Le solicito que respete la autonomía universitaria como uno de los elementos fundamentales para construir una paz duradera en Colombia. Usted termina poniendo en cuestión injustamente el trabajo encomiable de los profesores que pertenecen al Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz al no comprender el carácter pluralista de las comunidades académicas.
Es ingente la necesidad de que las colectividades populares y democráticas de nuestro país aúnen esfuerzos y caminen hacia la generación de un proceso constituyente que, con el horizonte de la construcción de la paz con justicia social, permita reconfigurar el horizonte político y los mecanismos de la democracia colombiana en la búsqueda del bienestar y la dignidad de la generación actual y las futuras.
La dictadura tiende a destruir toda existencia de la pluralidad y de la política. Es así que la primera tarea de un régimen post-dictatorial es la de reconstruir el espacio público instituyendo la pluralidad como fundamento de nuestro estar juntos en una comunidad en devenir. La política es un asunto de lazos.
Se ha dicho que el proceso de paz de La Habana está atravesado por una serie de tensiones que cuestionan su legitimidad y pertinencia. No es menos cierto, sin embargo, que el ritmo de conversaciones entre los equipos negociadores es otro. Si bien en Colombia la opinión pública y diferentes actores los critican y deslegitiman, en Cuba los diálogos se dan en forma ininterrumpida.
Comunidades campesinas o pescadoras del Magdalena Medio colombiano del país buscan espacios de libertad en sus cotidianeidades (el chisme, el secreto, el teatro, el sabotaje), las cuales persisten en medio de viejas y nuevas formas de dominación en un contexto en el que no se han resuelto los conflictos por la apropiación de tierras públicas (desde el siglo XIX), y se ha generado la llegada de empresas extractivas que destruyen la tierra y modifican los territorios de esta región colombiana.
El éxito del proceso de paz implicará nuevas realidades con las que el país deberá convivir, entre ellas, una recomposición del régimen político y la emergencia de actores que disputarán en nuevos términos el poder político.
El gobierno quiere convertir el proceso de la consulta previa, que hasta ahora viene funcionando de manera frágil, y muy a pesar de los múltiples ataques a los que ha estado constantemente expuesto desde que la ley 21 de 1991 incorporara en la legislación colombiana el convenio 169 de la OIT sobre “Derechos de los Pueblos Indígenas” (de 1989), en un protocolo cosmético e inocuo en el que las comunidades tendrán en últimas que aceptar los proyectos de desarrollo que se les impongan en sus territorios, sí o sí.
Se hace necesario otro enfoque de política pública, que no bascule entre una supuesta solidaridad que no es evidente cuando se trata de la actividad económica, o un individualismo que los presenta como empresarios cuando en realidad se trata de trabajadores precarizados en la mayoría de los casos.
Esta revisión preliminar del acuerdo sobre desarrollo agrario no busca desconocer que la mayor parte de lo señalado allí hace parte de agendas políticas que aún un Estado liberal puede garantizar, pero, a su vez, quiere destacar que algunas de estas cuestiones están permeadas por propuestas y exigencias del sector campesino que han tenido nula o muy poca inclusión dentro de la política rural colombiana.
Si bien es cierto que mucho de lo que se dijo en ese debate, sobre todo por parte de los líderes del Centro Democrático (sic), (pero incluso también, aunque de manera marginal, por el senador Cepeda), puede catalogarse como falacias ad hominem, también es cierto que el debate, en general, es más un ejemplo de personalización que de debate falacioso, al menos, repito, en lo que toca al senador Cepeda.
La decisión de la Procuraduría tiene consecuencias manifiestas sobre la vida del profesor Beltrán, es un precedente grave en lo relacionado con la autonomía universitaria y debilita el Estado de derecho, porque permite que un funcionario particular desconozca la Constitución y lleva al Rector de la Universidad Nacional de Colombia a adoptar una decisión contraria a la vida académica del país.
Deberíamos luchar por sustraer a las universidades del poder preferente de la PGN, que afecta la autonomía universitaria. Pero la vía apropiada no es exigiéndole al rector, sin buenos argumentos jurídicos, que desacate una decisión que debe cumplir. Las vías son otras: el debate político a fin de plantear la reforma legal o constitucional del poder de la PGN.