El triunfo de AMLO puede ser entendido -al menos parcialmente- como una reacción popular a la crisis social, política, económica y moral del sistema político mexicano. Esta crisis se agudizó en el 2014 con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, lo cual demostró la descarada complicidad entre los partidos tradicionales, la fuerza pública y el crimen organizado. 

 

Tras dos intentos fallidos (2006 y 2012), el pasado 1º de julio de 2018, el candidato de izquierda y líder del partido MORENA, Andrés Manuel López Obrador (en adelante AMLO), logró ganar las elecciones presidenciales en México. Aunque su triunfo fue vaticinado por las encuestas y sondeos de opinión, este no deja de ser sorprendente y significativo por la magnitud de los resultados y por la esperanza de cambio que se instaló -a partir de entonces- en la mayoría de la población. 

La victoria fue contundente. Los cómputos distritales indican que AMLO obtuvo el 53 % de los votos (poco más de 30 millones), lo que le permitió ganar con una amplia ventaja frente a sus competidores: Ricardo Anaya (PAN) obtendría el 22.27 % de los sufragios, José Antonio Meade (PRI) el 16.4 % y el candidato independiente Jaime Bronco no sobrepasaría el 6 %. De esta manera, AMLO se convirtió en el candidato presidencial más votado en la historia del país, llevando a su partido MORENA -junto con sus aliados- a ganar la mayoría en ambas cámaras del Congreso y un importante número de gobernaciones y alcaldías. 

Más allá de estos resultados electorales, conviene preguntarse por qué los mexicanos decidieron respaldar masivamente una opción política de izquierda, pese a los temores infundidos por las élites gobernantes que no dudaron en utilizar el fantasma de Venezuela para manipular las preferencias políticas de la ciudadanía y mantenerse en el poder, tal como sucedió en las últimas elecciones presidenciales de Colombia.     

La historia política de México ha estado marcada por la exclusión, la corrupción, la violación de derechos humanos y los atropellos a manos de la vieja élite gobernante. El PRI ha tenido particular responsabilidad en este asunto al enquistarse en el poder durante 71 años ininterrumpidos. Poco a poco, el sistema político mexicano se fue reformando y ampliando para dar paso a la emergencia de partidos como el PRD o el PAN, entre otros, que empezaron a tener posibilidades reales de competir y acceder a cargos de representación popular.  

Sin embargo, este proceso de “transición democrática” no ha implicado una mayor participación política ni mejores condiciones de vida para millones de mexicanos, cuyo descontento hacia el régimen se fue agudizando cada vez más con el paso del tiempo. Recordemos, por ejemplo, el levantamiento de los indígenas zapatistas que se alzaron en armas y palabras en el año 1994 para rechazar el neoliberalismo y reivindicar sus derechos colectivos a la propiedad de la tierra, la vivienda, la salud, la educación, el empleo y la participación directa en los asuntos del país y de sus territorios.  

Esto evidencia que la democracia es mucho más que elecciones o alternancia del poder. La democracia puede ser mejor comprendida como un sistema político orientado a resolver las demandas y necesidades de la población, a dignificar la vida, a redistribuir la riqueza nacional, a erradicar la pobreza y la desigualdad social. Aunque estas condiciones no agotan el significado del concepto de democracia, resulta difícil concebir un sistema verdaderamente democrático sin ellas.      

México vivió su primera alternancia política tras la victoria del panista Vicente Fox en las elecciones presidenciales del año 2000. Los mexicanos vieron en esta elección la oportunidad del cambio social y político que tanto anhelaban; sin embargo, el entusiasmo colectivo decayó rápidamente al tiempo que los partidos tradicionales encaminaban al país hacia una etapa de violencia, corrupción e impunidad. 

El triunfo de AMLO puede ser entendido -al menos parcialmente- como una reacción popular a la crisis social, política, económica y moral del sistema político mexicano. Esta crisis se agudizó en el 2014 con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, lo cual demostró la descarada complicidad entre los partidos tradicionales, la fuerza pública y el crimen organizado. En ese entonces, miles de personas salieron a denunciar las desapariciones y actos de corrupción del Estado.  

El descontento ciudadano no sólo iba dirigido hacia el gobierno priista sino también hacia la vieja clase política, particularmente el PAN y el PRD, que habían firmado el Pacto por México para implementar una serie de reformas estructurales durante el gobierno de Peña Nieto, y fueron señalados como los responsables políticos de la oleada de desapariciones y asesinatos en todo el país.  

AMLO fue el único que pudo canalizar el descontento ciudadano (por encima de los candidatos independientes) y su llegada al poder constituye una esperanza de cambio para el país. Si bien su programa político no cuestiona el sistema capitalista y, una vez elegido, dejó claro que respetará las libertades empresariales y la propiedad privada, su apuesta es claramente progresista en tanto que se comprometió a gobernar en pro de los pobres, de los humildes y olvidados, de los que más han sufrido los efectos nocivos de la vieja estructura política y económica.   

En el próximo sexenio, la izquierda mexicana y los sectores populares tendrán la oportunidad histórica de organizarse y construir el “México lindo y querido” por el que siempre han luchado, un México verdaderamente democrático y solidario con los pueblos de América Latina, un México en donde se respete la diversidad y los derechos humanos, en donde haya equidad, justicia social, paz y armonía con la naturaleza.