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* Palabras al Margen

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Aunque se cubra con argumentos jurídicos, la destitución de Petro es tan política como lo son las investigaciones selectivas del procurador. El periódico El Espectador resumió bien en su editorial del martes lo que el lunes por la noche se convirtió en un consenso para la mayoría de líderes de opinión y políticos entrevistados: la decisión del procurador Ordoñez de destituir al alcalde de Bogotá Gustavo Petro es desproporcionada, “a todas luces exagerada”1.

Para los que creemos en la democracia, aún en aquella precaria que tenemos en este país, resulta inverosímil que hoy siga existiendo la figura de un funcionario con el poder suficiente para pasar por encima de la voluntad popular e incluso declarar, con pocas garantías, la muerte política de un personaje público. Por eso, mientras que algunos hablan de la necesidad de realizar profundas reformas a la Procuraduría, otros, como Rodrigo Uprimny, aseguran que debe ser suprimida2.

La fina línea entre derecho y política empieza a borrarse en estas situaciones en las que una sola persona puede decidir si un error administrativo es causa suficiente para una destitución. Y esta decisión política fue la que tomó el procurador contra un alcalde, que aunque claramente ha tenido fallas de gestión, ha desarrollado un modelo de ciudad que desde hace tres periodos –aún con las faltas graves de Samuel Moreno– empezó a aprovechar el importante crecimiento del PIB de Bogotá para aumentar el gasto social y preocuparse por la diversidad ciudadana.

Pero la pelea entre el procurador, o mejor entre la clase política que él representa, y la Bogotá Humana, ya estaba anunciada desde la elaboración del Plan de Desarrollo de Petro. Superar la segregación social, adaptar la ciudad al cambio climático y fortalecer el poder público son, en muchas ciudades del mundo, reformas democráticas elementales y necesarias, pero no en Bogotá, donde estas reformas tocan poderosos intereses económicos y políticos. Para poner sólo un ejemplo, el fortalecimiento de lo público exigía revisar el gran desequilibrio entre el distrito y las empresas que satisfacen necesidades urbanas colectivas. En el caso particular del servicio de aseo, esto significaba enfrentarse al oligopolio de las basuras. Ciertamente Petro cometió errores de planeación y ejecución, que dan cuenta de su inexperiencia gerencial, pero esto es sólo una parte de la historia, porque es claro que los operadores privados hicieron todo lo posible para no dejarse quitar el negocio.

Sin embargo, la Bogotá de hoy no es sólo la de los Progresistas, sino también la que empezó el Polo hace 10 años con su “Bogotá sin hambre”. Es la Bogotá plebeya de un electorado que ha apoyado a los últimos gobiernos de izquierda que, pese a todas sus diferencias y dificultades, empezaron un modelo de ciudad basado en políticas sociales profundizadas en la actual administración. La atención integral a la primera infancia, la jornada extendida en los colegios, la vivienda de interés prioritario, el aumento en la cobertura en el régimen subsidiado de salud, la política de víctimas del conflicto, la disminución de la tarifa de Transmilenio, la gobernanza del agua (incluyendo el mínimo vital), la protección animal, el nuevo modelo de reciclaje, el apoyo a la comunidad LGBTI, son algunas de las medidas que buscan generar una Bogotá más equitativa, incluyente, diversa y centrada en las problemáticas ambientales.

Pero, además, la administración de Petro, en una importante alianza con los movimientos sociales y populares del país, le ha dado un apoyo irrestricto a la paz en Colombia. No sólo convocando junto con estos movimientos a la gigantesca marcha del 9 de abril, sino brindando algunas de las condiciones logísticas para el Congreso de paz y sirviendo de soporte para la más reciente marcha de mujeres por la paz.

Es por esto que la decisión del procurador es política. Es la decisión, por un lado, de acabar con un modelo alternativo de ciudad que está generando políticas democráticas para toda la ciudad y no para unos pocos privilegiados. Por otro lado, es el ataque violento contra la búsqueda de la solución política al conflicto social y armado.

Se dice que Pacho Santos estaba calentando motores desde antes de que el procurador hiciera pública la destitución, así como Miguel Gómez justamente no inscribió su candidatura al Congreso para hacer un nuevo show mediático a partir del pasado lunes. La derecha se mueve premeditadamente para retomar la ciudad. Pero, lo cierto es que los y las bogotanas están manifestándose masivamente en las calles y la pelea de la indignación apenas comienza.

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1http://www.elespectador.com/opinion/editorial/decision-desproporcionada-articulo-463198
2http://www.elespectador.com/opinion/procuraduria-innecesaria-o-peligrosa-columna-453279