Christian Fajardo

* Christian Fajardo

Doctor en Filosofía de la Universidad de los Andes. Magíster en Filosofía de la misma Universidad y politólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor asistente del Departamento de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana. Sus intereses giran alrededor de la filosofía política contemporánea y de las tensiones entre sociología y filosofía.

La decisión del presidente de la República de Colombia que pone de manifiesto su claro interés de no acoger las medidas cautelares otorgadas a Petro por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expone la mentira de nuestra República. El imperio de la ley, la imparcialidad del derecho y la separación de los gobernantes del Estado queda hecho pedazos y los creyentes en una justicia imparcial y de un derecho supremo lamentan que Colombia no ha llegado a constituirse como una verdadera república. Sin embargo cabe preguntar ¿realmente el problema consiste en que el presidente se haya pasado por encima a la ley cuando debería estar totalmente subordinado a ella?

Constitucionalistas, académicos, periodistas y ciudadanos indignados lamentan la hipocresía y la doble moral de un presidente que, por un lado, se presenta como un republicano que acogería las medidas de la CIDH y, por el otro, como un estratega que se propone arrebatarle el gobierno a Petro. Ahora bien, no creo que haya una doble moral, el presidente no es un traicionero sino evidencia la traición misma del derecho concebido desde una perspectiva liberal: la traición siempre presente de la decisión a la ley. La decisión de un presidente voraz por recuperar el gobierno de la capital de la República pone en evidencia la ingenuidad de una perspectiva, según la cual, el derecho de nuestro Estado está amparado en la soberanía popular o en algún criterio normativo que fija la neutralidad y la imparcialidad del derecho.

El derecho está lejos de ser objetivo e impersonal y quizás el ejemplo de la decisión de Santos muestra que la objetividad de la ley no deja de ser, de ninguna manera, subjetiva. O más bien, no deja de estar permeada en última instancia de la decisión de un soberano que puede salirse de la ley para garantizar el orden de una sociedad. El ejemplo Santos nos muestra entonces que la argumentación y la fundamentación es el ropaje de una decisión que en el fondo no tiene fundamento: el poder soberano se impone por el simple hecho de ser soberano, de ahí que cobre consistencia la formula hobbesiana según la cual la autoridad no la verdad hace ley1.

¿En qué consiste esa autoridad que no le interesa argumentar sino sólo imponerse? La autoridad del poder presidencial radica en que suspende el derecho en función de una decisión soberana para garantizar la autoconservación de un estado de cosas existentes. Y recordémoslo, el estado de cosas, al menos en Bogotá, radica en que es una ciudad que se perfila como un centro de inversiones de capital extranjero, ubicándola como la quinta ciudad de Latinoamérica con los mejores índices de destino para hacer negocios2-por encima de Rio de Janeiro, Lima, Quito y Caracas. A esto le podemos sumar el multimillonario presupuesto con el que cuenta la capital (casi 15 billones de pesos) y la participación de la ciudad en el PIB en un 24.5%.

De ahí que, los logros evidentes de la Bogotá Humana en términos de reducción de la segregación social, dándole participación a los recicladores y recolectores de basura bajo condiciones dignas de contratación laboral, la defensa de lo público, el aumento de la calidad de la educación básica y media, la reducción significativa de la desnutrición infantil, la protección de humedales, la defensa de los derechos de las minorías, entre muchas otras cosas, no representen para nuestros oligarcas avances significativos para la consolidación de Bogotá como centro de negocios. O mejor aún los avances de la Bogotá Humana interrumpen el estado de cosas de una Bogotá que se moldea de acuerdo a la circulación de capital.

La decisión del presidente, bajo esa perspectiva, cobra sentido. A Santos no le interesa defender unas instituciones imparciales que tienen como fundamento una soberanía popular. La fuerza de ley de sus propias palabras ilustran el interés de una oligarquía que pone en práctica el verdadero fundamento de los Estados modernos: la separación tajante del poder de los estados del poder de los pueblos. Y, creo, esta separación se alimenta a través del estado de excepción. Suspender los ordenamientos jurídicos para garantizar el orden, decidir más allá de lo que dice la ley es el motor que mueve un poder soberano que arrebata el poder a los pueblos convirtiéndolos en súbditos. El Estado moderno, con todos sus apellidos y adjetivos (social, de derecho, democrático) en realidad oculta su propia lógica de operación: el poder es universal y vinculante cuando se logra construir un poder alejado de los intereses populares, en la medida en la que las aspiraciones de los pueblos son ciegas, retardatarias, egoístas y no argumentadas.

El nombre -y no los apellidos o los adjetivos- constituye el proceso fundamental de la política de los Estados, por eso en palabras de un jurista alemán “la existencia del Estado demuestra, en situación de excepcionalidad, una indudable superioridad sobre la vigencia de la norma jurídica. La decisión se libera de toda obligación normativa y se vuelve absoluta en el sentido literal de la palabra”3. La decisión del presidente, entonces, pasa por alto el orden jurídico: los derechos políticos de los ciudadanos, los precedentes de la corte constitucional en materia de acogimiento del derecho internacional en el orden interno, etc.

El Estado colombiano pone en práctica la lógica del estado moderno de la forma más rampante, cruel y fría. Incentiva la creación de paramilitares como medida excepcional para garantizar el orden de la sociedad y así mismo salta por encima del ordenamiento institucional para aniquilar a Gustavo Petro, arrebatándole sus derechos políticos. Muchos usamos la expresión “país de mierda” para ilustrar nuestra indignación, para expresar nuestra impotencia de un conjunto de situaciones que nos hacen sentir la injusticia radical, pura y simple –como diría un joven pensador alemán en el siglo XIX.

¿Esto quiere decir que nos debemos quedar con los brazos cruzados mientras una minoría se dedica a destrozar cuerpos, esperanzas y vidas? Quizás los momentos en los que reina la desesperanza, la indignación y la rabia deparen un porvenir. Aunque las acciones de nuestros oligarcas nos muestren que el derecho se lo salta una decisión arbitraria, no por ello debemos renunciar a defender aquellos derechos de los pueblos. Ahora bien, no creo que la posición de los pueblos sea la de una voluntad impersonal, normativa e imparcial: así como aquella minoría defiende sus intereses mezquinos a través del estado de excepción, los pueblos recrean el derecho con sus propios intereses, los intereses de quienes están excluidos del poder político y de la participación de las riquezas. En otras palabras, el poder democrático de los pueblos habla la lengua de la construcción de la paz. Esto porque la violencia que ha creado el Estado de Excepción en nuestra sociedad sólo puede ser interrumpida en el instante en el que se interrumpe la maquinaria despiadada de un Estado que ha aniquilado la posibilidad de que cualquiera pueda concebirse como un sujeto político.

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1Capítulo 26 de El leviatán.
2http://camara.ccb.org.co/documentos/11056_bogota_una_ciudad_atractiva_para_invertir_ccb_2012.pdf
3Schmitt C, Teología política I.