Tatiana Roncancio

* Tatiana Roncancio

Estudios de pregrado y maestría en historia de la Universidad Nacional de Colombia. Estudiante del doctorado en psicología de la misma universidad. Intereses en investigación interdisciplinar en historia comparada y del largo plazo de nuestra especie.

No había pasado una semana desde que Duque ganó la segunda vuelta cuando empezaron a circular noticias escalofriantes: se aplazó la aprobación de la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial de Paz, se hicieron públicos insultos en el Parlamento a representantes de la oposición, ha sido anunciada la campaña en contra de la consulta anticorrupción, y a los sistemáticos crímenes en contra de líderes campesinos, se añade ahora el asesinato de líderes que hicieron campaña por la Colombia Humana. Cosas atroces que son sólo el abrebocas de la época de oscuridad en la que entramos, o quizá, de la que aún no conseguimos salir. 

 

En el terreno económico –tal vez uno de los sectores bandera de la campaña del Centro Democrático, con los pregones de reactivación de la economía, confianza inversionista y emprendimiento– el panorama no es más alentador. A diferencia de lo que se insinúa acerca de la implementación del Acuerdo de Paz o de la Consulta Anticorrupción, asuntos en los que Duque mostró en campaña una posición moderada y que abandonó al minuto de su elección, en el terreno económico Duque seguramente cumplirá lo prometido. Es decir, cumplirá los acuerdos que hizo de antemano con los grandes empresarios del país que apoyaron y financiaron su campaña, y lo hará sin importar el costo que esto tenga para la sociedad, como ya se prevé con el anuncio de Alberto Carrasquilla –coordinador del empalme con la administración Santos– sobre la necesidad de reducción del salario mínimo.  

 

Lo preocupante es que, a diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos, en el caso de la política económica, el nuevo gobierno no contará con una oposición contundente o siquiera una digna de consideración. Entre quienes hacemos oposición, hay un rechazo unánime a los asesinatos a líderes sociales, a la prórroga injustificada de la jurisdicción de paz y a la corrupción obscena de buena parte de los parlamentarios. Pero no sucede lo mismo con relación a las medidas económicas, como fue evidente ya en la campaña.  

 

Si bien el crecimiento de votantes que tuvo la Colombia Humana en segunda vuelta estuvo nutrido por personas que encontraron propuestas de Petro acordes con sus propias convicciones, también hubo un sector grande que lo apoyó casi exclusivamente para tratar de evitar las consecuencias políticas del regreso del uribismo al poder, pero manteniendo una reserva grande con relación al programa económico que se planteaba en el proyecto de la Colombia Humana. Posiblemente las personas de este último grupo –engrosado, sin duda, por algunos de los defensores del voto en blanco– se habrían sentido cómodas votando por Vargas Lleras –si hubiera sido el contendor de Petro en segunda vuelta–; con la idea de que no representaba al uribismo tan claramente como Duque, habrían preferido votar en contra de Petro y a favor de quien, según ellos creen, podía garantizar una mayor estabilidad económica.  

 

Y es que a pesar de que una vez tras otra Petro respondió –con cifras contundentes y con estudios realistas sobre las condiciones de nuestro país– a los ataques de los medios a su programa económico, y también a pesar de haber obtenido el apoyo de prestigiosos científicos sociales de todo el mundo –entre los que cabe mencionar al economista francés Thomas Piketty–, las dudas que se cernían con relación a cómo sería el manejo de la economía en un gobierno alternativo eran muchas. Inmensas, además, fueron las mentiras que a este propósito se dijeron –que habría expropiaciones masivas, que dejaría súbitamente de exportarse petróleo, que no se respetaría la propiedad privada, que se desencadenaría pánico económico–, convicciones falsas más difíciles de desmantelar que las que surgieron acerca de otros temas de su propuesta.   

 

Así, por ejemplo, mientras va siendo más difícil en sectores cada vez más amplios de la población sostener, sin ruborizarse, que hay que oponerse al Acuerdo de Paz –que porque lo que busca es la impunidad para los antiguos miembros de las FARC–, incluso una propuesta tan impopular como la de la reducción del salario mínimo encuentra justificación porque en la economía –el terreno de los hechos objetivos– es necesario hacer ajustes, a veces un poco severos y que requieren el sacrificio de todos, en pro de los fines mayores de la estabilidad macro y microeconómica del país, del fomento a la confianza inversionista, de la libertad del mercado y de la fórmula misteriosa de la ‘reactivación económica’.  

