“Nunca habíamos visto a las FARC tan comprometidas con el proceso” anunció Juan Manuel Santos en una entrevista al periódico español El País (01/03/2015). Es cierto, los diálogos de paz en Cuba han logrado avances históricos. Mientras tanto Colombia se posiciona como tercera economía de América Latina, un desarrollo económico rápido en medio (¿o gracias?) al conflicto. El gobierno lo puso claro de entrada: “el modelo económico del país no está en discusión” en La Habana, a pesar de que la guerrilla había hecho mención de las reformas institucionales y económicas que juzga necesarias para poner fin al conflicto.

Colombia conoció en 2013 una de las movilizaciones campesinas más importantes del país; pues los campesinos no se habían movilizado de esta forma desde las grandes movilizaciones de 1971 y 1977, mientras que en Cuba se hablaba del primer punto, el tema agrario, eje fundamental de las negociaciones. La imbricación histórica de las cuestiones agrarias y políticas en Colombia nos conduce a pensar el tema agrario, y por ende, el modelo de desarrollo en las partes rurales del país, al mismo tiempo que se piensan los avances de la paz. Así pues, confluye actualmente en Colombia una doble dinámica: por un lado tenemos un sector campesino popular fortalecido, que ha manifestado su voluntad de avanzar en un desarrollo amplio del campo, al mismo tiempo que en la Habana las cuestiones agrarias parecen progresar. Por otro lado mientras que en La Habana se resuelven las raíces del conflicto, Bogotá dibuja una política económica y rural en contradicción con lo que se habla en Cuba.

La Habana- Bogotá: ¿hablamos de lo mismo?

Las “locomotoras del desarrollo” del gobierno de Juan Manuel Santos tienen como fundamento la explotación de los recursos naturales, el agrobusiness y el apoyo a los capitales extranjeros. Una de las principales locomotoras es la industria minera (de oro, carbón, coltán, níquel, plata, zinc, molibdeno, platino, etc.), la cual ocupa un espacio importante en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, confirmando así a Colombia como uno de los primeros productores de carbón en América Latina y exportador importante de oro. Existen numerosas reformas al código de minas tendientes a flexibilizar la inversión extranjera directa y la obtención de títulos de exploración y explotación. Sin embargo, el Estado difícilmente puede afrontar esta cantidad de solicitudes en medio del caos administrativo, y en el terreno las licencias ambientales (de las cuales la obtención es de todas formas facilitada) son burladas, y los mecanismos de consulta a las poblaciones son ignorados.

Los recursos de hidrocarburos figuran igualmente entre las locomotoras del desarrollo y las discusiones sobre los nuevos métodos de extracción “fracking” son objeto de numerosas oposiciones tanto de parte de los campesinos como de los ambientalistas.

En lo que concierne la explotación de los recursos agrícolas, el interés se ha puesto en los subsidios a productos destinados a los agro-combustibles como palma africana destinada a la producción de etanol (con subsidios del Estado a través de programas como Agro Ingreso Seguro1), o también para la ganadería extensiva; a veces en detrimento del cultivo local destinado a la soberanía alimentaria del país. Las orientaciones gubernamentales confirman la orientación locomotorista de inversión en el campo, con proyectos como el de crear Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidres: Ley 133 de 2014). Estas zonas prevén asociaciones estratégicas entre campesinos y empresarios para el desarrollo de actividades agrícolas, forestales o ganaderas sobre grandes porciones de territorio (desconociendo las Unidades Agrícolas Familiares).

Estas locomotoras de desarrollo se implementan sin resolver las desigualdades estructurales del país; Colombia sigue teniendo una de las desigualdades de propiedad en el medio rural más altas del mundo, con un índice Gini de tierras de 0,86 en 2009, el cual ha aumentado en el último decenio (PNUD, 2011; IGAC, 2011). Vale resaltar, una vez más, los problemas estructurales en el campo colombiano: no existe un inventario de los baldíos de la Nación (donde estarían previstas estas zonas de interés) ni tampoco existe un catastro, (el ultimo censo agropecuario del país se hizo en 1970). O sea que el Estado prevé zonas de interés sin conocer el territorio, y sus habitantes. Hay una superposición de títulos, problemas de acumulación de las tierras baldías, sin contar con el despojo masivo de tierras en el país. Hasta ahora se está haciendo el largo trabajo de restitución de tierras, que si bien es de gran importancia, está avanzando a paso muy lento: hasta agosto de 2014 solamente 29 695 hectáreas de tierras han sido restituidas de las más de 8 millones de hectáreas despojadas, sin contar que la restitución no es garantía del retorno de las comunidades, ya que muchas veces no existen las condiciones de seguridad para el regreso (Informe Amnistía Internacional 2014). Además, cabe resaltar una confusión muchas veces evocada: la ley de restitución no es una ley de reforma agraria. No busca corregir la concentración de la tierra al nivel nacional sino restituir las tierras despojadas del conflicto (a las víctimas que lo solicitan, solamente 15% de los reclamantes potenciales lo han hecho desde la ley 1448). Explicada esta situación, casi se nos olvida un pequeño detalle en estos planes de desarrollo: Colombia sigue siendo un país en guerra, el campo colombiano sigue padeciendo de la presencia de actores armados, donde luchan por los recursos, alimentando la violencia en las zonas rurales.

