Laura Quintana

* Laura Quintana

Doctora en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Profesora asociada del Departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes, Colombia. Sus líneas de investigación son filosofía política contemporánea y estética moderna y contemporánea. En particular se ha ocupado en los últimos años de las relaciones entre acción política, pluralidad, comunidad y procesos de subjetivación, teniendo en cuenta a pensadores como Arendt, Abensour, Lefort, Foucault, Rancière y Agamben. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran: Quintana, L., Vargas J.C. (2012). Hannah Arendt: Política, violencia, memoria. Bogotá: Universidad de los Andes; (2012). “Singularización política (Arendt) o subjetivación ética (Foucault): dos formas de interrupción frente a la administración de la vida”. Revista de Estudios sociales, No 43; (2011) “Vie nue et condition humaine: une approche critique de quelques interprétations biopolitiques d’Arendt”. En: A. Herzog (comp.) Hannah Arendt. Totalitarisme et banalité du mal, Paris: PUF, 125-146; (2011) Pertenencia y retiro en el mundo de las apariencias: El pensar y la responsabilidad personal. Taula, nº43, 2011, 47-58

Una reciente columna de Antonio Caballero, titulada significativamente “una lengua, un país”, propone una clave de lectura interesante para interpretar, desde un cierto ángulo, el reciente acuerdo sobre participación política logrado hace unos días en la Habana. Ante todo, este artículo llama la atención sobre la manera en que en el acuerdo las FARC y el gobierno dicen haber “convenido” en unos temas que permiten la profundización y robustecimiento de “nuestra democracia, ampliando los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición, al igual que espacios de participación política y ciudadana”. Frente a una declaración como esta, Caballero constata: “¿Nuestra? Por primera vez en medio siglo los guerrilleros de las FARC dicen que comparten algo con los representantes del Estado, y ese algo es nada menos que la democracia […]”. Se trata de un acuerdo en el uso de una palabra fundamental que Caballero considera es “a la vez revolucionario y contrarrevolucionario”, y que supone, a su modo de ver, “un paso trascendental en la reconciliación de los colombianos”1.

Quisiera detenerme en este análisis y en la idea de que el lenguaje usado en el acuerdo permite trazar un cierto giro revolucionario y contra-revolucionario, a mi modo de ver contra-consensual y consensual, que no sé si pueda considerarse ya un paso trascendental en la reconciliación de los colombianos, pero que sí permite mostrar que el acuerdo no está lleno de meras palabras vacías sobre las que todos coinciden2, como algunos se apresuraron a afirmar, sino que muestra que la negociación ha avanzado en el cruce, la contaminación y la modificación de ciertos discursos; y que esto no es poco, si la política tiene que ver con la manera en que las palabras permiten construir un mundo común expuesto a ser pluralizado, o al contrario fijado como evidencia. En este sentido, pienso que la posibilidad de hablar del mismo país, que Caballero destaca al final de su columna, no supone meramente pasar del acuerdo sobre las palabras al acuerdo sobre las cosas, sino que ya al construir acuerdos en las palabras puede abrirse o no la posibilidad de crear nuevas construcciones sobre lo político y lo social, que permitan ir desestabilizando aquellas que se han fijado como las únicas vías para enfrentar los problemas de violencia, exclusión y desigualdad del país.

