Sebastián Ronderos

* Sebastián Ronderos

Colombiano. Politólogo de la Universidad de los Andes, con énfasis en Teoría Política y estudios complementarios en Filosofía. Es especialista en Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Javeriana y en Globalización y Cultura de la Fundación Escuela de Sociología y Política de São Paulo. Mágister en Cultura de Paz, Conflicto, Educación y Derechos Humanos de la Universidad de Granada, España, y doctorando en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, Portugal.

El conflicto armado como lo conocemos, hunde sus raíces sobre el periodo de La Violencia, pues si bien la creación formal de las Farc se da en 1964, buena parte de su cúpula ya estaba activa en la guerra civil de 1948-1958. El combustible histórico del conflicto ha sido la segregación de las mayorías a la riqueza y al poder político, donde el acceso a la tierra se constituyó como un eje fundamental de sus diversas reivindicaciones. Hoy, a 50 años de la creación de las Farc, Colombia sigue siendo uno de los países con mayor concentración de tierras productivas en pocas manos, concentración que se ve agravada año tras año. Se pasó de 0,855 a 0,875 del coeficiente Gini, entre el 2000 y el 2010, expresando uno de los mayores grados de desigualdad rural en el mundo (Ibáñez y Muñoz, 2012).

Dicha concentración se ha nutrido del despojo fruto de la violencia, haciendo una transformación radical de la demografía nacional, centrando la mayor densidad poblacional en los grandes centros urbanos. La ampliación de los cinturones de pobreza en las ciudades no se limita al desplazamiento forzado producto de la violencia directa, sino que se suma a la absoluta desprotección por parte del Estado, haciendo inviable una vida digna en el campo, más que para los grandes terratenientes, cada día más insertos en la caricatura del “señor feudal”.

Las problemáticas del campo y sus múltiples factores son de vieja data, y en buena medida responden a la intransigencia de una clase política que ha utilizado históricamente las instituciones públicas en función de sus intereses privados, abonando el terreno para la prolongación y constante reproducción de la violencia.

En el anuncio de las conversaciones con las Farc se argumentó, largo y tendido, que la realidad política actual poco o nada tiene que ver con aquellos tiempos del Frente Nacional, del caciquismo y el fraude, pues contamos con instituciones sólidas, democráticas y MODERNAS que no justifican ya la violencia política.

Entre los puntos generales acordados según el Primer Informe Conjunto de la Mesa de Conversaciones del pasado 21 de junio, se anuncia el acuerdo agrario, un acuerdo sensato en la apertura de acceso a la tierra para los campesinos y el replanteamiento del esquema de producción rural para democratizar los beneficios. Pero, ¿responde este acuerdo a los proyectos de desarrollo que asume el gobierno?

Diría no sólo que no corresponden a las políticas del gobierno Santos, sino que este gobierno responde a las mismas lógicas oligárquicas y neoliberales que han asumido los gobiernos nacionales en su abrumadora mayoría. Hace unas décadas Colombia tenía cierta capacidad de exportación, ahora todo se importa (incluyendo el café) pues queda poco o nada en el sector agropecuario que sea rentable. Entre más sectores productivos entran en paro, más TLCs firma el gobierno y más garantías se les brindan a multinacionales extranjeras para impulsar la locomotora minero-energética, que no ha traído más que violencia, miseria y polución a las poblaciones inherentes a dicha actividad extractiva primaria, que jalona la mayoría de nuestro modelo productivo.

Santos maniobra las mesas de la Habana de la misma manera que maniobró su cercanía con Uribe para llegar a la presidencia. Con las negociaciones está asegurando la marcha de sus locomotoras, mediante la absoluta desprotección de los sectores más vulnerables de la población, que resultan ser las implacables mayorías, y se perfila internacionalmente por motivaciones megalómanas ante un premio Nobel de Paz.

El mismo gatopardismo con el que De Klerk inició conversaciones con Mandela, esperando mantener la segregación del Apartheid por medios aparentemente democráticos y compartir honores internacionales por el reconocimiento tras el acuerdo negociado.

El principal impasse a una construcción de paz es darle dignidad a la vida en el campo, que hoy se ve más ultrajado incluso que hace 50 años. Aún existe un sistema oligárquico que preserva los intereses de una misma clase social, política y económica por encima de los intereses nacionales, y en eso Santos no se diferencia de sus antecesores.

Tras un absoluto incumplimiento en la entrega de las cien mil viviendas por Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras como ministro, ahora ambos lanzan su candidatura como fórmula a la presidencia.

Una de las evidencias más contundentes de que el sistema político colombiano es premoderno, es que la carrera política de Carlos Lleras Restrepo haya tomado vuelo como Ministro de Eduardo Santos Montejo. Colombia es el único país de América Latina que no ha cambiado su tradición política desde principios del siglo pasado.

Persiste un sistema democrático meramente procedimental, lejos de modernizarse y con una absoluta vigencia de las causas estructurales que propiciaron la escalada del conflicto armado en el que pasivamente esperamos, a algún Santos Montejo, Santos Calderón, Lleras Restrepo, Vargas Lleras, o como dijo alguna erudita al reinado de belleza, del mismo modo en el sentido contrario, que case en el cerrojo la llave de la paz.

Pero la llave de la paz no está ni en la Casa de Nariño ni en las “Montañas de Colombia”, pertenece a la ciudadanía en su compromiso frente a las dinámicas nacionales y su capacidad movilizadora por construir un país digno, por fuera de las lógicas que se han planificado históricamente desde el Gun y el Jockey club de Bogotá, y hoy desde el principado de Anapoima.