Edwin Cruz Rodríguez

* Edwin Cruz Rodríguez

Politólogo, especialista en Análisis de políticas públicas de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos de la Universidad Externado de Colombia, candidato a doctor en Estudios políticos y relaciones internacionales e integrante del Grupo de Investigación en Teoría Política Contemporánea de la Universidad Nacional de Colombia. Ha publicado varios artículos en revistas especializadas de distintos países. En 2011 obtuvo el primer lugar en el premio de ensayo sobre América Latina (categoría estudiante de doctorado) del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá

El pasado 16 de febrero, Feliciano Valencia1, líder de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, anunció el levantamiento indígena “Liberación de la Madre Tierra”, cuyo principal objetivo es la ocupación de tierras, que las comunidades indígenas consideran de su propiedad ancestral, y demandar del Estado la entrega de 20 mil hectáreas a los cabildos del norte del Departamento y 6500 al Cabildo de Corinto, como parte del compromiso de entregar 170 mil hectáreas que asumió el Gobierno Nacional en 1999 en forma de reparación a los indígenas por la masacre de El Nilo, perpetrada en 1991.

Las tierras ocupadas por 8000 personas de 20 cabildos corresponden a cerca de 6000 hectáreas ubicadas en los municipios de Corinto, Caloto y Santander de Quilichao, en manos de los ingenios Manuelita y Mayagüez2; se trata de tierras planas y productivas que contrastan con las tierras de montaña donde se asientan las comunidades indígenas. Como ya es costumbre, frente a la protesta indígena, acusada de vulnerar el sagrado derecho a la propiedad, se desplegó la más cruenta represión por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional, que tenía órdenes de desalojar los comunarios. Al mismo tiempo, líderes indígenas denunciaron amenazas por parte de grupos paramilitares3. Incluso hubo enfrentamientos entre los grupos de seguridad privada del Ingenio del Cauca y los ocupantes de tierra, que al menos habrían dejado un indígena herido de bala4.

El 10 de marzo, cuando los enfrentamientos entre indígenas y fuerzas policiales habían mermado como consecuencia de la mediación de una comisión de personalidades, el corresponsal de El Espectador en la región, Edison Arley Bolaños, informó:

“…la zona permanece custodiada por 668 uniformados del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional, institución que ayer reportó que las confrontaciones hasta la fecha dejan 75 indígenas y 60 uniformados heridos, 19 vehículos pinchados, un vehículo incinerado, 301 hectáreas de cultivos de caña quemadas, 20 vehículos afectados por lanzamiento de piedras a la vía Panamericana, daños a tubos de acueducto de Corinto, desvío del cauce del río Paila y tala indiscriminada de árboles”5.

Precisas o no, estas cifras permiten ver no sólo la magnitud de los enfrentamientos, más propios de una batalla campal que de la contención de una protesta, sino también el enfoque predominante con que el gobierno responde a este tipo de manifestaciones y la doble moral de ciertos sectores de la sociedad colombiana, como los grandes medios de comunicación. Todo ello plantea enormes retos cuando se trata de pensar el tratamiento que debe tener la protesta social en un eventual postconflicto.

Aunque nuestros medios de comunicación promueven la indignación de la ciudadanía al registrar la represión de la protesta en Venezuela, cuando se trata de “ver la viga en el ojo propio” actúan de otra manera. Así, en lugar de dotar las informaciones sobre estos sucesos con una importancia proporcional a su gravedad, la agenda informativa se vio copada por un evento más bien cotidiano. En efecto, como bien lo manifestó Alfredo Molano6, la cruenta represión de la protesta indígena se vio opacada como una noticia de segundo plano frente al “usted no sabe quién soy yo” con el que un señor de alto estrato pretendió subordinar a la policía. Es lógico que ese comportamiento por parte de los medios de comunicación se explique por el vínculo de los canales de televisión privados con los conglomerados económicos, en este caso con industrias como la del azúcar, lo que ha sido estudiado con suficiencia por el profesor Fabio López de la Roche7. Paradójicamente, por la manera como los efectivos de la policía se comportaron frente al citadino desadaptado, parece ser que sí sabían quién era o cuando menos lo intuían: ¿habrían procedido de la misma forma si de un indígena se tratara?

Desde luego, el principal problema está centrado en el enfoque gubernamental para el manejo de la protesta. En Colombia, en el gobierno, las Fuerzas Armadas y sectores dominantes de las élites, predomina una mentalidad contraria a la protesta social, que parte de un prejuicio condenatorio en lugar de considerarla como un derecho legítimo. Ese marcado sesgo se explica por la permanencia de los miedos y odios propios de la guerra fría que han permanecido por efecto del conflicto armado entre dichos sectores.

Así por ejemplo, los medios de comunicación presentan la protesta con términos propios del argot policial y militar: como “vandalismo”, “disturbios”, “enfrentamientos”, “choques”. Para el registro de estos sucesos se recurre, fundamentalmente, a las fuentes oficiales. Los periodistas encargados de cubrir estos acontecimientos esperan la verdad revelada por parte de los oficiales de alto rango encargados o de autoridades civiles, como lo evidencia el testimonio anteriormente citado, sin tomarse el trabajo de triangular o cuando menos equilibrar sus fuentes.

