Por primera vez en la historia de Colombia, la segunda vuelta presidencial —y el debate nacional que genera— se disputó entre un proyecto de centro-izquierda (liberal-socialdemócrata, para ser precisos) y uno de ultraderecha. Antes de la constitución de 1991, era prácticamente ilegal salirse del bipartidismo liberal-conservador y, desde entonces, el dominio de los medios por los grandes monopolios económicos, el aparato clientelista, la financiación privada de las campañas, y el macartismo, alimentado por el conflicto armado, le habían cerrado toda posibilidad electoral a candidaturas de izquierda (en la mal-llamada democracia Colombiana se ha escogido siempre entre la derecha y la ultraderecha). Esta nueva apertura democrática, que hay que celebrar, es el resultado de un auge de las luchas sociales en Colombia (las marchas de la MANE en el 2012, los paros agrarios del 2013, la minga indígena del 2016, el paro cívico de Buenaventura, las huelgas de los maestros, las consultas y luchas populares contra los megaproyectos mineros) que, junto con el acuerdo de Paz y el desarme de las FARC, han ayudado a esclarecer las contradicciones fundamentales de la sociedad. Por un lado, la candidatura de Petro con su discurso de justicia social logró generar la simpatía y el apoyo de un amplio sector de trabajadores organizados, de estudiantes, de distintas capas del campesinado, de organizaciones negras e indígenas, de los sectores urbanos más pobres (ver el mapa de la votación en Bogotá), y de algunas de las regiones más excluidas y victimizadas del país (Chocó, Cauca, etc.). Por el otro lado, Duque-Uribe unió a toda la clase política tradicional, a la ultraderecha religiosa de Alejandro Ordóñez, al Santismo (también llamado liberalismo), a los grandes poderes económicos y, por supuesto, al Uribismo y todo lo que representa (paramilitarismo, falsos positivos, corrupción, estado de sitio, concentración del poder público y aplicación radical del recetario neoliberal en defensa del gran capital extranjero, nacional y terrateniente). Es entre estos dos bandos, que tienen contradicciones estructurales, que se debe librar la lucha política, no entre dos sectores de la oligarquía (liberales vs. conservadores, Santistas vs. Uribistas) que, como ahora, se abrazan instintivamente cuando ven que el pueblo se moviliza sin ellos. La candidatura de Petro, en la medida en que le dio visibilidad y fue una expresión de luchas sociales clave, era la forma más inmediata de detener al Uribismo y estuvo cerca de propinarle una derrota histórica a los representantes del establecimiento Colombiano. Por eso, aunque tengo profundas diferencias con el proyecto y carácter de Gustavo Petro, le di mi voto crítico en primera y segunda vuelta.  Sin embargo,  ahora que la coyuntura electoral pasó, es fundamental aclarar que la derrota real de los distintos sectores del establecimiento (los que nos han condenado al subdesarrollo y la violencia) no se dará en las urnas, sino a través de un cambio en la correlación de fuerzas sociales como resultado de la profundización y acumulación de luchas populares, democráticas e independientes.  

 

Fajardo y el llamado “centro” político 

 Aunque celebro que casi cinco millones de colombianos votaron por Sergio Fajardo en primera vuelta y no por la gran manguala Uribo-Santista/Liberal-Conservadora, nunca he simpatizado con esta corriente política (la misma de Mockus) por muchas razones. La principal es que es un proyecto basado en la tesis de que las causas fundamentales de la crisis económica y social del país son 1) la corrupción y la ilegalidad y 2) la falta de inversión en educación. Sin duda, estos son problemas gravísimos y comparto plenamente la lucha por resolverlos. Pero no son tanto causas, sino síntomas de un sistema económico y político con profundas contradicciones estructurales. Mientras el país siga sometido a las directrices económicas del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, y demás órganos del imperialismo, se seguirá imponiendo la privatización de la educación pública (no olvidemos que gran parte de las privatizaciones y recortes en los sistemas de educación, salud, pensiones, etc., han sido imposiciones de organismos multilaterales a cambio de créditos y “ayudas” militares como el Plan Colombia). Mientras los grandes monopolios económicos controlen los medios de comunicación, la financiación de las campañas, la tierra, los recursos minero-energéticos, etc., y mientras millones de Colombianos pobres se vean obligados a sembrar coca, a colonizar la selva, a construir barrios de invasión, a vender frunas en los buses, etc., habrá corrupción e ilegalidad (son inherentes a un sistema basado en el ánimo de lucro, la concentración de la riqueza y el sometimiento a las grandes potencias extranjeras).     

