Olga Nadezhna Vanegas

* Olga Nadezhna Vanegas

Licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital F.J.C. Máster en Sociología y Filosofía Política de la Universidad París VII. Actualmente cursa estudios de doctorado en Filosofía Política en la misma universidad. Su línea de investigación es la filosofía política contemporánea y sus temas de trabajo giran en torno a la articulación entre conflicto político, acción política y ciudadanía a partir del pensamiento de Arendt, Lefort y Rancière

Hace ya más de un mes se conoció la sentencia del procurador Ordoñez concerniente a la destitución e inhabilitación del Alcalde Gustavo Petro. Fue necesario enfrentarse a la destitución del alcalde de la capital y a los 15 años de impedimento para participar en política, para provocar una oleada de reacciones en diferentes sectores de la población a nivel nacional, así como a nivel internacional, en los que se denunciaba y se fijaba una posición crítica sobre la dimensión del poder del procurador. La gota que derramó la copa se vertió entonces en el mismo momento en el que el procurador emitió una sanción que desconocía el principio de la elección popular y que tocaba nada más y nada menos que al centro administrativo, la capital del país.

Las reacciones a esta decisión desmesurada del procurador, que no es la primera, cargada de intereses políticos, sesgada y con tintes de persecución a la oposición, no se hicieron esperar. De muchos lugares se alzaron voces, unas vehementes que defendían al alcalde y otras que reconocían el exceso de la sanción pero se situaban en el amplio campo de la defensa de la democracia. La pluralidad de actores que asistieron a las manifestaciones hacía eco a estas posiciones, no siempre claras ni fácilmente diferenciables, pero existentes. Sin embargo, y sin querer quitarle importancia a los debates y reacciones que despertaron la sanción al alcalde Petro, cabe preguntarse si contrario a un golpe duro y seco a la democracia, como se ha explicado últimamente, no hemos asistido desde el 2009, desde que Ordoñez está a la cabeza de la Procuraduría, a una socavación lenta, constante y segura de la democracia ejercida a través de intervenciones en diferentes campos, problemáticas y a diferentes niveles.

Podemos señalar rápidamente algunos casos en los que la aplicación de la facultad de control preventivo, así como la aplicación de la facultad para sancionar y destituir funcionarios elegidos por voto popular, se pusieron en marcha: la Procuraduría intervino en contra del matrimonio igualitario1 y en contra del aborto2; ha ejercido el control de advertencia en temas ambientales: en el caso de la delimitación del Páramo de Saturbán, la Procuraduría General advirtió que dicho proceso podía ser nocivo para Santander si se termina restringiendo la minería, lo que generaría “inseguridad jurídica” en todo el país3; en Piedras (Tolima)4 luego de una consulta popular para decidir si se permitirían las actividades mineras en el territorio y en la que el “no” obtuvo 99% de los votos, el procurador ejerció su poder de advertencia, previniendo a alcaldes y a gobernadores sobre el hecho que el tema de la minería es un tema del gobierno central y no de los municipios”. Ha aplicado la facultad para sancionar y destituir funcionarios elegidos por voto popular: según la prensa5, desde el 2009 son más de 1000 funcionarios elegidos por voto popular que han sido sancionados y destituidos. Entre ellos 800 alcaldes y 23 gobernadores. Uno de esos casos, tan desproporcionados como la sanción al Alcalde de Bogotá, es el del ex alcalde de Medellín Alonso Salazar Jaramillo, quien fue inhabilitado por 12 años, luego de hacer una denuncia pública durante la campaña por la alcaldía en el 2011, acerca del apoyo que estaría recibiendo Luis Pérez por parte de ex paramilitares y miembros de bandas criminales. El motivo de la sanción de destitución fue la de “incurrir en prohibiciones de la Ley de Garantías y por influir en el proceso electoral de octubre del 2011 utilizando su cargo y autoridad”6.

Observando entonces con detenimiento el “arduo” trabajo que ha realizado la Procuraduría desde el año 2009, cabe preguntarse si el llamado que hoy se hace desde Bogotá no es un llamado “tardío”. Durante estos 4 años el procurador ha ejercido su excesivo poder, a lo largo y ancho del país, poniendo de manifiesto su idea de la moral, de la política, de la economía y desplegando en la práctica los principios e intereses que componen su proyecto de país. Muchas han sido entonces las alertas que se han lanzado sobre el poder desmesurado del procurador pero poca, hasta ahora, la convergencia de la opinión pública y de la ciudadanía en torno al tema y la defensa de la democracia.

En este sentido, si nos basamos en la defensa de los principios democráticos y de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, el caso de Piedras hubiese bastado para que las voces de alerta se escucharan y el debate en la opinión pública y la resistencia de la ciudadanía hiciera su aparición; porque como lo señalaba Cesar Rodríguez, lo que sucedió en “ese rincón arrocero del país”, mostraba que la cruzada de la Procuraduría contra los derechos ciudadanos era más ambiciosa y ubicua de lo que parecía desde Bogotá”7. En este “rincón” del país, se vulneraron los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, se ignoró la defensa de los intereses colectivos y un ente controlador se erigió en obstáculo de la voluntad popular. En otras palabras, en este “rincón” se materializaron parte de las amenazas a la democracia que hoy se denuncian desde Bogotá.

Frente a esto, cabe preguntarse entonces si el largo camino que ha recorrido el procurador y que al parecer (esperemos que sea así) llegó a su punto de no retorno, es no solo una muestra de la vulnerabilidad de la democracia en Colombia o de las fallas del ente controlador, sino también del carácter centralista de los análisis y reacciones de la opinión publica frente a este tipo de fenómenos

En estos términos, la defensa de la democracia o el proceso de democratización del país, exige ir más allá de la indignación de los ciudadanos vehiculada en una figura pública, para dirigirse de una manera más amplia y constante hacia la defensa y la lucha por los derechos y las garantías democráticas. Ahora, es una evidencia que la Procuraduría debe ser reformada, o como algunos lo sugieren, debe desaparecer, esto es otra discusión. Lo que queda claro es que las medidas que se tomen para frenar el exceso de poder que la constitución otorga a este ente controlador dependerán en gran parte de una movilización ciudadana descentralizada y ligada a los principios democráticos, independiente de la región del país en los que éstos se vulneren y de los sectores políticos implicados.

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1http://lasillavacia.com/historia/ordonez-activa-toda-la-maquinaria-de-la-procuraduria-contra-el-matrimonio-igualitario-45775
2http://www.semana.com/nacion/articulo/la-familia-aborto-segun-procurador/239746-3
3http://lasillavacia.com/historia/el-procurador-se-la-juega-por-la-mineria-en-santurban-45643
4http://www.elespectador.com/opinion/el-matoneo-ambiental-de-procuraduria-columna-456501
5http://www.rcnradio.com/noticias/mas-de-mil-funcionarios-elegidos-por-voto-popular-han-sido-sancionados-y-destituidos-97340
6http://www.procuraduria.gov.co/portal/Procuraduria- General_de_la_Nacion_confirm__en_segunda_instancia_la_sanci_n_de_destituci_n_e_inhabilidad_por_12_anos_a_exalcalde_de_Medell_n_

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7http://www.elespectador.com/opinion/el-matoneo-ambiental-de-procuraduria-columna-456501