Por estas razones, colisiona en el territorio una política de desarrollo agresivo con contextos locales en conflicto. Se promueven proyectos en territorios de comunidades afro descendientes, campesinas e indígenas, y se legitima la ocupación de empresarios que han sido responsables del desplazamiento y de la violencia. Se otorgan concesiones mineras y petroleras en zonas de alto riesgo ambiental, en zonas de conflicto donde la tenencia de la tierra no ha sido resuelta, legalizando el despojo. Se piensan megaproyectos (represas, hidroeléctricas,…) en territorios donde se producen alimentos para el país. En el Bajo Atrato por ejemplo, la ocupación ilegal de los ocupantes de mala fe persiste a pesar de la condena de 16 jefes de estas empresas hecha el 25 de noviembre de 2014, por el delito de desplazamiento forzado en territorios colectivos2. Para asegurar su dominación territorial, estas empresas ponen en marcha varias estrategias (compra de miembros de los consejos comunitarios, cooptación y amenazas), con el objetivo de controlar la representación legal, y crear así “alianzas estratégicas” con los campesinos para continuar sus inversiones en los territorios de las comunidades.

¿Y en La Habana qué pasa?

En La Habana hay avances históricos en lo que debía ser la cuestión más aguda de las negociaciones, y con razón, puesto que el tema agrario está vinculado al origen mismo del conflicto colombiano. Un punto importante acordado en Cuba entre el gobierno y la guerrilla ha sido el de atacar la informalidad de la tierra, informalidad que ha imposibilitado una verdadera inversión en el campo, y ha permitido el robo de tierras o su venta bajo presión. Las negociaciones han resaltado la importancia de nombrar jueces agrarios para temas de conflictos territoriales, competentes y especializados para evitar la corrupción del proceso de formalización. Si bien la guerrilla no logró posicionar una redistribución de la propiedad en Colombia, uno de los puntos claves acordados trata de la distribución de tierras para los campesinos sin tierra y en especial para las mujeres, vía la creación de un fondo especial y un estudio previo de los baldíos de la Nación. Cerrar las brechas entre campo y ciudad y promover el desarrollo económico y social en el campo, ha sido el centro del debate.

Sin embargo, si sobreponemos el entusiasmo de lo que se habla en Cuba sobre la realidad colombiana, nos interrogamos sobre la viabilidad de combinar el modelo de desarrollo actual con estas propuestas. El problema de la tierra en Colombia no es el de los años 1970, y la lucha por la tierra se está transformando en una lucha por el territorio, con todas las implicaciones sociales, culturales y políticas que el término sugiere. Más allá de la formalidad de la tierra, que sí es un problema de mayor importancia, es necesario preguntar ¿qué hacer con esta tierra una vez repartida?, ¿qué es lo que se va a producir?, ¿por quienes y para quienes? Se busca limitar los accesos a la frontera agrícola en La Habana, mientras que en Bogotá se firman acuerdos para grandes inversiones previstas en estas mismas áreas. Mientras se juega a mejorar la situación del campo en La Habana, se hacen leyes en Colombia en contra de una mejor re distribución y lejos de una reforma agraria justa. Conocer el campo colombiano y su complejidad es cada vez más urgente para hacer posible esta adecuación entre la paz y la política agraria.

¿Qué se dice en el campo colombiano?

Frente a las dificultades para obtener respuesta sobre los daños sociales y ambientales de estas orientaciones económicas, las comunidades locales han puesto en marcha estrategias para defender su visión del desarrollo y su territorio. Varios procesos organizativos rurales en el país apuntaron a la organización de la producción en las zonas de conflicto con el fin de garantizar el mínimo vital a los habitantes de estas regiones, y así evitar nuevos desplazamientos de población; ya que no ha habido respuestas claras del Estado para el retorno de las comunidades o su permanencia en sus tierras. Por medio de estas experiencias, el movimiento social ha desarrollado la capacidad de poner en práctica proyectos productivos de desarrollo, sobre la base de sus saberes técnicos y del conocimiento de su territorio, pero también los procesos organizativos han podido reflexionar sobre la construcción de iniciativas de paz.

