Ingrid Penagos

* Ingrid Penagos

Politóloga egresada de la Universiad del Cauca, especialista en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos de la Universidad Externado de Colombia y estudiante de maestría en Estudios Interdisciplinarios sobre el Desarrollo de la Universidad de Los Andes. Asesora en asuntos legislativos del Senador Alexander López Maya e integrante del comité ejecutivo nacional del Polo Democrático Alternativo

El 2013 ha sido uno de los años política y socialmente más agitados de los últimos tiempos, un contundente paro agrario dejó al descubierto la crisis estructural del campo Colombiano, la apertura de la mesa de negociación con la guerrilla de las FARC y los posibles diálogos con el ELN revivieron la esperanza de avanzar en un proceso que emprenda la  construcción de paz; y finalmente una  creciente protesta social y ciudadana configuraron un cierre de año poco común.

Las festividades navideñas parecían revertir tal tendencia creciente de movilización; pero un nuevo episodio sorprendió al país: un comunicado de prensa leído por el Procurador General de la Nación anunciando la destitución del Alcalde Mayor de la Ciudad de Bogotá y su inhabilidad por un período de 15 años desató un sentimiento de rechazo en amplios sectores sociales capitalinos y del país en general.

El fallo proferido el 9 de diciembre por el Procurador impuso una sanción sin precedentes a una conducta de gerencia administrativa adoptada por un mandatario distrital que, de acuerdo al criterio y juicio del Procurador y la sala disciplinaria, configuró tres faltas gravísimas en el tránsito emprendido por el Distrito a un nuevo esquema de recolección de basuras que hicieron al Alcalde merecedor de una suerte de condena casi de por vida.

En este texto, se abordarán algunas consideraciones en torno al contenido del fallo y algunos aspectos que demuestran la magnitud que tiene dicha decisión administrativa sobre el curso y el futuro de una posible apertura democrática para Colombia.

El fallo y la doble moral del procurador

Cuando se examinan las causales de tan desproporcionada decisión queda en evidencia que el fallo se produjo más en el terreno de la política que del derecho disciplinario, pues los argumentos carecen de fuerza argumentativa desde una perspectiva comparada con conductas gravísimas que rodean la gerencia pública tanto en el nivel nacional como en los niveles subnacionales.

El controvertido fallo en más de 450 folios se esfuerza en demostrar que los hechos acaecidos durante tres días de diciembre del 2012 constituyeron una suerte de colapso ambiental de la ciudad, que además se atentó contra el principio constitucional de la libre empresa y se le otorgó la prestación de un servicio básico a una empresa sin experiencia en la materia que puso en riesgo la operación del servicio.

El fallo muestra especial interés en la protección del medio ambiente y en la preservación de la salud de los habitantes de Bogotá, por esto se le formuló el cargo a título de falta gravísima al Alcalde, por la vulneración del artículo 48 del Código Disciplinario Único que sanciona a funcionarios que profieran actos administrativos que ponen en riesgo los recursos naturales y el ambiente.

Lo anterior constituye la más clara expresión del doble rasero del Procurador y su corte de la sala disciplinaria, pues el país se encuentra inundado de conflictos medio-ambientales que producen consecuencias irreparables sobre ecosistemas estratégicos y la salud de la población; basta mencionar el sonado caso de lo que fue denunciado en su momento por el ex ministro de Minas Carlos Rodado que se conoció como la “piñata de títulos mineros”, una verdadera olla podrida de corrupción y carrusel de títulos mineros que favorecía a multinacionales y testaferros de las mismas, con el fin de acaparar y a su vez especular con la posesión de los contratos. Para sorpresa de los entendidos y no en el tema, es claro que la minería es una de las actividades más agresivas con el medio ambiente, pero para tamaño problema, la función de sanción del Procurador es laxa y lenta, pues hasta el año pasado cursaban 25 procesos disciplinarios contra funcionarios de Ingeominas que en su momento tramitaron las solicitudes, y a la fecha no existe evidencia de sanciones drásticas a quienes comerciaron con los títulos.

Más grave aún es la existencia de prohibiciones expresas para no otorgar títulos en el sistema de áreas protegidas, pero también funcionarios públicos del Ingeominas entregaron títulos en estas áreas. Pareciera que para el señor Procurador esta conducta es menos grave que recolectar basuras en una volqueta, práctica de la cual no existe evidencia científica y fáctica de que haya causado la muerte a alguna persona y tampoco que constituya una falta de tal gravedad que amerite las sanciones arriba señaladas.

El principio del régimen de libre competencia, consagrado en el artículo 333 de la Constitución del 91, fue incorporado en la Carta bajo el influjo del modelo neoliberal, por lo que los constituyentes determinaron elevarlo a rango constitucional. Dicho principio, consideró el Procurador, fue violentado con la expedición del decreto 564 del 2012 que adoptó un nuevo esquema de funcionamiento del sistema de prestación del servicio de aseo para la Ciudad, el cual incorporaba a los recicladores de oficio al conjunto del proceso de recolección y establecía disposiciones en materia de aprovechamiento de materiales reutilizables.

