En el Mercado de Sopocachi en La Paz, Bolivia, asistí a una conversación que sostenía una niña y su mamá (la caserita a la que le compraba el jugo de chirimoya todas mis mañanas), en la que después de escuchar las noticias de la radio la niña le preguntó: «¿por qué matan tanta gente en Colombia?» y su madre le respondió, sin saber que yo era colombiano, «Pues así son no más, hijita, violentos, no ve». La radio estaba anunciando el asesinato de un líder social más, sin nombre, sin cara, sin culpables, sin razones. Solo comunicaron la escandalosa cifra que aumentaba a más de 300 asesinatos desde que se firmó el Acuerdo de Paz y que hoy 14 de agosto, según la Defensoría del Pueblo, completa 337 líderes con la muerte de Alfredo Manuel Palacio Jiménez en el pueblo más querido de la literatura colombiana: Aracataca. 

 

No intervine en la conversación, yo también quería saber por qué somos tan violentos y no era capaz de responder por qué los matan, quién los mata y cómo paramos esto. En redes sociales el argumento ligero de mis contactos es que son líderes que encabezan luchas milenarias a los que manda a matar nuestro eterno presidente Uribe, y la única manera de solucionarlo es metiéndolo a la cárcel. Ingenuo y sanador: se identifica la lucha, el enemigo y la solución; pero la realidad no es esa, es más cruel por su ininteligibilidad y compleja por su diversidad. Para comprender que no habría una sola respuesta sanadora -de esas que dan tranquilidad porque agotan la pregunta- tuve que escuchar a Emily Wright y atender a su llamado. Emily estaba en Colombia cubriendo el proceso de paz con las FARC e intuyó, en parte por su mirada periférica y por una sensibilidad que no está acostumbrada a contar los muertos, que el mayor reto del proceso no eran las FARC ni los militares o partidos políticos tradicionales, eran los líderes sociales que habitaban cada rincón de Colombia. En ese momento la cuenta iba en 28 líderes asesinados. Emily lo compartió con Tom Laffay, quien también estaba en Colombia cubriendo el proceso y tenía la misma preocupación por los líderes sociales, y decidimos que juntos íbamos a investigar qué estaba pasando y como resultado haríamos un documental. 

 

Tuvimos varias reuniones con la Defensoría del Pueblo, partidos políticos de izquierda y derecha, organizaciones sociales, ministerios, gobernaciones, analistas y todos coincidían en lo mismo: hay negligencia de la Fiscalía para investigar las muertes y no hay un sujeto, singular o colectivo, al que podamos culpar. Para ese entonces la cuenta se había elevado a 115 líderes sociales asesinados y la estadística asomaba para revelar dónde, en ese momento, estaba el corazón del problema. El porcentaje más alto de los asesinatos se centraba en el Norte del Cauca. En tres reuniones diferentes con comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas en Santander de Quilichao, Timba y Miranda, entendimos que Colombia se desencantaba del hechizo de la unidad, de las estructuras de poder fijas y verticales. Cuando hay una unidad que intenta manejar cada tentáculo de su poderío es más sencillo identificar al culpable, las FARC, las AUC, el M19, el Estado, etc. Pero hoy el crimen está atomizado y las disidencias, narcotraficantes y nuevos grupos armados intentan llenar el vacío de poder que dejaron las FARC en la zona y el Estado no sabe cómo controlarlo. En lugar de hacer presencia y proteger, reproduce una imagen fantasmagórica: patrulla las carreteras, incauta ventas de coca y marihuana, destruye cultivos ilícitos, disemina protestas y desaparece; espera que se recuerde el lugar que pisó y por temor a lo sagrado y su repentina reaparición se respete la vida. Parece que desconociera que es un territorio en disputa, en transición, en el que hay rutas del narcotráfico, cultivos ilícitos, minerales, agua para los cultivos de caña y para hacer represas y que en la mitad queda la población rural que en un intento de autogestionar el dominio y control comunitario de la región la están matando.  

 

Terminamos el documental Nos están matando en mayo de 2018, a los 214 líderes asesinados, y tres eran sus protagonistas. Cada uno de ellos representaba una lucha étnica: Feliciano Valencia la lucha de los Nasa y su Guardia Indígena, Héctor Marino la lucha de los afrocolombianos y su Guardia Cimarrona, y Violeta Pérez -cambio el nombre por seguridad- la lucha del mestizo y su Guardia Campesina. Violeta es lideresa campesina sembradora de coca y desprotegida completamente de su guardia étnica (porque estaba en formación) y del Estado, era vulnerable a un montaje judicial o a aumentar la estadística de lideresas asesinadas, por ello decidimos en el proceso de edición que no hiciera parte del documental. 

 

Se publicó por medios nacionales, El Espectador, e internacionales, The Atlantic, y en una suerte de accidente bienaventurado alguien nos pirateó, lo descargó de Youtube y lo compartió por Facebook. El documental alcanzó 1.300.000 reproducciones en menos de un mes, lo compartieron 50.000 veces y se convirtió en bandera simbólica de lucha para las marchas y actividades de julio en el país. De inmediato personas de algunas partes del mundo empezaron a contactarnos para ofrecernos traducciones al alemán, italiano, francés y portugués, y con ello se armaron proyecciones del documental en comunidades en Alemania, Italia, Brasil, Bogotá, Estados Unidos, Inglaterra, España y Sudáfrica. La ausencia de denuncia, de disparar al aire, y haber mostrado el riesgo y la cotidianidad de los líderes sociales permitió un alcance sin banderas políticas, humanizó y despolitizó el problema. El documental, por interés de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericano -WOLA- y la oficina del congresista Jim McGovern, se proyectará a mediados de septiembre en Washington D.C. en un salón de Capitol Hill contando con la presencia de los líderes sociales para hacer una carta conjunta firmada por congresistas de los Estados Unidos que pueda poner presión sobre el nuevo dirigente de Estado en Colombia. 

 

Con el cambio de gobierno se legitima a nivel simbólico una retórica bélica de vuelta a la guerra y se siente cómoda una subjetividad sangrienta que aniquila al diferente, al otro, al que se organiza y resiste. Feliciano Valencia hoy es senador de la República por la circunscripción indígena y Héctor Marino está en paradero desconocido. Después de que asesinaron a su colega Ibes Trujillo Contreras en Suárez, Cauca, y de recibir otro panfleto en el que ponían su nombre tuvo que abandonar la región y desaparecer. 

 

Antes, si morían, era imposible conocer sus nombres, la estadística en parte aumentó porque ahora podemos enterarnos de lo que antes pasaba y no se contaba, eso también es cierto. Pero también es cierto que los asesinatos son sistemáticos, que quienes mueren tienen en común luchas sociales y habitan territorios rurales de la nación y que el Estado, si no lo puede parar, tiene que escuchar las amenazas e investigar las muertes. 

337 es el número de líderes sociales asesinados hoy y cada muerte pesa, quita el aire, agita el cuerpo y agota. Subiendo por una calle de La Paz, a 3.500 msnm, con el cuerpo pesado por la estadística, el exceso de chaquetas y agitado por la altura y la falta de oxígeno tuve que confesarme a mí mismo, de nuevo, que no sabría qué responderle a la niña aymara si la pregunta me la hubiese hecho a mí… somos violentos, así somos.