Andrés Felipe Parra Ayala

* Andrés Felipe Parra Ayala

Doctor en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia, candidato a Doctor en filosofía de la Universidad de Bonn, Alemania.

Muchas veces no es fácil mirarse en el espejo: un racista o un clasista siempre dirá que no lo es. Buena parte de la sociedad africana que implementó el reconocido apartheid no veía en sus comportamientos ninguna actitud racista ni excluyente con la población negra. La esclavitud y el desconocimiento de los derechos civiles básicos de la población negra fue (y todavía lo sigue siendo) una conducta normal que si hubiese sido llamada racismo en esa época, habría sido un acto irresponsable de provocación de la ciudadanía. Y, en estas situaciones, Colombia no es la excepción. En nuestro país la segregación, la pobreza y la miseria son normales, mientras que la inclusión social es un verdadero escándalo.

Sólo así se explica la forma en que reaccionaron algunos sectores de la ciudadanía y la mayoría de los medios de comunicación a la propuesta del Distrito, que consiste en construir viviendas de interés prioritario en zonas exclusivas de la capital. Nunca en la historia del periodismo en Colombia se ha visto una reacción de tal magnitud cuando se trata de denunciar las condiciones infrahumanas de los suburbios de la ciudad, o las condiciones de vida que padece la población desplazada. Para eso sólo hay informes esporádicos y notas empalagosas que hacen de la pobreza el anzuelo perfecto para vender periódicos apelando a la lástima y al lloriqueo. En este caso, la vehemencia y los dardos del rigor periodístico se guardan cuando el estrato 1 quiere “invadir” el estrato 6.

Aunque pueda ser precipitada, la lección de esta situación es, sin embargo, certera: la vehemencia es clasismo y el rigor periodístico de los medios hiede a una predecible uniformidad intelectual. Como es usual, la revista Semana publicó el día domingo un editorial que sobresale por el modesto sustento de sus afirmaciones y por su conmovedor carácter amateur.

Todo el editorial gira alrededor de la idea de que la medida del Distrito “no contribuye a acabar la desigualdad” y va “en contra el patrimonio de todos los bogotanos”. No hace falta tener la formación y experiencia que avalan el trabajo editorial en una supuesta publicación periodística de primer nivel, para darse cuenta que “todos los bogotanos” no viven entre las calles 82 y la 116 y las carreras 1 y 15. Sin embargo, el argumento que parece tener más seriedad y peso es que la medida no contribuye a terminar con el problema de la desigualdad.

La razón que esgrime Semana es que la idea del Distrito no contribuye a terminar con el problema de la desigualdad porque podrían hacerse mejores medidas. Por ejemplo, vender los lotes para hacer más viviendas en otro lado, o hacer una política integral de inclusión social. Este argumento, no obstante, toma por tontos (o por clasistas) a los lectores y muestra el lamentable estado del periodismo en Colombia, en donde el rigor ya no alcanza ni siquiera para fingir que no se es clasista.

En primer lugar, afirmar que es mejor medida construir más viviendas en otro lado sigue reproduciendo la segregación de la que Semana quiere tomar distancia con ese enternecedor lenguaje de reportero novato que quiere jugar a los argumentos técnicos para posar de interesante. La segregación social es siempre una segregación espacial y no se gana nada en términos de inclusión si más desplazados y víctimas del conflicto viven en el sur (o en barrios “no exclusivos”) porque eso es lo que ya sucede y es parte del apartheid que reproduce nuestra ciudad. Ese mismo apartheid que evidencia Semana cuando dice, en un ridículo despiste pueril, que la mejor política posible es unir a las “dos ciudades” con obras de infraestructura y espacios públicos. Una indecorosa afirmación que comparte el mismo estatus intelectual de la frase “juntos pero no revueltos”.

En segundo lugar, el argumento de que pueden hacerse mejores medidas, que se sustenta en la opinión de la exsecretaría de planeación consultada por Semana y que también fue respaldado por el profesor Darío I. Restrepo en la revista Dinero, es sólo una pésima estrategia retórica para asegurar un triunfo fácil en el debate. La crítica sería válida si, en efecto, las 372 viviendas fueran la única medida que propone el Distrito para superar la segregación social en la ciudad. Pero eso no es verdad. De hecho, se le pueden reprochar muchas cosas a la alcaldía, menos que no haya trabajado en contra de la desigualdad y la segregación. En todo caso, aunque el camino es largo y hace falta demasiado, las cifras al respecto hablan a favor del Distrito. Tampoco es verdad que si se hacen 372 viviendas en el norte, entonces no se hacen hospitales ni colegios en los barrios del sur, como lo sugiere Restrepo, inventando un juego de suma cero sin haberlo demostrado con suficiencia.

Por último, tanto Semana como Dinero se muestran realmente preocupados porque el coste de vida del estrato 6 consumirá rápidamente el bolsillo del estrato 1. Pero aunque esto pueda ser cierto, no es una razón para oponerse al proyecto como tal. La razón es simple: la construcción de viviendas puede incluir plazas o tiendas de alimentos a bajo costo, entre otras soluciones que son perfectamente factibles y que pueden ser incluidas en el proyecto.

Resulta curioso ver que esta es una de las pocas veces en la que las élites bogotanas y los medios de comunicación se preocupan porque las víctimas tengan acceso a salud, educación, servicios y alimentación. Utilizar el argumento de que el presupuesto de una familia de estrato 1 no puede costear el estilo de vida estrato 6 es solamente una excusa. Puro clasismo solapado. Es así porque si el problema del acceso a servicio pudiera solventarse, esos mismos sectores se seguirían oponiendo a la medida del Distrito. Y si sus críticas y comentarios fueran de buena fe, resultado de una preocupación por los pobres con conciencia técnica, los medios y las élites ofrecerían soluciones vigilando cuidadosa y animadamente la implementación del proyecto.

Pero ninguna de las dos cosas es el caso. La prueba: el apartheid en el que vivimos, en el que se prenden todas las alarmas cuando se piensa en la posibilidad de un pobre mercando en Pomona y no cuando esos mismos seres humanos estén condenados a morir de hambre.