Omar Ramírez

* Omar Ramírez

Ingeniero Ambiental y Sanitario, Especialista en Evaluación del Impacto Ambiental para Proyectos, Magíster en Sistemas Ambientales Humanos, Magíster en Tecnología Ambiental y estudiante de doctorado. Actualmente es docente universitario y consultor ambiental. Sus áreas de investigación son ecología política, impactos ambientales, percepción ambiental y calidad del aire.

Tras la aprobación del Decreto 2041 del 15 de octubre de 2014, por el cual se reglamenta todo lo concerniente a las licencias ambientales en Colombia, diferentes sectores académicos y columnistas manifestaron su descontento1 con esta estrategia del gobierno nacional por flexibilizar, una vez más, los frágiles mecanismos de control con que cuenta el Estado para velar por el bienestar de sus habitantes. En este caso le tocó el turno a la licencia ambiental, es decir, a la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de proyectos, obras y actividades que pueden producir algún tipo de deterioro grave a los recursos naturales renovables, al medioambiente y al paisaje en general.

Son varias las preocupaciones que se derivan de este acto administrativo. Algunas de ellas arrastran las ambigüedades y debilidades de los decretos anteriores, tema ampliamente analizado por el profesor Javier Toro2, pero otras emergen como novedad, tal como lo pone en evidencia el análisis técnico realizado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros3.

Uno de los temas cruciales es la forma como se reglamenta la participación de las comunidades (exceptuando las comunidades indígenas y negras) quienes, según el artículo 15, deberán ser simplemente “informadas” del alcance del proyecto, de sus impactos generados y de las medidas de manejo que éste pretende implementar.

Lo anterior quiere decir que el proceso de licenciamiento ambiental no reconoce ningún procedimiento de consulta previa ni procesos de participación vinculante (lo que deriva en la ausencia de compromisos vinculantes) con comunidades campesinas, neocampesinas, urbanas y periurbanas que resulten impactadas por alguna de las actividades definidas en el Decreto 2041. Esto resulta grave no sólo por los niveles de afectación biofísicos y socioculturales que pueden generar dichos proyectos en los territorios intervenidos, dada su naturaleza y envergadura, sino especialmente porque menoscaba los ya deteriorados mecanismos democráticos de participación en el país.

En este mismo sentido, el artículo 25 declara que la autoridad ambiental realizará una reunión (no necesariamente una consulta pública), convocada mediante oficio, con el objetivo de complementar la información radicada por el demandante de la licencia ambiental. Lejos de contribuir al fortalecimiento de la participación pública y ampliada de todos los interesados en el tema, esta novedosa medida abre la posibilidad de que dichos encuentros se privaticen y, por lo tanto, restrinjan la asistencia de ciertos sectores sociales para que expresen sus propias realidades y necesidades.

Si el propósito de esta reunión es justamente obtener información adicional a la reportada por el solicitante, no es claro por qué no se presenta de forma explícita la necesidad de hacerla pública y abierta a toda la población. Teniendo en cuenta la complejidad de los proyectos en cuestión, de los ecosistemas, de los sistemas ambientales intervenidos y de la realidad sociocultural del país, así como la importancia de dicha reunión al ser el único escenario donde la autoridad ambiental requiere información adicional para la toma de decisiones, es desconcertante que en el Decreto 2041 no se le otorgue toda la importancia posible a este encuentro. En este punto es necesario no perder de vista que lo que está en juego en la licencia ambiental no es simplemente el desarrollo de un proyecto, obra o actividad, sino en muchos casos el futuro de poblaciones enteras y la configuración de territorios con directas implicaciones sobre la calidad de vida de sus habitantes.

Ahora bien, si la participación de las comunidades en el proceso de licenciamiento ambiental genera preocupación, la del Estado resulta igualmente inquietante. Sobre este tema el mismo artículo 25 menciona que la autoridad ambiental competente programará visitas con profesionales de la entidad a las áreas donde se desarrollará el proyecto, con lo que se logrará un “estricto control y cumplimiento” de las actividades. Esto nunca se ha logrado y no hay motivos para pensar que ahora el panorama sea diferente. De hecho, las mencionadas visitas no son obligatorias y se realizarán “cuando la naturaleza del mismo lo requiera”, lo que implica que el seguimiento en campo de estos proyectos es un tema susceptible de discusión.