Sin embargo, la riqueza cultural e identitaria de Colombia ha sido el telón de fondo de esta lucha territorial. La identidad está en el centro de esta lucha por el territorio, y es cada tanto instrumentalizada al servicio de intereses privados en varias regiones estratégicas. En este contexto multicultural, los campesinos quieren también construir territorios especiales autónomos a nombre de la identidad campesina, como en las Zonas de Reserva Campesina.

Esta solicitud de reconocimiento se ha expresado en el rechazo del tercer censo agropecuario nacional organizado por el gobierno colombiano y que tiene por objetivo evaluar la situación social y económica del campo. Para el movimiento campesino, el censo del gobierno no es un método para conocer las necesidades reales de los campesinos, sino una forma de legitimar su política de desarrollo reduciendo al campesino a su rol de productor. Esta cuestión, central en el movimiento social colombiano, se ha expresado con mucha pertinencia en CONPAZ (“Comunidades construyendo paz en los territorios”, que reúne organizaciones locales de todo el país). En un encuentro interétnico, las comunidades indígenas y afro descendientes resaltaron los diversos obstáculos puestos a las consultas previas3 para los proyectos de explotación de recursos en sus territorios, y los campesinos mestizos les recordaron que ellos ni siquiera disponen de este medio jurídico. La posibilidad de objeción cultural no está permitida, aún cuando de estas tierras dependen su soberanía alimentaria y su cultura.

Uno de los líderes de CONPAZ hizo énfasis en los riesgos de división, advirtiendo: “nos quieren dividir dando un nombre diferente a cada comunidad. Acá no hay indígena, campesino, mestizo o negro; sino el pueblo colombiano. Son los mismos campesinos que trabajan en las mismas empresas que nos desplazan”4. Para defender un modelo propio de agricultura, el movimiento social colombiano ha mostrado signos de unión alrededor de movimientos como la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, Clamor Social y la Cumbre Agraria Étnica y Popular que reúnen toda la diversidad del mundo rural; mientras que a nivel local, cada organización intenta defender su espacio de vida y de producción. Los indígenas se repliegan en sus resguardos, las comunidades afro-descendientes se aferran a los títulos colectivos con la esperanza de proteger porciones de territorio, mientras que los campesinos “mestizos”, es decir, el resto de los campesinos del país, luchan por el reconocimiento de una identidad campesina compleja.

Aunque el tema agrario es una de las prioridades de las negociaciones de paz de La Habana, las movilizaciones con base en la identidad para proteger la tierra se refuerzan, creando a veces islotes de propuestas alternativas en un mar de grandes proyectos. El movimiento campesino colombiano trata de evitar la instrumentalización de estos particularismos que son frecuentemente la causa de tensiones entre comunidades. En consecuencia, es urgente mantener estos mecanismos de unión que ha demostrado el movimiento social en algunas ocasiones al mismo tiempo que hay que fortalecer las iniciativas de resistencia en los territorios. Sin embargo, se trata de una tarea ardua en el contexto político conflictivo, y sobre todo frente a una “locomotora” que espera solamente la firma de la paz para acelerar su marcha.

Despojo y post-conflicto: algunos escenarios

A pesar de las movilizaciones recientes, tanto agrarias como movilizaciones reiterando un deseo de paz, muchas preguntas siguen pendientes, en particular para la población rural, que reúne 32% del país, pero no únicamente, ya que se ha demostrado la importancia nacional de un campo en mejor estado.

¿Cuándo pararán los combates?

Los agudos debates alrededor del cese al fuego bilateral ha mostrado las dificultades de una futura transición entre los diálogos en La Habana y una dejación de las armas en Colombia. Igualmente esto cuestiona el futuro rol del ejército, un ejército sobre equipado con un presupuesto colosal y que tiene que aceptar que no habrá victoria militar sobre la guerrilla. Pero, ¿qué pasará con los territorios todavía con presencia de la guerrilla, sabiendo que coinciden con zonas en las cuales el Estado ha sido históricamente ausente, y que no tiene las capacidades (¿o la voluntad?) de desplegar una presencia civil en estas zonas estigmatizadas? ¿Qué hacer con los grupos ilegales que no participan de las negociaciones (y cuyas víctimas por ende están invisibilizadas y en particular de los paramilitares, si oficialmente estos grupos se desmovilizaron)? ¿Cuál será la estrategia del gobierno para afrontar estos grupos? El recién informe de OCHA (OCHA 2015) presenta claramente los desafíos del gobierno nacional en un escenario post conflicto, e insiste en los altos niveles de violencia que suelen conocer los países en transición post conflicto. Dentro de los riesgos más probables está el fortalecimiento de los grupos paramilitares o BACRIM en territorios dejados por las FARC, alrededor de los recursos estratégicos del país. Los movimientos que esto posiblemente generará se harán a costo de los lideres sociales y campesinos, como ya se puede observar.

