Colombia conoce desde hace muchas décadas una situación de violación másiva y sistemática de los derechos humanos. Esta situación está, por supuesto, muy relacionada con el desarrollo del conflicto armado interno, pero también tiene que ver con un elemento decisivo en el detonante de este conflicto, y por lo tanto que tendría que resolverse para su terminación, a saber la fuerte restricción a la participación política en el país. Una restricción que ha sido una constante en la historia de Colombia y que constituye un elemento de explicación de la duración del conflicto armado, caracterizada por la marginalización y el ataque directo al pensamiento político crítico. Es más, la trágica falta de espacios democráticos y la banalización de la violencia han hecho que una enorme cantidad de individuos, organizaciones o incluso poblaciones enteras hayan sido blanco de una represión implacable por el solo hecho de haber reivindicado sus derechos.

Dentro de este panorama desolador, cabe señalar que Colombia puede contar con la existencia de un importante universo de individuos y organizaciones defensores de los derechos humanos, caracterizado por un fuerte compromiso y una gran experiencia. Hay que entender la actividad de defensa de los derechos humanos de manera amplia, como el hecho de actuar, de forma pacífica, para la defensa y la promoción tanto de los derechos humanos reconocidos en el ámbito jurídico nacional, como de los proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este sentido, los defensores y defensoras de los derechos humanos (DDH) en Colombia pueden ser abogados, periodistas, sindicalistas, militantes asociativos, líderes comunitarios, familiares de víctimas, estudiantes, ambientalistas, etc…

En un país donde la violencia institucional y la cultura narcoparamilitar han tenido efectos desastrosos sobre la “moralidad” de la sociedad, los DDH colombianos pueden constituir verdaderos ejemplos de dignidad y de lucha democrática. Sin embargo, siempre han tenido que afrontar altos riesgos y trabajar en medio de un ambiente de señalamiento y de persecución, como consecuencia directa de su actividad. Son frecuentemente el objeto de ataques, que van desde las amenazas hasta los asesinatos, pasando por las detenciones arbitrarias y el robo de información. Ataques que tienen como propósito perjudicar su trabajo pero también mantener un clima de temor. Si bien es claro que esta persecución ha sido una constante durante el conflicto interno, prosperando sobre una impunidad sistemática, cabe señalar que los ataques a los DDH han alcanzado niveles particularmente preocupantes durante los años de gobierno del presidente Santos, y aún y más aún, desde que arrancó el proceso de paz.

En su último informe, titulado La Divina Comedia1, el Programa Somos Defensores, organización de referencia, alerta sobre el aumento histórico del número de agresiones a DDH durante el año 2014. En efecto, el programa registró un total de 626 agresiones durante el año pasado, lo que constituye un incremento del 71% con relación al 2013. Las cifras de agresiones a DDH han crecido de manera constante desde que Santos llegó al poder en el año 2010, pasando de 174 agresiones registradas ese año a las 626 del año pasado. La modalidad específica de las amenazas conoció una evolución paralela, pasando de 109 casos en el 2010 a 488 en el 2014. En cuanto a los asesinatos, son decenas de casos registrados cada año, con una cifra de 55 para el año pasado, y un total de 283 desde el año 2010.

En los últimos meses, han circulado numerosos panfletos de amenazas de muerte masivas, muchas veces firmados por el grupo paramilitar Águilas Negras, como por ejemplo el que circuló el 9 de marzo pasado2, que declaran como objetivos militares a políticos, integrantes de ONG o investigadores que tienen como característica común su trabajo en defensa de los derechos humanos y su apoyo al proceso de paz. Paralelamente, organizaciones de campesinos, indígenas y afrodescendientes alertan sobre el incremento de ataques en su contra y denuncian una verdadera persecución, como lo señalaron voceros de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular en una rueda de prensa el 10 de marzo pasado3, denunciando la cifra de 110 acciones bélicas en contra de sus integrantes sólo desde el principio de este año. Por su parte, el MOVICE aprovechó la conmemoración de sus 10 años de existencia el 6 de marzo pasado4, para llamar la atención sobre el gran número de actos de revictimización contra sus miembros, con aproximadamente 84 agresiones reportadas desde septiembre de 2013.

Los alarmantes niveles actuales de amenazas y agresiones a DDH y activistas políticos no son de ninguna manera una casualidad, sino la consecuencia directa de la configuración político-social actual del país. Los avances significativos en la mesa de negociaciones de La Habana, la existencia de una política oficial de restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado (a pesar de sus limitaciones) y el fortalecimiento de los movimientos populares tienen como contraparte la reacción criminal de los enemigos de la paz y de los cambios sociales, que son los mismos enemigos de siempre, ligados al Estado y a poderosos intereses locales. Por lo tanto, no hay que sorprenderse por el incremento de esas amenazas y agresiones, sino que hay que considerarlas como una especie de prueba de fuego en el camino hacia una paz sustentada en unos cambios auténticos.