Coincido entonces en que el acuerdo puede verse hasta cierto punto como “contra-revolucionario”, pero no meramente porque las FARC asuman “como propia la democracia de sus adversarios” (conclusión que, desde otras consideraciones ha sido sostenida por un columnista de Razón Pública3, para quien el acuerdo representa la significativa aceptación por parte de las FARC de la “democracia constitucional liberal”); sino porque en él la guerrilla modifica notablemente su lenguaje revolucionario con respecto a la democracia; lo desplaza en cierto sentido, se mueve contra cierta lógica revolucionaria que ha sostenido, aunque sin abandonar en todo caso la idea de un proyecto revolucionario. En efecto, de acuerdo con la visión revolucionaria marxista-leninista que las FARC ha repetido en distintos contextos, las formas (derechos, procedimientos, garantías) del Estado de derecho liberal no serían sino apariencias jurídicas ideológicas que no harían sino enmascarar la realidad social; de modo que, en esta misma línea, la verdadera democracia “implica el fin de la explotación, alienación y dominación burguesa […]; e ideales y programas transformadores que suponen además la progresiva extinción del Estado, el fin de toda represión y el máximo de libertades” reales y no meramente formales4. En contraste con esta posición, las FARC parecen acoger ahora como propia la idea de una democracia que requiere de las formas, garantías, del Estado de derecho, y los mecanismos de la democracia representativa, pero insistiendo en la necesidad de ampliar los derechos y garantías para la oposición, así como en la inclusión de mecanismos de intervención local, que permitan una participación directa de los ciudadanos, especialmente de sectores que habrían sido tradicionalmente excluidos. Esto, junto a “la proscripción de la violencia como método de acción política”, parece indicar un desplazamiento de aquella lógica revolucionaria de acuerdo con la cual la revolución se concibe como un objetivo, entendido en clave estratégica o funcionalista, a ser realizado progresivamente a través de diversos medios, incluida entre ellos la lucha armada; unos medios llevados a cabo por un ejército que pretendió erigirse en representante de un pueblo oprimido incapaz de articular por sí mismo sus propias demandas de justicia social. Esta lógica se desplaza cuando, acogiendo exigencias de los movimientos sociales, se reconoce la importancia de promover formas de participación popular en los niveles local y regional, reconociendo con ello el acumulado de experiencias que se han conformado en los territorios para enfrentar los problemas que les conciernen, como alternativa para confrontar formas de representación caciquiles e intervenciones económicas extractivas, desde una lógica distinta a la militarista, vertical y guerrera que caracterizó el proyecto de lucha armada de las FARC. De modo que, aunque es claro que la guerrilla piensa que la revolución no se hace con estos acuerdos, porque como insisten los líderes guerrilleros, la revolución no se hace en la mesa de negociación, sino que de ésta sólo se esperan obtener las garantías para la participación política; también parece reconocer ahora que no se hace mediante la conquista del poder por cualquier medio, y más aún que no se hace sino que tiene que ver con transformaciones estructurales que requieren de la apertura a instancias de participación popular que puedan articularse de lo local a lo nacional.

Pero lo dicho también indica que no se trata simplemente de que las FARC se acojan a los principios de la democracia liberal y a una participación política entendida sólo en términos de representación a través de los partidos y la participación electoral. Y por esto mismo el acuerdo puede verse también como “revolucionario” en el sentido de “contra-consensual”. En efecto, con la idea de crear un estatuto para la oposición, de promover la transparencia, y de ampliar la democracia a través de mecanismos que permitan separar la personería jurídica del umbral, y más aún con la figura de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, se indica, como lo han destacado varios comentaristas, que en el sistema existente no se han dado garantías para la oposición, sino que hay que construirlas aún con los movimientos y partidos políticos; que no ha habido transparencia en los mecanismos de elección, gestión y representación, sino que ésta debe promoverse; que la democracia, como sistema político, debe ser ampliada en el país porque ha promovido y reproducido formas de exclusión, al punto de generar zonas política y socialmente marginalizadas, en las que también el conflicto interno se ha vivido de la manera más cruenta. Así no simplemente “el Establecimiento […] acepta que en su democracia también caben sus adversarios” (lo que en todo caso me parece un punto destacable en contraste con la lógica guerrerista del uribismo); sino que indica también que el vocabulario consensual que hasta ahora ha enfatizado el gobierno, y que atraviesa también al acuerdo, se deja “contaminar” por un lenguaje contra-consensual que parece reconocer algunas de las causas del conflicto esgrimidas por la contraparte, y acepta con ello que la negociación de paz no puede reducirse simplemente a la dejación de armas del enemigo, convertido en adversario, y su integración a una institucionalidad dada, que funciona bien aceitada. En especial, la propuesta de crear unas Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz que permitan que “los territorios excluidos y discriminados tengan voz y voto en el Legislativo”, me parece que indica este giro contra-revolucionario y contra-consensual, en el sentido antes indicado: por un lado, como bien lo reconoce Alfredo Molano, “abre el camino para hacer a un lado la tesis de todas las formas de lucha en beneficio de una, la política, que no es sólo la participación electoral, sino la participación en el poder local a través de los Consejos Territoriales de Planeación”5; y por esto mismo, desplaza por momentos la lógica consensual de la “inclusión”, “adaptación”, “integración”, “tolerancia” –que en todo caso atraviesa el acuerdo– por la idea de una cierta apertura, o más aún “creatividad democrática”, llega a decir de La Calle en su pronunciamiento, más expuesta a la “irrupción de los movimientos sociales”. Claro que en este punto de su comunicado De La Calle habla de la preocupación por “tramitar pacíficamente” esas irrupciones, y enfatiza en la preocupación porque ellas no alteren mucho el orden establecido, en términos de la preocupación por los derechos de los otros que no participan en esas movilizaciones populares. Y esto sin duda desconoce que los movimientos sociales que han ganado espacio en nuestro medio, no defienden meramente unos intereses particulares, que no han de chocar con los de otros, sino que hacen ver como comunes unos problemas invisibilizados que deberían concernirles a todos. De modo que se reproduce esa lógica consensual de asignarle a cada manifestación su identidad, su significado, su papel en el común ya establecido. Y sin embargo, en todo caso, no deja de resultar significativo que se nombren esas irrupciones, y se altere en algo el vocabulario usual gubernamental de la gestión y de la ingeniería social.

