Susana Barradas

* Susana Barradas

Doctora en Psicología de la Universidad de los Andes, Colombia. Psicóloga y Magíster en Psicología de la Salud de la Universidad de Lisboa, Portugal. Profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia. Integrante del grupo de investigación EpiAndes de la Universidad de los Andes. Sus intereses de investigación son la Psicología de la Salud, la Salud Pública, la Promoción de la Salud y los Estudios sobre pobreza y desigualdades en salud

Hablar de Catalunya es remitirse casi inmediatamente al proyecto independentista de la región. Si en las calles de Barcelona se respiran ideales separatistas, no es distinto lo que ocurre en las demás provincias que no han perdonado los diferentes atropellos y olvidos del gobierno de Madrid, ni tampoco la prohibición impuesta antaño por el régimen Franquista de expresarse en su lengua materna, el catalán, por considerarla una forma de nacionalismo que iba en contravía de la construcción de la gran patria española. Asimismo, nacionalistas e independentistas consideran que existen cuestiones identitarias, históricas, políticas, sociales y económicas que justifican la secesión de España, y que brindan las bases para un debate urgente sobre la cuestión catalana.

En los últimos dos años la coalición nacionalista Convergència i Unió, encabezada por Artur Mas, ha logrado encender nuevamente el debate sobre el separatismo. Lo anterior, sumado a la crisis económica que atraviesa el país, llevó a que sectores inicialmente neutros se hayan sumado al movimiento. Otro hito importante fueron las protestas del año 2012, con casi 2 millones de asistentes, las cuales se configuraron como un escenario relevante para el fortalecimiento del movimiento independentista y la consolidación de los procesos organizativos en la disputa. El resultado de todo lo anterior fue un apoyo sorprendente al proceso separatista, y para el año 2013 se estimó que cerca del 50% de los catalanes y el 80% de los ajuntaments (administraciones municipales en Catalunya) estaban a favor del mismo1. Dichos sentires y consideraciones desembocaron en una propuesta para realizar un referéndum soberanista. La iniciativa contó también con el apoyo mayoritario del parlamento, logrado a través de un pacto de unidad de respaldo a la consulta. Esto ocurre tan sólo ocho años después de la formalización del estatuto de Catalunya como región autónoma2.

Después de la actuación del Tribunal Constitucional (TC) para impedir que los catalanes decidieran su futuro en las urnas (i.e., tanto la propuesta de referéndum como la de consulta popular no vinculante fueron vetadas), los catalanes llevaron a cabo el pasado 9 de noviembre una consulta simbólica y sin el aval legal que correspondía. Aunque la determinación del TC dejó pocas vías legales a los ciudadanos para poder expresarse, y un margen de conversación prácticamente nulo con el gobierno de Rajoy, los catalanes dieron una lección de participación y democracia al gobierno central y sus artimañas jurídicas, acudiendo masivamente a las urnas: más de 2 millones de personas votaron y reivindicaron su derecho a decidir. El resultado fue abrumador, con el 81% de los votos a favor de la independencia3, y dejó claro la urgencia de encontrar una solución al conflicto.

Ahora bien, tres cosas son importantes en estos últimos avances. En primer lugar, con la prohibición de la consulta el gobierno central se perdió la oportunidad de manejar el asunto de manera consensuada, lo que deja la sospecha de que este blindaje encierra, en efecto, un cierto desasosiego frente a los resultados. El impedimento fue desmesurado en tanto el llamado a las urnas no tenía un carácter vinculante, y su pretensión no era tanto la de que los resultados desembocaran en un nuevo e inmediato marco político o jurídico, sino la de valorar el apoyo con el que cuenta la propuesta independentista. Esta valoración, a su vez, permite estimar la conveniencia del avance de las apuestas políticas separatistas, ya que entre los mismos catalanes son innegables los distintos matices de opinión respecto al proceso de secesión y a la conformación de un estado catalán.

En segundo lugar, existe aquí un problema que el gobierno central no puede seguir eludiendo, y es que Catalunya viene exigiendo desde hace mucho tiempo su derecho a la autodeterminación. En medio de este escenario, probablemente los intentos de evitar un debate abierto sobre el asunto no debilitan el entorno de reivindicación en que se halla la región. Muy al contrario, las barreras que se están levantando instigan el descontento y son un reflejo de la torpeza del Estado español para dar cabida a la pluralidad de opiniones y demandas que existen en toda su extensión. Al mismo tiempo, tildar de “simulacro inútil y estéril”4 a la consulta del 9N, cuando un número significativo de personas atendieron a la misma, deja de manifiesto el recelo del gobierno por dar el merecido debate sobre el modelo actual de organización territorial.

En tercer lugar, la cuestión catalana ha sido tratada hasta ahora en términos dicotómicos: “adentro” o “afuera” de España, que parecen ser insuficientes para pensar en una solución razonable. De ahí que sea posible distinguir un tercer bloque de opinión importante que ha venido siendo en cierta medida silenciado y que está a favor de una alternativa ubicada en la frontera de las anteriores: la fórmula federalista5. Esta alternativa posibilitaría entonces, por una parte, reconocer a la región autónoma como una nación, dando así una adecuada respuesta a los requerimientos de un autogobierno ampliado. Por otra parte, como sostiene la politóloga Gemma Ubasart6, resultaría una opción menos radical en la medida que, al no representar una opción de ruptura, permitiría eludir fenómenos de segregación y fractura (por ej., los relacionados con la doble identidad), y salvaguardar las relaciones con el gobierno central. Es decir, una solución razonable podría ser aquella en la que se sostuviera un proyecto de país común, pero con la debida emancipación que un modelo federalista sería capaz de ofrecer.

Para terminar, quedan algunas preguntas: ¿Cuáles van a ser las determinaciones para dar salida a la cuestión catalana?, ¿Estará el gobierno de Rajoy dispuesto a reabrir los canales de diálogo para dar cuenta de la problemática? Las respuestas a estas preguntas no son fáciles ni mucho menos previsibles, pero con toda seguridad merecen el debido alejamiento de los cauces jurídicos adelantados hasta ahora, para dar lugar a soluciones de tipo político, y en virtud de una petición absolutamente legítima de vivir en una Catalunya emancipada.

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1http://cadenaser.com/programa/2013/09/11/hoy_por_hoy/1378857012_850215.html
2Federació de Municipis de Catalunya, Codi de Règim Local: Estatut d’autonomia de Catalunya. Consultado en: http://www.sabarca.cat/files/124-1208-document/Estatut%20d’Autonomia%20de%20Catalunya%20(19%20de%20juliol%20de%202006).pdf

3http://www.lavanguardia.com/politica/20141110/54419122198/resultados-9n.html
4http://www.lavanguardia.com/politica/20141109/54419117152/gobierno-9n-simulacro-esteril-validez-democratica.html
5El Partit dels Socialistes de Catalunya es uno de los promotores de esta propuesta. Ver http://www.socialistes.cat/noticia/si-algun-dia-cal-mostrar-sintonia-entre-el-socialisme-catala-i-lespanyol-es-avui
6Fort Apache – Cataluña: ¿Quién decide el 9N?