El Centro Democrático radicó 2 proyectos de reforma a la Constitución que buscan restringir aspectos fundamentales del Acuerdo de Paz en lo relativo a su punto central: la participación política de los ex insurgentes.    

 El que más ha trascendido en la opinión pública es el que busca prohibir la posibilidad de considerar conexos al delito político, los delitos de secuestro y aquellos relacionados con narcotráfico. Usando la misma terminología del Acuerdo de Paz y la ley 1820, que reglamentó lo relativo a las amnistías e indultos, establece que en ningún caso tales delitos serán considerados conductas dirigidas a promover, facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión. Por tanto, no podrían ser beneficiarios de amnistías o indultos quienes hubiesen incurrido en tales conductas.  

 De entrada, el texto del proyecto habla de delitos “relacionados” con narcotráfico y no del narcotráfico en sí mismo, con lo que pretende incluir y sancionar conductas sin lugar a dudas cometidas en el marco del conflicto armado, concernientes a la regulación de cobros a narcotraficantes que negociaban con pequeños agricultores vinculados al cultivo de plantaciones de uso ilícito y sus actividades conexas, con un amplio margen de discrecionalidad, en vulneración del principio de seguridad jurídica.  

 Tal proyecto crea restricciones sobrevinientes a lo pactado en materia de amnistía e indulto en el Acuerdo de Paz y la ley 1820 y es contrario, además, al artículo 6.5 del Protocolo II de los Convenios de Ginebra y el principio reiterado en el Acuerdo de que: “A la finalización de las hostilidades, de acuerdo con el DIH, el Estado colombiano puede otorgar la amnistía “más amplia posible”Los numerales 25, 40 y 41 del punto 5.1.2 del Acuerdo de Paz definieron los delitos que no serían amnistiables ni indultables de la siguiente manera: “No serán objeto de amnistía ni indulto ni de beneficios equivalentes los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra (…) Tampoco son amnistiables o indultables en el SIVJRNR, los delitos comunes que carecen de relación con la rebelión, conforme a lo determinado en la ley de amnistía”.  

 Ahora bien, contrario a lo afirmado por sus detractores, el Acuerdo no estableció nunca que el delito de narcotráfico sería considerado conexo al delito político, como una regla absoluta. Los numerales 38 y 39 regularon directamente el objeto de lo que ahora pretende restringirse, de la siguiente manera: “… Para decidir sobre la conexidad con el delito político de conductas delictivas relacionadas con cultivos de uso ilícito, se tendrán en cuenta los criterios manifestados por la jurisprudencia interna colombiana con aplicación del principio de favorabilidad.” Y, la conexidad con el delito político comprenderá dos criterios, uno de tipo incluyente y otro de tipo restrictivo. El primer criterio consistirá en incluir como conexos: 1º.- aquellos delitos relacionados específicamente con el desarrollo de la rebelión cometidos con ocasión del conflicto armado, (…) 2º.- los delitos en los cuales el sujeto pasivo de la conducta es el Estado y su régimen constitucional vigente; y 3º.- las conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión, para lo cual deberán definirse cada uno de los contenidos de las anteriores conductas. Se entenderá como conducta dirigida a financiar la rebelión todas aquellas conductas ilícitas de las que no se haya derivado enriquecimiento personal de los rebeldes ni sean consideradas crimen de lesa humanidad, grave crimen de guerra o genocidio. 

En consecuencia, contrario a lo afirmado en medios de comunicación y a lo que busca el proyecto, esta norma no debería excluir de la JEP a los integrantes de FARC que eventualmente resultaren hallados responsables de tales conductas, ni inhabilitaría sus derechos políticos, si se cometieron con ocasión del conflicto armado, según el Acuerdo.  