Todo eso ocurre en un contexto de reconfiguración y auge paramilitar, que deja pensar que estos grupos tendrían la capacidad de poner en jaque, nuevamente, el proceso de paz en Colombia. Frente a esta muy preocupante reconfiguración paramilitar, el gobierno persiste en afirmar que ya no existen grupos paramilitares en el país desde el supuesto proceso de desmovilización llevado a cabo a través de la famosa y mal llamada Ley de Justicia y Paz del año 2005, contradiciendo de manera evidente las observaciones del conjunto de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales. A pesar de las alegaciones del gobierno, que sólo habla de “bandas criminales” (bacrim), es muy importante afirmar de manera clara que los grupos paramilitares siguen existiendo en Colombia, obedeciendo a la misma ideología contrainsureccional, atacando los mismos objetivos de siempre y estando al servicio de los mismos intereses económicos. De una cierta manera, el contexto actual puede hacer pensar en el de los años ochenta, cuando el presidente Betancur reemplazó al autoritario Turbay Ayala y pusó en marcha el proceso de paz, que fracasó en gran parte por el desarrollo del accionar paramilitar.

La única respuesta del gobierno Santos frente al riesgo creciente que afrontan los DDH y los activistas políticos ha sido la valorización de la Unidad Nacional de Protección (UNP), creada en el año 2011 tras la supuesta disolución del DAS. Esta entidad estatal está diseñada para proporcionar seguridad a miles de personas en situación de riesgo. Sin embargo, después de varios años de funcionamiento y basándose en observaciones de DDH, es preciso señalar que la UNP sufre de serias deficiencias. Muestra de ello son las demoras en los estudios de riesgo y en la aplicación de las medidas de seguridad, una tercerización de los escoltas, o una concepción militarista limitada a la simple protección física individual. Además, existe una importante corrupción relacionada con los contratistas privados que muchas veces efectúan la labor concreta de protección. En fin, se trata de un mecanismo únicamente reactivo e individual, que no toma en cuenta los factores que originan los riesgos, y se estima que menos de la mitad de las solicitudes hechas por los DDH están atendidas.

Pero el presidente Santos no sólo es responsable de no actuar de manera contundente frente a este problema del incremento de las agresiones, sino que se le puede acusar de tener un discurso totalmente ajeno a la durísima realidad que viven los que defienden los derechos humanos en Colombia. En efecto, desde que arrancó el proceso de paz es bastante patética la manera como Santos se contenta de repetir discursos de plácido optimismo, haciendo únicamente énfasis en el futuro radiante que le espera al país. Sólo usa el término de “mano negra” de vez en cuando para señalar que existen personas que no quieren la paz. Pero la misma utilización de este término indefinido, conjugada a la negación del paramilitarismo, es la prueba de que Santos carece de la voluntad política que se requiere para afrontar de verdad a estos enemigos de la paz y al mismo tiempo para asegurar una protección eficaz a los DDH. Debe quedar claro que la mejor garantía para el trabajo de defensa de los derechos humanos es el reconocimiento oficial de su importancia y el accionar político en favor de la búsqueda y el enjuiciamiento de los victimarios.

En cuanto a la mesa de negociaciones en La Habana, se puede observar que hay avances claramente positivos que van en el sentido de un mejoramiento de la defensa de los derechos humanos en Colombia. Sin embargo, sería pertinente tener en cuenta dos aspectos que fortalecerían aún más este camino y que permitirían también una mejor conexión con la realidad del país. Primero, con relación al punto sobre participación política, es preciso hacer que las negociaciones vayan mucho más allá de las garantías para los futuros desmovilizados de la guerrilla y el partido que los acogerá, para abordar de forma más general la manera de garantizar que, de ahora en adelante, el pensamiento crítico ya no será el objeto de señalamientos y ataques. Y segundo, con respecto al punto sobre víctimas, no sólo atender sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, sino también hacer énfasis en las garantías de no repetición, es decir pensar en la manera de asegurar que la sistematización de las violaciones a los derechos humanos se acabe y no vuelva a repetirse.

El proceso de paz entre el gobierno y las FARC ha despertado un legítimo optimismo frente a la posibilidad de que se termine el conflicto armado interno, o por lo menos su capítulo principal. Pero también ha llevado a que muchas personas se interroguen sobre el significado de la paz y se pregunten, dada la persistencia, e incluso el empeoramiento reciente, de la situación dramática de los derechos humanos en el país, si Colombia podrá alcanzar una paz verdadera y duradera. Es más, como ya se pudo observar en pasados procesos de paz, existen importantes poderes que se han beneficiado del conflicto armado y que por ende manifiestan su inconformidad con su posible superación, lo que va de la mano con un fortalecimiento del accionar paramilitar. Por otro lado, también existen serios motivos de interrogante sobre la actitud del presidente Santos. Esto porque la posibilidad de una verdadera paz en Colombia requiere la voluntad política de las autoridades de llevar a cabo profundos cambios y de ninguna manera puede contentarse de pequeños cambios cosméticos de forma. En fin, la situación actual pone de relieve que el anhelo por la paz y el combate por el respeto de los derechos humanos tienen que acompañarse de una movilización popular y una lucha política para que el derecho y la democracia no sean eternos espejismos sino que por fin tomen vida de verdad.

  1. http://somosdefensores.org/attachments/article/132/la-divina-comedia-web-final.pdf
  2. http://www.verdadabierta.com/victimas-seccion/organizaciones/5657-aguilas-negras-amenazan-a-alcalde-de-bogota-gustavo-petro
  3. http://www.elespectador.com/noticias/judicial/cumbre-agraria-denuncia-persecucion-defender-derechos-h-articulo-548609
  4. http://www.movimientodevictimas.org/versionantigua/index.php?option=com_k2&view=item&id=4318:la-criminalidad-estatal-y-las-agresiones-contra-el-movice-persisten&Itemid=305