El 7 de agosto de 2018 se posesionó Iván Duque y Martha Lucía Ramírez, el gobierno del que muchas y muchos creemos no será más que un puñado de las peores cosas recicladas de la época de Álvaro Uribe Vélez. Sin duda, este panorama que se avecina representa desafíos tanto en la construcción y posicionamiento de las reivindicaciones, como en el ejercicio efectivo de la oposición. Cabe entonces reflexionar sobre la criminalización como uno de los elementos que parece caracterizar a toda una historia de un Estado represivo, que se agudizó con el gobierno de Uribe (2002-2010) y que, por supuesto, será uno de los componentes fundamentales de las políticas de Duque y Ramírez. Hablo de este concepto en el sentido más amplio, desde la criminalización de la pobreza, pasando por la del pensamiento crítico y la de la criminalización del ejercicio político de oposición.  

¿Qué se entiende por criminalización?  

Desde la corriente más crítica de la criminología, se ha definido la criminalización desde dos miradas: como un “proceso por el cual el Estado selecciona conductas sobre las que establece respuestas represivas bajo el justificativo de peligrosidad, este tipo de criminalización se hace en abstracto” (Paredes, 2015, p.71) y permite crear las leyes que condenen esas “prácticas reprochables”; y una segunda mirada, que entiende este proceso como “un hecho concreto que recae sobre destinatarios determinados, condicionada por el poder, es decir, quien lo ejerce lo cataloga bajo ciertos estereotipos y circunstancias coyunturales” (ibid.; p. 71), esto es, ejecutado por las agencias policiales, judiciales y penitenciaras. 

Ahora bien, la importancia de entender este concepto es que las dos definiciones dan cuenta de que todo el aparato de seguridad, como el sistema penal y policial son mecanismos de disciplinamiento establecidos de manera no neutral con la realidad en la que habitan. Porque bebe de condiciones sociales, políticas y económicas, así como de los conflictos históricos o coyunturales de un país. Esto permite que se construya definiciones sociales de lo que se considera “peligroso” y, así mismo, de las personas que pueden encarnar esa amenaza a la seguridad.  

Estas concepciones de seguridad están influidas por un elemento fundamental de la criminalización que es el estigma. Este último parte de la atribución de una marca negativa a la diferencia (Silva, 2011), ya sea física, política, social, sexual, generacional, racial, etc. Es decir que la estigmatización juega un papel determinante en el control punitivo y represivo basado en la criminalización, lo que confirma que lejos de la imparcialidad con la que una cree que debería actuar el sistema judicial, por ejemplo, lo que en realidad tiene lugar es un entramado de relaciones de poder y dominación que hacen posible que unas determinadas personas sean judicializadas, perseguidas, amenazadas y asesinadas con mayor probabilidad que otras.    

La criminalización en Colombia  

Entramos a la escena nacional con la imposibilidad de dar una cifra con precisión de las y los presos políticos en el país. Según organizaciones como La Corporación Solidaridad Jurídica, en el 2010 había 7500, aumentando hasta 10.000 presos y presas en el 2015. Sin embargo, la dificultad para tener una precisión de estas cifras crece y a fecha de 2018 aún no se sabe con total certeza cuántas privaciones a la libertad produce disentir política e ideológicamente en Colombia. Este panorama pone de presente que las y los presos políticos no son reconocidos en este país, porque, además, el delito político dejó de ser considerado como tal en su práctica dado que “la Sentencia C-456 de 1996 de la Corte Constitucional, desnaturalizó y desapareció en la práctica el delito político, al punto de que sea imposible en Colombia argumentar ante los tribunales que las conductas de los imputados corresponden a lógicas ideológicas.” (http://www.contagioradio.com/10-mil-prisioneros-politicos-en-colombia-articulo-4622/)   

