Carlos Manrique

* Carlos Manrique

Ph.D. en Filosofía de The University of Chicago (2009). Profesor Asistente del departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes. Ha publicado diversos artículos sobre Filosofía política contemporánea, especialmente sobre el problema de las prácticas del lenguaje en el esfuerzo por re-pensar la relación entre ética y política en pensadores contemporáneos como Derrida y Foucault (2010, 2012), y también en torno al problema de la relación entre religión y política a partir de la lectura que hace Derrida de la ética kantiana (2009, 2010, 2011). Co-editor del No. 43 de la Revista de Estudios Sociales (“Técnicas de poder y formas de vida”, 2012). Actualmente adelanta el proyecto de investigación financiado por la Facultad de Ciencias Sociales de Uniandes, “Poder, subjetividad y lenguaje: re-pensando la relación entre ética y política a partir de Derrida y Foucault”

Se sabe que en ocasiones una pequeña frase, una nota a pie de página, el hecho de que se haya usado esta palabra y no esta otra, en suma, el detalle de la letra y de la forma, puede decirnos algo interesante sobre un texto que pasaríamos por alto si, al leerlo, nos satisfacemos con asimilar su “contenido”; esto es, el conjunto de significados, ideas, o tesis, que el texto busca transmitir. Quisiera prestarle atención, justamente, a uno de estos detalles de la letra literal del comunicado público del acuerdo entre las delegaciones de las FARC y el gobierno en torno a la cuestión de la “participación política”; un detalle pequeño, insignificante dirán algunos, desde el cual pienso, no obstante, que el texto mismo del comunicado, lo más literal de su letra, nos puede llevar a pensar algo que quizás pasemos por alto en el análisis de los “contenidos” del acuerdo.

Hacia el final del comunicado hecho público hace algunos días en la Habana, y ya cuando las propuestas acordadas han sido enumeradas, las delegaciones agradecen a todos los ciudadanos que, bien sea a través del portal de internet para este fin, bien sea a través de la participación en los foros (uno? máximo dos?) organizados con este propósito, han expresado sus propuestas e ideas con respecto a los cambios que se requieren en este país para construir paz; y este agradecimiento se frasea así: “agradecemos a los miles de colombianos y colombianas que nos han hecho llegar sus propuestas y opiniones sobre los puntos de la Agenda… todas y cada una de las propuestas han sido recibidas”. La frase dice: hemos “recibido” todas sus propuestas. No dice que hemos reflexionado seriamente sobre ellas; no dice que las hemos tenido en cuenta, que las hemos discutido, que hemos pensado conjuntamente sobre varias o al menos algunas de ellas; no dice que las hemos escuchado; ni siquiera dice que las hemos leído todas (uno se imagina el trabajo de los asistentes de cada una de las delegaciones haciendo el ejercicio de lectura rápida y de paneo panorámico para luego hacer un reporte general sobre algunas de las tendencias recurrentes); dice, simplemente, que las hemos recibido, y le asegura a todos aquellos miembros del pueblo Colombiano que han enviado sus propuestas, ideas e inquietudes a la mesa, que todas ellas han sido recibidas; es decir, les asegura lo que ya en todo caso supieron en el momento de hacer “click” en el botón de “enviar” en la página de Internet, o en el momento de pedir la palabra y pronunciarse en alguno de los foros; que sus propuestas fueron “recibidas”.

¿Nos dice algo la literalidad de la letra del comunicado, sobre cuál es la relación entre este pueblo colombiano y su gobierno? ¿O sobre cuál es la relación entre este pueblo colombiano y las FARC? Creo que al celebrar los indicios muy esperanzadores de la comunicación pública de este acuerdo, y al celebrar también su importancia estratégica en la actual coyuntura de las fuerzas que se empiezan a mover con miras a las siguientes contiendas electorales en el país, decisivas en más de un sentido; más aún, al reconocer un significado más profundo de este acuerdo en la manera como se está reconfigurando y repensado el sentido mismo de la democracia y el modo como queremos en este país reconstruir el mundo que tenemos en común, y desplazar en un ejercicio de experimentación política colectiva las formas de comprender, de desear y de vivir este mundo común (como lo han mostrado de manera concienzuda y aguda algunos análisis en este mismo portal); al reconocer todo esto creo, sin embargo, que no debemos dejar de hacernos estas otras preguntas, también importantes.

