De acuerdo con el informe de la Contraloría General de la República, titulado “Actuación Especial sobre la Acumulación Irregular de Predios Baldíos en la Altillanura Colombiana” (publicado en febrero de este año), se estima que el detrimento fiscal formulado por el organismo de control en el primer hallazgo, es de 150.378,92 millones de pesos, debido a la mala gestión de estos predios realizada por el INCODER, y sumando las tierras acumuladas irregularmente por actores como Luis Carlos Sarmiento Angulo, la multinacional Cargill, los ingenios Riopaila Castilla y Manuelita, entre otros denunciados por congresistas de la oposición. Sin duda ésta es una cifra considerable, que igualmente está subestimada para esta región y para el resto del país donde se ha presentado este fenómeno de acaparamiento irregular de tierras con antecedentes de baldíos. Esto en razón a que no todos los casos de acumulación son recogidos en este informe.

Hasta ahora las denuncias desde el Congreso y Organizaciones No Gubernamentales, y aquellas que se han dirigido a la Contraloría General de la República, e incluso órdenes judiciales como las consignadas en la Sentencia T-488 de 2014, no han tenido una respuesta estatal satisfactoria que redunden en la recuperación de este patrimonio público. Todo lo contrario, la apuesta del gobierno actual, así como el de Álvaro Uribe Vélez, ha sido la de legalizar estas transacciones apelando, entre otras, a la baja calidad de los suelos, la supuesta existencia de rendimientos decrecientes a escala en la agricultura en esa región, la ineficiencia de los campesinos en comparación con grandes empresarios, y lo apartado de zonas urbanas de territorios como la altillanura colombiana.

La respuesta ante estas intenciones del gobierno nacional, que coinciden con los intereses de grandes conglomerados económicos, llevada a cabo por parte de congresistas de la oposición y de las organizaciones que tienen vínculo directo con la ruralidad colombiana, ha sido la postura crítica y contraria. Esta posición en defensa del patrimonio público, del acceso progresivo a la propiedad de la tierra (art. 64 de la Constitución) y de la autonomía territorial de comunidades ancestrales, entre otros derechos, ha tenido eco en la jurisprudencia de la Corte Constitucional que, mediante las sentencias C-644 de 2012 y T-488 de 2014, reafirma lo establecido en la Ley 160 de 1994 y en la Constitución respecto a los usos de las tierras baldías y la imposibilidad de su acumulación o fraccionamiento antieconómico.

Sin embargo, una cosa es lo que dispone la Ley y la jurisprudencia, y otras las intenciones del gobierno nacional y los actores interesados. Esto ocurre en la actualidad con el proyecto de Ley 133 de 2014 de la Cámara de Representantes, por la cual se crean y se desarrollan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico, y se adiciona el artículo 52 y se interpreta el artículo 72 de la Ley 160 de 1994. Este proyecto sigue la tradición impuesta por las iniciativas legislativas impulsadas por los gobiernos de Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez, que pretenden entregar en concesión las tierras baldías a grandes empresas especializadas del sector agropecuario o forestal. Además de facilitar la acumulación de tierras con antecedentes de baldíos en compraventas que, sumadas, exceden la Unidad Agrícola Familiar (UAF), violando lo dispuesto en el art. 72 de la Ley 160 de 1994. Obligando también a los campesinos beneficiarios de adjudicación de baldíos a vender sus predios o a entregarlos a gestores empresariales, donde se “transfiguran” de campesinos a simples cesionarios de su propiedad; situación en la cual eufemísticamente se les denomina “socios”.

Sin embargo, hasta ahora los análisis no incluyen un aspecto de trascendencia en materia de política pública, y es el impacto fiscal que a futuro tendría esta iniciativa legislativa de convertirse en Ley.

Para empezar valga decir que el cálculo efectuado por la Contraloría General de la República, corresponde únicamente al valor de los predios que en transacciones ilegales acumularon de manera irregular unos agentes privados. Sin embargo, este hallazgo fiscal no incluye otros casos denunciados, ni todos los que faltan por analizar tanto para la zona de la altillanura, como en otras regiones del país. Y en todo caso, tal cálculo solo contempla el valor de las tierras acumuladas irregularmente.