Pero no sólo se trata de un prejuicio presente en el imaginario de ciertos sectores sociales, sino de una concepción institucionalizada en la Ley de Seguridad Ciudadana (1453 de 2011), que penaliza el derecho a la protesta al castigar con cárcel los bloqueos de vías públicas “por medios ilícitos” (art. 353A). Esta cuestión no sólo es difícil de determinar en la práctica (¿cuáles son los medios lícitos para bloquear? parece quedar a discreción de las autoridades), sino que puede significar la prohibición tácita de la protesta, si se tiene en cuenta que ésta siempre implica generar algún tipo de incertidumbre en las rutinas y la cotidianidad de los otros o, como afirma Sidney Tarrow, la protesta, para ser tal, siempre genera un “desafío colectivo”8. Aunque no necesariamente ese desafío implica bloqueos de vías públicas, es sabido que en Colombia es de los pocos repertorios de acción colectiva con los que cuenta la ciudadanía en última instancia para hacerse oír por las autoridades. ¿Quién se arriesgaría a someterse a tales niveles de represión si existiesen otras alternativas para tramitar demandas ante el Estado?

El abuso de la fuerza por parte del ESMAD ya es prácticamente un lugar común, hasta tal punto que frente a los desmanes del paro agrario dos años atrás, ampliamente conocidos gracias a las redes sociales virtuales, el presidente Santos tuvo que pedir disculpas públicamente9. Los objetivos de ese cuerpo policial, la instrucción que reciben sus miembros y sus formas de acción están sesgadas por el imaginario de la guerra fría, que ve en cada ciudadano que protesta un potencial subversivo. El control que se pretende realizar de las manifestaciones y movilizaciones está además orientado por la “psicología de las masas”, que asume la protesta como un comportamiento irracional y patológico que es necesario desactivar mediante el uso de la fuerza. No en vano, el Escuadrón tiene como función la “atención, manejo y control de multitudes”10, y no la protección de los derechos de los ciudadanos que protestan y de quienes se ven afectados por sus manifestaciones. Todo eso evidencia, en última instancia, la militarización del cuerpo policial que se expresa incluso en labores policiales que deberían caracterizarse por un manejo civilista, como la contención de la protesta.

En conclusión, pese al clima favorable a la negociación y construcción de la paz, hoy continúa vigente un complejo dispositivo de criminalización y represión de la protesta, que articula imaginarios, normas, discursos y prácticas, y que plantea un desafío enorme hacia un eventual postconflicto. Como es lógico, evitar que en los conflictos sociales se recurra a la violencia organizada requiere un entorno de derechos y garantías efectivas para la participación política de la ciudadanía, no sólo de quienes en este momento están negociando su reincorporación a la vida civil. En medio de un sistema político en crisis, con poca capacidad de representación de diversos sectores de la sociedad colombiana, lo mínimo que se podría esperar es que se garantice el derecho a la protesta. Eso requiere revisar la legislación, reformar o desmontar organismos oficiales caracterizados por abusar de la fuerza en forma recurrente y generar una cultura de respeto a dichas manifestaciones por parte de la ciudadanía.

 

 

 

 

 

 

  1. http://www.elespectador.com/noticias/nacional/indigenas-del-cauca-entran-levantamiento-habitar-tierra-articulo-544056
  2. http://www.elespectador.com/noticias/nacional/se-agudizan-confrontaciones-entre-indigenas-y-fuerza-pu-articulo-546696
  3. ihttp://www.elespectador.com/noticias/judicial/pelea-de-los-indigenas-corinto-articulo-546675
  4. http://www.elespectador.com/noticias/nacional/conflicto-tierras-planas-del-norte-del-cauca-articulo-548637
  5. http://www.elespectador.com/noticias/nacional/conflicto-tierras-planas-del-norte-del-cauca-articulo-548637
  6. http://www.elespectador.com/opinion/camara-accion-columna-548119
  7. López de la Roche Fabio, Las ficciones del poder. Patriotismo, medios de comunicación y reorientación afectiva de los colombianos bajo Uribe Vélez (2002-2010), Bogotá, Debate-Universidad Nacional de Colombia, 2014.
  8. Tarrow Sidney, El poder en movimiento, Madrid, Alianza, 1997.
  9. “Santos pide perdón por supuestos abusos del Esmad en Paro Nacional y exige investigaciones”, en http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/presuntos-abusos-esmad-fueron-denunciados-ante-organismos-internacionales
  10. Policía Nacional de Colombia-Dirección General, Manual para el servicio de policía en la atención, manejo y control de multitudes, en http://www.policia.edu.co/documentos/doctrina/manuales_de_consulta/107938_manual%20Atencion%20Multi%2011_12_09.pdf