¿Qué escenarios podemos contemplar?

Veamos las cosas de forma positiva: viendo los avances de las negociaciones, lo más probable en cuanto al tema agrario es que se logre finalmente un acuerdo que satisfaga las dos partes: sin reforma agraria integral pero con garantías para mejorar la situación social y económica en el campo. Finalmente, el reto real será en la implementación de la paz, ya que todo se jugará en los detalles y en las definiciones de las “garantías necesarias”, y de una “situación social y económica justa para el campo”. La adecuación de los acuerdos agrarios en un contexto de transición será muy delicada dado el tiempo que será necesario para que el Estado retome sus posiciones en el campo, y gane su legitimidad frente a su población. Es muy probable que habrán confrontaciones en lugares donde no hay claridad en cuanto a la posesión de la tierra (yuxtaposición campesinos, indígenas afro), y será clave el rol del movimiento agrario al nivel nacional en este punto. ¿Y si no? El acuerdo agrario logrado tendrá dificultades para adecuarse a un camino liberal y a las locomotoras minero-energéticas que ya van avanzando mientras se dialoga. Se harán medidas de restitución individual y de indemnización a las víctimas de forma muy simbólica, insuficientes para retar las condiciones del campo en Colombia. El campo colombiano tendrá pocas opciones, entre estas subir a la locomotora vía alianzas estratégicas con empresas que seguirán las orientaciones liberales y esto tendrá las consecuencias que ya conocemos en cuanto a la situación rural. En 2011 el informe del PNUD mostraba una vez más que el modelo económico colombiano no permite el desarrollo humano, y la reducción de las desigualdades. La lucha para evitar la desagrarización del campo será difícil en este contexto, sin contar que no se habrá cuestionado el papel de las estructuras paramilitares y para empresariales.

Pero estos son solo proyecciones, escenarios que nos ayudan a pensar la articulación entre lo que se juega en La Habana y lo que pasa en Colombia. Es necesario plantear estas preguntas para preparar la fase de transición, que será más ardua que sentar el gobierno y las FARC en la mesa. Implementar la paz será largo y doloroso, pero es la ocasión para escuchar lo que dicen los conocedores de esos territorios rurales largamente olvidados e ignorados. Se cuestiona la capacidad del Estado colombiano a gobernar estos territorios, y la capacidad del movimiento agrario en unir sus fuerzas en un sentido propositivo y a construir propuestas de desarrollo local. Se tiene que repensar la relación entre el campo y su Estado, que el campo acepte trabajar de mano con el Estado (que solo puede garantizar un desarrollo social y económico en zonas rurales en un escenario post conflicto), y que el Estado deje de considerar el campo como una base social guerrillera y los piense como actores sociales capaces que tienen propuestas viables para el desarrollo de sus territorios.

 


Fuentes citadas:

Departamento Nacional de Planeación, 2010, Plan Nacional de desarrollo 2010-2014

PNUD, 2011, Colombia rural. Razones para la esperanza, Informe nacional de desarrollo humano.

Amnistía Internacional, 2014, Un titulo de propiedad no basta : por una restitución sostenible de tierras en Colombia

OCHA, 2015, La dimensión humanitaria tras los acuerdos de paz: propuestas para la comunidad internacional en Colombia.

  1. Agro Ingreso Seguro es un programa del gobierno encargado de otorgar subsidios a los agricultores. Este programa, concebido por el ex-ministro de agricultura Andrés Felipe Arias durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, estuvo implicado en numerosos escándalos de corrupción y de atribución de recursos a grandes propietarios y figuras públicas. El ex ministro fue él mismo condenado a 17 años de prisión en 2014 por desvío de fondos públicos.
  2. Contagio Radio http://www2.contagioradio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8354:condenan-a-16-empresarios,-comisionistas-y-paramilitares-a-10-años-de-prision-por-desplazamiento-forzado&catid=8&Itemid=2
  3. Según las comunidades locales el mecanismo de consulta previa, que obliga a toda empresa a consultar la población para cualquier proyecto que afecte sus territorios, es frecuentemente burlado. En efecto, la consulta se resume con frecuencia a la pregunta de la realización o no del proyecto y se acompaña muchas veces de diversas amenazas. El poder de decisión de las comunidades se ve entonces extremadamente reducido ya que no pueden decidir de los proyectos, ni la manera como la empresa podrá eventualmente incluir a la comunidad en el proyecto, ni las condiciones medioambientales de la comunidad, transformando estas consultas en un acto administrativo de legitimación de las empresas sobre el territorio.
  4. Discurso hecho por un líder de CONPAZ, octubre de 2014.