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* Palabras al Margen

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Palabras al Margen presenta un análisis del acuerdo de la participación política que suscribieron las delegaciones del gobierno colombiano y las Farc en la Habana, el pasado 6 de noviembre.

El problema de la democracia

Uno de los puntos que llamó la atención a los medios de comunicación y analistas del proceso de paz es lo poco que cedió el gobierno en la negociación. Al parecer el gobierno ganó y las Farc perdieron, tanto así que el ministro de defensa dijo en el tono de sus acostumbradas inversiones que el acuerdo fue motivado por la ofensiva del ejército y constituye una derrota militar para la insurgencia.

Lo que lleva a medios, funcionarios y analistas a leer el acuerdo como una derrota de las Farc es la impresión de que la guerrilla se acogió al marco de la democracia liberal. Eso no es cierto. No porque se haya decretado la revolución en la mesa de negociación o la guerrilla haya logrado todas sus aspiraciones políticas a través del proceso y las conversaciones de paz sino porque la “democracia liberal” no es un conjunto de instituciones objetivas e independientes de las actitudes e intenciones políticas, sino que, precisamente, es el resultado de una visión del mundo y de una intención política muy particular: la de despojar del poder al demos y entregárselo al mecanismo y la soberanía estatal.

La democracia liberal es un procedimiento y responde a una visión política del mundo que prefiere optar por el procedimiento frente a otras formas del ejercicio de la democracia que están presentes en la protesta social y los movimientos populares. Esto implica que el procedimiento no es neutral si es un trámite imparcial que permite definir los derechos de las personas en una sociedad compuesta por cosmovisiones plurales e incluso antagónicas. El procedimiento es ya una cosmovisión, una forma de entender a los sujetos políticos, su significado, sus límites y los métodos aceptables para participar en las decisiones que conciernen a su destino.

Los analistas incorporan consciente o inconscientemente la idea de que el procedimiento propuesto por la democracia liberal es neutral a la hora de hablar del acuerdo de la participación política. Al leer el acuerdo como una victoria de las “nociones básicas” de una democracia liberal, los analistas ‘imparciales’ toman una posición política.

Pero si dejamos a un lado esa idea equívoca, el acuerdo de la participación puede ser vislumbrado de forma muy distinta. Él refleja lo que la propia democracia significa: una disputa permanente sobre sí misma y su propio significado. Al hablar de “nuestra democracia” el gobierno y la guerrilla se refieren a un objeto que no está definido ni precisado en su sentido con una última palabra.

Con “nuestra democracia”, el gobierno se refiere al gobierno del procedimiento y a las instituciones que garantizan que los lugares que el mercado ha establecido para los roles, funciones y actividades sociales no sean alterados; un gobierno del procedimiento que no toca los problemas del modelo económico porque constituye el ámbito de las libertades privadas de los individuos. Las Farc, por su lado, se refieren con “nuestra democracia” a la consolidación de sus zonas de influencia en la representación política y al hecho de que están siendo reconocidas como un actor político de la sociedad colombiana. Y “nuestra democracia” es también la apertura e inauguración de espacios comunes que antes no existían, agenciadas por los movimientos sociales, nunca por las instituciones ni por el procedimiento liberal.

En los tres casos, la democracia significa una cosa muy distinta: la primera, la defensa del statu quo; la segunda, la terminación del conflicto y la inclusión de las Farc como actor político; y la tercera, la única apuesta que hace viable la construcción de la paz en Colombia.

El acuerdo debe leerse como una manifestación de la disputa entre estas formas de entender la democracia, su sentido, sus prácticas y sus alcances. Leerlo como una victoria de la democracia liberal es ignorar que la verdadera participación política no es la que está regulada por la ley y consignada en la constitución, sino la que crea formas de participación donde no existen y no tienen razón de ser vistas. Por lo tanto, el entendimiento y la interpretación del acuerdo que han dado distintos sectores de la sociedad responden a esta disputa fundamental.

Para unos, la participación política acordada se reduce a los espacios institucionales porque la política sólo existe en el seno del procedimiento liberal. Para otros, el acuerdo en sí mismo busca que los espacios comunes abiertos por la acción colectiva de los movimientos sociales no sean exterminados con la violencia y la represión sistemática.

Es de esperar que las discusiones acerca del acuerdo en el campo mediático y electoral, pero sobre todo en su implementación en el mediano plazo, estén signadas y orientadas por la disputa del sentido y el significado de la democracia. Pero más que constatar esta disputa fundamental, el análisis del acuerdo debe estar orientado a evidenciar que la participación política sólo puede estar ligada con la construcción de paz si se da lugar a nuevos espacios comunes en donde se discutan las cuestiones que conciernen a todos y que son las causas del conflicto. Estos espacios no se encuentran en la ley o en la regulación jurídica de los procedimientos decisorios institucionalizados, sino en llevar la democracia a los lugares donde ella no existe, es decir, a esos lugares que, desde el punto de vista procedimental, se consideran privados, sagrados, no-políticos.

El único que perdió fue el uribismo

Lo que quedó claro después del acuerdo, es la capacidad que tiene la mesa de la Habana para mover la coyuntura del país. No sólo fue un evidente impulso a la reelección de Santos. También hizo pensar a muchos de que el apoyo al proceso de paz debe hacerse desde el poder legislativo como un contrapeso al uribismo. Todo ello muestra que el proceso en sí mismo tiene fuerza y es decisorio en la correlación de fuerzas del país. Una derrota del proceso de paz es que pase desapercibido y carezca de importancia para la población y los actores políticos principales.

Mientras el proceso tenga importancia, el uribismo perderá fuerza. El ascenso de la tesis de la solución militar al conflicto caló en la población colombiana cuando las discusiones del Caguán perdieron relevancia y se posicionó en la agenda política –por supuesto gracias al propio uribismo naciente- el problema de la seguridad.

Esto lleva a que el uribismo tenga siempre que clavarse el puñal para seguir existiendo políticamente porque con cualquier declaración acerca del proceso de paz-por más crítica que sea-, el uribismo demuestra que han perdido el control del país y que son sus enemigos quienes les imponen las coyunturas y los obligan a ser una fuerza política segundona, que actúa después de la mesa de la Habana. Los patrones son ahora los segundones de la guerrilla.