 

Todas estas fórmulas adquieren validez como principios deseables, entre otras razones, porque no son exclusivos de la política local –como sí lo son el Acuerdo de Paz o la Consulta Anticorrupción– sino que están acordes con las directrices del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y, como fuimos testigos recientemente, también de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El pregón de que el mercado tiene sus propias reglas y de que la economía es una ciencia contra intuitiva parece haberse convertido en proclama incuestionada, de modo que, apenas alguien lo invoca en su argumentación, funciona como sentencia de autoridad suficiente para dar la razón a quien la usa; parece irrebatible, incluso en el caso de que el resto de la argumentación esté compuesta de falacias e imprecisiones.  

 

Un ejemplo que viene bien para ilustrar este punto es el video que publicó la economista y periodista Vanessa Vallejo, reconocida uribista que acompaña a Fernando Londoño en ‘La hora de la verdad’ de Radio Red: credenciales suficientes, todas las anteriores, para tomar con cautela sus palabras; reserva que encuentra su fundamento ya en los primeros momentos del video, cuando Vallejo manifiesta que se siente muy contenta con el triunfo de Iván Duque, no sólo porque eso significa frenar a las FARC, ‘que más o menos eran las que iban a mandar si Gustavo Petro llegaba a la presidencia’, sino por lo promisorio de su propuesta económica.  

 

El video tiene el propósito de explicar por qué la propuesta de Carrasquilla de bajar el salario mínimo tiene sentido; al inicio de su argumentación recurre, por supuesto, a la fórmula mágica: la economía es una ciencia contra intuitiva y a la gente, ‘que no tiene por qué saber nada de economía’, le suena terrible la idea de bajar los salarios sin poder darse cuenta de lo benéfico que es esto para la economía. El resto del video es una sarta de imprecisiones que evidencian un profundo desconocimiento de la realidad nacional y una seria incapacidad de concebir la organización de la sociedad por fuera de la lógica del mundo empresarial; convicciones plagadas de falsedad, fantasías que ella presenta como perfectamente coherentes desde el razonamiento económico –si bien, concede, ‘contra intuitivo’–; discurso enardecido, proclama política que termina con la manifestación de su deseo de que Carrasquilla sea nombrado Ministro de Hacienda y de que, una vez en el cargo, elimine por completo el salario mínimo en Colombia.  

 

El video de Vallejo y su argumentación a favor de la medida que Carrasquilla sugiere, no es sino un ejemplo para mostrar cómo las fórmulas que masivamente se han adoptado como imperativos del funcionamiento de la economía sirven para argumentar cualquier cosa, para defender francos contrasentidos que disfrazan de objetividad científica aduciendo que ‘el sistema económico tiene sus propias reglas’, y que no resisten un análisis riguroso y serio de la organización de la sociedad –más bien, de hecho, eximen de hacer estos análisis–. Algo así pasa también con algunos de los postulados de la famosa ‘economía naranja’, por los que tanto ha sido alabado el presidente electo, quien sostiene que uno de los grandes potenciales del sector naranja para la economía nacional es que permite ‘generar valor de la nada’i. ¿En serio es posible sostener algo así y no ser cuestionado? Lo es, al parecer, porque apela a las fórmulas grandilocuentes, que no necesitan justificación y acerca de las cuales la gente nada sabe. 

 

Dos cosas quiero resaltar de todo esto, la primera es que evidentemente este no es un problema local. Los preceptos neoliberales son imperantes en la mayor parte del mundo y, sobre todo, como ha señalado magistralmente el sociólogo Günter Duxii, la ciencia de la economía los ha adoptado irreflexivamente como dogmas de fe, de manera que lo que hacen pasar por ciencia no son más que consideraciones ideológicas para justificar el despojo, la acumulación y la injusticia. Lo segundo, que aunque este es un problema que debemos afrontar a nivel global –quizá uno de los retos más grandes de nuestra generación en todo el mundo–, necesitamos también, para lo que sigue específicamente en nuestro país, empezar a desmantelar las mentiras que bajo este discurso se están construyendo porque, a pesar de que con seguridad van a profundizar las brechas de pobreza y de inequidad en nuestro país,  su legitimidad en la mayor parte de la sociedad es enorme y mientras esto siga siendo así, será arduo o imposible hacer cambios significativos o llevar a cabo –así eventualmente en unos años haya un gobierno alternativo– un programa económico que supere el dogma neoliberal y que atienda a la realidad de nuestro país.