Lo que indica entonces el lenguaje de este segundo punto del acuerdo no es meramente que el gobierno cedió en algo a las reivindicaciones de las FARC y éstas se adaptaron al lenguaje del establecimiento: por ejemplo, que el gobierno simplemente cedió a las propuestas de las FARC para promover mecanismos de participación popular y de canalización institucional de esas instancias de movilización popular, que se presume han venido siendo infiltradas por las FARC6, y que las FARC cedió, estratégicamente, a acogerse a los principios de la democracia formal burguesa7. Lo que me pareció más productivo e interesante ver en el lenguaje del acuerdo, o expresado en términos menos optimistas, la manera más productiva de ver el acuerdo, como acuerdo, me parece que no es el logro de un consenso que supone la derrota militar y simbólica de una parte por la otra, ni el gana-gana entre adversarios que tienen un poder igual8, ni tampoco la emergencia de la posición más razonable que podría representar todos los puntos de vista; es la manera en que dos perspectivas muy distintas pueden cruzarse, modificarse, desplazarse, gracias también a la exposición a otras lógicas que exceden la gestión gubernamental y el militarismo insurgente, como la de los movimientos populares, para buscar formas distintas de plantear los problemas y abrir alternativas nuevas para tratarlos. En ese sentido interpreto que esa “nuestra democracia” que aparece en el acuerdo no se refiere a una democracia nuestra ya dada, que ya nos pertenece, sino a una que está en proceso de ser re-creada, desde y más allá de la mesa de negociación, a través de “robustecimientos”, “ampliaciones”, pero también de modificaciones significativas del lenguaje, las prácticas y los mecanismos de gestión social, de organización política, y de auto-comprensión cultural que están muy arraigados en nuestra interpretación de lo “real”.

***

1http://www.semana.com/opinion/articulo/columna-antonio-caballero-dialogos-la-habana/363925-3
2Como lo expresó el Procurador Ordoñez.
3Jorge Andrés Hernández, http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/7185-el-acuerdo-con-las-farc-¿fase-final-de-la-transición-pol%C3%ADtica-colombiana.html
4http://www.anncol.eu/index.php/colombia/insurgencia/farc-ep/comunicados-de-las-farc-ep/1844-marzo-1-por-una-paz-digna-con-justicia-democracia-y-soberania
5http://www.elespectador.com/opinion/acento-regional-columna-457520
6ver al respecto el punto de vista de Héctor Riveros: http://lasillavacia.com/historia/diseccion-al-nuevo-acuerdo-de-la-habana-46063
7http://alainet.org/active/68784
8http://anncol.eu/index.php/opinion/2012-09-09-22-19-25/236-alberto-pinzon-archivo/5017-nov-10-el-pensamiento-unidimensional-de-minguerra-pinzon-por-alberto-pinzon-sanchez