Y al hacérnoslas, quizás sea útil reflexionar un poco sobre esas palabras, la de “pueblo”, la de “gobierno”, y por su relación, pues en un sentido amplio del término, y aunque esto pueda sonar chocante, las FARC también han sido “gobierno”. En el sentido amplio del término según el cual el gobierno está constituido por el conjunto de personas a quienes el pueblo ha presuntamente delegado con el fin de hacer cumplir las leyes que sólo son legítimas si han surgido de la voluntad popular que busca el bien común, las FARC han pretendido ser “gobierno” por muchos años en sus zonas de influencia. Han tenido allí la fuerza de hacer cumplir la “ley”, una ley que no ha sido la de la constitución política de Colombia o la de los gobiernos locales departamentales y municipales, una “ley” que se ha hecho cumplir por fuera de la maquinaria del Estado oficial, pero que siempre ha reclamado su legitimidad como “ley” en el supuesto de su estar respaldada en el querer del “pueblo” orientado a su bien común (un “querer” y un “bien común” que en el discurso de las FARC nunca ha sido, en cambio, tenido en cuenta ni reconocido por el aparato oficial del Estado hace ya mucho cooptado, dicen ellos y en gran parte con razón, por los intereses de quienes detentan en este país los privilegios sociales económicos). Y las FARC quieren ahora seguir siendo “gobierno” ya no fuera sino dentro de la ley del aparato del Estado colombiano. Quieren seguir siendo los delegados del pueblo colombiano para hacer cumplir “leyes” que sólo son legítimas en tanto que estén respaldas por la voluntad popular y el bien común que ésta persigue. Y estoy convencido que encontraríamos tantos argumentos (seguramente muchos) para poner en duda si en el caso de las FARC esta intención de “gobernar”, de hacer cumplir una “ley”, a la fuerza si es necesario, que apela a su legitimidad aludiendo a una voluntad del pueblo y del bien común que ésta quiere, realmente sigue o no el mandato de la voluntad popular (el interés común de las gentes) a la que apela para legitimar su fuerza; como encontraríamos argumentos (también muchos) para dudar que el aparato del gobierno oficial del Estado constitucional colombiano es realmente fiel a la voluntad del pueblo soberano al que dice estar sujeto, y cuya máxima autoridad consagra en su constitución. Se trata en ambos casos de preservar y hacer cumplir “ley” con la fuerza de las armas, al mismo tiempo que se esgrime (de manera profundamente dudosa en ambos casos), la autoridad de una voluntad de un pueblo, y un interés común, que legitimaría esta fuerza de “gobierno”.

Constato entonces que en este sentido preciso las dos preguntas planteadas arriba se pueden resumir en una sola pregunta…. ¿nos dice esta frase lapidaria (“todas sus propuestas han sido recibidas”), algo sobre la relación entre el “pueblo” colombiano y su “gobierno”, el de este lado, o el del otro, el de la cara o el del sello de la mesa en la Habana? Sí. Nos dice que hay una distancia abismal entre el pueblo y sus “gobernantes”, los de aquí y los de allá. Entre cada ciudadano de a pie que conforma eso que se hace llamar el “pueblo”, como el único “Soberano” en virtud del cual ninguna ley podría reclamarse como legítima si no está respaldada en su voluntad, y los que asumen la tarea de hacer cumplir la “ley” para velar por este querer y este bien común, con la fuerza de las armas de un ejército (el de aquí o el de allá, el oficial o el insurgente), hay un silencio, una desconexión, una incomunicación escalofriante. Y este escalofrío es el que, a mi entender, se lee en esa frase: “todas las propuestas han sido recibidas” (estén tranquilos, no se inquieten, nosotros tomamos las decisiones que han de concernir al gobierno de la vida en común, pero sus voces sólo pueden llegar tan lejos como el de ser “recibidas”; no ser motor de reflexión, no ser seriamente tenidas en cuenta, no ser el impulso de un pensamiento común sobre lo común; sino apenas “recibidas”). Me parece que los argumentos razonables y hasta cierto punto inobjetables con respecto a la necesidad pragmática de que la negociación para el fin del conflicto armado se concentre en acuerdos alcanzados entre las delegaciones sentadas ahora a la mesa (las del gobierno y las insurgencias… ojalá en algún momento este último sustantivo en plural); y con respecto a la necesidad de estar alertas, por otro lado, en contra de esas críticas que vienen del establecimiento más recalcitrante que, al atemorizarse ante la idea de aunque sea una muy leve transformación del status quo, apelan al argumento del respeto a “la institucionalidad” y a la importancia de la participación de todos los sectores en las esferas deliberativas de “la institucionalidad”, y con ese argumento salen entonces a criticar el comunicado del acuerdo diciendo que es inaceptable que no se esté consultando con todos los partidos políticos con actual representatividad en los órganos legislativos lo concerniente a la participación política. Respaldando tanto el argumento de corte pragmático de limitar la deliberación de la mesa a las actuales delegaciones de gobierno e insurgencias, y aceptando también la necesidad de estar alerta en contra de ese argumento de “la máxima inclusión” de todas las fuerzas políticas en las esferas institucionales deliberativas, que esgrimen los enemigos de la paz, pienso que, sin embargo, tenemos que hacernos la pregunta de fondo acerca de lo que está pasando con la relación entre, por un lado, el poder soberano de un “pueblo” de legislar con miras a orientar de cierto modo su destino de acuerdo a su querer, y los “gobernantes” que ese pueblo delega para que, con la fuerza de las armas, si es necesario, hagan cumplir esa voluntad popular ¿Qué está pasando entre el pueblo soberano y sus gobernantes?

