Marya Hinira Sáenz

* Marya Hinira Sáenz

Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Estudiante de la Maestría en Filosofía de la misma institución. En la actualidad es integrante del grupo de investigación en Teoría Política Contemporánea (TEOPOCO) de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, en el que coordina el Observatorio Posiciónal de Medios (Negociación y Conflicto Armado), y del grupo de investigación en Estudios Sociohistóricos de la Salud y la Protección Social, de la Facultad de Medicina

Para muchos el 2015 será, ahora sí, el año de la firma del acuerdo final entre el Gobierno y las FARC. Aunque este fuera el caso y el proceso se encontrara en su recta final, aún quedan varios temas sensibles para la mesa de conversaciones y para la opinión pública, que deberán ser tramitados en medio de un difícil equilibro entre la primacía del derecho o de la política. Por ejemplo, pensemos en lo siguiente: ¿es aceptable continuar la confrontación a pesar de las víctimas que esta deja diariamente y del riesgo que supone para los diálogos? Ahora, si no ha concluido la negociación, ¿cómo acordar un cese bilateral a pesar del deber constitucional de las Fuerzas Militares de garantizar la seguridad en el territorio nacional? O preguntémonos si acudir a los mecanismos de consulta y participación incluidos en la Constitución de 1991 para refrendar los acuerdos, no es abrir la puerta para que la apatía electoral o la oposición uribista lleven a que no se ratifique lo pactado. ¿Estamos dispuestos a correr ese riesgo?

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Los anteriores cuestionamientos no fueron nuevos, pero solo hasta el primer mes del año lograron el eco suficiente para convertirse en el centro del debate. La primera discusión se dio alrededor del cese bilateral, luego de que en los primeros días del año el presidente Santos afirmara: “Hasta ahora hemos seguido esa máxima que se hizo famosa por el primer ministro israelí Isaac Rabin que decía que había que negociar como si no existiese la guerra o el conflicto, y había que mantener la ofensiva militar como si no existiese proceso de paz. Pero los avances en las negociaciones nos indican que ahora son otras las circunstancias y que esta desconexión ya no procede”1. Así, con el logro de tres acuerdos parciales, la pronta superación de la suspensión de los diálogos y el cumplimiento del cese del fuego indefinido por parte de las FARC como argumentos, Santos decidió impulsar una nueva fase de las conversaciones y ordenarle al equipo del Gobierno que aceleraran el inicio de las conversaciones sobre el cese del fuero y de las hostilidades.

Con esta noticia se renovó la esperanza de que pronto la historia reciente de Colombia no sea resumida en aquella frase que ha sido repetida innumerables veces en escenarios cotidianos, políticos y académicos, y que habla de la vida de los abuelos, los padres y la nuestra: “Esta generación no ha conocido un solo día de paz”. Porque aunque la orden presidencial no fue la de cesar de inmediato la confrontación, sino empezar el “desescalamiento” del conflicto, la indicación era clara: si las conversaciones de paz avanzan, la idea de un país sin guerra tiene que dejar de ser solamente el resultado de un ejercicio imaginativo.

Podríamos pensar que esto es un paso apenas obvio y necesario, sin embargo, la directriz del jefe de Estado despertó más de una preocupación. ¿Acaso el presidente Santos puede interrumpir el orden legal, en este caso las obligaciones de las Fuerzas Militares, para garantizar el avance del proceso de paz? ¿Declarar un cese al fuego no es “atarle las manos” a aquellos que deben velar por la seguridad de los colombianos? ¿El país no ha pasado por experiencias similares en las que el resultado fue el fortalecimiento militar de la guerrilla en desmedro de la autoridad estatal? Los interrogantes no los plantearon solamente quienes se han opuesto a los diálogos con la ya consabida denuncia de la entrega del país al terrorismo2, sino también quienes han oscilado entre la favorabilidad y la reticencia frente la negociación. Frente a las dudas que despertaba la orden presidencial, unos y otros destacaron la importancia de respetar los marcos institucionales del Estado3. “Queremos la paz pero no se puede poner en riesgo la seguridad del país”4, dijo entonces Carlos Maya, presidente de Asoporcicultores.

De esta manera fue planteada una encrucijada a la que no fue ajeno el Gobierno, entre la exigencia de supeditar el desarrollo de los diálogos de paz a los límites jurídicos actuales y la demanda de otros sectores por flexibilizarlos en favor del avance de la negociación. Por ahora el presidente Santos y su equipo decidieron inclinarse por la primera opción. Ya fuera por la presión de la oposición o por las experiencias de procesos anteriores, el cese al fuego será el punto final de la etapa de “desescalamiento”5. Solo cuando el Comando Estratégico de Transición, liderado por el general Javier Flórez (hasta ese momento Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares), acuerde con el Comando de Normalización Guerrillero los mecanismos logísticos y jurídicos que permitirán acabar con la confrontación, el cese podrá ser una realidad. Mientras estos puntos son subsanados, las Fuerzas Militares conservarán el papel que demandan quienes hacen eco del discurso de la seguridad.