 

No es suficiente con ser honestos y contratar con meritocracia (eso es un supuesto elemental). Para ir a la raíz del problema, hay que transformar el sistema económico y político y eso pasa, inevitablemente, por confrontar (y derrotar) a las élites que se enriquecen y benefician del estatus quo. Los centristas le huyen a las contradicciones estructurales porque carecen de un análisis de economía política y les incomoda el conflicto y la polarización. Pero pretender que las contradicciones no existen o que se reducen a la falta de ética y eficiencia de los gobernantes no las resuelve. Los sectores explotados y excluidos del país (la inmensa mayoría) no tienen más opción que confrontar a las élites que los oprimen: para que los Colombianos pobres puedan tener salud, hay que confrontar y eliminar a las EPS; para que los campesinos colonos puedan tener acceso a la tierra, hay que redistribuir la que acaparan los grandes latifundistas (según Oxfam, el 1% de predios más grandes ocupa el 81% de la tierra en Colombia); para que los trabajadores tercerizados tengan estabilidad y salarios dignos, hay que fortalecer los sindicatos y reducir la tasa de ganancia (de explotación) de las grandes empresas restableciendo las horas extras, el recargo nocturno, y la remuneración de domingos y festivos; para proteger la producción agraria y la soberanía alimentaria, hay que confrontar al gran capital extranjero y renegociar los Tratados de Libre Comercio, y así sucesivamente. El establecimiento (cuyo rol es mantener el estatus quo) estigmatiza estas confrontaciones como “extremistas”, “resentidas” o motivadas por el “odio de clases”, cuando no son más que la legítima e irrenunciable lucha por alcanzar una vida digna. El verdadero “odio” de clases es el de las élites que asesinan miles de sindicalistas y líderes sociales, las que destruyen el medio ambiente con minería a gran escala, las que imponen tercerización y salarios bajos a los trabajadores, o las que matan de hambre a los niños de la Guajira mientras las grandes transnacionales acumulan billones saqueando el carbón del Cerrejón.  

 

El Fajardismo, cuyo discurso trata de minimizar las contradicciones o reducirlas a una cuestión de forma, asume posiciones tibias (reevaluar el rol de las EPS pero no eliminarlas, reevaluar los TLC sin insistir en renegociarlos, incentivar el agro pero no redistribuir la tierra, invertir), que en la práctica reproducen el estatus quo y le renuevan la imagen. A pesar de ser honestos y bien-intencionados, ya Mockus y Fajardo – ex-aliados de Peñalosa y Marta Lucia Ramírez – probaron que sus gobiernos son de corte neoliberal y autoritario (recordemos la brutal represión de la administración Mockus contra los vendedores ambulantes o la privatización de la Empresa de Energía y la Empresa de Teléfonos de Bogotá). Para transformar la sociedad no se puede ser tibio (“ni Uribista ni anti-Uribista”, “ni de izquierda ni de derecha”). Hay que movilizar a los sectores oprimidos y confrontar a las élites. Tal vez es por eso que la Coalición Colombia perdió en el sur de Bogotá y en las regiones oprimidas de la Colombia rural. 

 

La candidatura de Gustavo Petro 

Sobre Petro hay mucho que decir. Empecemos por lo bueno. Fue, sin duda, el más inteligente de los candidatos (el más elocuente, el más conocedor de la historia y la economía política del país) y jugó un rol fundamental en el senado con sus denuncias y revelaciones sobre la alianza entre el paramilitarismo y la clase política tradicional. Durante su paso por la Alcaldía de Bogotá, y a pesar de la feroz oposición que enfrentó de parte del Concejo, la Procuraduría, y los grandes medios de comunicación, implementó algunos programas progresistas significativos (la formalización de los recicladores, los jardines Acunar, el mínimo vital de agua para estratos uno y dos). Y, lo más importante, construyó una campaña presidencial (la única) centrada en los sectores explotados de la sociedad que logró inspirar a millones de trabajadores, campesinos, estudiantes y minorías étnicas y raciales. Si bien el programa de la Colombia Humana es insuficiente (así el establecimiento insista en estigmatizarlo como “extremista”), propone una serie de reformas elementales que, de realizarse, mejorarían las condiciones materiales y políticas de los sectores populares: restauración de derechos laborales, renegociación de los tratados de libre comercio (TLCs), diversificación de la economía estimulando la producción agraria e industrial, educación superior gratuita, eliminación de las EPS y creación de un fondo único estatal para garantizar el derecho a la salud, redistribución de algunas tierras, protección del medio ambiente, etc. 