Es un problema que afecta hoy en día, a nivel mundial, y esto se lleva anunciando ya desde muchas esquinas a los cuatro vientos, al modelo de la democracia representativa del Estado moderno liberal. El “lobby” de los grandes capitales y sus intereses hace ya tiempos que tiene igual si no más fuerza que el “pueblo” a través de su voto, de determinar las decisiones de los representantes del “pueblo” ante el poder legislativo. La racionalidad de una cierta tecnocracia económica respaldada por la férrea necesidad de las ecuaciones matemáticas, hace ya tiempos que tiene más poder decisorio sobre las políticas públicas y la concepción de un futuro regido por el imperativo de unos índices de “crecimiento” y “productividad” económica, que el “pueblo” con sus votos. Esto sucede a nivel mundial, y Colombia no es la excepción. Es un problema que ya se anuncia de manera intrigante en la conceptualización del modelo de asociación política que Rousseau pensó en términos del “contrato social” (y que sigue siendo el modelo más vigente del liberalismo político, del cual hemos venido tomando en préstamo los términos de “pueblo”, “soberanía” y “gobierno”). El pueblo es el único que puede, a través de la voluntad general, detentar el poder legislativo de hacer leyes. El poder ejecutivo de hacer cumplir las leyes el pueblo soberano lo delega en el gobierno. Pero, si la fuerza de hacer leyes generales para todos no es la misma fuerza de hacer cumplir estas leyes (y de mediar entre su generalidad y cada caso particular), y esta última fuerza está en manos del gobierno, ¿con qué fuerza puede entonces el pueblo asegurarse de que sus gobernantes actúen de acuerdo a su querer, a su voluntad?, ¿cómo puede el pueblo manifestarse para hacer valer su poder soberano ante el gobierno?

El silencio, la desconexión, la incomunicación escalofriante entre las gentes del común y sus gobernantes (los que tienen a su haber la fuerza del ejército oficial, o la fuerza del ejército insurgente), esa incomunicación escalofriante que resuena en esa escueta frase del comunicado: “todas las propuestas han sido recibidas…”, nos debe llevar a hacernos una reflexión profunda sobre un problema que excede el ámbito de la específica coyuntura histórica que es el proceso de negociación para el cese del conflicto armado entre gobierno y FARC. Un problema de escala mundial; un problema en la misma concepción teórica de la asociación política que ha servido como horizonte normativo del Estado moderno liberal; y, sobre todo, un problema que tiene que ver con cómo la ciencia económica que, ya lo decía Hannah Arendt, sólo entiende un estrecho puñado de expertos, se ha entronizado como el discurso de verdad que orienta las decisiones de política pública a través de las que se “gobiernan” los asuntos comunes.

En esa problemática de escala mundial que tiene que ver, más allá de la coyuntura específica de la negociación en la mesa de La Habana, con la concepción normativa que sirve de modelo al Estado moderno y, sobre todo, con cómo en su desarrollo histórico las funciones de gobierno de este Estado han quedado en gran medida subsumidas al discurso de un ciencia basada en unos muy cuestionables presupuestos sobre el ser humano y su conducta, a saber, la ciencia económica, hay tres respuestas a la pregunta: ¿cómo puede el pueblo manifestarse para hacer valer su poder soberano ante el gobierno? El voto, la movilización popular en las calles, o la encuesta. Sabemos que el voto se ha vuelto cada vez más otro producto que la maquinaria publicitaria y los medios de comunicación (sumados a las maquinarias de los partidos) garantizan al mejor postor, es decir, al que tenga los cientos o miles de millones para pagar por éste. Sabemos que la encuesta se ha vuelto la manera de justificar decisiones de intervención en la población para moldear su conducta, bien sea de acuerdo a la lógica del mercado, o a la lógica de la gestión gubernamental, intervención que se camufla en la supuesta manifestación de lo que el pueblo quiere. En contra de la “encuesta” y el supuesto sondeo de opinión pública que esta genera (sabemos que la Universidad de los Andes ha recientemente hecho pública una de estas “grandes” encuestas); y en contra de los cientos o miles de millones que parecen ahora costar los votos requeridos para poder ganar una campaña electoral, es necesario que la movilización popular se traduzca en votos y que genere impacto para darle vida a la de otra forma anestesiada y manipulada “opinión pública”.

Sé de un candidato al senado cuya campaña nos podría ayudar a efectuar lentamente esta transformación, la única que puede aún salvar algo genuino del querer de los pueblos en la crisis actual a escala mundial del modelo normativo del “Estado de Derecho” aún vigente en medio del naufragio de la “equidad” y la “justicia” que prometió. Se llama Alberto Castilla, líder popular de los campesinos del Catatumbo que los ha acompañado por años en sus esfuerzos de experimentación política y movilización popular. Aunemos entonces fuerzas para que las inquietudes, propuestas, pensamientos, y sabidurías acumuladas de los pueblos de Colombia sean algo más que meramente “recibidas” por nuestros gobernantes, y la cara o el sello de la fuerza de sus armas!