La decisión del Gobierno, sumada al mandato de aumentar las actividades militares, generó confusión y dio pie para que las FARC le devolvieran al presidente Santos el mismo reclamo que él le ha hecho a la guerrilla en varias ocasiones: es necesario demostrar con hechos la voluntad de paz. Para el grupo guerrillero, el presidente Santos hablaba de “desescalamiento” al mismo tiempo que promovía “el reinicio del fuego y el ataque a la infraestructura económica del Estado, en lugar de propiciar el silenciamiento de los fusiles”6. Una vez más era evidente que cuando se trata del lugar de las Fuerzas Militares en la preservación del orden estatal, el Gobierno no está dispuesto a motivar las críticas del uribismo.

Sin embargo, el argumento de preservar las obligaciones constitucionales de las Fuerzas Militares no fue un obstáculo para el optimismo de aquellos que han reclamado la necesidad de detener la guerra7, esa que no se siente en los barrios de clase media y alta, en los escritorios donde se redactan las columnas o en los auditorios donde se dictan conferencias, pero que es vivida cotidianamente en muchos territorios por esos colombianos que tanto se rehúsan en reconocer. Para quienes han exigido el cese del fuego lo que importó fue el hecho político: la voluntad de las partes sentadas en la mesa de conversaciones para avanzar en el camino hacia la superación de la confrontación que cobra nuevas víctimas todos los días y que, como sucedió al final del año pasado, puede poner en riesgo la continuidad del proceso de paz.

Mientras políticos, analistas y columnistas discutían sobre la pertinencia o no de declarar un cese bilateral, el Fiscal General de la Nación hizo virar la atención al escenario de la refrendación de los acuerdos, cuando en los últimos días de enero dio la siguiente declaración: “Considero que no se requiere desde el punto de vista legal ni constitucional la refrendación para celebrar los acuerdos. No hay necesidad de una refrendación popular”8. En cambio propuso una ley estatutaria que recojiera los acuerdos de la mesa. El hecho de que la propuesta viniera de una de las autoridades legales del país, que además ha sido un fuerte defensor de los diálogos, causó un revuelo inmediato. El pronunciamiento tiene que ver con una pregunta que ha sido repetida desde hace varios meses: ¿qué pasaría si la mayoría de los colombianos no aprobara lo que se pacte en la mesa de La Habana? El riesgo no es menor, porque aunque el proceso ha ido ganando adeptos, hay una fuerza política opositora a la negociación que es capaz de movilizar (o inmovilizar) votantes en un posible escenario de refrendación. De ahí que la propuesta haya encontrado receptores, aunque por ahora no muchos9.

Por esta razón, a pesar del cambio en el tema de discusión, en el fondo el debate continuó girando alrededor de la pregunta acerca de si, frente a la necesidad de concluir con éxito el proceso, la prioridad hay que ponerla en el derecho o en la política. En este caso también hubo quienes defendieron el respeto al orden constitucional. Para Rafael Nieto Loaiza “si los acuerdos con las Farc suponen reformas a la Constitución, y en varios puntos parece que así es, jurídicamente es indispensable acudir a un mecanismo de refrendación. Y esos mecanismos solo pueden ser los establecidos ya en la Carta Política para reformarla”10.

Pero la de Loaiza fue una opinión aislada11. La mayoría de quienes se pronunciaron coincidieron en que no hay ninguna obligación legal o constitucional para refrendar lo que se acuerde en La Habana. Sin embargo, esto no los llevó a sostener la misma posición del Fiscal porque, como lo señalaron, la legitimidad de lo acordado no descansará solamente en el mecanismo jurídico con el que se busque someter lo pactado a la ciudadanía, sino, sobre todo, en el acto político de la aprobación de los colombianos12. En este sentido, la posición de las FARC fue contundente: “No queremos una paz convenida exclusivamente con poderes constituidos que no pueden propiciar la seguridad jurídica necesaria para que la reconciliación nacional sea estable y duradera. Sólo el poder constituyente, partero de los poderes constituidos, garantiza el buen rumbo de la paz buscada (…) A nadie se le puede ocurrir que en un proceso que hemos concebido realizar de cara al país se pueda prescindir de la participación del pueblo en su construcción y en su implementación”13.

Contrario a lo que sucedió con la discusión sobre el cese al fuego, en donde la primacía del derecho y la voluntad política parecen mutuamente excluyentes, cuando se trata de la refrendación de los acuerdos parece necesario acudir a los mecanismos constitucionales de consulta y participación para darle legitimidad política al proceso. Aunque no es claro si una ley estatutaria es un instrumento jurídico suficiente para aprobar lo convenido en la negociación, sí es evidente que no es la vía adecuada para darle a los acuerdos el respaldo político que requiere su implementación. No se trata entonces de acudir a una posición conservadora que se rehúsa a modificar el derecho para respetar el actual orden institucional, sino de abrir el camino para que sea el apoyo ciudadano el que le dé la solidez necesaria al escenario de posnegociación.

