumento es que una masa de trabajadores están condenados a la indigencia si el salario mínimo se mantiene.

 

Pero en Colombia, la elección no ha estado sólo entre ganarse un mínimo, el desempleo y la indigencia. Justamente la extrema guerra contra las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras, que se da en todos los frentes (salarios muy bajos, contratos de unos cuantos meses que imposibilita la organización de los trabajadores, poca o ninguna seguridad social etc), lleva a que una opción atrayente sea la ilegalidad. Una masa sin esperanza de tener una vida de calidad a través del trabajo, reduce los costos de oportunidad para los que reclutan a jóvenes, desempleados o empleados malpagos, en bandas criminales, narcotráfico y otros tantos grupos delicuenciales.

El conflicto de clases está servido con el gobierno Duque. Algunos se van a enriquecer mucho más a costa de los demás.

  1.  Escuela Nacional Sindical, 2006.Las Cooperativas de trabajo asociado en el sector azucarero. Flexibilización o salvajismo laboral.
  2.  http://caracol.com.co/radio/2013/02/18/economia/1361196540_844217.html
  3.  https://www.panamaamerica.com.pa/economia/alberto-carrasquilla-el-nuevo-ministro-de-hacienda-121724
  4.  https://www.elespectador.com/opinion/bienvenida-comision-columna-547555
  5.  https://www.elespectador.com/opinion/el-equilibrio-lee-columna-551473
  6.  https://es.panampost.com/vanessa-araujo/2018/06/26/colombia-por-que-hay-que-eliminar-el-salario-minimo/