Debemos aclarar enfáticamente: una cosa es ser beneficiario de amnistía e indulto y otra es ser excluido del Sistema Integral. Conforme a los numerales 30, 31 y 36 del punto 5 del Acuerdo: Los delitos no amnistiables ni indultables deben ser objeto del componente de justicia del Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) acordado por las partes. (…) En el componente de justicia se establecerán sanciones a los responsables en aquellos casos en los que se determine que no los alcanza la amnistía o el indulto (…) La imposición de cualquier sanción en el SIVJRNR no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación políticaEste último punto fue reiterado en el Acto Legislativo 1 de 2017, que introdujo un Título Transitorio a la Constitución Política de las normas para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera y que, además, en el parágrafo del artículo 20 transitorio estableció: Respecto a aquellas personas que pertenezcan a organizaciones rebeldes que hayan firmado un acuerdo de paz con el Gobierno, a efectos de reincorporación, quedarán en efecto suspensivo las condenas derivadas de delitos competencia del Tribunal para la Paz impuestas por la justicia ordinaria o disciplinaria, hasta que estas condenas hayan sido tratadas por la Jurisdicción Especial para la Paz para lo de su competencia. 

Ahora, aún si llegase a ser aprobado el proyecto de Acto Legislativo, podría alegarse su inaplicabilidad para integrantes de FARC con base en los principios de irretroactividad y favorabilidad de la ley penal. El primero de estos básicamente establece que nadie podrá ser sancionado por conductas que no se encontraran tipificadas como delito al momento de su ejecución, así posteriormente sean calificadas de esa manera en la ley penal. En este caso, el Acuerdo y la ley 1820 son diáfanos en establecer que las conductas dirigidas a financiar la rebelión, de las que no se haya derivado enriquecimiento personal, podrán ser consideradas conexas al delito político. Así, las modificaciones hechas a posteriori que pretenden sancionar conductas que el Acuerdo consideraba amnistiables, no serían aplicables a FARC. En cuanto al principio de favorabilidad, el mismo numeral 26 del Acuerdo estableció que: Es necesario determinar claramente cuáles son los delitos que son amnistiables o indultables y aquellos que no lo son, para efectos de seguridad jurídica (…) Al momento de determinar las conductas amnistiables o indultables, se aplicará el principio de favorabilidad para el destinatario de la amnistía o indulto, cuando no existiera en el derecho internacional una prohibición de amnistía o indulto respecto a las conductas de que se hubiera acusado a los rebeldes o a otras personas acusadas de serlo.  

 

Las reglas son claras, según el derecho internacional y el Acuerdo:  

 

  1. A la finalización de las hostilidades debe otorgarse la amnistía más amplia posible.  
  2. El límite para otorgarla son los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra.  
  3. La financiación de la rebelión es intrínseca a su desarrollo.  
  4. Las conductas ilícitas dirigidas a financiar la rebelión no pueden haber derivado en enriquecimiento personal.  

 Los proyectos que pretendan ampliar tales límites, con la intención de restringir la reincorporación política de los ex insurgentes, suponen un grave incumplimiento del Acuerdo de Paz.   

 

 

CODA: En la misma línea, pero mucho más grave, es la silenciosa modificación que pretende hacerse del Artículo 122 de la Constitución Política, con la eliminación del parágrafo incluido en el Acto Legislativo 01 de 2017, que introdujo el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, y que habilitó a integrantes de grupos armados que hayan suscrito un Acuerdo de Paz con el Gobierno o se hayan desmovilizado individualmente, para ser empleados públicos.    

Con la modificación propuesta en el proyecto de acto legislativo 073 de 2018, se perderían los derechos de quienes acaban de hacer su proceso de dejación de armas a “ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado”.  

 Al momento de finalizar este artículo, el Ministerio del Interior acaba de emitir un comunicado en el que afirma que “procederá a retirar el proyecto, modificara el texto y lo va a presentar nuevamente ante el Congreso de la República”. Y se compromete a que al “nuevo proyecto le será anexada la transcripción del Parágrafo adicionado por el artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 2017.” Su comunicado reconoce que tal eliminación supone, al menos, un enorme obstáculo a la reincorporación.  

 Estaremos atentos a que eso ocurra.