 

Sin embargo, para los que seguimos la política colombiana, también es claro que el proyecto político de Petro tiene grandes limitaciones. Como político de izquierda, Petro tiene un récord inconsistente y más de una vez ha incurrido en incoherencias oportunistas. Mencionemos algunos ejemplos. En el 2008, cuando Uribe y su proyecto guerrerista estaba en la cúspide de su popularidad, acusó injustamente al sector de Carlos Gaviria en el Polo Democrático (considerado en esos días como el ala “radical” de este partido socialdemócrata) de no ser suficientemente crítico de las FARC por no participar en una marcha contra el grupo guerrillero que reproducía las narrativas Uribistas (la definición del conflicto como “amenaza terrorista”, la atribución exclusiva de la violencia a las FARC ignorando los crímenes del ejército y el paramilitarismo) y convocar una manifestación alternativa a favor de un proceso de paz y contra los crímenes de todos los actores del conflicto. En ese mismo año, rompió filas con el Polo y votó a favor de la elección del procurador derechista y fundamentalista religioso Alejandro Ordóñez. Y en el 2010, luego de perder las elecciones como candidato presidencial del Polo, intentó hacer un acuerdo con el presidente-electo Santos (que, en ese entonces, representaba al Uribismo) sin consultárselo al partido; luego, renunció al Polo cuando el comité ejecutivo se rehusó a negociar con Santos y a nombrarlo presidente de esta organización, fracturando el proyecto de izquierda más ambicioso en la historia del país. Estas incoherencias evidencian dos tendencias de Gustavo Petro que son particularmente problemáticas: 1) el caudillismo—la dificultad para respetar y acatar las decisiones colectivas de una organización democrática, y la renuencia a construir y permanecer en proyectos políticos que no giren alrededor de su figura carismática; y 2) la propensión a hacer concesiones y acuerdos con el establecimiento en momentos de conveniencia política—la tesis Petrista del “acuerdo sobre lo fundamental” presupone que la clase política  liberal e incluso conservadora (Petro alude frecuentemente a Álvaro Gómez Hurtado en este sentido) puede ser parte de una alianza que saque a Colombia de su crisis estructural, lo cual es imposible dadas las clases sociales que estos partidos representan (principalmente el latinfundio y el gran capital transnacional).  

 

Por eso mi voto por la Colombia Humana fue un voto crítico, concepto clave en estas elecciones. Un voto crítico no es un cheque en blanco. Implica reconocer que, aunque haya críticas profundas a la campaña y la coherencia política de Petro, en la segunda vuelta su candidatura representaba la movilización de los sectores populares y la oportunidad más inmediata de detener al uribismo y abrirle espacio a la lucha por una sociedad más justa. En todas las elecciones anteriores, que se disputaron entre la derecha y la ultraderecha, el voto en blanco fue un instrumento de rechazo a un sistema político anti-democrático y corrupto. Pero en este caso, cuando finalmente la polarización se dio entre los sectores populares por un lado y los grandes poderes económicos y la clase política tradicional por el otro, el voto en blanco expresaba una indiferencia o neutralidad incoherente frente a los sectores que se alinearon en cada candidatura.  

 

La movilización popular es el verdadero motor de las transformaciones sociales  

Los 8 millones de votos por Gustavo Petro, venciendo al Uribismo y a todo el establecimiento político en las grandes ciudades y en el Pacífico, son un hito histórico que evidencia la apertura democrática ganada a pulso por las luchas populares. Pero ahora que la coyuntura electoral quedó atrás, es fundamental aclarar que para hacer realidad las reformas que planteó Petro (necesarias pero insuficientes), y para construir una Colombia libre y justa, hay que hacer mucho más que ganar una elección. Para transformar la sociedad, el factor fundamental es la movilización permanente y democrática, de trabajadores, campesinos, estudiantes y demás sectores populares alrededor de un programa que vaya más allá de la Colombia Humana y con total independencia del Estado y las élites económicas.  

 

La correlación de fuerzas entre el pueblo colombiano y los grandes poderes económicos (nacionales y extranjeros) no depende principalmente de resultados electorales sino del nivel de conciencia y organización de los sectores populares. Desde el 2011, hemos visto movilizaciones masivas que paralizaron al país y demostraron que ni la clase política, ni las transnacionales, ni los terratenientes, pueden hacer de las suyas cuando la gente de a pie decide unirse y movilizarse.  Es en estas luchas – en la capacidad del pueblo para organizarse en las calles, en sindicatos, en universidades, barrios, etc., donde yace el verdadero poder popular. Los ocho millones de votos no son del individuo Gustavo Petro. Él puede y va a jugar un papel, pero lo último que se necesita es un caudillo (y menos uno con tantas contradicciones e incoherencias). Los ocho millones de votos son de un pueblo digno que se despierta y lucha cada vez más.