Andrés Camacho

* Andrés Camacho

Máster en Energías Renovables, Licenciado en Física, Ingeniero Eléctrico, Docente Universitario y Vocero de la Marcha Patriótica Bogotá. Bloggero y Columnista en medios de comunicación alternativa

Colombia atraviesa un momento único en su historia. Por una parte, el país se encuentra en un proceso de superación de la guerra y la firma del Acuerdo con las FARC, pese a las innumerables dificultades  y obstáculos en su implementación, representa uno de los mayores logros como sociedad. De hecho, han exigido de la ciudadanía movilización y participación, y, en ese mismo sentido, la posibilidad de una Paz completa con el sostenimiento y avance de la mesa de conversaciones con el ELN son retos que se encuentran al orden del día. Por otra parte, y debido en buena medida a esta esperanza de Paz, el país viene poniendo atención a otros problemas tanto nacionales como regionales; conflictos que antes eran secundarios vienen ganando peso entre los asuntos que preocupan a la gente y al Estado, sin decir con ello que las causas del conflicto hayan sido resueltas —por el contrario, son más visibles—. Este panorama explica el contexto en el cual se adelantaron las pasadas elecciones tanto parlamentarias como presidenciales, en las que asuntos como el modelo económico, el ambiente y la corrupción hicieron parte, como nunca antes, del debate electoral.

De hecho, el resultado electoral representa una ruptura en la historia del país. Por primera vez un proyecto alternativo, por fuera de los partidos tradicionales, ha disputado y alcanzado una votación competitiva en las elecciones presidenciales, es decir, que, por primera vez, la ciudadanía ha estado a punto de vencer los poderes corruptos que han gobernado a Colombia por más de dos siglos. Así que una serie de factores se juntan para permitir que el país se apreste a un cambio de época: por una parte la conquista de la Paz, y por otra, quienes han abusado del poder se han alineado y organizado en un solo bloque, con lo cual es mucho más fácil enfrentarlos o, al menos, ubicarlos.

Otros factores también contribuyen al panorama actual. El país viene de un proceso de movilización creciente. Los paros agrarios, la movilización estudiantil y étnica, la movilización por la paz son todas expresiones de participación ciudadana que han ganado terreno en la dinámica política y social; además la ciudadanía viene consolidando su participación a través de herramientas como consultas populares, cabildos y la revocatoria misma; procesos de este tipo para oponerse a la explotación minera como la Colosa, los más de 100 procesos de Revocatoria a mandatarios en el país —entre ellos el de Bogotá—, cabildos sobre diferentes temas de interés local y regional son prueba de ello. Sin embargo, los poderes tradicionales ya han manifestado su clara intención de desconocer, retrasar o impedir el uso efectivo de dichas herramientas, lo cual se evidencia en el papel que han jugado instituciones como el Consejo Nacional Electoral CNE. Es así como este componente completa el conjunto de factores que se expresan en el momento único que vive el país.

Este es el contexto en el cual se desarrolla la Consulta Popular Anti-corrupción, iniciativa que se suma a esa fuerza ciudadana que se ha desatado, que se expresó en las urnas y que ahora se prepara para dar una nueva batalla. Se viene configurando así un debate político entre la ciudadanía y los partidos y políticos tradicionales, los primeros en defensa de la Paz, el ambiente, el bien común, y los segundos en defensa de intereses particulares, de la guerra y la corrupción. Esta consulta es la iniciativa con mayor respaldo ciudadano en la historia: 4’236.681 firmas fueron entregadas a la registraduría para respaldar su convocatoria, de las cuales fueron avaladas 3’092.138 apoyos, el Senado la avaló también y fijó el 26 de Agosto como fecha para su realización.

Según la clasificación de la organización alemana Transparencia Internacional, los índices de percepción de corrupción para el año 2017 en el mundo siguen siendo preocupantes, pero entre todos, los países los de Latinoamérica y África son los que presentan peores resultados; en particular, el panorama para Colombia no es muy alentador: nos hemos acostumbrado a palabras como Odebrecht, Reficar, comedores escolares, Interbolsa y la interminable lista de carteles o ‘carruseles’ de la contratación. En nuestro país se estima que cada año perdemos 50 billones de pesos debido a la corrupción, y en el ranking de Transparencia Internacional ocupamos el puesto 90 entre 180 naciones, así que hay razones suficientes para considerar este como un problema importante a resolver.

Es por ello que la Consulta Anti-corrupción tiene por objetivo contrarrestar varios de los aspectos que caracterizan la corrupción, tales como el abuso de poder, la carencia y/o debilidades de los procedimientos y mecanismos institucionales, debilidad en los marcos legales que tipifican y sancionan la corrupción, reforzamiento de actitudes individualistas, impunidad, el tráfico de influencias y la obtención de prebendas personales. Esto, a través de siete mandatos que serán puestos a consideración del pueblo Colombiano.

El primero, y tal vez el más conocido, es la reducción de salarios a congresistas y altos funcionarios del Estado; el segundo mandato es la cárcel a corruptos y la prohibición de la contratación con el Estado, pues aunque la Ley 1474 del 2011, conocida como “Estatuto anti-corrupción”, elimina privilegios como la casa por cárcel  por delitos contra la administración pública (corrupción), sigue existiendo la posibilidad de que los corruptos sean recluidos en lugares especiales y no en cárceles ordinarias; el tercer mandato está orientado a la contratación transparente con lo cual se busca que existan pliegos de condiciones estandarizados o “pliegos tipo”, para evitar su manipulación, esto significa que las condiciones de los contratos de licitaciones públicas cumplan estándares equivalentes, de manera tal que no estén hechos a la medida de ningún contratista; el cuarto mandato se refiere a la participación ciudadana en los presupuestos públicos y el objetivo es exigir mecanismos de audiencia pública regional que permitan priorizar los proyectos de inversión a nivel nacional, regional y municipal; el quinto mandato obedece a que la ley estatutaria 1757 de Participación Ciudadana excluyó a los Congresistas de la República de la rendición de cuentas  obligatoria; el sexto mandato busca que los políticos elegidos por voto popular hagan públicas sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés, como requisito para posesionarse y ejercer el cargo; el séptimo y último mandato busca establecer un límite máximo de tres periodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular como el Senado de la República, la Cámara de Representantes, las Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales y las Juntas Administradoras Locales, esto dado los conocidos casos locales, regionales y nacionales de políticos que han hecho de dichos cargos su proyecto de vida.

Así que nos encontramos ante la continuación de ese proceso de empoderamiento ciudadano, de la movilización, la participación institucional-electoral y el uso de las herramientas de participación ciudadana. La Consulta Anti-corrupción representa un reto cuantitativo y cualitativo, pues se requieren 15 millones de votos para alcanzar el objetivo, 6 millones más de lo obtenido en las elecciones presidenciales. Es la oportunidad de avanzar otro paso en la transformación del modelo político corrupto que le ha permitido a los mismos de siempre elegirse una vez más; sin embargo, hay que señalar que la consulta solo toca algunos de las aspectos que propician o toleran la corrupción en Colombia, aún tenemos mucho por hacer para superar la cultura del más “vivo”, de la ventaja, de la trampa, tenemos mucho que hacer en las instituciones del Estado, en las entidades del orden territorial, en las formas de gobernar. Nos queda mucho camino por recorrer pero hay que comenzar.