Ahora, el hallazgo del organismo de control implicaría (o exige, mejor) la recuperación de estas tierras, pues como lo determina la Ley, estas compraventas serían nulas al tenor del artículo 72 de la ley 160 de 1994. Es decir, la responsabilidad en materia fiscal, que en este caso corre a cargo del INCODER (pues es la entidad que administra estas tierras), se cubriría realizando lo que exige la norma: demandando estas compraventas y recuperando estas tierras para procesos de reforma agraria.

Sin embargo, el problema no es solo la pérdida de patrimonio representado en bienes fiscales como los baldíos. El grueso del problema, en materia financiera, estaría en las demandas de los privados ante un proceso de legitimación-reversión, esto es, que el Gobierno y el Congreso a través del proyecto de Ley 133 terminen legalizando disposiciones como las referidas atrás, y posteriormente, ante la dimensión de la inconstitucionalidad de la norma, sean reversadas estas disposiciones. Esto sucedió con algunos artículos de la Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014), que no soportaron el test de constitucionalidad efectuado por la Corte. Situación que gracias a la agilidad de los demandantes y de la misma Corte, en el corto tiempo de vigencia de la Ley no se alcanzaron a realizar los negocios privados (denominados en su momento PEDAF – Proyectos Especiales de Desarrollo Agropecuario y Forestal, figura jurídica que no obstante alcanzó a ser reglamentada mediante el Decreto 4944 de 2011), pues en menos de un año se promulgó la sentencia C-644 de 2012 que declaró inexequibles los artículos del Plan de Desarrollo que reformaban la Ley 160 de 1994 en lo referente a las UAF y su acumulación.

Ahora, en el evento en que el Gobierno avale tales disposiciones, no solo se estaría poniendo en riesgo el patrimonio estatal representado en los baldíos, sino que hay un agravante: los actores privados involucrados en transacciones irregulares (Riopaila Castilla, el grupo Luis Carlos Sarmiento Angulo, la multinacional Cargill, entre otros que recoge el informe de la Contraloría) y aquellos que accedieran a concesiones, demandarían, y no lo harían solo por el valor invertido en la compra de tierras, sino en maquinaria adquirida, el monto pagado en créditos, la colocación de títulos valores y, por supuesto, el lucro cesante. Es decir, el costo fiscal de avanzar en el trámite de una iniciativa legislativa con serios vicios de inconstitucionalidad como el Proyecto de ley 133 de 2014 Cámara es de un valor multibillonario.

En tal evento, es decir, de darse trámite a esta iniciativa legal, y posteriormente llevarse a cabo una declaratoria de inconstitucionalidad de la norma (que tiene una probabilidad cercana a 1, por el análisis jurisprudencial), significaría que el gobierno estaría vulnerando flagrantemente lo dispuesto en el Acto Legislativo 03 de 2011 (principio de sostenibilidad fiscal), la Ley 819 de 2003 (Ley de responsabilidad fiscal) y por supuesto la Ley 1473 de 2011 (regla fiscal). Y la razón es simple: tales demandas multibillonarias para el Estado colombiano deben ser cubiertas con recursos públicos, esto es, con impuestos. Cálculos que seguramente no estarán en las cuentas del Ministerio de Hacienda, y que por supuesto violarían las estimaciones y metas contempladas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Así, si el gobierno actual es coherente con un discurso de paz, quiere entrar en el selecto club de la OCDE (para lo cual le ordenan reducir el déficit fiscal y los niveles de desigualdad) y propone la construcción de un modelo más equitativo en lo rural, la tarea es simple: recuperar las tierras baldías o con antecedentes de baldíos acumuladas irregularmente por actores privados, redistribuirlas a sujetos de reforma agraria, y de paso, ahorrarle a los colombianos mayores impuestos presentes o futuros. Porque valga recordar que las demandas contra el Estado se pagan hoy o mañana con impuestos a los contribuyentes.