Por ahora la baraja de posibilidades se mueve entre el referendo del Gobierno, la Asamblea Constituyente de las FARC, el “congresito” de Uribe, la “papeleta por la paz” del senador Roy Barreras y una consulta popular. La guerrilla y el presidente Santos empeñaron su palabra, tendremos que esperar para saber si la oposición del uribismo, la presión del tiempo o la dificultad para llegar a un acuerdo sobre el mecanismo, hacen que la propuesta del Fiscal sea más atractiva.

Así, aunque muchos sostienen que después de los escollos superados el proceso parece irreversible, las tensiones del primer mes del año dejaron ver que todavía queda un camino largo y difícil por recorrer. La recta final de la que tanto se ha hablado puede ser más larga de lo que algunos esperan, no solo porque todavía no es claro cuándo será declarado el cese bilateral o cuál será la decisión definitiva sobre la refrendación, sino sobre todo porque la disyuntiva entre el derecho y la política también está presente en la discusión sobre justicia. En este caso la pregunta que queda por resolver es si los guerrilleros de las FARC deberán o no cumplir penas carcelarias. Hasta el momento el escenario plantea que los colombianos tendremos que decidir si exigiremos que se aplique el derecho a toda costa o si aceptaremos la opción política de la verdad.

  1. Semana. “Cese al fuego bilateral” (publicado el 6 de enero de /2015). Disponible en: http://www.semana.com/opinion/articulo/armando-neira-cese-al-fuego-bilateral/414078-3 (Consultado el 22 de enero de 2015)
  2. Esta fue la posición de Marta Lucía Ramírez, excandidata presidencial por el Partido Conservador y de columnistas como Guillermo Rodríguez (La República) y Darío Acevedo Carmona (El Espectador). Desde el Centro Democrático se pronunciaron el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez y los senadores Alfredo Rangel y Ernesto Macías.
  3. Por ejemplo, el diario El Colombiano; David Barguil, presidente del Partido Conservador; Carlos Maya, presidente de Asoporcicultores, Carlos Alberto Estefan, gerente de Analac; y Rubén Darío Lizarralde, presidente de Campetrol.
  4. La República. “Instrucciones sobre cese bilateral del fuego envían mensaje de firma de la paz” (publicado el 16 de enero de 2015). Disponible en: http://www.larepublica.co/instrucciones-sobre-cese-bilateral-del-fuego-env%C3%ADan-mensaje-de-firma-de-la-paz_209641 (Consultado el 22 de enero de 2015). También se pronunciaron Carlos Alberto Estefan, gerente de Analac, y Rubén Darío Lizarralde, presidente de Campetrol.
  5. Así se pronunciaron Óscar Naranjo, general (r) de la Policía y miembro del equipo negociador del Gobierno, Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz y miembro del equipo negociador del Gobierno, Juan Carlos Pinzón, ministro de defensa. También lo hizo Víctor G. Ricardo, primer comisionado de Paz del gobierno de Andrés Pastrana.
  6. Revista Semana. “FARC acusa a Santos de “reiniciar el fuego”” (publicado el 27 de enero de 2015). Disponible en: http://www.semana.com/nacion/articulo/farc-acusa-santos-de-reiniciar-el-fuego/415918-3 (Consultado el 1 de marzo de 2015).
  7. Esta posición fue compartida por Amylkar Acosta, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos; Clara López, presidente del Polo Democrático Alternativo e Iván Cepeda, senador por el mismo partido; Ernesto Samper, expresidente de Colombia y secretario general de UNASUR; monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia; el diario La República; Armando Borrero Mansilla, analista de Razón Pública; Carlos Pinilla, profesor de historia de la Universidad Externado de Colombia; el Frente Amplio por la Paz; León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, Piedad Córdoba, vocera de Marcha Patriótica; UNASUR; Vicenç Fisas, director de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona
  8. El Tiempo. “Acuerdos con guerrilla no necesitan refrendación, pero sí legitimidad” (publicado el 20 de enero de 2015) Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15122578 (Consultado el 22 de enero de 2015).
  9. Fue el caso de Hernando Gómez Buendía, columnista en El Espectador y de Razón Pública.
  10. El País. “Refrendación o nada” (24 de enero de 2015). Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/rafael-nieto-loaiza/refrendacion-o-nada (Consultado el 1 de marzo de 2015).
  11. No obstante, también fue compartida por Luis Fernando Álvarez, columnista en El Colombiano.
  12. Así lo manifestaron Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del gobierno, y el equipo negociador de las FARC. También se pronunciaron en este sentido Ernesto Samper, expresidente de Colombia y secretario general de UNASUR; Fabrizio Hochschlid, representante de la ONU en Colombia; Alpher Rojas, columnista de El Tiempo y exdirector del Instituto del Pensamiento Liberal; Rodrigo Uprimny, Director de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional; Iván Cepeda, senador del Polo Democrático Alternativo; El Espectador; y el Partido Conservador.
  13. Revista Semana. “FARC insisten en refrendación del proceso de paz” (publicado el 22 de enero de 2015). Disponible en: http://www.semana.com/nacion/articulo/farc-insisten-en-refrendacion-del-proceso-de-paz/415439-3 (Consultado el 1 de marzo de 2015).