Los defensores y defensoras de derechos humanos se enfrentan a una crisis humanitaria ante el inusitado incremento de las agresiones y asesinatos. Las personas que han dedicado su vida a la protección de los derechos de sus territorios y comunidades hoy viven múltiples situaciones de riesgo y de amenazas encaminadas a silenciar los liderazgos locales que trabajan por la implementación de la paz en sus territorios, los cuales aparecen como un obstáculo para los intereses particulares de quienes han sacado provecho de la guerra, la concentración de la tierra y las desigualdades sociales.

Articulación de matrices de opresión en las agresiones contra lideresas y defensoras

En el contexto de recrudecimiento de las violencias contra esta población, las lideresas y defensoras de derechos humanos no sólo enfrentan los riesgos que afectan a defensores, sino también las agresiones y riesgos desproporcionados y extraordinarios de género reconocidos por la Corte Constitucional en diversos pronunciamientos1. Lo anterior supone la articulación de elementos de la violencia sociopolítica por su defensa de los derechos humanos, con los escenarios de continua discriminación y exclusión que las han acompañado a lo largo de sus vidas, con manifestaciones concretas en caso de ser mujeres indígenas, rurales, afrodescendientes o con orientaciones sexuales o identidades de género diversas. Dichas circunstancias representan una agudización de las situaciones de riesgo que se evidencian en el carácter de las agresiones contra defensoras y lideresas, así como en las consecuencias a nivel individual, familiar y comunitario.

Según Sisma Mujer, el incremento de los asesinatos a defensoras y lideresas de 2016 a 2017 ―a partir de los datos de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos― fue de 250%, pasando de 4 lideresas asesinadas en 2016 a 14 en 2017; subrayando con preocupación que en varios casos reportados por Somos Defensores se hallaron niveles extremos de violencia, evidenciados en señales de tortura y sevicia, entre las que se encontraba la violencia sexual previa al homicidio. Asimismo, señalan que, entre enero de 2016 y diciembre de 2017, las duplas de género de la Defensoría del Pueblo acompañaron a 143 lideresas o defensoras de derechos humanos, de las cuales 24 fueron registradas como víctimas de violencia sexual (16,8%), y que ―en lo que va de 2018 con corte al 13 de junio― de 34 defensoras acompañadas, 6 reportaron haber sido víctimas de violencia sexual (17,6%)2.

Las agresiones contra defensoras y lideresas se expresan de manera diferencial y desproporcionada al involucrar violencia sexual, amenazas y panfletos sexistas y discriminatorios que atentan contra su dignidad y la de sus núcleos familiares. Estas agresiones van dirigidas a penalizar la participación pública y la incidencia política de las mujeres a nivel territorial, buscan desalentar a las defensoras y desincentivar el surgimiento de liderazgos de mujeres y de defensoras de derechos humanos, ayudando a reproducir los condicionamientos de género que han restringido la participación de las mujeres a la esfera privada.

Actoras políticas y constructoras de paz territorial

Las defensoras asesinadas, en su mayoría comunales y comunitarias, fueron mujeres que, a pesar de las múltiples y continuas discriminaciones, la división sexual del trabajo que asigna el trabajo del cuidado sobre las mujeres, y la masculinización histórica de los espacios de participación, emprendieron procesos organizativos a nivel local y lograron movilizar a sus comunidades en defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como por derechos de las mujeres, los pueblos étnicos y, por supuesto, la implementación del Acuerdo de Paz.

Así las cosas, los asesinatos y agresiones contra lideresas suponen un retroceso en materia de exigibilidad de derechos y en las agendas sobre las que ellas trabajan a nivel territorial, con el agravante de que las defensoras, en muchas ocasiones, posicionan en la agenda pública temas tradicionalmente ignorados, como los derechos de las poblaciones con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, los derechos de las mujeres o los derechos ambientales. De otro lado, estas agresiones generan un contexto profundamente hostil para el surgimiento de nuevos liderazgos pues queda un mensaje de ‘escarmiento’ para las demás mujeres que ahora pensarán dos veces antes de involucrarse en escenarios de exigibilidad de derechos por los elevados niveles de riesgo que involucran.

Reconocimiento político y protección integral para las lideresas y defensoras

El trabajo de las lideresas y defensoras pocas veces es reconocido como tal, ya que por lo general es invisibilizado y deslegitimado, pues su liderazgo se construye en muchos casos enfrentando la estigmatización permanente por su transgresión de valores tradicionales y patriarcales. Difundir y reconocer ampliamente el trabajo de las defensoras y lideresas ayuda a combatir las violencias simbólicas que buscan alejarlas de los procesos comunitarios y de participación en la esfera pública. Las defensoras son actoras imprescindibles en el fortalecimiento de la paz a nivel territorial porque son quienes construyen redes de solidaridad y cimentan el tejido social.

Las organizaciones feministas y de mujeres han posicionado demandas concretas en materia de protección para las defensoras; en esta vía formularon de manera colectiva el Programa de Garantías para Lideresas y Defensoras, lanzado el pasado 14 de junio, en el que participó la Red Nacional de Defensoras. En dicho programa se desarrollan medidas integrales desde el enfoque de género para proteger a las lideresas y defensoras, contemplando como una dimensión relevante el apoyo al fortalecimiento de los procesos organizativos y las capacidades de las mujeres.

Una gran manera de apoyar y respaldar a las defensoras y lideresas, quienes a diario desafían con su trabajo las normativas de género, ampliando los imaginarios para que más mujeres podamos participar en procesos de exigibilidad de derechos, pasa por las rutas de la movilización social, creativa y contundente. Es momento de insistir en la implementación del Acuerdo de Paz como hoja de ruta para desactivar los factores de riesgo que afectan a líderes y lideresas, como lo son el paramilitarismo y los grupos al margen de la ley, así como la puesta en marcha de medidas diferenciales desde los enfoques diferenciales y de género que protejan de manera integral la vida de quienes a diario construyen democracia y paz desde sus territorios.

¡Las queremos vivas, sin miedo y con garantías plenas para ejercer su derecho a defender los derechos humanos!

  1. Principalmente los Autos 092 de 2008 y 098 de 2013.
  2. Análisis comparativo de los asesinatos a líderes, lideresas y defensoras/es de DDHH en Colombia durante los primeros meses del año. Corporación Sisma Mujer. Boletines del 8 de marzo y del 18 de julio de 2018. Disponibles en: https://www.sismamujer.org/realidad-en-cifras/realidad-en-cifras-2018/.