Pero, asumiendo que las visitas son viables, es de amplio conocimiento la debilidad institucional del Estado colombiano para dar cumplimiento a esta medida, puesto que carece tanto del número de profesionales que pueda atender la gran cantidad de proyectos que solicitan licencia ambiental, como de un equipo de funcionarios lo suficientemente cualificados para evaluar (en oficina y en campo) la compleja y vasta información presentada en los estudios de impacto ambiental. En este sentido vale la pena analizar los perfiles de los profesionales actualmente vinculados a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), a las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible y a los municipios con población urbana superior a un millón de habitantes; así como los equipos, instrumentos y equipamiento disponibles para realizar dicho control. A partir de los resultados obtenidos no será difícil inferir que el país no cuenta con las condiciones óptimas para llevar a cabo esta trascendental labor.

La debilidad institucional del Estado se evidencia también en la insuficiente información ambiental del país, lo que impide tener una sólida línea base a partir de la cual evaluar los impactos ambientales generados por los proyectos, obras y actividades sujetos a licencia ambiental. Sólo para mencionar un caso: Colombia no tiene información representativa y actualizada de la calidad del aire de la mayor parte de su territorio. El último informe del estado de la calidad del aire a nivel nacional lo reportó el IDEAM en el año 2012 con información de 2010. En éste se informa que en todo el país sólo existen 137 estaciones de monitoreo de calidad del aire en manos de autoridades ambientales, con la particularidad de que éstas se concentran en algunas ciudades capitales, lo que significa que no se tiene información de la calidad del aire de gran parte de los municipios expuestos a actividades de alto impacto como, por ejemplo, la minería y extracción de hidrocarburos. A esto hay que sumarle que no todas las estaciones de monitoreo miden PM10 (material particulado cuyo diámetro aerodinámico es igual o menor a 10 micrómetros), el cual es el contaminante atmosférico que genera mayor preocupación en el país, dado el número de excedencias con respecto a la norma nacional y sus serias implicaciones sobre la salud pública. Esta falta de información impide conocer cuál es el panorama actual de la calidad del aire, lo que imposibilita conocer el impacto derivado de un proyecto, obra o actividad, lo que a su vez despliega un manto de incertidumbre sobre los niveles de rigurosidad y validez de la licencia ambiental.

La calidad del aire es tan sólo uno de los casos que se puede mencionar para poner en evidencia el precario diagnóstico ambiental que se tiene del país, pero perfectamente se puede llegar a la misma conclusión si se analiza el nivel de información disponible de otras variables ambientales como la biodiversidad continental y marina.

Finalmente, la reducción de exigencias y la flexibilización de la normatividad ambiental no es una medida que deba sorprender, por el contrario, es coherente con la política de un gobierno nacional que, desde sus inicios, apostó por la intensa extracción de recursos naturales y energéticos como motores de “progreso”, sin cuestionar el lugar que hasta el momento ha ocupado el Estado en este tema como simple facilitador de la inversión extrajera.

La miopía del cortoplacismo, las retóricas promesas de un pretendido desarrollo sin justicia social y la indiferencia de una clase política y económica dominante del país promueven, una vez más, medidas que relegan a un segundo plano la salud de la población, el resguardo de un ambiente sano, los mecanismos de participación ciudadana y la visión compleja y de largo plazo de los territorios. Todo esto, claro está, con el propósito de simplificar el trámite ambiental que, a los ojos de la presidente de la Agencia Nacional Minera4 y de columnistas como Ramiro Bejarano5, es un “obstáculo” a superar para el desarrollo (inversionista) del país.

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1http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/licencias-ambientales-aun-no-convencen-articulo-522622   http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/alto-riesgo-en-estudios-de-impacto-ambiental.html
2http://academia.unad.edu.co/images/investigacion/hemeroteca/RIAA/RIAA_Vol4_N2/Metodos%20de%20Evaluacion%20de%20Impacto.pdf
3http://sci.org.co/Prensa/Noticias/2014/Septiembre/Sociedad-Colombiana-de-Ingenieros-%28SCI%29-advierte-r.aspx
4http://www.portafolio.co/economia/entrevista-natalia-gutierrez-agencia-nacional-minera
5http://www.elespectador.com/opinion/ambientalistas-extremos-columna-524195