Nada más mezquino que invocar este principio con el propósito de proteger el negocio de la recolección de basuras, acaparado por cuatro empresas con ingresos multimillonarios a costa del bolsillo de la ciudadanía de la Capital; empresas que además han estado envueltas en irregularidades en los procesos licitatorios con el Distrito y hacen parte del oligopolio del mercado del servicio de aseo en Colombia.

La falta gravísima fue, entonces, haber limitado el jugoso negocio de William Vélez y compañía, haber aplicado una orden de la Corte Constitucional que ordenaba formalizar una población excluida y en condición de vulnerabilidad como los recicladores al nuevo modelo de prestación del servicio de aseo y transformar una política anacrónica en materia de recolección y disposición final de las basuras, por una política que construyera una infraestructura y una cultura del aprovechamiento de los residuos sólidos amigable con el futuro del planeta.

La ausencia de experiencia de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y de la nueva empresa Aguas Bogotá es, tal vez, un argumento más o menos racional, en razón de las implicaciones que trae la operación de un servicio altamente complejo visto desde todas las perspectivas. Ahora bien, en todo caso sigue siendo una medida que raya en el empeño de parte del Procurador de encontrar en escenarios futuros de la ejecución de la prestación de un servicio, contingencias que pudieran convertirse en posibles detrimentos patrimoniales para el Distrito. No se parte de un hecho cumplido, sino de un escenario a futuro por ocurrir, esto no quiere decir que no existiera improvisación y ausencia de previsión de las consecuencias que tendría para la ciudad el cambio del modelo de recolección y haber tenido una política progresiva para la aplicación del nuevo modelo.

Llama la atención la inusitada celeridad con la que la sala disciplinaria surtió el procedimiento que concluyó con el fallo. Este principio no es justamente característico de los organismos del ministerio público, lo que igualmente denota un interés por sacar del camino a un Alcalde de izquierda y con ejecutorias progresistas, las cuales no son del gusto de sectores políticos empotrados en la contratación del Distrito.

La demonización del adversario

El Procurador pretendió con ese fallo cerrar un capítulo incomodo para una élite política molesta con un Alcalde que demostró una apertura democrática, una nueva forma de hacer política en la Capital y la aplicación de políticas públicas sectoriales que mejoran algunos aspectos de la calidad de vida de los ciudadanos.

Por esto al antecedente del fallo lo preceden una suerte de afirmaciones, hechos y demás manifestaciones que buscaban convertir a Petro en una figura negativa para la sociedad, en alguien que representa un “peligro” para la estabilidad política de la ciudad y del país, un ex guerrillero que pretende promover ideas comunistas y, por si fuera poco, en los círculos más cercanos al Procurador, éste lo califica como ateo. Es así, como se pretende demonizar a Petro, convertir su imagen en peligrosa, acusarlo de promotor de la lucha de clases y del socialismo, todo esto vestido con el significado de lo malo, lo feo, lo negativo.

En este caso, el recurso de la demonización es utilizado para arrinconar ante la opinión al Alcalde y someterlo; restarle respaldo ciudadano y atribuirle la defensa de las causas más cuestionables desde las creencias del Procurador, matrimonio igualitario e interrupción del embarazo, reivindicaciones que se han visto perseguidas por Ordoñez desde su cargo.

La cruzada democrática por el no

Luego de algo más de dos meses de la promulgación del fallo, Petro sigue siendo Alcalde, y en un ejercicio exitoso, plural y diverso de movilización, se alzó una ciudadanía que le ha dado forma a los indignados en la versión colombiana, que se han propagado a otras regiones del país. Dicha protesta se acompaña de una intensa batalla jurídica que ha venido demostrando que los derechos políticos pueden ser limitados por autoridades judiciales y no administrativas, y evidenció también las desbordadas atribuciones en las funciones de una entidad cuestionable hasta en su razón de ser.

A la fecha la controversia no ha cesado y se espera que la figura de la revocatoria aplique, pese a las dilaciones acostumbradas de parte del establecimiento. Esto permitiría al movimiento ciudadano que defiende la democracia y la paz consolidar un ejercicio protagónico de opinión que favorezca la participación en las urnas reafirmando el no, que contrario a su significado, indica continuidad, permanencia y que el Alcalde concluya su periodo de gobierno. El no, en cualquier caso, no es sólo una defensa ciega de un proyecto político encabezado por Petro, implica rechazar la figura del Procurador que se ha valido de su cargo para llevar a cabo una suerte de reconfecionalización del Estado. Es un mensaje al Gobierno Nacional en el que la ciudadanía manifiesta que se encuentra preparada para un escenario de cambio político, más aún, en un momento en el que se construye una perspectiva de solución política al conflicto con la insurgencia.

A manera de cierre y en razón de los argumentos anteriormente expuestos, marcar no en el tarjetón que definirá el futuro del Alcalde, se constituye en un paso decisivo en la construcción de una nueva generación hastiada de la corrupción, la derechización y el miedo, y dispuesta a construir una democratización de la sociedad, ese es el desafío, por eso, mi voto es NO.