Esa invisibilización del delito político pone en aprietos reconocer que en el país se criminaliza por pensar diferente y, principalmente, por representar una “amenaza” al status quo. Pero la realidad se impone y cada vez es más evidente cuáles son los móviles de las judicializaciones. Casos de esto hay por montones, desde militantes de organizaciones sociales como Congreso de los Pueblos —que en los últimos meses ha sido más golpeada—, con más de 52 personas judicializadas, (https://twitter.com/C_Pueblos/status/1011736000035459072), hasta estudiantes de universidades públicas, como lo reflejan los casos numerosos del departamento de sociología de la Universidad Nacional sede Bogotá. (http://www.colombiainforma.info/continuan-irregularidades-en-el-caso-contra-mateo-gutierrez-leon/ 

Otro tipo de criminalización que se ha impuesto históricamente en el país, y que abre innumerables cuestionamientos y exigencias al actual gobierno, es la que se refiere a la pobreza. Plantearé que la problemática actual de cultivos de uso ilícito es un reflejo de cómo las políticas represivas de los presidentes de las última décadas han criminalizado la pobreza. Esto ha dado como resultado que las regiones donde se concentra este tipo de producción sean en su mayoría militarizadas, como es el caso de Tumaco; igualmente, ha aumentado la persecución y las políticas de destrucción de la vida, como la erradicación de estos cultivos con glifosato o erradicación forzada, no han desaparecido. 

Este panorama confirma una realidad nacional y es que, por un lado, la estigmatización de sectores críticos —o, en otras palabras, el “enemigo interno” visto como terrorista o amenaza— sigue imperando en la mirada estatal y judicial. Y por otro lado, que “La criminalización de la pobreza, encuentra asidero dentro de un entorno social que se construye sobre la base de una flagrante tendencia hacia la exclusión, las desigualdades, la concentración de la riqueza en pocas manos y una consecuente difusión de miseria profunda que ha venido a configurar la nueva facción de marginados” (Paredes, 2015, p.76). Mientras la criminalización como proceso de control, disciplinamiento y represión de la diferencia siga operando, el país seguirá sumergiéndose en tiempos de guerra y violencia.  

¿Y qué esperar con el nuevo gobierno? 

No hay esperanzas de que la dinámica antidemocrática en la que nos han sumido años y años de criminalización sea diferente en estos cuatro años. De hecho, es muy preocupante que la primera propuesta del Ministro de Defensa, Guillermo Botero, haya sido “regular la protesta” para que ésta sea “ordenada” y “represente los intereses de la mayoría”. Señor ministro, ya sabemos lo que eso ha significado en la historia de Colombia. Las preguntas que surgen son ¿Si las reivindicaciones no representan el interés de los sectores privilegiados, ya no pertenecen a la “mayoría? y ¿Qué significa que sean ordenadas?  ¿Las protestas serán “reguladas” como en la época Uribe donde la estigmatización y el descalificativo de “terrorista” era el pan de cada día? 

El panorama no cambia tampoco con lo que será el tratamiento de los cultivos de uso ilícito. Porque para el actual gobierno la sustitución de estos cultivos ya no será voluntario, sino obligatorio. Así que se alista el garrote para el sector de la sociedad que como ejercicio de necesidad vital escoge los cultivos de uso ilícito para no morir por el abandono —estratégico— del Estado.  

Así las cosas, se debe preparar la voz en las calles, las palabras y acciones en/desde las academias y las fuerzas en todo tipo de espacio para defender la vida y la libertad. Que la criminalización deje de ser el “mecanismo de control social para neutralizar o inhibir cualquier tipo de conducta que pueda poner en riesgo o que cuestione las expresiones del poder imperante.” ((ibid; p. 72) es una exigencia vital fundamental para los años venideros.           

 

Referencias  

  • Paredes, F (2015). Criminalización de la pobreza y derechos humanos. Universidad Carlos III de Madrid.  
  • Silva, G (2011). Criminología. Teoría sociológica del delito. Instituto Latinoamericano de Altos Estudios.